Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini Pedicini

DDHH olvidados | Dexy González todavía no ha encontrado justicia
Dexy González todavía no ha encontrado justicia, pero no pierde la esperanza. Viaja a Caracas cada 15 días para ver al fiscal nacional que lleva el caso.

@ValeriaPedicini

Dexy González no tenía razones para pensar que ese 10 de julio de 2017 sería un día doloroso. No había motivos para sospechar que todo en su vida cambiaría para siempre. El presentimiento de madre, ese que manda alertas cuando algo no marcha bien, no estuvo. 

Fue lo contrario: era una mañana alegre, la felicidad la embargaba. A final de mes su hijo Rubén Darío se convertiría en bachiller en ciencias de la República y se alistaba para ir al liceo para dar por concluidos sus años de colegial. “Hoy es el último de clase”, le dijo a su madre y a su hermana. El joven de 16 años se bañó y, para hacer honor a la importante ocasión, Dexy le planchó el uniforme. 

Cuando salió del baño, ella lo abrazó tiernamente por la espalda. 

—¿Qué te pasa, mamá?

—¡Ah pues!, ¿no puedo besar a mi niño?—, le dijo de forma juguetona.

Rubén Darío fue y regresó del colegio.  “¡Mamá, nos graduamos! ¿Viste que sí lo logramos?”. Tenía pensado volver a salir, así que se vistió con ropa más cómoda, agarró su bolso y notificó que iría a su práctica de boxeo. 

Horas después, mientras Dexy González  estaba lavando, un familiar llegó a su casa a avisarle que su hijo estaba herido en la Clínica Elhoím, en la ciudad de Valencia del estado Carabobo. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Inmediatamente se puso en movimiento. Se comunicó con el mayor de sus hijos, bombero que trabajaba en Protección Civil, para que se adelantara y pudiera llegar primero. Llenó un bolso de sábanas y salió de casa.

Dexy recuerda que la calle parecía una guerra campal, había plomo por todos lados y varias entradas de la zona estaban bloqueadas con objetos que manifestantes habían dejado en la vía. 

En ese momento ya intuía lo que iba a descubrir cuando llegara al centro de salud, pero se aferraba a la idea de que pudiera estar equivocada. Comprendió que todo había terminado cuando vio a su hijo mayor Ronald. “Mamá, no puede hacer nada por mi hermano, me lo mataron”. 

Dexy se tiró al piso, lloró y gritó. Su hijo le pedía que se levantara porque no era buena idea quedarse en medio de disparos de cuerpos de seguridad del Estado, pero ella no lo escuchaba. “‘A mí no me importa, ya me mataron. Ya me mataron a mi niño, ya me mataron”, le contestó. 

Una bala le apagó la vida a Rubén Darío González, de 16 años, a menos de dos meses de cumplir los 17. Recibió un disparo por arma de fuego en el tórax que entró por el lado derecho y salió por el izquierdo. Aunque lo llevaron a la policlínica, ya no había más que hacer: llegó sin vida.

Testigos aseguraron que el proyectil que impactó y le quitó la vida a Rubén Darío provenía de donde se encontraban funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimiendo a los manifestantes en la urbanización La Isabelica. 

Fue ahí a donde realmente el joven se dirigió cuando le dijo a Dexy que iría a su práctica de boxeo. “Él iba a las protestas pero escondido de mí”. En el sector ubicado en la parroquia Rafael Urdaneta del estado Carabobo se desarrollaba un “trancazo”, en el marco de las protestas callejeras que habían iniciado en abril de 2017. 

Los venezolanos se volcaron a las calles en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera dos sentencias que le arrebataron los poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Las protestas se extendieron hasta por cuatro meses. 

Marchas se convirtieron en sinónimo de represión y la fuerza de los efectivos de seguridad del Estado se tradujo en muertes. Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las protestas de hace tres años. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público. 

Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio, mes en el que murió Rubén Darío, comenzaron a tratar heridas de bala. 

Ese 10 de julio no había presentimiento alguno de que algo saldría mal, pero viéndolo todo en retrospectiva, Dexy recuerda detalles que parecieran darle cuenta de una despedida que no advirtió. Esa mañana, antes que todo ocurriera, sigue en su mente como un momento especial con Rubén Darío. “Ese día fue mágico. Ese día… se me iba”.

