Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

DDHH olvidados | Luis Carlos Díaz: “Fueron las dos horas más largas de mi vida porque pensé que iba a morir”
El periodista Luis Carlos Díaz fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzosa y tratos crueles e inhumanos en 2019. Dos años después, las medidas cautelares impuestas siguen restringiendo sus libertades 

@ValeriaPedicini

 

Luis Carlos Díaz acostumbraba ir y regresar de su trabajo en la emisora Unión Radio en bicicleta. El 11 de marzo de 2019 no fue la excepción. Eran alrededor de las 5:30 de la tarde cuando el periodista volvía a su hogar por el Country Club, la misma vía que siempre transitaba, cuando dos vehículos que lo seguían bloquearon su paso y varios hombres armados se bajaron. 

Los carros no tenían placa y los hombres ni siquiera estaban identificados. “No se preocupe, somos del Sebin. Tenemos que llevarte a una entrevista”, le dijo uno de ellos. Lo obligaron a subir a una de las camionetas y le cubrieron la cara con una chaqueta de cuero. 

El también defensor de derechos humanos estuvo desaparecido por más de ocho horas. Ni su esposa Naky Soto ni sus compañeros de trabajo se preocuparon hasta que dieron las 10pm y no estaba en la radio para una jornada especial que haría hasta las 5am.

Luis Carlos no contestaba las llamadas, no había tuiteado, no estaba en la emisora, no estaba en casa. Fue ahí cuando Naky se preocupó, así que hizo pública su preocupación en su cuenta de la red social Twitter preguntando con la etiqueta #DóndeEstáLuisCarlos.

“Perdí contacto con Luis Carlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en Unión Radio desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am. El caso es que Luis Carlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de Unión Radio quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora”. 

¿Dónde estaba Luis Carlos?

Una vez dentro de la camioneta, los efectivos le dijeron a Luis Carlos que lo llevaban a un lugar que no podían revelar. Pero el exdirector del Sebin confirmó después públicamente que los funcionarios lo habían llevado a una de las “casas de seguridad del Sebin”.

Ahí le quitaron todas sus pertenencias, lo amenazaron, le exigieron las contraseñas de su computadora y de su teléfono móvil. Horas después, lo obligaron a entrar a una habitación y le dijeron: “Ahora estás en manos de la Dgcim”. 

A Luis Carlos lo interrogaron y maltrataron durante tres horas. Lo asfixiaron, le golpearon la cabeza mientras llevaba un casco de bicicleta, le apretaron los genitales y le ataron las manos. Contó que también lo amenazaron con romperle los dedos y con utilizar un taladro en su cuerpo.

Efectivos de la Dgcim quisieron obligarle a que grabara un video en el que confesara que él había había recibido dinero para sabotear el sistema eléctrico (afirmación que amenazaron con respaldar plantándole $100.000 dólares) y que había viajado a México la semana anterior para reunirse con el Gobierno mexicano y recibir dinero de éste para provocar apagones eléctricos. 

Asimismo, le dijeron que les acusarían a él y a su esposa de homicidio, diciendo que habían colocado un cadáver en su apartamento. Le comentaron que habían efectuado los disparos desde las manos de su esposa para dejar rastros de pólvora en ella. 

Cerca de la medianoche, funcionarios de la Dgcim le dijeron: “Estamos cansados de ti, te vamos a matar. Te vamos a colgar del techo y te vamos a matar, y le enviaremos el video a tu esposa”.

Lo llevaron hasta un rincón y lo dejaron ahí por dos horas. “Fueron las dos horas más largas de mi vida porque pensé que iba a morir”, relató Luis Carlos.

Después de ese tiempo, le levantaron la capucha y tenía en frente a los funcionarios del Sebin que le habían detenido. Uno de ellos le dijo: “Espero que te hayan tratado muy bien. Todo lo que hicieron, no fuimos nosotros”. Los efectivos lo obligaron a firmar un documento en el que decía que le habían tratado bien.

El supuesto promotor de un apagón nacional

Días antes de su detención, Diosdado Cabello había reproducido  en su programa Con el Mazo Dando un clip de un montaje de video editado con extractos empalmados de un programa del 26 de febrero de 2019 en el canal de YouTube de Luis Carlos Díaz. En el programa original de 22 minutos, Luis Carlos y Naky respondieron a 16 preguntas recibidas de sus seguidores sobre diversos temas.

El 11 de marzo de 2019, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión con base en una Acta de Investigación Criminal de un inspector del Sebin, también de fecha 11 de marzo de 2019. También ese mismo día, 11 de marzo de 2019, el Juez Trigésimo Primero de Control Penal ordenó la aprehensión de Luis Carlos. El Juez de Control se refirió a los argumentos expuestos por el Ministerio Público, con base en la investigación del Sebin.

Los abogados defensores informaron que, según el acta de investigación del Sebin de dos páginas y media, el 7 de marzo de 2019, el inspector inició una investigación en “diferentes redes sociales”, ya que el país sufría cortes de energía eléctrica. El inspector dijo que las investigaciones lo llevaron al video del 26 de febrero, publicado en el canal de YouTube de Luis Carlos. 

El informe no incluía citas directas del programa del 26 de febrero de 2019 ni otras referencias sobre cuándo y cómo supuestamente se hicieron las declaraciones concretas. 

No obstante, concluyó que el vídeo estaba orientado a “llamados a los funcionarios de estado, específicamente al Personal Militar activo, para que desconozcan sus mandos naturales y se sumen a un rebelión, fomentando la violencia extrema para así pretender el derrocamiento del Gobierno”. También, alegó que el vídeo proporcionaba “sugerencias para la difusión de eventos violentos que posiblemente se presentarían con el apagón”.

¿Qué vino después? 

Tras la denuncia hecha por Naky Soto, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia realizaron un allanamiento en su vivienda a las 2:30 am del martes 12 de marzo y se llevaron a Luis Carlos con ellos. Durante la sesión de interrogatorio, miembros de la Dgcim preguntaron si tenía dinero en casa. El periodista les dijo que tenía ahorros de unos 6.000 dólares para pagar una operación quirúrgica para su esposa.

Tras el allanamiento, Soto volvió a entrar en el apartamento y se dio cuenta de que los funcionarios del Sebin se habían llevado el dinero. Ese dinero no aparecía en el informe de investigación del Sebin ni en la cadena de custodia. También, incautaron diversos equipos de computación. Entre los equipos estaban los respaldos médicos de Naky Soto, dispositivos que hasta la fecha no han sido devueltos y afectaron su atención médica. .

Después del allanamiento, a Luis Carlos lo llevaron a El Helicoide. Estuvo incomunicado en una celda sucia con un colchón delgado, sin acceso al baño ni información alguna sobre su detención o el proceso legal que había en su contra. Esto se lo contó a una fiscal del Ministerio Público que se presentó en la sede de la policía política el 12 de marzo en la mañana para tomar sus declaraciones. Cuando se las presentó al periodista para que las firmara, no reflejaban las supuestas violaciones que él le había descrito. 

En horas de la tarde fue trasladado a los Tribunales de Control por funcionarios del Sebin.  Luego de más de dos horas de audiencia pública en las que relató todo lo que le había sucedido desde el día anterior, le imputaron el delito de “instigación pública” del artículo 285 del Código Penal. Además, le dictaron 3 medidas cautelares: prohibición de salida del país, prohibición de declarar a medios sobre su caso, y régimen de presentación cada ocho días.

Dos años después y el sistema de justicia sigue en deuda con el periodista y activista por los derechos humanos. La Fiscalía nunca presentó pruebas en contra de Luis Carlos Díaz; sin embargo, después de vencido el plazo legal del proceso de investigación, el Tribunal le otorgó a los fiscales un año más para recopilar información sobre el caso y entregar su acto conclusivo, a más tardar el 9 de diciembre de 2020.

Tres meses después de vencido el plazo, la Fiscalía aún no ha presentado el acto conclusivo de la investigación ante el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. No obstante, se desconoce la fecha exacta en la que la Fiscalía debe entregar este documento, pues  el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido diversas resoluciones a propósito de la cuarentena por COVID-19 que ajustaron los lapsos de trabajo efectivo del sistema judicial.

La defensa de Díaz, ejercida por Espacio Público, solicitó un pronunciamiento por parte del Tribunal el 09 de diciembre de 2020 y el 12 de febrero de 2021, pero aún no hay respuesta.

Desde el año 2019 no ha podido salir del país, lo que le ha impedido cumplir con compromisos familiares, laborales, y como defensor de los derechos humanos. Por otra parte, la prohibición de hablar sobre su caso es una práctica restrictiva que impone el silencio y la opacidad sobre lo ocurrido.

¿Qué dice la Misión de la ONU? 

