Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

CLAVES | Informe Mulier: 415 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas en 2021

La organización venezolana Mulier presentó por tercer año consecutivo su informe #LibresYSeguras, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. 

Entre los principales hallazgos de la investigación, identificaron que 415 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata durante 2021, de las cuales 138 fueron niñas y adolescentes. Asimismo, registraron 85 casos relacionados con trata de venezolanas, entre intervenciones para el rescate de víctimas y detenciones de sujetos implicados.

En el informe señalan que los escenarios de pandemia y pospandemia debido a la COVID-19, favoreció la trata de personas ante la reducción de los ingresos económicos, la clandestinidad exacerbada por los controles y los cierres de fronteras.

“Todos estos factores pudieron aumentar la incidencia de la trata sin que esto se reflejara en la visibilidad de los casos. Para la segunda mitad del año se inició la reapertura de las fronteras terrestres, sin que esto implicara una reducción efectiva de la cantidad de personas que recurren a los pasos irregulares o trochas para sus tránsitos por otras razones como la falta de documentación legal o trámites migratorios requeridos”, señalaron. 

Mulier explica que la trata de personas no es un hecho aislado, sino que debe ser abordado dentro de un continuo de violencias basadas en género. “Implica comprender la continuidad de las violencias, su permanencia en el tiempo y su afectación al proyecto de vida de las mujeres”. 

Identificaron a las migrantes mujeres y niñas venezolanas en condiciones de movilidad como uno de los tipos de víctimas más vulnerables, ya que sufren de forma particular diversas expresiones sistemáticas y sostenidas de la violencia basada en género. 

No deja de aumentar la cantidad de niñas rescatadas

Una cifra que viene aumentando desde 2019 es la de niñas y adolescentes venezolanas que son rescatadas de redes de trata. De los 90 casos que registraron en 2019, durante 2021 identificaron 138. 

Explican que esta situación responde, además de a las lógicas pedofílicas que atraviesan la trata, al aumento en las cifras de niñas y adolescentes venezolanas no acompañadas que se encuentran en condiciones de movilidad humana.

Con respecto a los perpetradores del delito, encontramos unas 295 personas detenidas, de las cuales 149 son hombres (51%) y 57 mujeres (19%). “En comparación con años anteriores creció el porcentaje de venezolanos detenidos por estos delitos. En 2019 la población venezolana representaba un 26% del total de personas detenidas. Para 2021 observamos que este porcentaje casi se duplicó hasta alcanzar un 45%”, detallan en el documento. 

La organización explica que aunque los indicadores muestran una disminución del número de venezolanas rescatadas durante 2021 en comparación con los años anteriores del monitoreo, no debe tomarse como un indicio de que la práctica esté disminuyendo. “Tememos que signifique menor efectividad de la fuerza pública al momento de desmantelar redes de trata y rescatar a las víctimas”. 

Aunque destacan como positivo el aumento de las personas detenidas por este delito, constituyendo un balance positivo de las operaciones policiales que se realizan, “no es posible conocer el seguimiento que a estas detenciones realizan las instituciones encargadas de administrar justicia. Se desconoce cuántas de estas personas detenidas llegan a tener una condena judicial efectiva y cuántas, simplemente, quedan libres”.

Nuevas modalidades

En su informe, Mulier explica que el modelaje webcam, una actividad consiste en representar o sostener frente a una cámara web actos de índole sexual, es una modalidad de la trata de personas con fines de explotación sexual que ha aumentado su impacto. 

Aunque esta labor permite a quienes la ejercen conseguir una suerte de libertad sexual y laboral significativa en la que pueden escoger sus horarios y el tipo de contenido que quieren producir, es solo una cara de la moneda. 

Por otro lado, el modelaje webcam puede servir como una fachada para la trata con fines de explotación sexual. “Es común que inicialmente las víctimas accedan voluntariamente a una oferta laboral de modelo webcam, donde se les ofrece una plataforma en la que ya existe una red de seguidores y en la que pueden publicar contenido sexual con la promesa de jugosos salarios. No obstante, al entrar al negocio, las condiciones cambian”. 

Estos cambios pueden ser que la remuneración no cumple con lo prometido, pierden el control sobre su jornada laboral, son forzadas a desempeñar actos sexuales que no desean hacer, y no se les permite renunciar bajo amenaza de difundir los videos entre sus familiares.

¿Qué han hecho las autoridades?

Mulier asegura que las cifras oficiales han sido las grandes ausentes en el seguimiento a la actuación estatal sobre el delito de la trata que llevan desde 2018. 

Ante los naufragios ocurridos en el estado Sucre en 2020, Tarek William Saab reconoció un aumento del delito de la trata. En estas declaraciones señaló que en 2017 se documentaron 4 casos, en 2018 se detectaron 7, suben a 41 en 2019, y 66 en 2020. 

En 2021, Saab comunicó nuevas cifras: durante su gestión, se habían contabilizado 330 casos que dan cuenta de 696 víctimas de trata, y que por esos casos se acusaron a 411 personas y se libraron 114 órdenes de aprehensión.

Según la organización defensora de los derechos de las mujeres, estos datos significarían que el Ministerio Público reconoció un aumento de 221% en los casos detectados en los primeros siete meses de 2021.

“Debemos destacar que este ejercicio de hacer conjeturas sobre las cifras oficiales para intentar comprender la dimensión de la presencia del delito de la trata de personas en el país, no sería necesario si el Estado venezolano cumpliera con su obligación de llevar estadísticas precisas en la materia, con datos desglosados y la debida publicación periódica”. 