Un plan que no pudo ser

Rubén Darío era el tercero de los hijos de Dexy González. Lo sacó adelante sola. Trató de que su hijo se dedicara a estudiar, pero él dedicaba sus horas libres de las mañanas antes de ir a clases para ayudar a un herrero que tenía un taller cerca de casa. No le importaba mucho cuánto le pagaran, lo que le interesaba era aprender.

En casa de Dexy González y su familia, el hambre hacía de las suyas. No fueron pocas las veces que el joven se iba a clases sin comer. “Muchas veces amanecía y yo no tenía nada para la comida. Eso me dolía mucho, me quedaba acostada, deprimida totalmente”, cuenta Dexy. Era Rubén quien la empujaba a seguir.

Para hacer frente a la situación que vivían, en abril le había pedido a su madre que vendieran todo y emigraran a Colombia donde unos familiares los podían recibir. Dexy, con la idea de que una decisión así no se podía tomar a la ligera, le dijo a Rubén que esperarían hasta julio cuando se graduara de bachiller. 

Pero la vida tenía otros planes para ellos. 

Dexy fue al entierro, pero confiesa que no pudo ver cuando estaban sepultando el cuerpo de su hijo. Se despidió de él, molesta por lo que había hecho. Le expresó que no lo defendería porque él se había buscado lo que le había pasado. “No te voy a llorar más, le dije. Mentira, todos los días yo lloro a mi hijo”.

A la semana de la muerte de Rubén Darío, Dexy González hizo la denuncia formal y el Ministerio Público inició la investigación correspondiente. Trabajó de cerca con la fiscal que lleva el caso: buscó los testigos, documentos, grabó un CD para limpiar su nombre. Meses después le cambiaron el fiscal y el caso se paralizó y quedó estancado. Hasta la fecha no ha sido identificado, detenido o sancionado ningún responsable.

A Rubén Darío le fue vulnerado su derecho a la vida y su derecho a la manifestación pacífica. Además, su caso representa un ejemplo a las violaciones al debido proceso y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. 

La justicia es algo que anhela, no solo para su hijo, sino para los otros jóvenes que murieron en las protestas. “La justicia para mí significa que no solo pague el que me lo mató, el guardiecita ese que le disparó a mi hijo. No. Que paguen todos porque Rubén tenía metas, tenía una vida por delante, él era mi futuro. Y así como mi hijo escuchas las historias de los otros muchachos y todos eran especiales, deportistas, estudiantes, ¡la juventud de este país!”.

Dexy González todavía no ha encontrado justicia, pero no pierde la esperanza. Viaja a Caracas cada 15 días para ver al fiscal nacional que lleva el caso. No ha podido cumplir con las palabras que le dijo a su hijo frente a su ataúd: no ha dejado de luchar para que la muerte de Rubén Darío no quede impune.

N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace

DDHH olvidados

DDHH olvidados | “Mi hermano me dice que está muerto en vida”

 

DDHH olvidados | “Mi hermano me dice que está muerto en vida”

@ValeriaPedicini

 

Peter Romero lo encontraron desmayado en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, del estado Lara. Había pasado semanas sintiéndose mal. Primero duró 22 días con cuadros diarréicos que lo deshidrataron, pero nadie lo atendió ni fue llevado a un centro asistencial. Después vinieron la fiebre y la tos hasta que el viernes 8 de mayo de 2020 perdió el conocimiento. DDHH olvidados 

Aunque ni siquiera en estas condiciones sus custodios se encargaron de llevarlo a un centro de salud, su hermana Génesis Romero se dirigió hasta los tribunales en busca de una boleta de traslado. Explicó la situación, mostró una foto de él y unas notas de voz de sus compañeros reclusos. Lloró y rogó para que se apiadaran del caso, porque esa era la tercera boleta que solicitaba. Fue aprobada y a los dos días lo mandaron desde el penal al Hospital Central Antonio Pineda de Barquisimeto. 

El doctor que lo evaluó fue claro: el joven de 25 años tenía tuberculosis y necesitaba con carácter de urgencia un traslado al Hospital Luis Gómez López, donde atendían a pacientes con esta enfermedad ya erradicada en el país. Peter necesitaba hidratación y tratamiento, pero eso no fue lo más alarmante. “El estado de desnutrición que él tiene es más fuerte que la tuberculosis que carga”, le dijo el médico a Génesis frente a los guardias que los llevaron hasta el sitio. 