El caso de Luis Carlos está reflejado en el más reciente informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Específicamente, en el apartado sobre las discrepancias en la emisión de órdenes de aprehensión, los registros de detención emitidos por los órganos de inteligencia o policías y los documentos preparados por el Ministerio Público.

«Jueces y fiscales desempeñaron un papel directo en las discrepancias observadas en los casos examinados, como la emisión retroactiva de órdenes de aprehensión, o un papel indirecto, como la inclusión sistemática de actas de detención inexactas o engañosas en el expediente judicial, a pesar de que dichas discrepancias fueron planteadas en las presentaciones de la defensa». 

La versión de lo ocurrido con el periodista descrita en el acta de aprehensión hecha por el Sebin no se parece en nada a lo que contó Luis Carlos a la ONU. 

Según el informe del Sebin, el 11 de marzo de 2019, seis efectivos estaban haciendo un «recorrido estratégico” cerca del centro comercial San Ignacio cuando “se logró avistar a un sujeto que reunía las características físicas” del activista. Esa acta afirma que un funcionario se acercó a Luis Carlos para decirle que era objeto de una orden de aprehensión y le leyó sus derechos. 

Entre los hallazgos de la Misión, encontraron que las discrepancias permitían: encubrir la ausencia de una orden de detención al momento en que esta fue practicada así como la falta de presentación del detenido ante un juez o jueza dentro de los plazos legales; dar la impresión de que, durante un determinado período de tiempo, la persona detenida no había estado bajo el control del Estado; y reflejar en las actas que se estaban respetando sus derechos, en contra de lo relatado por estas personas.

En dicho informe, la Misión documentó 19 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de militares, las cuales fueron sostenidas por fiscales y jueces mediante la
emisión de órdenes de aprehensión ex post facto. «En todos los casos, la DGCIM retuvo a las personas detenidas sin supervisión legal durante un período de aproximadamente una semana, durante
el cual funcionarios presuntamente perpetraron graves actos de tortura psicológica, física y sexual durante los interrogatorios en La Boleíta o en lugares clandestinos». 

 

DDHH olvidados | “A tu hijo te lo sembraron, ahorita se lo están llevando a tribunales”
A Yesenia le detuvieron arbitrariamente a su hijo menor de edad frente a sus ojos mientras estaban en El Cementerio, pero en Fiscalía aseguran que fue en la Cota 905

@ValeriaPedicini

Yesenia* estaba con su hijo el día que lo detuvieron. Días atrás, habían llegado a El Cementerio, en el sur de Caracas, y se encontraron con la calle revuelta por los operativos en la Cota 905. Aprovechaban los fines de semana y las semanas radicales para trabajar en la zona. Así que, en vez de devolverse a su casa en Guatire, se resguardaron en la vivienda de su sobrina a esperar que todo se calmara. 

El viernes, cuando todo estaba más tranquilo, decidieron salir del refugio. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) los pararon en medio de la calle, a plena mañana, para revisarlos. Yesenia ya había notado que los funcionarios estaban “alterados”. Y al ver que el muchacho de 17 años no cargaba su cartera con la cédula de identidad, todo fue peor. 

“Eres un sinvergüenza, tienes que cargar tu cédula”, los regañaron. Ella intentó explicarles que, aunque no tenía la cédula, sí llevaba encima una carpeta con documentos como constancia de estudio, partida de nacimiento y registro militar, porque el muchacho quería optar por un cupo para entrar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). 

Nada de eso funcionó: decidieron llevárselo. 

“Tranquila, que si él no está solicitado, le entregan a su hijo. Solo es una verificación para que aprenda a cargar su cédula”, le prometieron a Yesenia. Para ese momento, no reaccionó ni tuvo una postura a la defensiva. “Yo estaba creyendo en su buena fe. ‘Están haciendo su trabajo’, pensé. No pensé que iba a pasar todo esto”. 

Mientras al muchacho lo llevaban a la Quebradita II, Yesenia había ido a buscar su documento de identidad. Cuando llegó, un funcionario le dice que su hijo era el 17 en orden de verificación y había que esperar. 

Pasó el viernes, el sábado no hubo sistema y el domingo se repitió la historia. Yesenia nunca se movió del lugar porque quería a su hijo de vuelta y porque tampoco tenía pasaje para ir y regresar de su casa en Guatire. 

El martes, un efectivo le preguntó qué hacía en el sitio. Yesenia le explicó la situación y él fue a verificar el caso. Cuando volvió le dijo: “¿Por qué dejaste que pasara tanto tiempo? A tu hijo te lo sembraron. Ahorita se lo están llevando a tribunales, vete corriendo”. 

Yesenia no supo ni cómo reaccionar, no entendía qué estaba pasando. “¿Cómo es que yo llevaba ahí varios días y a mí nadie me había dicho nada? Yo estaba creyendo en la buena fe de que no había sistema”. 

Cuenta que en la audiencia solo escuchó horrores. Entre esos, que la detención de su hijo había sido en la Cota 905 y que era producto de una “orden presidencial”. No importó que dijera que ella estaba con él en El Cementerio cuando eso ocurrió, que había testigos de lo ocurrido o que pidieran revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay a lo largo de la avenida principal de El Cementerio. 

“No le hicieron caso a los videos ni a nada porque dicen que no van a perder su trabajo porque esto es político. Pero a nosotros, que somos inocentes, nos están haciendo un daño”, expresó Yesenia. 

Al muchacho lo trasladaron a una sede en La Yaguara, donde su madre denuncia que “le cayeron a tablazos”. Después, lo llevaron a San Agustín, donde duró unos días, para luego moverlo a Guárico para finalmente dejarlo en Yaracuy. “No sé qué está pasando que me lo tienen de allá pa’ acá y de allá pa’ acá”. 

Ella solo ha tenido oportunidad de verlo una sola vez y por tan solo dos minutos. En primer lugar, porque las visitas están restringidas hasta principios de septiembre y porque a Yesenia se le hace difícil poder conseguir el dinero para trasladarse hasta el interior del país. Gracias a una recolección que hicieron su familia y conocidos, pudo reunir los 40 dólares del transporte y visitarlo para llevarle productos de higiene, ropa y una colchoneta. 

Producto del hacinamiento que se vive en las cárceles y centros de reclusión, a su hijo le dio escabiosis. Pero lo que más le impresionó fue ver a su hijo tan afectado emocional y psicológicamente, sobre todo cuando vio que ella llegaba con sus pertenencias. “Me dijo ‘mamá, ¿me van a dejar aquí? Ayúdame, no me dejes’”. 

A Yesenia le notificaron que la audiencia sería para octubre. “Es mucho tiempo, lo que está cometiendo es un atropello con nosotros. Esto no se entiende. Vivo en zozobra porque mi hijo no hizo nada y mira todo lo que pasó”. Cuenta que desde que detuvieron a su hijo, le cuesta ver a funcionarios en la calle por miedo de lo que pueden hacer. “Siento que me pueden hacer algo”. 

Desde que detuvieron a su hijo, a mediados de agosto, la vida le cambió también a Yesenia. No ha podido ver al resto de sus hijos por estar concentrada al 100% en lo que le pase al muchacho de 17 años. “He ido a todos lados, en algún sitio me van a escuchar”, clamó. 

 

Justicia por engagement de la fiscalía no soluciona la violencia de género
El comentario del periodista Fernando Petrocelli contra la esposa del futbolista Lionel Messi demuestra que la violencia y el abuso sexual contra la mujer está normalizado en la sociedad venezolana
Al mismo tiempo, expertas consideran que el proceso penal iniciado contra Petrocelli es desproporcionado y también es una acción que daña la agenda de las organizaciones, activistas y feministas

@ValeriaPedicini 

 

Lo que un mensaje puede desencadenar: demostrar la normalización de la cultura de la violación, así como la violencia de género, el machismo y la misoginia presente en una sociedad que constantemente niega su existencia; señalar a una ley inconstitucional utilizada con arbitrariedad para reprimir, censurar y perseguir; y exponer a un sistema de justicia que es discrecional, que ha acumulado muchos pendientes en la lucha contra la violencia de género y que aún le queda un largo camino por recorrer. 

Todo en cuestión de un día. 

El jueves 2 de septiembre estaba pautado que se enfrentaran las selecciones de fútbol de Venezuela y Argentina en el Estadio Olímpico de la UCV por el clasificatorio al Mundial de Catar en 2022. El país tenía días de euforia porque el reconocido jugador argentino, Lionel Messi, estaba en territorio nacional. Las redes sociales no eran la excepción: mensajes, memes, chistes iban y venían. 