Primer semestre de 2022

En el primer semestre de 2022 las cifras siguen siendo preocupantes: hasta junio registramos 154 venezolanas rescatadas de redes de trata, entre ellas 20 niñas y adolescentes. Se mantiene, también, la tendencia del aumento de las detenciones, que alcanzan 70 incluyendo a 34 personas de nacionalidad venezolana.

Ante esta realidad se hace cada vez más necesario prevenir y visibilizar el delito de la trata de personas y sus consecuencias en mujeres y niñas venezolanas. En ese sentido, Mulier presenta en su informe conclusiones y recomendaciones que desde nuestro activismo podemos ofrecer para continuar la lucha contra la trata de personas en nuestro país.

 

DDHH olvidados | Yoinier Peña, víctima de la represión y de la crisis de salud
Yoinier Peña de 28 años fue herido de gravedad por una bala perdida mientras transitaba cerca de una protesta antigubernamental en Barquisimeto. Falleció debido a la escasez de antibióticos para tratarle una infección

@ValeriaPedicini

Yoinier Peña estuvo 54 días internado en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio Maria Pineda (Hcuamp) del estado Lara. El joven de 28 años fue alcanzado por una bala perdida mientras transitaba cerca de una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro en la avenida Florencio Jiménez, al oeste de Barquisimeto. 

La bala le perforó el lado derecho de la parte baja de la espalda, afectando el colon y una de las vértebras de la columna. Había perdido la movilidad en las piernas, obligándolo a estar en sillas de ruedas. 

Su madre, Yanet Hernández, contó que los primeros cinco días fueron traumáticos para  Yoinier, el segundo de sus cuatro hijos. En una entrevista para El Impulso, señaló que el joven no dormía, con insistencia  imitaba el sonido de un disparo y empuñaba la mano como si accionara un arma imaginaria.

En esos casi dos meses lo operaron tres veces y le hicieron cuatro intervenciones. A eso se sumaba su condición previa de parálisis cerebral infantil: desde niño tomaba fenobarbital, pero  últimamente no lo conseguían con  facilidad  y por eso  convulsionaba con frecuencia.

Aunque el muchacho había avanzado en su recuperación, el último tratamiento que le recetaron los doctores incluía el antibiótico Tygacil que era difícil de conseguir en el país debido a la crisis de salud y la escasez de insumos médicos.

Su familia no pudo encontrar el medicamento y eso aceleró su muerte. “Aquí, me ayudaron demasiado, las ONG,  los médicos  lo trataron  muy bien. Fallece porque no hay medicinas, antibióticos”. 

El sábado 3 de junio de 2017, a las 3:15 de la madrugada, Yoinier Peña falleció en el Hcuamp por una infección  generalizada. La muerte del  joven fue la novena registrada en protestas en territorio larense durante 2017.

Yoinier ni estaba protestando

Yoinier Peña estaba en la avenida Florencio Jiménez con  avenida  La Salle la noche del 10 de abril de 2017. Desde tempranas horas se desarrollaba una protesta antigubernamental en esa zona, pero cuando el sol se ocultó, muchos de los manifestantes se habían ido.

Sin embargo, aquellos que se quedaron en la concentración fueron sorprendidos por cuatro hombres armados, encapuchados y vestidos de negro que bajaron de una camioneta pick up roja doble cabina y dispararon, según información de Amnistía Internacional.

Todo a plena vista de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Una de las balas alcanzó a Yoinier y a otra muchacha de 15 años. Ambos  fueron trasladados al Seguro Social Pastor Oropeza, pero de allí los remitieron al Hcuamp porque el quirófano estaba inoperativo.

Fuentes aseguraron a El Impulso que el concejal Jesús Superlano estaba dentro de la camioneta roja doble cabina desde donde se bajaron los civiles armados a disparar contra los manifestantes. Existen testimonios de personas que lo vieron en el sitio, pero no se atreven a denunciarlo. 

En declaraciones públicas, después de haberse ausentado durante  aproximadamente  un mes de las sesiones de la Cámara Municipal de Iribarren, Superlano lo negó.

Aunque no existen pruebas  directas, el concejal Joel Mendoza dijo que el vehículo ocupado ese día  por los hombres armados pertenece a la Alcaldía  de Iribarren, pero  fue cedido en condición de comodato, durante la gestión  anterior, al Concejo Municipal. Desde el 10 de abril de 2017, la camioneta está desaparecida.

Testigos han declarado que en ningún momento Peña representaba una amenaza para quienes lo ejecutaron, razón por la cual califican su muerte de absurda y rechazan que el Estado venezolano no garantice el derecho a la integridad física.

Se pudo haber salvado

Desde que Yoinier Peña resultó herido, su madre Yanet Hernández estuvo con él día y noche. Durante esos 54 días pocas veces volvió a pisar su vivienda, ubicada en el barrio El Carmen en Barquisimeto. Si lo hacía, no estaría en casa más de cuatro horas. 

Yoinier tenía dificultades psicomotoras por una parálisis cerebral que sufrió de niño. Por esta razón, caminaba con lentitud y no pronunciaba palabra alguna. “Él podía escuchar pero no hablaba, a su edad se comportaba como un niño”. “Juju” era de los pocos sonidos que salían de su boca, lo que inspiró a sus amigos y allegados a llamarlo de esa forma. 

A pesar de su condición, su madre explicó que era un muchacho independiente. Esa fue una de las recomendaciones que le dieron a Yanet en el Taller  Laboral Nueva Segovia, donde Yoinier aprendió a ser ayudante de jardinería  y técnicas para trabajar con cerámica. 

