DDHH olvidados | Investigar la corrupción del chavismo le ha salido caro al fiscal Luis Sánchez - Runrun
DDHH olvidados | Investigar la corrupción del chavismo le ha salido caro al fiscal Luis Sánchez
El fiscal Luis Sánchez fue detenido en agosto de 2017 por efectivos del Sebin luego de investigar un caso de corrupción que involucraba a Tarek William Saab 

@ValeriaPedicini 

Luis Sánchez Rangel tiene más de cuatro años preso. 1523 días. Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron el miércoles 16 de agosto de 2017. Primero lo llevaron a Plaza Venezuela y luego a El Helicoide, una de las sedes de la policía política, donde todavía está encerrado. 

¿Su delito? Hacer su trabajo. 

El abogado comenzó a trabajar en el Ministerio Público en 2012 y a finales de 2016 lo trasladaron a la Fiscalía Quincuagésima Quinta Nacional con competencia en casos de anticorrupción para ejercer como fiscal auxiliar. 

La Fiscalía 55 había estado investigando silenciosamente desde 2015 delitos de corrupción que involucraban a las empresas Pdvsa y Odebrecht. En 2016, la búsqueda avanzó y dio resultados: la investigación revelaba que la petrolera estatal había adjudicado contratos públicos por cientos de millones de dólares a empresas fantasma. 

Para cuando comenzaron los allanamientos y detenciones, Luisa Ortega Díaz todavía era fiscal general de la República. Las investigaciones fueron avanzando y creciendo; tanto que Sánchez y otro fiscal llamado Pedro Lupera se tuvieron que dividir las tareas: uno se encargaría de viajar hasta Brasil para entrevistar a dos testigos en el caso de Odebrecht y el otro se centraba en unas irregularidades en el manejo de la Faja Petrolífera del Orinoco con Pdvsa. 

Los miembros de la Fiscalía 55 comenzaron a ser perseguidos. Sánchez y su pareja recibieron amenazas de muerte para que dejara el caso de la estatal. Aunque otros cuatro fiscales se salieron de la investigación, él continuó. 

Todo empeoró después del allanamiento a las oficinas de la Constructora Conkor el 14 de febrero de 2017.  La empresa, fundada en 2020, se presumía que pertenecía a Tarek William Saab, el entonces Defensor del Pueblo. Entre los clientes de Conkor estaba la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui (Covinea), que contaba con 39 contrataciones y obras que fueron iniciadas entre 2006 y 2012, durante la primera y segunda gestión de William Saab como gobernador de la entidad.

Nombrado en televisión

“Estamos aquí denunciando formalmente al señor Germán Darío Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional, al señor José Rafael Parra Saluzzo, abogado, a la señora Yoconda González, ex directora general del despacho de la fiscal (Luisa Ortega Díaz), al señor Pedro Lupera, fiscal quinto de la fiscalía 55 nacional con competencia plena, al señor Luis Sánchez, fiscal auxiliar de la fiscalía 55 (…) Es una gran red de extorsión que se ha desmantelado”, expresaba Diosdado Cabello en una rueda de prensa el 16 de agosto de 2017. 

El recién electo presidente de la asamblea nacional constituyente mostró lo que, según él, eran copias de cuentas abiertas de un banco llamado UBS Bahamas, aparentemente establecidas por Sánchez y otros acusados.

El número dos del chavismo dijo que habían presentado una denuncia ante el Ministerio Público y aseguraba que Tarek William Saab ya había ordenado la detención de los miembros de la presunta red de extorsión.

Horas después, William Saab, ya designado como fiscal, informaba que la captura inmediata de Luis Sánchez ya había sido solicitada. Dijo que “según lo que hemos estudiado apenas en estos minutos”, los presuntos delitos involucrados fueron corrupción propia, extorsión, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Luis Sánchez estaba en su casa tomando un baño mientras todo eso pasaba. El abogado estaba de reposo médico porque hace apenas un par de semanas le habían puesto un holder para monitorear su corazón producto de la hipertensión arterial crónica que sufría. Estar en casa también significaba poder acompañar a su esposa Mariangel Ramírez que tenía cuatro meses de embarazo. 

Mientras Diosdado Cabello hablaba, Sánchez recibió una llamada de un colega que le decía que fuera a la oficina urgentemente porque miembros del Sebin lo estaban buscando. Preocupados por su seguridad, apagaron sus teléfonos celulares para que no pudieran rastrearlos y condujeron a la casa de su madre.

La policía primero allanó la Fiscalía 55 e incautó 300 carpetas relacionadas con dos expedientes sobre investigaciones de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco y otros objetos como computadoras y las agendas personales de los fiscales. 

Alrededor de las 7 de la noche de ese mismo día, unos 30 funcionarios del Sebin en seis patrullas aparecieron en la vivienda de su suegra en busca de Sánchez. Llevaban pasamontañas cubriendo sus rostros y le apuntaron con armas de fuego largas. Según dos testigos presentes, no presentaron órdenes de aprehensión y allanamiento y esperaron varias horas hasta que dos fiscales, también con pasamontañas, se presentaron con órdenes judiciales.

Retrasos procesales

A Sánchez primero lo trasladaron a la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Ahí estuvo dos días hasta que fue presentado en tribunales, el 18 de agosto. En la audiencia de presentación, que se extendió hasta la madrugada, la entonces Jueza Vigésima de Control Penal ordenó su prisión preventiva. No emitió el acta de la audiencia de presentación hasta varios días después, a pesar de que llevaba la fecha del 18 de agosto de 2017.

A raíz de una solicitud realizada por la defensa, el 4 de septiembre de 2017, el Departamento de Supervisión Bancaria del Estado de Bahamas devolvió una carta certificada en la que decía que el Banco UBS estaba inactivo en el país desde el 1° de abril de 2015. El supuesto cierre del banco se produjo un año antes de la denuncia de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente en la que se alegaba que Sánchez había abierto las cuentas bancarias (marzo y abril de 2016), y en la que se basó la orden de prisión preventiva.

En la acusación presentada por el Ministerio Público el 2 de octubre, solo se aportaban pruebas respecto a los delitos de extorsión, sustracción de sellos, uso de datos de carácter reservado y asociación. No hacía mención al cargo de corrupción propia, a pesar de que se había imputado en la audiencia de presentación. No se presentó ninguna prueba con respecto a los cargos de legitimación de capitales o enriquecimiento ilícito.763 Los documentos de las supuestas cuentas del UBS Bahamas Bank no figuraban entre las 37 pruebas presentadas en la acusación, aunque sí estaba la denuncia de la Asamblea Nacional Constituyente.

En el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU señalan que el caso de Sánchez tiene múltiples irregularidades procesales. 

Entre estos se mencionan los 22 diferimientos de la audiencia preliminar, la prisión preventiva ha durado más de los dos años permitidos por el Código Penal y el no haber compartido el expediente del caso con la defensa. 

“Al momento de redactar este informe, pasados más de cuatro años desde su detención, Luis Sánchez permanece detenido en El Helicoide del SEBIN sin haber tenido un juicio”.