El periodista deportivo venezolano Fernando Petrocelli se unió a la conversación en Twitter. Lo que pensó que sería un comentario ocurrente, le salió muy mal. En su publicación, contestaba el tuit de otro usuario de la red social, en el que mencionaba que en los cánticos de las gradas deberían ser incluidos otros “picantes” hacia Antonela Roccuzzo, esposa de Messi. 

“Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘y con Antonella todos vamos a gozar”, publicó Petrocelli el martes 31 de agosto. El comentario desató la polémica, indignación y las críticas de la gente, sobre todo de feministas y activistas, por normalizar el abuso y cosificación sexual contra las mujeres. 

 

 

El mensaje se volvió tendencia en redes sociales y horas después el periodista había borrado la publicación de su cuenta de Twitter, antes de que se viera involucrado el Gobierno. 

El problema escaló cuando el fiscal designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, solicitó la noche del 1 de septiembre al Ministerio Público la orden de aprehensión en contra de Petrocelli. Señaló que el periodista deportivo debía ser imputado por la comisión de los delitos de “violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género” por los comentarios en contra de Roccuzzo. 

Horas después, Petrocelli volvió a publicar en su cuenta de Twitter, pero para pedir disculpas. “Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”. 

Al momento de publicación de este trabajo, el periodista de Directv Sports había restringido el acceso a su cuenta de Twitter a “seguidores aprobados”.

La normalización de la violencia

Pero, ¿qué demuestran los mensajes publicados por Fernando Petrocelli sobre los cánticos futbolísticos, y en los que se incluyeron a Antonela Roccuzzo? 

Que la violencia y el abuso sexual contra la mujer está normalizada. La abogada, feminista y activista por los derechos humanos, Selene Soto, explica que estos chistes o comentarios que parecen inofensivos en realidad son una muestra de como esa forma de violencia no se ve como algo reprochable o tan grave. 

“No son temas menores. Estamos hablando de una cultura de la violación que está muy normalizada. Cuando vemos dos personas que no tienen ningún tipo de reparo en hacer una referencia de esa naturaleza a la violación, lo hacen porque no lo ven reprochable porque está normalizado. No ven conectado un mensaje con la violencia sexual, la que ocurre en efecto”, comenta la abogada a Runrunes. 

Melanie Agrinzones, activista feminista y cofundadora del grupo Uquira, explica que la cultura de la violación parte de una forma única de ver el mundo y es una visión de un sistema machista y patriarcal. En él, “las mujeres lastimosamente quedan subyugadas y cree que las mujeres somos objetos. Lo vemos en campañas donde somos cosificadas, hipersexualidas o revictimizadas hasta en el momento de hacer denuncias. Las mujeres son sujetos que no son creíbles en esta sociedad”. 

Para la también activista de derechos humanos quienes se ríen de este tipo de mensajes es porque no ven el fondo del problema y no saben “toda la violencia que puede desencadenar”. “No es un chiste, es un comentario violento para una población a quienes históricamente se les ha negado su derecho”. 

Detalla que el problema radica desde la base del sistema en lo educativo, en donde no está muy presente la intención de fomentar los conocimientos en temas de igualdad o de erradicación de las violencias. 

“La sociedad venezolana creo que todavía necesita ese proceso de deconstrucción para entender que existen complejidades diferenciadas con respecto al género. Aunque últimamente estos temas han salido más a la luz pública, y se agradece, cuando vas a ciertos espacios, no se toca el tema”. 

A pesar de los señalamientos y críticas, la población que condena estas actitudes sigue siendo pequeña. “Esto no es nada nuevo en este país, solo que ahora hay un movimiento feminista más robusto y se señala ‘mira lo que dijo’. Pero si tú te pones a contar, la mayoría normalizó el comentario. Si te pones a auscultar el twitter, no somos mayoría”, expresa la abogada defensora de los derechos de la mujer, Venus Faddoul.  

Medidas desproporcionadas 

A pesar del comentario machista y misógino de Fernando Petrocelli, la actuación del fiscal del chavismo en su contra es cuestionada y debe ser vista desde varios ángulos.

El pronunciamiento de William Saab en contra del periodista deportivo, así como la orden de aprehensión e imputación por violencia simbólica y promoción al odio, no son del todo justas. 

La violencia simbólica está contemplada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007 y reformada en el año 2014. Se define como “mensajes, valores, iconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad”. 

La ley utilizada para tipificar el delito de violencia contra la mujer no tiene reglamento, a pesar de los más de 10 años de que fuera creada. Esto hace que su aplicación sea a “discreción” y sin una idea clara de cuáles son los pasos que se deben seguir. Queda a disposición o consideración de los jueces. “Es una ley que, en la práctica, no ha tenido ninguna operatividad”, dice Soto. 

“Los únicos delitos ahí que corresponden al comentario es violencia simbólica, eso es evidente. Encaja perfectamente”, detalla Faddoul. Sin embargo, califica la solicitud de captura del fiscal como “aberrante”. 

En el delito de violencia simbólica cualquier medida pudiese funcionar de escarmiento porque, sobre todo, busca sancionar lo moral, lo educativo.

“Llevarlo a una formación hubiese estado muy bien para darle el ejemplo y para el escarnio público. Si solo dijera que lo iba a procesar por violencia simbólica, todos hubiésemos apoyado, pero no semejante aberración”.

Explica que, jurídicamente, lo que permite la orden de aprehensión es el delito de promoción al odio. “Si a él lo procesan por violencia simbólica, no da la cuantía de la pena para la orden de aprehensión y hubiese estado bien porque, ¿quién dijo que la cárcel soluciona las cosas? Está muy bien que lo procese por violencia simbólica, pero no por la ley contra el odio, que lo que hace es un retroceso brutal en los derechos humanos y es una excusa para censurar”. 

Asegura que procesar a las personas con delitos más graves “como accesorios” es una práctica recurrente del Gobierno, como en los casos de representantes de las organizaciones de Fundaredes y Azul Positivo

“Como el delito principal no es tan grave, o tiene una pena menor de ocho años con el que puede ser juzgado en libertad, o en el que la pena ni siquiera te lleva a la cárcel sino a cumplir con determinadas sanciones, ¿qué hacen? Te tiran unos delitos accesorios que son más graves para poder aprehenderte y empeorar tu situación”, resdalta. 

Para Selene Soto, en el caso de Petrocelli, entran en tensión varios elementos y uno de esos es la libertad de expresión. “Como derecho, protege un alto número de discursos, incluso, aquellos que son incómodos o que no nos gustan, pero por supuesto tiene unas excepciones. Cuando lo vamos a ver en Venezuela, primero, es una ley promulgada en un contexto de arbitrariedad, que no está reglamentada y eso significa que queda también un margen mayor de discrecionalidad de cómo es aplicada”. 

Según la ONG Espacio Público, la ley contra el odio contraviene los principios en materia de libertad de expresión, al fortalecer “la línea oficial de censurar toda expresión crítica o independiente del gobierno nacional bajo la razón de sembrar la paz”. 

La inconstitucional ley contra el odio plantea que quien “públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjuntos de personas”, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. 

Los términos y figuras penales expresadas en este cuerpo normativo, como es el “odio”, son tan amplios y vagos, que cualquier expresión puede ser enmarcada dentro de esta figura, lo que otorga una discreción amplia para interpretar la norma, según Espacio Público.

Para Soto, esto es “desproporcionado”. “La respuesta frente a las excepciones de los discursos que no protegen la libertad de expresión tienen que cumplir con unos parámetros. La respuesta penal debe ser excepcionalísima y debe cumplir con unos principios de necesidad, legitimidad y proporcionalidad. Y en este caso, no lo es. Y es lo irónico, ¿no? Ni es una respuesta efectiva a la violencia contra la mujer y es también una afrenta a la libertad de expresión”. 

Más que gestos

Aunque es necesario condenar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y dejar de normalizar las conductas que se han tenido por años, el panorama hay que verlo desde todas las perspectivas. El uso de la justicia venezolana en temas de violencia de género sigue siendo discrecional y se queda en los gestos que poco resuelven el problema de manera estructural, como señaló un informe de Acceso a la Justicia

El pronunciamiento del fiscal ocurrió el mismo día en el que se conoció que en el caso de Alexandra Hidalgo, mujer víctima de violación grupal organizada por su esposo que ha buscado justicia por más de 17 años, el culpable fue absuelto y se le abrirá un proceso en su contra. 

20 años después, Linda Loaiza sigue esperando a que el Estado venezolano inicie un plan de cumplimiento de las reparaciones de la sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“¿Qué pasa con la cantidad de denuncias que simplemente pasan por debajo de la mesa? ¿Qué pasa con Alexandra Hidalgo, Ángela Aguirre, Ingrid Gomes? ¿Dónde están las cifras? Si nos referimos a las cifras que no tenemos, porque son las organizaciones quienes estamos trabajando para llevar al menos un subregistro de casos, vemos el nivel de impunidad. Ahí realmente se nota que no les interesa que las mujeres tengan justicia”, dice la activista Melanie Agrinzones. 