El muchacho también era un pasajero frecuente del transporte público de la ciudad. Se sentaba en el primer puesto, intentaba ordenar a las personas dentro de la unidad; los usuarios y chóferes ya lo conocían. 

“Era un ser noble que transmitía la inocencia de un infante. Tiene que haber castigo para quienes dispararon alegremente sin medir las consecuencias de sus actos”, cuenta su madre. 

Yoinier no solo fue víctima de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, sino de la crisis de salud. El Estado no le garantizó su derecho a la salud,por tanto tampoco el derecho a la vida.

“Cuando Yoinier murió, los médicos me aseguraron que hubiera sobrevivido teniendo a mano las medicinas que necesitaba para ser atendido, por ejemplo antibióticos básicos para curar una infección en la herida. El otro joven se salvó porque la herida no afectó órganos vitales”, expresa la madre del joven. 

En estos cinco años, Yaneth Hernández agotó todos los mecanismos de justicia disponibles orientados a determinar las responsabilidades penales. Pero no ha tenido respuesta. La investigación de su muerte continúa estancada y sus familiares sin obtener respuesta alguna por parte del Estado. 

“No sé quién le disparó, no sé dónde están los asesinos, lo único que pido es justicia, justicia cuantas veces sea necesario”, son palabras que emergen del corazón de otra madre venezolana dispuesta a obtener justicia para el caso de su hijo. 

 

DDHH olvidados | Una bala perdida apagó la vida de Brayan Principal
Una bala perdida durante una protesta antigubernamental de 2017 en el estado Lara le perforó un intestino y le quitó la vida a Brayan Principal de 14 años

@ValeriaPedicini 

Brayan Principal solo tenía 14 años cuando una bala le quitó la vida. El proyectil perforó su intestino en medio de una protesta antigubernamental de 2017 a las afueras del urbanismo Alí Primera, una Misión Vivienda, donde residían. Fue trasladado al Hospital Central “Antonio María Pineda” de Barquisimeto, pero falleció al día siguiente, el 11 de abril de 2017.

Ese día, entre las 8:00 y las 8:15 de la noche, su madre Marbelis Giménez lo había mandado a comprar comida para la cena. El muchacho fue hasta la entrada del urbanismo y vio que más allá, en la avenida principal, los vecinos de las residencias Yucatán habían levantado barricadas y quemado cauchos. 

Pero los residentes de la Misión Vivienda, que eran afectos al chavismo, salieron a confrontarlos. Al principio solo eran insultos; minutos después, había comenzado una balacera. 

Brayan estaba en el sitio y en el momento equivocado. Una bala perdida lo encontró y lo derrumbó contra el pavimento. Fue llevado al centro de salud para ser atendido y lo ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Marbelis se enteró de lo que le había pasado a su hijo por tres vecinos que se acercaron a contarle. Su primera reacción fue no creer lo que escuchaba, pensar que se trataba de un mal chiste. Después se llenó de miedo. Pero poco pudo hacer esa noche: las barricadas le impidieron salir de la urbanización. Su hermana María Elizabeth fue quien llegó al hospital para estar con Brayan; por teléfono le contaba todo a la madre del muchacho. 

Los médicos le contaron que la bala había perforado completamente el intestino de Brayan y que su columna vertebral también estaba comprometida. Le dijeron que quedaría en sillas de ruedas y que sus necesidades fisiológicas las tendría que hacer en una bolsa. 

“A él lo operaron y le colocaron tripitas de plástico. Justo a las 2:08 de la madrugada que estaba en quirófano quedó dependiendo de una máquina, para mí fue en ese momento que murió. Sin embargo, nos decían que estaba estable”, comentó María Elizabeth. 

Marbelis llegó al amanecer. A su muchacho le tenían que hacer una segunda intervención a las  8 am, pero a las 11 am los doctores le avisaron que no habían podido hacer nada por su hijo.

Brayan Principal fue el primer menor de edad caído en una protesta de los 20 que se registraron durante 2017 y la segunda víctima del estado Lara.

“Dios sabe hacer sus cosas, como le digo a mi hermana. Dios no va a dejar a un niño sufriendo en este mundo, pasando trabajo. Iba a quedar en silla de ruedas, a orinar en una bolsita y hacer pupú. Era un niño activo que no dependía de nadie, muy inteligente para quedar así”, señaló la tía de Brayan al recordar al pequeño.

Las versiones

Al principio, el abuelo de Brayan declaró que habían sido funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los victimarios del joven. Pero poco después se descartó esta hipótesis.  

Las versiones que le daban a Marbelis era que el disparo había salido de Yucatán y hasta hablaron de la presencia de un vehículo, historia que se repetía en las declaraciones. Del otro lado, sin embargo, aseguraban que eran colectivos. 

Tras una investigación por parte del Ministerio Público y funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, se determinó que el proyectil que asesinó a Brayan Principal había salido del mismo urbanismo Alí Primera. 

Presuntamente, quien disparó fue Héctor Yohan Zapata Felice, conocido como “El Maracucho”, un mototaxista de 29 años de edad que describen como “mala conducta” y miembro de colectivos armados. El primer día de los hechos, las autoridades lo interrogaron, pero luego lo dejaron en libertad. Un mes después, entre el 20 y 23 de mayo, fue detenido por orden del Tribunal de Control 2 del estado Lara.

Varios testigos confirmaron que había sido él quien había jalado el gatillo. Las experticias de balísticas, acompañadas de otra serie de pruebas científicas, fueron usadas para privarlo de libertad y acusarlo por homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad. 