 

“Sí, doctor. Está bien”, contestaron los efectivos de seguridad. Al salir, la respuesta había cambiado: había que regresar a Peter a la cárcel porque el papel de su traslado a un hospital debía sellarlo y firmarlo el director de Uribana. “No podemos pasar por encima de él”, era lo que argumentaban. La firma llegó a la orden de hospitalización, pero a Peter nunca lo sacaron por atención médica. 

 

Siempre había una excusa. Que al día siguiente, que tenía que esperar a que llegara el tratamiento, que no había carros, que el director no estaba en ese momento, que estaba ocupado. Así estuvieron semanas. Los custodios le dijeron a Génesis que no podían hacer nada, que solo estaban cumpliendo órdenes. Pero ella insistió: “¿Qué más quieren? ¿Me lo van a entregar en una caja?”.

A mediados de junio, a Peter Romero lo trasladaron a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara con la promesa de que ahí recibiría la libertad por parte de la ministra Iris Varela. Esperaban que, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado con el que ha liberado a más de 1400 presos desde que inició la cuarentena por el coronavirus según la organización “Una ventana a la libertad”, él fuese uno de los afortunados. 

Funcionarios le dijeron a Génesis que la prioridad para la excarcelación serían los enfermos. “Pero en ningún momento los atendió. Está encerrado y nadie se asomó a verlo”, expresa. 

 

“Está irreconocible”

La situación carcelaria en Venezuela es crítica. Los centros de detención están en condiciones precarias, indignas e insalubres. Aunque en el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se explica que el número de presos se redujo, la población carcelaria sigue siendo alta: 43.992 en sitios con capacidad para albergar poco más de 26.000. El hacinamiento, ubicado en 167,66%, es uno de los factores que sirve como caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades graves como tuberculosis o sarna. 

“En estos últimos tres años, las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas”, afirmó Beatriz Carolina Girón, directora del (OVP). De los 104 privados de libertad que murieron en 2019, 66 fueron por motivos de salud, superando a las muertes por violencia. 

“Los espacios destinados a servicios de atención médica primaria se encuentran cerrados, bien por falta de personal médico o de enfermería”, reza el informe del OVP. 

El Estado venezolano tampoco garantiza la alimentación de los reclusos. Es por esto que Génesis iba a Uribana tres días a la semana a llevar una vianda de comida, un litro de agua y un litro de jugo. 

Pero la pandemia lo empeoró todo: las visitas fueron restringidas y con ellas también se limitó la oportunidad de seguirlo alimentando. “Ahorita que está en el Fénix no me han dejado darle ni siquiera comida, ni agua, ni las pastillas. Nada”. 

En los dos o tres minutos en los que tienen oportunidad de hablar, cuando otro recluso le regala alguna llamada telefónica, Peter le cuenta a su hermana lo que le dan de comer: dos dedos de arroz y un vaso de agua. Cuando el joven entró en Uribana para cumplir su sentencia de siete años y cuatro meses por robo, pesaba 62 kilos. Ahora pesa 30 kilos. 

Cuando hablan, él también se encarga de expresarle el calvario que está padeciendo. “Me dice que es horrible, que es un infierno. Mi hermano me dice que él está muerto en vida, que los están matando. Me dice que solo Dios lo sacará de ahí”. 

Génesis tiene miedo y sabe lo que puede pasar con su hermano, lo mismo que en otras ocasiones ha escuchado lo que pasa con los presos. “Él mismo me cuenta que hace uno o dos meses se murió un amigo al lado de él por tuberculosis, se ahogó. Se han muerto varios muchachos”. 

Hasta la fecha, el joven no ha sido llevado a un centro médico para su hospitalización, a pesar de la orden de traslado. Esto representa una violación a sus derechos fundamentales: la Constitución reconoce a los privados de libertad como “sujeto de derecho” y, específicamente, el derecho a la atención médica, a la salud y a la vida, está contemplado en el artículo 83.

Peter Romero tiene pocas semanas cumpliendo el tratamiento para la tuberculosis porque no había llegado al penal. Si esto no ocurre, no hay muchas opciones aparte de aguantar el malestar. “Estuvo con fiebre, sus pies se le duermen, no puede caminar bien por lo delgado que está, la tos lo asfixia. Me dicen que se va a poner fino, que lo están alimentando bien, pero es mentira. De adentro me enviaron una foto y está irreconocible”. 