Venus Faddoul, también miembro de la organización 100% Estrógeno, señala que la justicia no puede ser discrecional. “Si tú vas a actuar y vas a ser así de eficiente, también tienes que ser eficiente para aplicar la ley absolutamente para todos. Lo que se le critica a la fiscalía es que están utilizando y buscando una excusa para censurar”. 

“Son acciones punitivas totalmente desproporcionadas, amparándose en que es un personaje público, basándose en la coyuntura del momento para quedar bien. Es una fachada, es un tema de propaganda política. Para querer tapar sus errores, para que digan ‘nosotros sí procesamos la violencia de género, sí somos una revolución feminista’”.

Para Soto, esta respuesta del fiscal no ocurre “en el vacío”, sino en un contexto de “grave desprotección para las mujeres víctimas de violencia, donde no hay definitivamente una respuesta integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer a todos los niveles”.

Cuando un pronunciamiento como el que hiciera William Saab en contra de Petrocelli no viene acompañado de una estrategia integral, efectiva y seria para resolver el problema de la violencia contra la mujer en Venezuela, esas actuaciones no resuelven mucho. 

“Cuando el problema no está siendo resuelto desde una mirada estructural, son medidas que quedan en el vacío. ¿Qué otra medida se está tomando para atender esta violencia? Lo que queda es la instrumentalización de la ley para ser aplicada en ciertos casos de manera discrecional por parte de la Fiscalía. Y eso, desde la mirada de atención a la violencia contra la mujer, está lejos de ser una respuesta mínima y mucho menos efectiva. Desde la mirada de mujeres víctimas de violencia siguen enfrentando una gran indefensión”, explica Soto.  

La activista plantea que es necesaria una asignación de presupuestos, casas de abrigo para atender a mujeres víctimas de violencia, educación con perspectiva de género en funcionarios para evitar la revictimización, acceso a la información para cifras oficiales. Nada de eso ha ocurrido. 

Además, afirma que es necesario que se atienda con la gravedad necesaria la violencia online que sufren las mujeres. “No se conoce que exista alguna política, alguna medida específica para atender la violencia online. Esa obligación de los estados en el mundo offline, también aplica ahora para el mundo online”, dice Soto. 

El periodista deportivo que trabaja en Directv Sports tiene 10 años viviendo en Buenos Aires, Argentina, según su cuenta de LinkedIn. Por su parte, Antonela Roccuzzo vive en Francia luego de que el jugador albiceleste fuera comprado por el club Paris Saint-Germain (PSG).

Ni agresor ni agredida residen en Venezuela, lo que pone aún más en duda la competencia de la fiscalía venezolana para tal imputación. “Que se haya anunciado el inicio de una investigación contra este periodista, contra una persona que ni siquiera vive en Venezuela… No digo que no sea relevante, pero son indicios también de que no es parte de una respuesta integral para afrontar esta situación”. 

Banalizar la lucha 

La ola de denuncias del #MeToo venezolano que se desató en redes a finales de abril sirvió para poner al descubierto otro problema: las redes sociales como el espacio para alzar la voz en casos de abuso y acoso sexual, ante una justicia que, fuera del terreno online, deja mucho que desear. 

“El sistema debería funcionar de una manera para que estas mujeres que denuncian no sean expuestas públicamente. Realmente la última estrategia que nosotros tenemos es exponer los casos. Realmente las personas víctimas deberían poder ir a poner su denuncia y ser atendido”, expresa la activista Melanie Agrinzones. 

No es primera vez que Tarek William Saab entra en escena cuando el tema se hace tendencia en redes o cuando los personajes son relevantes. Esta acción contra Petrocelli se suma a las que había llevado a cabo contra varios músicos, artistas y periodistas, quienes se habrían visto envueltos en una ola de denuncias de acoso sexual contra menores de edad.

Se abrieron investigaciones contra los músicos Alejandro Sojo, vocalista de la banda «Los Colores» y Tony Maestracci, baterista de la banda ‘Tomates Fritos’, así como contra el escritor Willy McKey –quien se quitó la vida en Argentina tras haber confesado que había cometido el delito de «estupro- y contra el comediante y profesor universitario José Rafael Briceño, conocido en el ámbito artístico como ‘Profesor Briceño’.

 

 

El aparecer cuando los personajes son conocidos o cuando el ruido se hace difícil de ignorar, ocasionan que la lucha contra la violencia de género sea banalizada y la lucha feminista sea instrumentalizada. 

Agrinzones manifiesta que es necesario evaluar lo que ocurre teniendo en cuenta el contexto venezolano. “Hay que entender el contexto tan complicado y complejo en el que está Venezuela, donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Tenemos que entender que vivimos en un sistema autoritario que instrumentaliza ciertos sectores de la población, sobre todo a los que nosotras llamamos los más vulnerables. Utilizan al movimiento feminista para sus fines políticos”. 

Lo que hace que el trabajo de las feministas y activistas sea más complejo, donde se tienen que preguntar y cuestionar qué o cómo decirlo, sabiendo que las próximas señaladas o enjuiciadas podrían ser ellas. Cuando estos casos ocurren con tanta discreción, las luchas feministas pueden verse cuestionadas. 

“Nuestro deber como activista es ir corrigiendo toda esta problemática social, de decir ‘lo que tú estás diciendo es machista y violento, no está bien’. Y es una persona que está que debe asumir sus responsabilidades, pero es complejo en un contexto autoritario. Y claro que nos afecta, porque entonces cada vez que hagamos un pronunciamiento público y el fiscal decida tomar esta misma medida, se nos va a culpabilizar a nosotras cuando lo que él nos está haciendo es instrumentalizarnos”. 

Soto asegura que el proceso penal iniciado contra Petrocelli también es una acción que daña la agenda de las organizaciones, activistas y feministas.

“Nos tenemos que enfrentar a estas reacciones de ‘miren lo que ustedes logran, ahora hay un periodista preso por culpa de ustedes. Sí son unas histéricas y exageradas’. No somos exageradas, estamos hablando de dos hombres que hablan cómo violar una mujer. Todo esto vuelve a poner en el ojo a ‘esto es culpa de las feministas’. Y para el periodista, el aprendizaje no va a ser que la violencia contra las mujeres es un problema. Tendrá otros aprendizajes, pero no ese. 
CLAVES | La lucha del Estado venezolano contra la violencia de género se queda en los gestos
En sentencias analizadas en la investigación de Acceso a la Justica, se percibió que la intervención del juez fue «contraria a los intereses de la mujer, o donde se perciben prejuicios, roles o estereotipos en contra de las mujeres como sujeto protegido»
El informe señala que el Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado los avances que en la región se han producido en el área, en particular, en materia de reparación de las víctimas
En el documento se admite que en Venezuela tampoco es muy usual que las víctimas demanden reparaciones al Estado, ya que conseguir una condena es difícil

 

@ValeriaPedicini

La justicia venezolana está en deuda con las mujeres. De todas las veces en las que el Estado venezolano ha fallado, la lucha contra la violencia hacia la mujer no podía ser una excepción.

A pesar de las luchas y conquistas en el reconocimiento de los derechos de las mujeres a lo largo de los años, los logros casi siempre lucen a medias.

Ha habido avances, pero no son suficientes. Más que acciones concretas transformadoras, la acción del Estado se queda en los gestos. Así lo resaltó el más reciente informe “Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: Historia de otro fracaso del Poder Judicial” de Acceso a la Justicia. 

En la investigación, fueron analizadas sentencias de las salas de Casación Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre 2015 y 2020, a partir de la última reforma de ley que regula la materia de violencia contra la mujer.

La intención fue determinar si realmente se estaba resguardando la vida e integridad física y mental de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Según el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), desde el 1 hasta el 30 de julio de 2021, hubo 26 femicidios consumados y siete frustrados en Venezuela.

En promedio, hubo una acción femicida cada 24 horas.

Aquí los principales hallazgos de la investigación de Acceso a la Justicia:

1 – Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce «la igualdad de derechos de hombres y mujeres» y que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», no fue suficiente para el reconocimiento inmediato de los derechos de las mujeres. Fue tras la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) que se tuvo un instrumento internacional de especialización normativa sobre los derechos de la mujer. 

2 – En Venezuela se comenzaron los cambios legales en el Código Penal para poner foco en la persona, la defensa de la integridad física de la mujer y de su libertad sexual, dejando atrás el honor, la reputación de la familia a la que pertenecía o a la de su cónyuge. Pero esto no se tradujo en el establecimiento de políticas públicas o siquiera de una agenda legislativa que ahondara en el análisis de otras disposiciones similares. 