Por este caso también se libró una orden de captura contra Jairo Janer Rivas Rivas, líder de Las Sábilas, el urbanismo más peligroso de Barquisimeto, quien aunque no pertenecía a ningún colectivo, figuraba como cómplice por haber prestado el arma.

El día que Brayan falleció voceros del gobierno de Nicolás Maduro se hicieron eco de su asesinato; incluso fueron al sepelio y condenaron los hechos. Usaron la muerte del joven como bandera política: aseguraban que habían sido los manifestantes opositores quienes habían disparado. 

Desde la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, viajaron a Lara, escucharon a Marbelis y a otras víctimas a quienes iban a indemnizar. La madre de Brayan relató en aquel momento que, en medio de su dolor, tenía necesidades: una nevera, camas y un trabajo. Desde abril hasta junio de 2017 hubo contacto. Pero lo prometido quedó en el aire. Nadie la ayudó.

La  audiencia preliminar del caso ya se realizó y “El Maracucho” no admitió los hechos. El 24 de mayo fue detenido con orden de aprehensión del Ministerio Público, acordada en el Tribunal 2º de control del estado Lara, y el 10 de julio fue acusado de los delitos de homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad, por lo que fue recluido en la cárcel David Viloria.

La madre del acusado, quien reside en la torre 15 de Alí Primera, amenazó a Marbelis días antes de que se cumpliera un año de la muerte de Brayan. Le pidió que retirara la denuncia por las buenas o por las malas. 

Pero Marbelis dice no tener miedo. Lo único que pide es justicia y que el victimario pague por el crimen. “No fue un perro a quien mató, no fue un animal, fue a un ser humano, a un menor de edad, a un niño que tenía solamente 14 años y que no estaba en protestas”.

FOTOS | Marcha del Orgullo LGBTIQ+: Venezuela está preparada para ser una sociedad diversa e inclusiva
Cientos de personas marcharon este domingo 3 de julio en Caracas en la marcha nacional del Orgullo LGBTIQ+
La marcha reunió a activistas, jóvenes, adultos mayores, familias y hasta cuerpo diplomático para pedir por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y por la no discriminación

@ValeriaPedicini

Francisco tenía días esperando que fuera domingo 3 de julio. Había conversado con amigos y hasta había comprado su primera bandera de arcoiris. No importaba la lluvia que amenazaba con arruinar los planes. Para él, era una fecha especial: asistiría por primera vez a la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Venezuela.

No se había arriesgado a ir en ediciones anteriores por miedo y, confiesa, prejuicios. Aquellos que le hacían señalar al otro y pensar «no me representa». Pero el último año el joven de 31 años entendió algo: «No hay una forma de ser marico, sino muchas». Supo que de eso se trataba: de diversidad. Y orgullo por ser quien eres. 

Eso lo llevó a concentrarse en la mañana de este domingo 3 de julio frente al Parque del Este, en el municipio Chacao de Caracas, para marchar hasta Plaza Venezuela. Él no fue el único. Con banderas, música, colores, trajes y brillantes, cientos de personas atendieron la convocatoria de 50 organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBTIQ+ para cerrar el mes del Orgullo. 

«El Día del Orgullo es importante porque nos reivindicamos. Nosotros mismos salimos a las calles a pelear los derechos que el Estado no nos ha dado. Salimos a mostrar que está bien ser diferente, que existe una inmensa diversidad y que eso es totalmente natural. Lo que no es natural es discriminar», expresó la activista y directora de Visibles Venezuela, Génesis Millán.

Activistas, jóvenes, madres, niños, diplomáticos y artistas caminaron, bailar y desfilaron por Caracas, decididos a expresarse con orgullo y alzar la voz una vez más por sus derechos que día a día son vulnerados en Venezuela. 

La invitación a la convocatoria fue hecha por movimientos LGBTIQ+ y grupos de ambos sectores políticos, chavistas y opositores. «Es un comité absolutamente plural», dijo Tamará Adrián, la primera persona trans en ser electa diputada en América Latina. La actividad se convirtió en una marcha multitudinaria que llenó las calles caraqueñas. 

La marcha también fue apoyada por primera vez por los representantes de la Unión Europea en Venezuela. Entre ellos se encontraba el jefe de la misión de la Delegación, Rafael Dochao, quien afirmó que los embajadores europeos quisieron participar para reivindicar los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

«Es fundamental pensar que estamos aquí y estamos todos en este mundo en el cual todavía hay mucha discriminación contra los colectivos LGBTIQ+ y entonces queremos lanzar esa voz alta, fuerte, de solidaridad por parte de la Unión Europea hacia todos estos colectivos», dijo a los medios.

¿Venezuela está lista?

Vanessa González asistió a la marcha del orgullo porque cree en la diversidad. Cuenta que sin importar lo que ella considere, las personas deberían ser libres de vivir su vida como se les antoje. «La gente debería tener derecho a casarse, a su identidad. Mis gustos o creencias no deberín estar por encima de los derechos de nadie», asegura la joven. 

Pero el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ ha sido un arduo camino: no están garantizados. Venezuela es considerada uno de los países más atrasados de la región en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Y en medio de un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis los ha afectado de forma diferenciada, profundizando sus desigualdades. 

El Estado venezolano sigue teniendo una deuda con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y una ley contra la discriminación. Activistas han insistido, entregado firmas, denunciado, pero no hay respuestas concretas sino un silencio cómplice de las violaciones de derechos humanos, explica el activista Yendri Velásquez. 

Es por esto que el activista de País Plural, Daniel Picado, asegura que estas convocatorias son necesarias para darle visibilidad a una población que normalmente es excluida. «Está siendo invisibilizada por el Estado y por una parte de la sociedad», dijo. 