DDHH olvidados | Detenida, torturada y pisada por la bota militar
Paula Colmenarez estuvo al menos seis horas detenida en La Carlota junto a otros 13 jóvenes. Seis horas a merced de la crueldad de los funcionarios, sin poder hacer nada
El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341. 

Paula Colmenarez corrió lo más rápido que pudo. Una bandera de Venezuela le tapaba la mitad del rostro y en su bolso a cuestas llevaba la Constitución. Volteó y vio al terror a la cara: un contingente conformado por unas 50 motos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la perseguía. Los tenía tan cerca que escuchó cuando un funcionario dijo: “Ya, ya la agarramos”.

Uno de ellos la arrinconó, le metió el pie para que cayera y Paula terminó boca abajo sobre el asfalto del Distribuidor Altamira, lleno de vidrios y piedras. La bota militar la pisó por la espalda para inmovilizarla y quedó indefensa. La escena, registrada por el fotógrafo Miguel Gutiérrez de la agencia EFE, se hizo viral en las redes sociales. 

Era 10 de julio de 2017. 

Paula tenía poco tiempo de haber llegado de Barquisimeto a Caracas para estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Para la fecha, tenía 17 años. Las protestas de 2017 iniciaron el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera dos sentencias que dejaba sin poderes a la Asamblea Nacional. La decisión empujó a los venezolanos a las calles.

Así que los días normales de rutina estudiantil de Paula se acabaron rápido y la joven se unió a la agenda de protestas. Acostumbraba a salir con el Movimiento Estudiantil de su casa de estudios, pero no se quedaba en casa si el plan inicial no resultaba. En ocasiones, también iba sola. 

Ese día lo hizo. El 10 de julio la oposición había convocado a un trancazo de 10 horas. Ella, junto a otros manifestantes, bajó a la autopista Francisco Fajardo. Cuando unos funcionarios de la GNB pasaban por Altamira Sur, hubo una explosión de un artefacto casero que dejó heridos a varios efectivos. 

“Yo estaba del otro lado. Había alrededor de 15 motos y desde ahí nos lanzaban bombas lacrimógenas. Me confié porque pensé que se iban a retirar después de la explosión, pero al rato subieron por esa misma calle y la gente salió corriendo”. Las motos fueron más rápidas. 

Amenazas y humillaciones

Después de que la pisaran contra el piso, 30 efectivos de seguridad la rodearon, la levantaron por el pelo y, en menos de 15 segundos, la montaron en una de las motos y la llevaron detenida. En el camino, minutos que le parecieron eternos mientras era trasladada a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, un soldado le dice a su compañero que la toque “para ver cómo está” y la manoseó por encima de la ropa. 

Las ofensas y las amenazas tampoco tardaron en llegar, esas que no dejaron de soltar durante su detención. “Perra, maldita, zorra”, le decían. Le pidieron su celular, con la advertencia que lo entregara rápido o la iban a lanzar al río Guaire. 

Paula estuvo al menos seis horas detenida en La Carlota junto a otros 13 jóvenes. Seis horas a merced de la crueldad de los funcionarios, sin poder hacer nada. Le amarraron las manos con correas plásticas y le taparon la cabeza con la capucha de su propio suéter. A la joven le costaba respirar y se movió para tratar de encontrar un poco de aire. “¡Ahógate! ¿Ahora sí pides ayuda?”, le gritó uno de sus captores. 

Sentía miedo. “Una cosa es ver que le pase a los demás y otro que te pase en carne propia, ver lo que se siente, la desesperación”. La patearon, la insultaron, la zarandearon, se burlaban de ella. Un funcionario pidió unas tijeras para cortarle el pelo y como no había, se lo jalaban con fuerza.  “Si no se lo podemos cortar, se lo arrancamos”. El pánico fue mayor. 

La arrastraron violentamente por el suelo, cerca de otros manifestantes detenidos, y le ordenaron que se acostara boca abajo. Como Paula no reaccionó porque le costaba coordinar bien por los nervios, la humillaron: “¿Eres estúpida?, ¡no sirves!, ¡te dije bocabajo!, ¡arrástrate como un gusano!”. Evitaban que levantara la cabeza para que no pudiera identificar a nadie. 