3 – En la reforma del Código Civil de 1982, la modificación se centró en la perspectiva del derecho civil eliminando las normas discriminatorias contra la mujer en el matrimonio y en otras categorías jurídicas. Esto significó la emancipación de la mujer en lo que tiene que ver con la administración de sus bienes y los derechos que se derivan de la comunidad conyugal, el reconocimiento igualitario en sus relaciones de pareja y respecto a la patria potestad sobre los hijos.

4 – La aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de Belém do Pará, que entró en vigencia el 28 de marzo de 1996 y que fue ratificada por Venezuela, fue un hito en el desarrollo de la normativa contra la violencia como un fenómeno transversal en la vida de la mujer y presente tanto en el ámbito público como privado, en sus relaciones familiares, en la comunidad en la que se desenvuelve, en cuanto al rol del Estado que debe garantizar sus derechos, etc.

5 – Fue apenas en 2007 cuando Venezuela aprobó una normativa con una visión más integral de la violencia contra la mujer con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia de 1998 no abordaba el problema en toda su dimensión. 

6 – Sin embargo, la ley de 2007 no fue suficiente, porque su visión y alcance era limitada. No permitía el análisis de las causas, no veía la violencia contra la mujer como materia de derechos humanos y no identificaba al propio Estado como otro victimario en la agresión. 

7 – En Venezuela, la evolución normativa relativa a la violencia contra la mujer ha sido no solo lenta, sino presa de percepciones y estereotipos que han impedido ver la transversalidad del problema en la sociedad. La normativa nacional sigue esos patrones y, aunque en general responde a los estándares internacionales, tiene carencias importantes al no identificar la violencia institucional generada por el Estado y establecer obligaciones al mismo, sin ningún medio de control real en un país donde no hay Estado de derecho.

8- La falta de un papel protagónico, vinculante y permanente de la sociedad civil, y en particular, de las organizaciones que por décadas han luchado por los derechos de las mujeres, es una de las más evidentes carencias de la ley, a pesar de que la misma reconoce su importancia y sus aportes.

9 – El Estado venezolano no ha cumplido con los compromisos internacionales respecto a la lucha contra la violencia de género. Una de sus mayores fallas ha sido haber silenciado las fuentes oficiales de información.

No se tienen datos actualizados sobre la violencia contra la mujer, pese a que la ley en su artículo 31 ordena la realización de “los censos, estadísticas y cualquier otro estudio, permanente o no, que permita recoger datos desagregados de la violencia contra las mujeres en el territorio nacional”. 

10 – La definición de femicidio en la legislación venezolana, incluido como delito en la reforma de la ley en 2014, es muy limitada y simplificada. Por esto, no se ajusta a los estándares internacionales en la materia, pues no hay señalamiento alguno sobre la responsabilidad del Estado al incumplir con su deber de protección. Además no hay datos suficientes de una fuente oficial para establecer la evolución de este delito. 

11 – La violencia sexual está tipificada en distintas normas penales: Código Penal; Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto puede traer consecuencias de confusión al momento de la aplicación de diferentes instrumentos. En el caso de la violencia sexual no se encontró información oficial, solo data genérica de violencia de género de los años 2015 y 2016. Después de eso, igual que con el renglón de femicidio, ninguna fuente de información oficial informa al respecto.

 

12 – La inexistencia de estadísticas en materia de violencia contra la mujer complica la elaboración de políticas públicas, ya que sin información no es posible hacer un diagnóstico verídico de la situación y una planificación de política pública.

13 – Para el Tribunal Supremo de Justicia, las víctimas tienen un carácter anodino e indiferenciado, donde la violencia es apenas un tipo penal como cualquier otro, sin carácter especial, y sobre todo sin que amerite urgencia alguna de acción, resolución o medidas para atenderla. 

14 – En el análisis de las sentencias de la Sala de Casación Penal y de la Sala Constitucional se encontraron diez en las que se percibe la intervención del juez como contraria a los intereses de la mujer, o donde se perciben prejuicios, roles o estereotipos en contra de la mujer como sujeto protegido.

15 – En las sentencias analizadas de la Sala de Casación Penal se pone de manifiesto un exceso de formalismo y manejo de la violencia sobre la mujer como si de otro delito común se tratase. En dos de las sentencias no se tomó en cuenta el principio de interseccionalidad de la víctima.

En otros seis fallos de esa misma sala,  el máximo juzgado cometió «graves violaciones» a los derechos de la mujer que desnaturalizaron el proceso e hicieron que el mismo no sirva a los fines que la ley prevé (revictimización, retardo judicial, omisión de elementos fundamentales del proceso, etc.). 

16 – En las sentencias de la Sala Constitucional se llama la atención a los funcionarios policiales sobre comentarios sexistas, pero no cuando se trata de jueces, lo que demuestra la doble vara de medir al respecto.

17 – En la investigación se encontraron casos de más de diez años sin sentencia definitiva y algunos en que la reposición implicó el inicio del juicio luego de años, pone de manifiesto que solucionar el retardo procesal no es una prioridad.

18 – Más de una década después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que creó los tribunales especializados en la materia, estos no existen en todas las circunscripciones o estados del país. Ello obligó a que la Sala Constitucional les diera esa competencia a otros tribunales que no poseen la especialidad que deberían tener. Esto pone de manifiesto que este ámbito no ha sido, por más que en la narrativa oficial se diga lo contrario, una prioridad para las autoridades judiciales.

19 – Comparar las prácticas en materia de juzgamiento de derechos vinculados a la violencia contra la mujer aplicadas en otros países de Latinoamérica permite ver el rezago que tiene Venezuela. Por ejemplo, los elementos en los que se mencionan la reparación de daño, un tema prácticamente inédito en el país: las decisiones judiciales se centran exclusivamente en la sanción sin incorporar elemento alguno de reparación.

Lo relativo a la reparación del daño no es una propuesta o una innovación, sino un estándar internacional establecido, de modo que su inclusión no es discrecional por parte del Estado.

20 – En Venezuela no existe una costumbre por parte de las víctimas de pedir indemnizaciones o reparaciones, porque ya conseguir una condena es bastante difícil. Es tarea pendiente en las capacitaciones de profesionales y organizaciones vinculadas con el tema el incluirlo a los efectos de que sea tenga una presencia permanente en los asuntos a decidir por el tribunal en casos de violencia contra la mujer.

21 – En una conclusión general del informe se identifica que, a pesar de la invasiva propaganda oficial que describe casos individuales como consecuencia de la aplicación de políticas públicas exitosas en la materia, la deuda del Estado venezolano con las mujeres no solo existe, sino que ha tendido a aumentar con el pasar del tiempo en detrimento de su integridad.

Al menos 12 menores que esperaban un trasplante han muerto en el J.M. de los Ríos en lo que va de año
El programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014 
Según la directora de la ONG Prepara Familia, existe una población de 250 niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en riesgo ante la paralización del programa de trasplantes

@ValeriaPedicini

Gineth Gil lleva en sus brazos un oso azul de peluche y un cartel que dice «Reactiven los trasplantes». Hace apenas seis días que su hija Jeannys Herrera, de 9 años, falleció en el servicio de nefrología del hospital J.M. de los Ríos a la espera de un trasplante de riñón que nunca llegó. 

«Pido que se pongan las manos en el corazón y reactiven los trasplantes. Pido calidad de vida para los niños que quedan, ya que mi hija no tuvo el sueño de ser trasplantada», dijo en la entrada del principal centro pediátrico del país durante una protesta de madres, familiares y pacientes que requieren trasplantes de órganos y exigían una respuesta en la reactivación del servicio.

La niña era paciente nefrótica desde hace cinco años y desde el pasado mayo su madre había estado denunciando la situación crítica de su hija porque el hospital no le suministraba los medicamentos que ella necesitaba. 

«No es fácil perder a un hijo. No es fácil llegar aquí y ver el sitio donde duró dos meses hospitalizada». Contó que en ese tiempo vio cómo a su hija le inyectaban varias veces con la misma inyectadora por la falta de insumos que hay en el hospital. Asimismo, Gineth denunció que este martes 17 de agosto le fue negada la entrada al hospital porque su hija había fallecido. 

Pero a ella no fue la única a la que le impidieron el acceso. «Iba a entrar y me dijeron que no podía, porque mi hijo ya se murió», dijo Vicky Fernández, madre de Andrés Fernández, paciente renal crónico que pasó 14 años en diálisis y murió hace dos años a la espera de poderse trasplantar.

«¿Cómo ella (Mercedes Valera, actual directora del hospital) nos va a prohibir la entrada al J.M. de los Ríos siendo un hospital público?», dijo.  