Picado explica que la unidad de todas las organizaciones es esencial para que las demandas sean escuchadas. Si no, el esfuerzo se puede perder. «Si no hay una incidencia efectiva, el poder nacional va a seguir desconociendo nuestras necesidades y nuestras condiciones de vida. Y en la formulación de leyes o políticas públicas, la comunidad LGBTIQ+ siempre va a estar excluida. Entonces es muy importante ver que Venezuela ya está preparada para el debate. Venezuela está preparada para ser una sociedad diversa e inclusiva«. 

Para él, la cantidad de personas que atendieron a la convocatoria de este domingo 3 de julio es una prueba más que suficiente de que Venezuela puede avanzar en el reconocimiento de las personas LGBTIQ+.

«Ya el mensaje de que Venezuela no está lista, de que Venezuela es una sociedad netamente conservadora, ya no es un argumento válido. Porque hoy aquí hay una demostracion clara de que jóvenes de la comunidad LGBTIQ+ y sobre todo de las personas heterosexuales están sumadas a esta causa que es una causa justa: la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+».

Apoyar las causas aunque no seas la causa

Gregorio Díaz no pertenece a la comunidad LGBTIQ+, pero el muchacho fue a acompañar a su hermana que es lesbiana y a sus amigos que son homosexuales. «No podemos voltear la mirada ante todo lo que está ocurriendo en Venezuela con la violación de derechos humanos de las personas LGBTIQ+. No importa si no eres gay, bisexual o trans, puedes apoyar una causa que es justa y necesaria. Y hacerle sentir a tus personas cercanas que sí lo son que los respetas, valoras y defiendes». 

«Abrazos de mamá», decía un cartel que llevaba Fabiola Delgado mientras caminaba por las calles de Caracas. Jóvenes de la comunidad LGBTIQ+ se le acercaban y ella amablemente extendía sus brazos. No marchó de Parque del Este hasta Plaza Venezuela por ella, sino por su hija. 

«Mi hija es bisexual y su novio es un chico trans. Estoy súper orgullosa de que mi hija sea una mujer excelente, una mujer trabajadora. Yo apoyo a todo el mundo porque no me parece lógico que si son tus hijos, tú no los quieras».

Su cartel es un mensaje para las personas que fueron discriminadas, señaladas o juzgadas por sus familias o fueron botadas de sus hogares por el simple hecho de existir. «Para todos aquellos que su mamá los desprecia, aquí está mamá Fabi haciendo lo que mejor puede». 

 

 

DDHH olvidados | “Seguimos exigiendo la libertad de Javier Tarazona porque es inocente”
El activista Javier Tarazona fue injustamente detenido el 2 de julio de 2021 junto a su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García en el estado Falcón 
El director general de Fundaredes ha cumplido un año en detención, a pesar de que distintas organizaciones de derechos humanos han pedido su liberación por su complicado estado de salud

@ValeriaPedicini

 

Las amenazas a Javier Tarazona empezaron mucho antes de su detención arbitraria. Como director de Fundaredes, organización que fundó hace más de 20 años, sabía el riesgo que corría cada vez que denunciaban la actuación de grupos armados irregulares en las fronteras venezolanas. 

No era extraño ver camionetas o patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) dando vueltas por su vivienda. Tampoco le pareció extraño cuando un día despertó y un vecino le avisó que le habían escrito “La Furia Bolivariana (La FB) XXXX” en su fachada. A eso se enfrentan los defensores de derechos humanos y activistas en Venezuela.

Cuando los enfrentamientos entre militares de la Fuerza Armada Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) explotaron en Apure, Fundaredes comenzó a documentar el conflicto. Testimonios de desplazados, militares desaparecidos. 

Pero Diosdado Cabello negó la presencia de guerrillas colombianas y amenazó a la organización: “Los vamos a combatir donde estén, se llame FundaRedes, se llame como se llame”.

Javier no se detuvo. El 30 de junio de 2021, se trasladó a Caracas a pedirle a la Fiscalía que investigara al exministro de Interior y exgobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, y a su esposa, Carola de Rodríguez, por tener vínculos con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su ONG había denunciado la existencia de «casas seguras» para la operatividad de los cabecillas del ELN y los disidentes de las FARC. El Estado lo sabía, los protegía y no hacía nada. Y Javier no se quedaba callado. 

«Hoy le estamos pidiendo al Ministerio Público que se le informe a la opinión pública nacional e internacional cuál es la relación que existe entre la agropecuaria Don Pío -otra presunta ‘casa segura’-, que es un registro mercantil venezolano perteneciente a Rodriguez Chacín», dijo frente a algunos periodistas. 

Al terminar la declaración, el activista se trasladó hasta Coro para dar unos talleres de derechos humanos. Iba con su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, miembro de Fundaredes. Durante la actividad, les avisaron que hombres armados estaban rondando la zona. Ellos salieron del lugar y lograron mantenerse a salvo por un par de horas. 

Poco sirvió que en 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le haya otorgado medidas cautelares de protección por considerar que estaba en riesgo. 

A la mañana siguiente, se dirigieron a la sede del Ministerio Público del estado Falcón para denunciar el hostigamiento de fuerzas de seguridad del Estado. También se encontraba Jhonny Romero, representante del «Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela» (mayday CONFAVIDF). 

A todos los detuvieron el 2 de julio de 2021. 

El inicio de las irregularidades

“A mi hermano y a Omar de Dios lo sacan de la fiscalía del estado Falcón donde se estaba pidiendo protección porque estábamos siendo víctimas de una acoso por parte de cuerpos policiales sin identificación desde el día primero de julio. En mi caso, yo me encontraba en la camioneta de mi hermano. A mí me detienen sin una orden judicial, sin la presencia de ningún fiscal”, cuenta Rafael Tarazona. 