La presión de los tirrajes empezó a molestarla. Tenía una herida en la mano derecha tras haber caído sobre los vidrios que estaban en el pavimento de la autopista. Su mano se pone fría, morada y su ropa se tiñe de rojo por toda la sangre que está perdiendo. Pidió que la soltaran y lo hicieron, no sin antes rociarle la cara con gas pimienta. 

Pero las intimidaciones que más temor le dio a Paula fueron las sexuales. En varias ocasiones la amenazaron con violarla y temía ser agredida. “Estaba muy asustada porque era la única mujer entre puros hombres, incluso los detenidos. Amenazaban con violarme y con que me llevarían al baño”.

Le preguntaron su nombre, su edad, su dirección exacta. Pasadas unas horas, un oficial de alto rango ordenó que la llevaran a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) para curarle la herida. Ahí un médico con acento cubano le dijo que le dejaría una cicatriz con la forma de la letra C de Cuba. 

De vuelta a la base militar, le permitieron hacer una llamada telefónica y se comunicó con su padre en Barquisimeto. La GNB empezó a debatir qué iban a hacer con ellos, si Paula se iría con los otros jóvenes a otro lugar. Con el miedo de que los trasladaran a quién sabe dónde, la orden final fue que la llevaran a su casa. Los demás no tuvieron tanta suerte. Eran casi las 10 de la noche. 

Una de las cosas que seguía atormentando a Paula Colmenarez, incluso mucho tiempo después, era la impotencia que esa noche fue la única quedó en libertad, mientras el resto de los muchachos siguieron detenidos. Las escenas que van y vienen en su cabeza, así como las amenazas y los sonidos de los golpes, son cosas que no se permite olvidar. Una marca que no se borra, como la de la cicatriz de su palma derecha. Físicas y emocionales. 

Así como los venezolanos salieron a protestar, los cuerpos de seguridad del Estado también salieron, pero a reprimir. Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también documentó la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Constató que las fuerzas de seguridad utilizaron de forma sistemática fuerza excesiva para frenar las protestas, así como la existencia de patrones de torturas, malos tratos y violaciones al debido proceso en los casos de detención. 

Junto a su padre y respaldada por tres organizaciones de derechos humanos, Paula Colmenarez fue al Ministerio Público, que atendió la denuncia por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para poder tener una idea del alcance de las agresiones, pidieron un examen médico forense psicológico. Pero la solicitud no fue atendida. La investigación sigue abierta y las violaciones de sus derechos no han sido individualizadas.

Paula Colmenarez no pudo retomar sus estudios, las bajas defensas hicieron que enfermara con hepatitis A y regresó a Barquisimeto. El primero en emigrar fue su padre, luego se fue ella. Ahora ambos viven fuera de Venezuela.

Aunque en sus planes estaba ejercer su carrera en el país, Paula no se arrepiente de nada. “Yo no cometí ningún delito, yo estaba protestando por mis derechos”.

N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic.

 

Foto:  Miguel Gutiérrez / EFE

DDHH olvidados | “No sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo”

@ValeriaPedicini

 

Deixic Castro no sabe nada de su hijo desde el 26 de junio de 2020. Ese viernes recién había llegado a su casa en San Juan de los Morros, estado Guárico, cuando se enteró que en horas de la mañana lo habían trasladado a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, a más de 270 kilómetros.  

No tiene los recursos económicos para pagar los altos costos del transporte y viajar hasta el estado Lara. Y, en caso de lograrlo, el esfuerzo sería en vano porque las visitas en las cárceles venezolanas están suspendidas desde la llegada del coronavirus para prevenir la propagación. 

Deixic no sabe nada de él. Si está bien, si lo alimentan o si en ese nuevo sitio de reclusión por fin recibe atención médica. Su preocupación no es exageración: a Hember Flores lo hirieron con perdigones en la cara en un presunto motín ocurrido el 16 de septiembre de 2019 en las instalaciones del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Guárico, sitio en el que estaba desde el 28 de febrero de 2018 cumpliendo su condena de 11 años y 8 meses por homicidio.

Otros detenidos le contaron a Deixic que después de que los policías entraron a las celdas a aplacar la revuelta y cerraron las rejas, uno de ellos se devolvió, metió el arma entre los barrotes y, “sin ningún tipo de contemplación”, le disparó a Hember en el rostro. El joven de 22 años sufrió un traumatismo ocular en ambos ojos.  