A Emilce Arellano, madre de Winder Rangel, quién falleció el 11 de agosto, también le negaron el acceso. El niño de 11 años era paciente de diálisis de hace un par de años y también se encontraba a la espera de un trasplante de riñón. 

«Mi bebé tiene ocho días que falleció aquí en el J.M. esperando un trasplante. Fue un gran guerrero que luchó hasta el final. Tengo una tristeza y un vacío porque me hace falta mi bebé», dijo Emilce en la entrada del pediátrico. «De corazón pido que reactiven los trasplantes para los que siguen luchando por sus vidas». Actualmente la unidad de Nefrología sigue atendiendo a 14 pacientes que necesitan diálisis y con el sueño de ser trasplantados. 

Tal es el caso de Génesis Rodríguez, paciente renal crónico en diálisis. Su madre Niurka Faneitez fue de las madres que fue a protestar la mañana de este martes 17 de agosto, denunciando la grave situación que hay en el centro de salud.

«El J.M. es un hospital de niños abandonado por el Gobierno, esto se cuenta y no se cree. Mi niña duró tres tratamientos que no le pusieron porque no tenían inyectadoras. No tenemos algodón, ni alcohol. Nada», dijo la mujer. 

Ante el fallecimiento de varios niños en el mes de agosto, Faneitez no puede evitar preocuparse por el futuro de su pequeña de 11 años y el resto de los niños que necesitan de un trasplante para vivir. «¿Nos queda sentarnos a ver los 14 que quedan? ¿A ver morir nuestros niños? No es justo. Tengo mucho miedo».

Años de espera y sufrimiento

Según datos de la organización Prepara Familia, en lo que va de año han muerto 12 niños, niñas y adolescentes del J.M de los Ríos que esperaban un trasplante.

Tan solo en el mes de agosto, han ocurrido tres decesos: el 10 murió Winder Rangel de 11 años, el 11 de agosto falleció Jeannys Herrera de 9 años y Niurka Camacho de 15 años. El 30 de junio, Niurka Camacho había encabezado una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en representación de los pacientes renales, en la que pidió mejores condiciones para el hospital de niños y exigió la reactivación de los trasplantes. Falleció sin ver que sus peticiones fueran escuchadas. 

El programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014 y fuera pasada a Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud.

Los pacientes del servicio de Nefrología fueron los primeros en tener medidas cautelares de la Cidh desde febrero de 2018, en las que se exhorta al Estado venezolano a garantizarles el derecho a la salud, a proporcionarles el tratamiento adecuado y cumplir los procesos de diálisis y trasplantes. Hasta ahora, nada ha pasado: el Gobierno no ha dado respuestas y siguen muriendo pacientes. 

Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, se encontraba acompañando a las madres del J.M. de los Ríos a pedir mejores condiciones para los pacientes del centro pediátrico. «Nosotros estamos aquí para pedirle al Gobierno que haga su trabajo, que garantice el derecho a la vida de los pacientes, que reactiven los trasplantes”. Detalló que existe una población de 250 niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en riesgo ante la paralización del programa de trasplantes. 

Para la defensora de derechos humanos, la reactivación del programa debe venir acompañada de medidas que garanticen la vida, la salud y la dignidad de los pacientes. 

Mientras madres y pacientes manifestaban, un autobús perteneciente a los trabajadores del hospital se lanzó sobre los presentes, en lo que parecía un intento por interrumpir la protesta. «Estamos aquí concentradas, varias madres exponiendo lo que les pasaba, cuando el transporte de los empleados, que normalmente se estaciona afuera en la calle, no en la acera, se subió y nos emboscó, eso es una vulneración más a la grave situaciones que viven los niños», expresó Martínez. 

Freddy Guevara, 34 días aislado en una celda sin ventilación ni garantías para su salud
A Freddy Guevara le imputaron los delitos de terrorismo y «traición a la patria» por supuestamente estar vinculado con «grupos extremistas»
En una evaluación realizada por médicos del Sebin, le fue detectada una arritmia cardiaca, una condición que el dirigente ha tenido desde joven y de la cual fue operado hace cinco años
Freddy Guevara fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzosa y no le fue garantizada atención médica durante su reclusión
El exdiputado fue liberado este domingo 15 de agosto, aunque desconoce los detalles de su excarcelación

Freddy Guevara estuvo 34 días detenido en una celda en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En un espacio donde casi no cabía la litera donde dormía, no había ventilación ni luz natural.

Estuvo totalmente aislado. La puerta de su espacio siempre estuvo cerrada, a pesar de pedir varias veces que la mantuvieran abierta. No lo dejaban salir a recibir sol o hacer ejercicio. No podía mantener contacto con otros presos, le restringieron las visitas y no permitieron que sus abogados o familiares pudieran verlo.

Encerrado y aislado, los días de reclusión fueron una oportunidad para fortalecer su mente y, sobre todo, su espíritu. Su padre contó que le pidió a sus familiares que todas las noches a las 9pm se “conectaran” en oración con él. “Si ellos pensaban que lo iban a doblegar, no lo iban a lograr”. 

Todo se complicó para el dirigente del partido político Voluntad Popular cuando en una evaluación que le practicaron en la sede del Sebin, le detectaron que la arritmia cardíaca que padece desde joven había vuelto.

¿Qué pasó?

Los familiares de Freddy Guevara se enteraron de que se lo estaban llevando detenido como el resto del mundo: por el video que el dirigente de Voluntad Popular transmitió en vivo en su cuenta personal de la red social Instagram la tarde del lunes 12 de julio.

Desde el interior de su vehículo mostraba cuando fue rodeado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en una autopista al este de Caracas. “Decidí quedarme en mis país a pesar de la posibilidad de que me volvieran a detener. Estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto”, decía el diputado en la transmisión.

Se lo llevaron a la fuerza, sin explicaciones. Víctima de una detención arbitraria.

Eso fue lo último que se supo de él. Para sus familiares y allegados, fueron horas de mucha angustia y desesperación, cuenta su padre a Runrun.es. «Fueron casi 60 horas sin saber dónde lo tenían. Quienes lo detuvieron no estaban identificados, uno realmente no sabía quienes se lo habían llevado».

Ese mismo día en la noche, en compañía de los abogados de Guevara, su padre se dirigió hasta la sede del Sebin en busca de alguna información sobre Freddy, pero nadie le dio detalles.

“Por eso, nosotros lo calificamos así, fue un secuestro, porque nosotros no sabíamos donde se lo habían llevado y para nosotros era que lo habían secuestrado. Porque el hecho de que se lo hayan llevado, pero no digan donde lo tienen, sigue siendo una desaparición forzada”.

Así estuvieron sus familiares sin saber de él. Tres días después en horas de la madrugada, Guevara fue presentado en los tribunales donde se le fijó como sitio de reclusión El Helicoide.

Los abogados le avisaron que habían podido verlo en esa oportunidad y, a pesar de la situación, tenía buen semblante y estaba tranquilo.

“Estaban sorprendidos con la serenidad con la que se enfrentó a las acusaciones de los tribunales. Él sabía que la decisión que iban a tomar ahí no obedece a ningún orden jurídico, él sabía que eso era una orden política que ellos simplemente están recibiendo instrucciones porque en ningún tribunal del mundo pueden ordenar la detención de alguien por un Whatsapp”, relata su padre.

Para Ariana González, pareja de Freddy Guevara, una acción del gobierno de Nicolás Maduro en contra del opositor no era una idea descabellada. «Mi primera reacción fue llorar, pero no lo hicimos más de un minuto porque lo siguiente que hice fue montar la reacción. Lamentablemente, nosotros habíamos hablado de la posibilidad de este escenario desde el año 2014. Él había dejado una serie de instrucciones en caso de que esto pasara y así lo hice”. 

Freddy Guevara fue acusado por la Fiscalía de estar “vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano» y de proveer dinero a bandas delictivas de la Cota 905 para promover tiroteos en esa zona caraqueña. Los delitos que se le imputaron son terrorismo y traición a la patria.

Salud en riesgo

En el año 2016, al exdiputado le recomendaron realizarse una ablación, una intervención quirúrgica en la que introducirían un catéter para controlar los latidos porque su corazón corría riesgo. Desde entonces, le hacían controles anuales para evaluar su condición, además de usar un aparato que le permite medir su frecuencia cardíaca durante 24 horas. 

Fue una evaluación de cardiología realizada por los propios médicos del Sebin durante su reclusión por la que le detectaron que la arritmia cardíaca que tenía desde joven había aparecido nuevamente.

Sus familiares se preocuparon por su salud. No solo porque el exdiputado tiene antecedentes de enfermedades cardíacas en su familia, ya que su abuelo falleció de un infarto a los 72 años y un tío fue operado del corazón a los 45 años, sino que solo habían pasado cinco días desde que Guevara había salido de su cuarentena por la COVID-19 cuando los funcionarios lo detuvieron arbitrariamente.