Durante las siguientes 24 horas se conocía poco sobre el paradero de los activistas. Fueron víctimas, así como tantos otros, del delito de desaparición forzada. 

Alrededor de las 3:00 p.m del día siguiente, se supo que los activistas estaban siendo presentados ante el Tribunal de Terrorismo 3ro de Control a cargo de la juez Luisa Garrido. 

Rafael Tarazona explicó que habían sido trasladados a Caracas en una avioneta y luego los llevaron hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide. No se les permitió el acceso a los abogados de Foro Penal designados por ellos y les impusieron un defensor público.

“Nos llevan al Helicoide donde no hubo presencia de fiscal, no hubo presencia de nadie, ni siquiera de nuestros abogados, sino hasta el día siguiente es que nos llevan al Tribunal a la presentación donde nos imputan una serie de delitos”, dice. 

Los acusaron de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. El Tribunal dictó medida privativa de libertad y se estableció como centro de reclusión el ahora llamado “Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar”, conocido como “La Planta”. Sin embargo, los devolvieron a El Helicoide. 

Tarazona señala que estuvieron en investigación por 45 días que se extendieron hasta diciembre de 2021. Sin embargo, en octubre fue realizada una audiencia de presentación donde a Omar de Dios García y a él le quitaron una serie de delitos y  fueron excarcelados.

“Nos pasan a juicio con el delito de promoción e instigación al odio en grado de cómplices no necesarios. A mi hermano lo mantienen detenido con dos delitos: terrorismo e instigación al odio. Tanto a Omar como a mí nos dan una libertad bajo una medida cautelar el día 26 de octubre con prohibición de salida del país y presentación cada ocho días en el Tribunal de Control”

Deterioro en prisión

Distintas organizaciones de derechos humanos han alzado la voz por la liberación del activista Javier Tarazona. Sobre todo, por su detención injusta pese a presentar un delicado estado de salud.

Desconocemos las condiciones reales de reclusión en las que se encuentra nuestro director general quien, constantemente, presenta nuevas patologías que van deteriorando aceleradamente su estado de salud”, dijo la coordinadora del área de Documentación y Derechos Humanos de Fundaredes, Clara Ramírez.

“Debido a sus condiciones de reclusión a Javier Tarazona se le ha deteriorado su salud. Él tiene enfermedades base diagnosticadas previas a su detención, una de ellas arritmia cardiaca”, han explicado representantes de Fundaredes. Por sus condiciones de reclusión, han surgido nuevas patologías: psoriasis y neumonía -producto de haber tenido COVID-19-. 

Siguen esperando que sea evaluado por un especialista.

Javier tiene un deterioro de salud constante producto de la misma detención y esa es nuestra mayor preocupación. Su estado de salud es delicado. Mi hermano tiene unas patologías bases que día a día se ven más complicadas porque lamentablemente la detención que vive no es para ningún ser humano que de verdad no tiene ningún delito. Su delito es velar por los derechos humanos de los demás”; expresó su hermano Rafael. 

No es un delincuente

Al cumplirse un año de su detención, la organización Fundaredes pidió por la libertad plena de su director general Javier Tarazona. 

Seguimos esperando que el tribunal de juicio fije la fecha para que se dé la audiencia preliminar, la cual ha sido diferida en 13 oportunidades anteriores, por lo que nuestro llamado sigue siendo el mismo que hemos hecho desde el día 01, libertad plena para Javier Tarazona, su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García”, aseguró Clara Ramírez coordinadora de documentación y DDHH. 

Michelle Bachelet presentó una actualización oral sobre el caso de Venezuela en la que se mostró “preocupada por el enjuiciamiento de miembros de la ONG de Derechos Humanos Fundaredes; dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales”.

En 2021, tres presos políticos fallecieron bajo custodia del Estado Venezolano. Ramírez espera que Javier Tarazona no sea uno más de esta lista. “A Javier se le vulneran los derechos fundamentales que están afectando su salud física y emocional”

Durante la rueda de prensa, Teresa Sánchez, madre de Tarazona, expresó que desde que su hijo comenzó en Fundabriseta -como inicialmente se llamaba Fundaredes-, “lo que he visto es formación, amar al ser humano, porque eso es Javier Tarazona, no es ningún delincuente como pretenden hacerlo ver”. 

Afirmó que, de algún modo, ella también está presa al no poder tener a su hijo. “Mi petición es que lo miren con ojos de piedad y consideración, denle la libertad plena porque tanto Javier como su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García no son ningunos delincuentes”.

Rafael Tarazona explicó a Runrunes que ambos se siguen presentando ante el Tribunal de Juicio, aunque todavía no existe una fecha de juicio. “Básicamente seguimos detenidos, a pesar de que yo mantengo una libertad condicionada porque lamentablemente no se puede tapar con un dedo el sol o las realidades de lo que se vive en Venezuela”. 

Dijo que su hermano lo que ha hecho es promocionar la educación, defender los derechos humanos y haber sido voz de muchísimos venezolanos que han sufrido las calamidades de un Estado donde la vulneración de derechos es inminente. “Seguimos exigiendo la libertad de Javier porque Javier es inocente”. 