Fue llevado a un centro de salud, donde estuvo recluido por 21 días y donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Le extrajeron 16 perdigones del ojo izquierdo y todavía tiene uno alojado en su interior; perdió la vista del ojo izquierdo en su totalidad y el derecho quedó comprometido, al no poder abrirlo por la fuerte y dolorosa tensión ocular que todavía tiene. Desde ese momento, Hember Flores está bajo condición de discapacitado. 

Su crítico estado de salud no fue suficiente para impedir que fuese dado de alta y llevado de nuevo al calabozo. “Cuando el juez llegó al hospital a interrogar al doctor, le dijo que estaba muy bien, que así podía estar en la PTJ (Cicpc)”, ahora en la sede principal. 

Pero pasaban los días y Hember no mostraba mejoría. Tres meses después, una tomografía confirmó que tenía una infección ocular. “Agarró una infección allá adentro. Gracias a Dios no se le fue a la cabeza, sino que le agarró los pómulos”, expresó la mujer de 42 años. El dolor que siente el joven es tan fuerte que las medicinas para calmarlo ya no le hacen ningún efecto. “Ese proyectil busca la manera de salir, pero no tiene por dónde porque le sellaron el ojo por dentro”. 

 

A Hember deben realizarle otra intervención quirúrgica, en la que tienen dos opciones: vaciarle en su totalidad el ojo izquierdo o ponerle una prótesis. 

 

Nadie hace nada

 

En dos ocasiones han pedido medida humanitaria para Hember Flores. La primera fue solicitada luego de que fuera herido en el presunto motín, en 2019. La segunda vino después de la infección ocular. Ambas han sido negadas por el tribunal que lleva el caso. 

“Me dijeron que él podía estar muy bien ahí donde estaba, con sus curas, sus medicinas y sus traslados al hospital cada vez que fuera necesario”, cuenta Deixic. Pero hasta la fecha, Hember no ha sido llevado a ningún un centro de salud, a pesar de contar con la orden de un juez para que le curen la infección ocular con la que vive desde hace meses. Los funcionarios del Cicpc alegaron que no tenían vehículos para hacer el traslado. “No hicieron nada, nunca quisieron asumir esa orden”. 

Es por esta razón que la atención médica de Hember tenían que resolverla por cuenta propia. Al principio, Deixic se encargaba de ir a darle las medicinas y echarle las gotas en el ojo que todavía se le puede salvar, hasta que una detenida los empezó a ayudar con las curas diarias, cada tres horas. Cuando estaba en San Juan de los Morros, su mamá o su padrastro asistían a un solo turno de visitas a llevar las comidas o cualquier cosa que él necesitara. “Uno estaba pendiente, pero ahora está lejos”. 

“En esas condiciones este joven debería estar recibiendo atención médica inmediata”, afirmó Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Además, mencionó que no debe ser trasladado fuera de su jurisdicción porque el tribunal que lleva su causa se encuentra en el estado Guárico. 

Con el cambio de Hember al estado Lara y tras la suspensión de las visitas de los familiares, hacerse cargo de la alimentación y cuidado médico de su hijo se hace imposible. La negativa de las autoridades a permitirle asistencia representa una violación a sus derechos humanos, específicamente a su derecho a la salud y la garantía del respeto a la vida. La Constitución venezolana reconoce a los privados de libertad como “sujeto de derecho”.

 

En Venezuela, los centros de detención en todo el territorio tienen precarias, inadecuadas, indignas e insalubres condiciones de reclusión, con un hacinamiento descomunal. La población carcelaria es de 40.000 presos a nivel nacional, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Muchos de estos reclusos están enfermos o desnutridos: de los 538 privados de libertad que fallecieron entre 2017 y 2019, 134 fueron por temas de salud. “En estos últimos tres años, las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas”, dijo la directora del OVP. 

Y con la llegada de la pandemia a Venezuela las fallas en el sistema penitenciario no hicieron sino incrementar, sobre todo con la suspensión de las visitas de los familiares, quienes se encargaban de la comida y medicinas, dejando totalmente desamparados a los reos. 