No sabemos qué exámenes se le hicieron, cuáles son los resultados y tampoco sabemos si recibe tratamiento adecuado”, había expresado su madre Zolaida Cortez en una rueda de prensa.

Al no haber tenido una consulta con sus médicos tratantes ni la posibilidad de acceso al informe médico, desconocían si la reaparición de la arritmia fue consecuencia del contagio por el coronavirus o por sus antecedentes. Por eso, la solicitud y presión fue para que a Freddy le permitieran atención médica especializada de sus doctores de confianza. «Queremos que su médico tratante lo pueda ver y evaluar, si los tratamientos que le están dando son los correctos», pedía su padre. 

«Evidentemente, nosotros tenemos una preocupación importante con respecto a su salud porque tampoco lo ha visto un médico de confianza. Yo espero que eso cambie en los próximos días porque de verdad es preocupante tener a Freddy con una arritmia cardíaca en una celda así», había señalado González. 

«Nosotros no sabemos qué pueda pasar. Si él está completamente aislado y si le pasa algo en la celda, ¿quién se entera? Si surge una emergencia con Freddy, ¿cómo se le garantiza su salud?», se cuestionaba su pareja.

Cortez insistió en que, de no atenderse prontamente sus enfermedades, la situación podría tener un desenlace no muy agradable para nadie. “Estamos sumamente preocupados por la salud de mi hijo. Necesitamos apoyo nacional e internacional para que mi hijo pueda recibir la atención médica que necesita urgentemente en estos momentos”.

Su padre, que solo lo pudo visitar en tres ocasiones, aseguró que Guevara estaba sereno y de buen ánimo mientras estuvo detenido, a pesar de lo que había tenido que enfrentar estas últimas semanas. 

A pesar de todas las interrogantes y de no haber podido hablar con Guevara desde la mañana de su detención arbitraria, González afirmaba estar tranquila, porque sentía que el diputado estaba haciendo lo correcto. 

“Freddy sabe que yo no voy a descansar hasta verlo libre, que voy a luchar todos los días de mi vida. Yo tengo la tranquilidad de saber que Freddy es un hombre fuerte mentalmente y fuerte espiritualmente. Entonces a pesar de estar ahorita en una celda, yo estoy segura que él no ha perdido ni la convicción, ni la valentía, ni la claridad”. 

«Freddy tiene que tener libertad plena porque no ha cometido ningún delito. Eso lo sabe muy bien el régimen y si hoy Freddy está preso es por una política que tomó el régimen de Maduro, pero hasta ellos mismos saben que Freddy no ha cometido ningún delito ni que merezca cárcel. Freddy tiene que estar en libertad», agregó su pareja, antes de que se produjera la excarcelación del político. 

Excarcelación sin detalles

Tras más de un mes en El Helicoide, Guevara fue excarcelado la noche del domingo 15 de agosto. Es el primer preso político liberado luego de la primera ronda de negociación en México.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación que se encontraban a las afueras de El Helicoide, Guevara explicó que durante su detención estuvo totalmente incomunicado hasta hace tres días, cuando se enteró del inicio del diálogo en México y otros asuntos de interés nacional. 

El dirigente reconoció no saber del todo bajo cuál medida había salido en libertad y manifestó que esto debían averiguarlo sus abogados. “Tenemos que averiguarlas porque no tengo claras cuáles son las limitaciones, no tengo claro de qué tipo es la medida. No pareciera que es casa por cárcel, porque no tengo funcionarios acá. Estoy a la espera de información jurídica y política para avanzar”.

Señaló que no sufrió golpizas ni torturas en la sede de la policía política. “Esa es mi verdad y la tengo que decir porque es la realidad”.

“Hoy duermo un poco mejor sabiendo que Freddy está en casa y que pronto será atendido por sus médicos. No debió pasar ni un minuto en una celda, así como ningún preso político debe estarlo”, publicó Ariana González en su cuenta de Twitter. 

Su padre Freddy Guevara Romero dijo que las oraciones que habían estado haciendo juntos dieron resultados y manifestó que una de las causas que pudo haber influido en la decisión de dejarlo salir del Sebin fue el tema de salud.

Detalló que el viernes 13 su médico de confianza pudo revisar sus informes y chequearlo personalmente. “Cuando el médico nuestro evalúa la situación, se dan cuenta de que nuestras preocupaciones no fueron infundadas”. Guevara Romero precisó que el doctor “elaboró un informe que es muy determinante y eso los puso a ellos en alerta”. 

Con respecto a su situación de salud, el dirigente de la tolda naranja dijo en sus primeras declaraciones a la prensa luego de la excarcelación que no había querido dar a conocer su condición por razones personales y que manejan dos hipótesis de su reaparición. “Puede ser producto del COVID-19 o que lamentablemente formo parte del 10% de personas que padecen esta condición que, luego de ser intervenidas, reaparece”.

El político dijo que era una condición que tiene que tratarse con cuidado y están a la espera de saber si va a requerir una segunda intervención quirúrgica. “Me toca seguir impulsando y haciendo todo lo posible por lograr la libertad de Venezuela. Pero afortunadamente, yo me siento bien. Esto no es una condición que a mí me afecta particularmente en el día a día, lo que pasa es que tiene unos riesgos complicados que si no se tratan, pueden tener cosas muy graves. Hasta ahora, yo no tengo mayor información de que me hayan dado una medida humanitaria como tal”, acotó. 

En los próximos días podría anunciarse su libertad plena, lo que permitirá su inclusión en la delegación enviada por Juan Guaidó a México, cuando representantes del gobierno y la oposición se reúnan nuevamente el 3 de septiembre. Guevara podría reemplazar a Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en EEUU, en las negociaciones en México, señaló la agencia de noticias Bloomberg.

El diputado a la AN de 2015 desconoce si su liberación fue para que se integre al diálogo, pero afirmó que seguirá haciendo lo posible para que todos los presos políticos sean liberados. 

“Lo dije cuando salí de la embajada: yo decidí quedarme en Venezuela con los riesgos que eso implicaba porque pensaba que era el mejor espacio para luchar por mi país. Y yo sé que igual mientras que aquí en Venezuela no haya una solución política, mi libertad también es condicional y la libertad de todos los venezolanos”. 

 

DDHH olvidados | Yolanda recibió una oferta de trabajo en Colombia y fue víctima de red de tratas
A Yolanda le ofrecieron un trabajo en Colombia y al llegar fue amenazada para que tanto ella como una de sus hijas fueran explotadas sexualmente

@ValeriaPedicini

Una vecina le ofreció a Yolanda* una oferta de trabajo en una ciudad fronteriza de Colombia vendiendo cafés. Todo con la promesa de que podría mejorar las condiciones de vida que tenía Venezuela. Le contó que había estado en el país vecino y le había ido muy bien, así que a ella seguramente también. Yolanda no estaba muy segura porque no quería dejar a sus dos hijas, de 6 y 8 años, pero le dijo que no se preocupara y que podía llevarse a las niñas con ella. 

Se ofreció a pagar los costes del viaje, hospedaje y comida de Yolanda, su esposo y sus dos hijas. Yolanda aceptó y poco tiempo después iniciaron el viaje. 

Los cuatro cruzaron la frontera. Del otro lado del territorio venezolano, una persona les estaba esperando para trasladarles al lugar donde, en principio, iban a residir y trabajar. 

“Resulta que cuando llegamos acá, no era lo que ella nos había dicho”. La vecina le dijo: “No, tú no vienes a trabajar vendiendo tintos. Tú vienes a  trabajar de prostituta. Y tu hija de ocho años ya tiene clientes, porque ella se tiene que acostar con personas mayores que les gusta estar con niñas menores de edad”. 

Yolanda dijo que no. 

Pero uno de los tratantes empezó a acosarla y, finalmente, la agredió sexualmente. “El señor entra al cuarto con un cuchillo y me lo pone en el cuello. Me dice que me quedara quietecita que ahí estaban las niñas y que si yo no abría las piernas, él podía atentar contra la vida de ellas y contra la mía”. 

Cuando el hombre intentó abusar sexualmente de una de sus hijas, Yolanda reaccionó. Lo empujó, agarró sus cosas y escapó de la vivienda. 

Una vez Yolanda se encontró con su esposo, le contó lo sucedido y este fue a retirar sus pertenencias de la casa. Pasaron la noche en una plaza pública y una pareja de policías se acercaron a preguntarles por su situación. Le contaron lo sucedido y los policías dijeron que no era la primera vez que ese señor tenía problemas y que ese tipo de historias solían ocurrirle a mujeres venezolanas.