 

Los DDHH de las personas LGBTIQ+ en Venezuela no están garantizados
Aunque en el Día del Orgullo se celebra la diversidad, en Venezuela también es un recordatorio de que los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ no están garantizados
«El Estado tiene la responsabilidad de reparar a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos. A quienes han sufrido las consecuencias de la desigualdad y políticas públicas discriminatorias», asegura el activista Yendri Velásquez
Vanessa Blanco, activista de la organización Joven Pride, señala que entre los derechos más vulnerados está el derecho a la identidad de las personas trans, deuda en derechos civiles como el matrimonio igualitario o posibilidad de adopción a parejas del mismo sexo

@ValeriaPedicini 

El Día Internacional del Orgullo se celebra el 28 de junio. En conmemoración de los disturbios de Stonewall, en el que miembros de la comunidad LGBTIQ+ en Estados Unidos salieron a protestar para exigir sus derechos, cada año las calles se llenan de banderas de colores para visibilizar la diversidad. 

Pero también son un recordatorio de que todavía falta mucho camino por andar para lograr la igualdad. Se ve en los comentarios de redes sociales y se oye en las conversaciones. Aunque la gente lo niegue, en Venezuela se sigue cuestionando, señalando, juzgando y discriminando a personas LGBTIQ+. 

¿Es necesario que exista un día para las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, no binarios? Sí. Yendri Velásquez, activista venezolano y miembro de Amnistía Internacional, explica que en el camino hacia la igualdad, es necesario que los daños sean reparados. 

“El Estado tiene la responsabilidad de reparar a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos, quienes han sufrido las consecuencias de la desigualdad y políticas públicas discriminatorias. En el día del orgullo se conmemora la necesidad de la igualdad de derechos. Pero también se visibiliza las desigualdades a las que estamos sometidos las personas LGBTIQ+ por razones de la discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género”, cuenta Velásquez. 

El problema de fondo, explica el activista, es que vivimos en una sociedad patriarcal. En esta, la norma es la exclusión de todo lo que se pueda salir del patrón de la heteronormatividad.

“Todas las personas que no sean heterosexuales, que no sean cisgéneros, todas las personas que no se acoplen a este modelo binario de género, quedan excluidas. Eso es lo que hemos visto. Incluso, lo vemos también en personas heterosexuales. Cuando hay hombres heterosexuales que tienen una expresión de género femenina, sale del patrón que nos dice cómo debería ser un hombre. Ya está automáticamente condicionado a burla, a violencias, al “chalequeo”, pero estas son formas y discursos que lo que hacen es castigar a la diferencia”. 

La crisis lo empeora todo

El Estado venezolano está señalado de violar derechos humanos y de cometer crímenes de lesa humanidad. Las personas LGBTIQ+ no se escapan de sufrir los daños: sus derechos humanos no son garantizados. 

Venezuela es uno de los países más atrasados de la región en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Y en medio de un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis los ha afectado de forma diferenciada, profundizando sus desigualdades. 

La activista, cofundadora y directa adjunta de la organización Joven Pride, Vanessa Blanco, asegura que el Estado venezolano tiene una deuda importante respecto a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. 

“Nuestra crisis por derechos no se resume solo a algunos años para acá o solo momentos específicos, sino que es un tema sistemático de hace años de no garantías, incluso de retroceso. Tamara Adrián comenta que a finales de los 90 se dieron algunos reconocimientos de identidad a personas trans. Luego cuando empezamos en los 2000 esto retrocedió. Estamos en una situación empeorada por el contexto de Emergencia Humanitaria Compleja, por la crisis política, social, económica. Además hemos visto con alta preocupación la decisión de no legislar«, dice Velásquez.

Entre las acciones que preocupan al activista, está la decisión de no legislar y no tomar en cuenta las exigencias de los movimientos de la comunidad LGBTIQ+ cuando se han acercado a los distintos organismos del Estado. 

“Tenemos años asistiendo a las instituciones del Estado entregando firmas, entregando iniciativas, denunciando y todavía no hay respuestas concretas ante las demandas sino un silencio absoluto, un silencio cómplice de las violaciones de derechos humanos y ante el no reconocimiento de nuestros derechos”. 

Velásquez cree que esta postura del Estado se debe a que en las esferas políticas hay gran incidencia de grupos religiosos. Y no se trata de solo uno. “Es la Iglesia Católica por un lado, son las iglesias pentecostales y evangélicas por otro lado y eso lo vemos hoy en la conformación de la Asamblea Nacional del 2020, cuando hay una alta participación de pastores evangélicos que se han declarado en contra de los derechos de las personas LGBTIQ+ y las mujeres. Han argumentado usando sus creencias religiosas, que esto además es violatorio de la Constitución”. 

Asimismo, reconoce también la alta presencia militar en las esferas de poder.

“Hay que recordar que en Venezuela se sigue penalizando la homosexualidad en las Fuerzas Armadas Nacional, según el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar”, que establece una pena de 1 a 3 años de prisión a la persona militar que «cometa actos sexuales contra natura». 

No es capricho, son derechos humanos

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

También establece que todas las personas son iguales ante la ley. Por lo tanto, sus derechos deben ser respetados sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, opiniones políticas o de cualquier otra índole.

Y aunque la Constitución protege el derecho a la no discriminación, en Venezuela parece haber oídos sordos cuando se trata de garantizar derechos humanos de las personas LGBTIQ+. 

«La sexualidad y la identidad hacen parte de los derechos fundamentales de los seres humanos. Si no tienes integridad como persona y si no se respeta quien eres, no vas a poder tener una vida digna como lo establece la declaracion de derechos humanos y nuestra Constitución», asegura Blanco. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la ausencia de políticas públicas y legislación que garanticen los derechos de las personas LGBTIQ+ en Venezuela.

El organismo ha instado al Estado a “tomar medidas efectivas para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y erradicar la discriminación, violencia y situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas”. 