Deixic está consciente del delito que cometió su hijo, pero pide que sea atendido y su vida sea tomada en cuenta. “Ellos están en el deber de resguardar la vida de los privados de libertad, no de destruirla”.

A lo largo de estos dos años que Hember lleva preso, su madre acudió en varias oportunidades a los organismos, entre ellos el Ministerio de Servicio Penitenciario, para pedir que fuese trasladado del calabozo del Cicpc a una cárcel. “A nosotros nunca nos los van a entregar por medio de un juez”. Aunque la autorización de traslado llegó, lo hizo tarde y en las peores circunstancias. “¿Ahora que me lo jodieron si me le van a abrir un traslado?”, se pregunta. 

Espera que su hijo pronto esté entre los reclusos que la ministra Iris Varela está liberando para aliviar el hacinamiento y disminuir el riesgo de contagio del coronavirus en las cárceles, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado. Según la organización “Una ventana a la libertad”, desde el inicio de la cuarentena han liberado 1.410 presos. 

Mientras tanto, Deixic espera. El funcionario que la llamó el 26 de junio para comunicarle sobre el traslado de su hijo le dijo que ahora solo le tocaba esperar a que él se comunicara de nuevo. Quiere saber cómo está el menor de sus dos hijos, cómo está de salud, simplemente saber si está bien. “Yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo con todo lo que está pasando”. Ella igual dice conformarse con escuchar su voz. A dos semanas del último contacto telefónico con Hember, sigue esperando una llamada que no llega. 

DDHH olvidados | “Mamá, me estoy ahogando. No puedo respirar”

@ValeriaPedicini

 

Ingrid Borjas estaba en casa de su madre cuando alguien tocó la puerta desesperadamente. Se sobresaltó y lo primero que pensó era que su hijo le estaba jugando una broma porque él sabía que eso no le gustaba, la ponía muy nerviosa. Eran más de las ocho de la noche cuando abrió la puerta y encontró a un jovencito a punto de llorar que la buscaba: 

—¿Usted es la mamá de Nick?

—Sí, pero Nick no está aquí, está en nuestra casa. Nosotros vivimos arriba.

—No, señora. Nick Samuel está allá abajo en la calle tirado. Le dieron un tiro. 

La información que escuchaba no tenía sentido. “Él está en la casa, no puede ser”, pensó. Ingrid subió hasta su vivienda y al entrar gritó varias veces el nombre del más pequeño de sus hijos. Nadie le respondió. Cuando lo fue a buscar a su cuarto y no lo vio, empezó a temblar del miedo. 

Bajaron corriendo las escaleras del barrio Santa Cruz en Macarao hasta la avenida principal de Las Adjuntas, al suroeste de Caracas. En el camino se encontró con algunos vecinos que le avisaron que a su hijo lo habían llevado en una moto hasta el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) del sector. Todos consternados, sin entender muy bien lo que pasaba, la acompañaron hasta la Gran Parada. 

Cuando llegó al CDI, su hijo estaba vivo. Lo primero que hizo fue regañarlo: “Bien bonito, ¿por qué me haces esto? ¿Pa’ qué te escapaste? Ahora te dieron ese tiro, tú no entiendes el peligro”. No era consciente de la gravedad de la herida, pensaba que la bala solo le había rozado el cuerpo. No vio el charco de sangre debajo de la camilla.

Nick Samuel Oropeza lo único que alcanzó a decir con dificultad fue: “Mamá, me estoy ahogando. No puedo respirar”. 

El personal médico le dijo a Ingrid que su hijo estaba perdiendo mucha sangre y tenían que buscar la forma de trasladarlo hasta un centro de salud porque no tenían ambulancia. Sin pensarlo mucho, pidió auxilio a los vecinos que se encontraban afuera. “¡Ayúdenme, ayúdenme! Busquen un carro, llamen a los bomberos”. 

 

 

Aunque no tardaron mucho tiempo en trasladarlo en una camioneta a la emergencia del hospital Miguel Pérez Carreño, a pesar de las calles bloqueadas que encontraron en el camino, Nick Samuel llegó sin signos vitales.

Los doctores le dijeron a Ingrid que la bala, que tuvo entrada y salida, le perforó el pulmón y el riñón. “Eso es lo que llaman tiro de gracia, un tiro a matar. El que le disparó sabía lo que hacía”, cuenta Borjas. De acuerdo con el acta de defunción, el joven falleció por un “shock hipovolémico por herida de arma de fuego de proyectil único torácico-abdominal”. 