Yolanda y su familia pasaron varias noches durmiendo en la calle y un día, mientras su marido estaba fuera, se acercó un hombre que le preguntó si era venezolana y se ofreció a ayudarle. El hombre la puso en contacto con una organización que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. 

La organización entró en contacto con varios organismos nacionales e internacionales, así como con la policía especializada en el delito de trata de personas, pero esta entidad no atendió la solicitud de manera inmediata. La asistencia básica, como la compra de productos básicos de aseo y alimentación, salud primaria, hospedaje en un hotel y medidas de protección se la brindaron varias organizaciones, pero fue de carácter temporal. 

Yolanda sigue esperando justicia

Yolanda presentó una denuncia por el delito de trata de personas ante la Fiscalía General de la Nación de la ciudad en la que se encontraba. No obstante, el personal de la Fiscalía determinó que su caso no se correspondía con un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución. Esta decisión tendría graves consecuencias posteriormente en el reconocimiento de sus derechos y de medidas de protección. 

Pero ella no se detuvo. Unos días después, con el apoyo de una organización, Yolanda se acercó a la Secretaría de Gobierno con el propósito de activar la ruta de protección y asistencia para la atención de víctimas de trata, pero los funcionarios que la atendieron le informaron de que en su caso no era posible activar dicha ruta, pues en la denuncia ante la Fiscalía el delito registrado era inducción a la prostitución

Una de las organizaciones envió información sobre la situación de Yolanda a la Defensoría del Pueblo correspondiente, entidad que, a su vez, solicitó a la Secretaría de Gobierno Municipal de la ciudad que activara la ruta de atención inmediata a víctimas de trata de personas. La respuesta fue la misma: no procedía porque su caso no había sido registrado como trata de personas. 

Ante la falta de protección debido a los problemas de identificación como víctima de trata y debido a la grave situación económica en la que se encontraba, Yolanda decidió volver a Venezuela junto a su familia. Al llegar a su ciudad natal, empezaron a recibir amenazas de muerte por parte de la red de trata, así que decidieron volver a Colombia. Pero las amenazas continuaron. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía para que otorgaran medidas de protección, pero Yolanda nunca recibió respuesta.

La autoridad competente en la protección de víctimas de trata no activó de manera integral la ruta de protección y asistencia a la Yolanda que tenía derecho. No tuvo acceso a vivienda, ni a empleo, ni a las mínimas condiciones de sobrevivencia y sus hijas se encontraban sin escolarizar.

Tanto ella como su familia presentaban serios problemas de salud que no habían sido tratados debido a que no contaban con afiliación al sistema de salud. Las continuas amenazas hicieron que Yolanda tuviera mucho miedo por su seguridad y la de su familia, algo que afectaba seriamente su salud psicológica. 

Acompañada por Women’s Link, Yolanda llevó su caso a la justicia, donde llegó hasta la Corte Constitucional. Yolanda reclamaba ser reconocida como víctima de trata de personas y que la Corte dictara medidas urgentes y estructurales para que las autoridades colombianas mejoraran su capacidad de coordinación, identificación y protección integral a todas las víctimas de trata, incluidas sus familias, especialmente en el nuevo contexto de COVID-19. Se trata de la primera vez que la Corte revisa un caso de trata en el que la víctima es una mujer migrante y ordena medidas de protección.

517 mujeres venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas durante el año 2020, según registró el informe “Libres y Seguras” de la organización civil Mulier Venezuela, presentado en el III Seminario de Trata de Personas, organizado por Éxodo.

“La decisión provisional de la Corte Constitucional permitirá mejorar de manera inmediata la situación de Yolanda y su familia. Esperamos que cuando la Corte emita una decisión de fondo sobre este caso, muchas más mujeres víctimas de trata, sin importar su nacionalidad ni su estatus migratorio, puedan acceder a las medidas de corto y mediano plazo contempladas en la ley que les permitan recomponer sus vidas”, afirma Ana Margarita González, abogada de Women’s Link Worldwide.

*Yolanda es un nombre ficticio para proteger su identidad y seguridad.

 

DDHH olvidados | Las FAES mataron a su hijo mientras a ella la golpeaban
Las FAES asesinaron a Robert Alvarado en la sala de su casa en Lara el 3 de febrero de 2019 mientras su madre era brutalmente agredida 

@ValeriaPedicini

 

Era domingo y Carmen estaba cocinando mientras su hijo Robert Alexander Alvarado estaba desayunando en su cuarto. Apenas tenía dos días en la casa. Había llegado el viernes en la noche, después de dos meses de haber salido del penal de Coro. Ahí estuvo nueve años por delito de robo.

Ese era el mismo tiempo que el joven de 28 años tenía sin ver a su madre. Acordaron que la visitaría, se quedaría el fin de semana, y el lunes se regresaría a casa de su abuelo, donde vivía. 

“Yo lo iba a sacar del país, pero en el Tribunal me decían que todavía aparecía como preso. No lo quería sacar así, preferí hacerlo legalmente. Él ya tenía libertad plena, pero ante la justicia todavía estaba preso y si se iba, saldría como si estuviese fugado”.

Lo primero que escucharon ese domingo 3 de febrero de 2019 fue un disparo en la puerta principal de la  vivienda, ubicada en el estado Lara. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Cuando la mujer se asomó, más de 50 hombres tenían la casa rodeada. 

Llevaban armas largas y tenían los rostros cubiertos. Ninguno se identificó, pero Carmen los reconoció como efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 

Carmen salió de la vivienda y preguntó qué era lo que pasaba, pidió que le mostraran la orden de allanamiento. El que llevaba el mando del grupo de las FAES, el único que tenía la cara al descubierto le contestó: “La única orden que tengo es matar al choro que está aquí adentro”.

Ella corrió a meterse en el cuarto con su hijo. “Me aferré a él. Me dijeron que si no me salía me iban a llevar presa, pero no me importó”. Comenzaron a forcejear: Robert la halaba hacia él y los policías la agarraban por el pelo para apartarla. 

Como se negaba a soltarlo, los funcionarios comenzaron a golpearla. Eran alrededor de 10 efectivos encima de la mujer; las funcionarias mujeres ni se movieron. Le reventaron los dientes. 

“Me gritaban groserías, muchas groserías. Me decían que me iban a matar, que no se las pusiera más difícil y que no había nada que hacer porque la orden era matarlo. Mientras tenía a mi hijo abrazado, él gritaba pidiendo auxilio y que no me hicieran nada a mí”. La mujer cayó al piso y uno de ellos le dio una patada en la espalda. 

Carmen vio como uno de los hombres metió una bandana en la boca de Robert para acallar sus gritos de auxilio. Vio cómo ahorcaban a su hijo con un precinto de seguridad que le pusieron en el cuello. “Allí comenzó a balbucear y me dijo que ya, que lo dejara solo”. 

La sacaron del cuarto a empujones y le dijeron que corriera, pero ella no lo hizo. Temía que le dispararan por la espalda. “Y es que uno de los policías me decía: ‘Quédate tranquila porque yo no vacilaría en darte un tiro. Yo ya he matado mujeres hasta de 70 años’”. 

Desde la casa de una vecina, escuchó tres detonaciones. Minutos después, un vecino le avisó que a su hijo lo tiraron en una camioneta. “Los vecinos me cuentan que a Robert lo arrodillaron en la puerta y le pidieron que corriera. Él dijo que no correría. Pidió que lo mataran de una vez”. 

Cuando horas después, volvió a casa a ver qué había pasado y a buscar información, vio que en la pared de la sala todavía quedaban manchas de sangre. 

Durante el año 2020, en el estado Lara se contabilizaron 201 muertes violentas, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas. Entre abril y diciembre del 2020, más del 60% de los asesinatos registrados fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. 151 víctimas de la letalidad policial fueron asesinadas en su mayoría por funcionarios de las FAES.

A Carmen le dijeron que su hijo había llegado al hospital Pastor Oropeza sin signos vitales y que lo habían llevado al hospital central. “Cuando me entregaron el cuerpo de mi hijo le tomé fotos. Tenía marcas de agresiones en el cuello, en la mano y le faltaba un diente. Lo extraño es que esto no sale en el acta de defunción. Simplemente aparece que murió de dos disparos, uno en el pecho y uno en el estómago”. 

La versión de las FAES indicaba que a su hijo lo capturaron en la calle y que la muerte fue el resultado de un enfrentamiento con la policía. 

A un año y ocho meses de lo ocurrido, Carmen no ha recibido una respuesta de la Fiscalía. “Yo lo único que pido es justicia, para mi hijo y para mí porque yo también fui brutalmente agredida, y que esto no vuelva a suceder con los demás como ha estado sucediendo en estos últimos tiempos”.