Para Ingrid, la muerte de su hijo es una pesadilla. “Quisiera despertarme para saber que esto no es la realidad porque es muy duro”. 

Nick Samuel Oropeza Borjas fue a su primera marcha el 23 de enero de 2019, el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Su madre no lo había dejado ir antes a una concentración política porque era menor de edad, pero el 8 de enero había cumplido 19 años así que lo dejó asistir acompañado de familiares. No hubo contratiempos. El joven llegó a casa de su abuela en horas de la tarde y contó que se había tomado una foto con María Corina Machado. En la noche, le avisó a Ingrid que iría a su casa, unas viviendas más arriba del mismo barrio. 

Pero Nick Samuel tomó otro camino.

Poco detalles quisieron dar los vecinos. “Me contaron sin nombre, sin rostro”. Había miedo de hablar. Así fue cómo Ingrid Borjas pudo armar el rompecabezas: le dijeron que el muchacho había bajado a la cancha de usos múltiples de la zona porque había un partido de baloncesto. Pero habitantes de Las Adjuntas habían iniciado una protesta en el sector Las Nieves con calles trancadas y quema de basura, situación que ocurría desde hace días en otras zonas de la capital y estados del país. Y Nick Samuel y unos amigos fueron a ver qué pasaba, todos sin permiso de sus padres. 

La gente comenzó a arrojar piedras a los efectivos de seguridad, a un módulo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se encontraba a unos cuantos metros del puente de Las Adjuntas, al otro lado de la barricada que habían levantado. “Cuando eso se caldeó, los guardias se enfilaron y echaron disparos al aire”. Lo hicieron una segunda vez, pero a la tercera apuntaron a las personas. Los testigos le contaron que en ese momento un funcionario gritó: “¡A la gente no, es al aire!”. Ahí, presume Ingrid, fue cuando hirieron de muerte a Nick Samuel. 

Al menos 33 personas fallecieron entre el 21 y el 24 de enero de 2019, en medio de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado a las protestas contra Nicolás Maduro. En 2017, ese número de muertes solo se había registrado tras 25 días de confrontaciones. 

 

 

La ola de protestas de 2019 estuvieron marcadas por la espontaneidad, por haberse trasladado del este al oeste o centro de Caracas y por ocurrir al caer la noche, casi siempre después de las 8:00 p.m. Las Adjuntas no fue la excepción: habitantes de Catia, La Pastora, la avenida Fuerzas Armadas, Altavista, Coche, La Vega, San Martín también salieron a las calles a exigir un cambio político. También se registraron saqueos, allanamientos ilegales y enfrentamientos de grupos paramilitares en zonas como Petare, El Junquito o el 23 de Enero. Entre el 21 y el 25 de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1023 protestas en todo el país. 

La represión también arreció. El OVCS identificó a 51 personas muertas durante las manifestaciones, en Caracas y otras ciudades, entre el 22 de enero y 7 de abril, la gran mayoría por impacto de bala. El 68% de los asesinados son atribuibles al uso excesivo de la fuerza pública, siendo la GNB la principal responsable y seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

El 23 de enero, noche en que murió Nick Samuel, fue el día con más víctimas durante protestas en los últimos 20 años. Al joven le fue vulnerado su derecho a la vida y su derecho a la manifestación pacífica. Además, su caso representa un ejemplo a las violaciones al debido proceso y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. 

“Nosotros hacíamos todo juntos, compartimos mucho tiempo y ahora me quedé sola”. Cuando Nick Samuel terminara el bachillerato, tenían pensado emigrar a Chile, donde vivía el mayor de sus hijos. “Estoy en cero, mis planes comenzaban y terminaban con él”, expresa.

 

 

A pesar de lo ocurrido, Ingrid Borjas prefiere no guardar rencores hacia el funcionario que le disparó a su hijo. “Lo perdono para sentirme libre. No quiero ponerle un rostro, saber quién me quitó a mi hijo. Que Dios se encargue. Yo no logro entender lo que pasó, ni por qué, ni cómo. No tengo las respuestas y creo que no las voy a tener nunca”. Un año después de lo ocurrido, la investigación de la muerte de Nick Samuel Oropeza no ha iniciado.