Para Velásquez, el problema radica en que en Venezuela hay una “deuda gigantesca» con la cultura sobre los derechos humanos. “Eso viene además dado incluso en las narrativas políticas donde tocar el tema de derechos humanos es superficial y no se profundizan en ellos. La tarea de nosotres como activistas es tratar de profundizar en estas discusiones, promover la cultura de los derechos humanos y entender que la afectación de un derecho humano afecta a los demás. Pero además, la afectación de un derecho humano de una persona afecta a la sociedad entera”. 

El activista sostiene que a la sociedad venezolana le ha costado entender que pueden existir distintas agendas de derechos humanos o exigencias que pueden ir en paralelo y todas se pueden acompañar a la vez. 

“Yo puedo tener como prioridad el tema del matrimonio igualitario, a lo mejor yo estoy en pareja y necesito protección de mis bienes. Pero puedo también acompañar la exigencia por el agua que están viviendo mis padres en Guarenas y la exigencia de electricidad. Esto no es una cosa que resta la lucha del otro. Al contrario, es necesario que se amalgamen. Es necesario que haya puntos de encuentro en el acompañamiento por la defensa de los derechos humanos”, dice el miembro de Amnistía Internacional.  

Afirma que la exigencia de derechos humanos nunca le restan a otras y que todas las organizaciones pueden acompañarse en sus propias luchas. “Esto las hace más poderosas». 

«Acompañar la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo no limita la lucha que tienen los grupos por la libertad de expresión o los grupos que luchan por una vivienda. Siempre tienen el mismo objetivo que es que el Estado cumpla con su deber de garantizar los derechos humanos sin discriminación para todas las personas”. 

Vanessa Blanco expresa que no se trata de una moda, sino que es una lucha de movimientos, activistas y organizaciones que se está trabajando desde hace años y que es una agenda necesaria para hablar de garantías de los derechos humanos. 

«El Estado venezolano tiene un discurso donde ratifican ser feministas, estar en pro de la comunidad LGBTIQ+, pero en sus acciones se ve que no están realmente interesados. Es un discurso de estado, donde supuestamente son inclusivos y tienen en cuenta estps derechos, pero realmente en la práctica no están garantizados», dice. 

La ley no los reconoce

Las parejas del mismo sexo no tienen ninguna protección jurídica o institucional en Venezuela. El artículo 44 del Código Civil establece que el matrimonio solo puede contraerse entre un hombre y una mujer. 

La organización Venezuela Igualitaria interpuso en 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de nulidad de este artículo por inconstitucional porque viola el principio de no discriminación e igualdad de derechos. 

“Hoy este es el único impedimento legal que no permite el matrimonio igualitario, el reconocimiento de derechos de las personas homosexuales. Lamentablemente el TSJ no se ha pronunciado, la Asamblea Nacional tampoco. Incluso cuando se entregaron las firmas por el matrimonio igualitario, hubo un silencio absoluto de esta Asamblea Nacional y de las que vinieron. El Consejo Nacional Electoral  tampoco se ha pronunciado, que es a quien le correspondía validar esas firmas. Lamentablemente aquí lo que vemos es un silencio absoluto del Estado ante la exigencia de derechos humanos. Y el silencio se traduce en una omisión de sus responsabilidades y eso constituye una violación a nuestros derechos humanos”, comenta Yendri. 

En cuanto a la identidad de género para personas trans, existe una ley que debería permitir el cambio de nombre. Pero en la práctica no ocurre. Existe un vacío en la aplicación de la legislación vigente. El artículo 146 de la ley orgánica del Registro Civil establece el derecho al cambio de nombre, pero las autoridades que deben aplicarlo asegura que este es ambiguo.

“La Ley del Registro Civil dice que se podrá cambiar de nombre una sola vez si el nombre resulta impronunciable, si atenta contra la dignidad de las personas o si no corresponde con su género. En estos supuestos entran las personas trans, pero no se ha aplicado. Entonces la única barrera que existe para al menos el cambio de nombre, que esto no garantiza por completo el derecho a la identidad, es la voluntad política de las instituciones. Hoy vemos un CNE con competencia de Registro Civil que no ha tomado una decisión, que no ha hecho disposición de lo que dice la ley. El Saime lo que hace es escudarse con lo que no ha dicho el CNE. Estamos en una repartición de responsabilidades pero nadie toma la decisión”, explica.

Por su parte, Blanco agrega: «Las personas trans no tienen la posibilidad de contar con un documento coherente con su identidad. Poniéndole riesgos , detenciones arbitrarias, imposibilidad para tener un trabajo estable con remuneración justa, problemas de movilidad y tránsito migratorio. Y son expuestas al escrutinio público cada vez que necesitan entregar su cédula o realizar algún trámite legal». 

Un grupo de personas activistas trans han asistido a tres reuniones en el Consejo Nacional Electoral para discutir sobre la ley de identidad de género. Las respuestas no han sido positivas. “Sino, por el contrario, han buscado postergar la discusión”, señala Velásquez. 

Existen varias leyes que mencionan el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Pero una cosa es lo que está escrito y otra es lo que realmente sucede. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo prohíbe la discriminación por orientación sexual; es decir, solo protege a las personas homosexuales y bisexuales, pero no a las personas trans, queer o no binarias. 

No hay manera eficaz de hacerla efectiva. Hemos tenido casos que han ido a denunciar y lamentablemente esta denuncia no se concreta o no llega a nada”, expresa el activista. Blanco señala que pueden existir otras medidas discriminatorias contra personas LGBTIQ+, como «la de la Sociedad Venezolana de Hematología que no permite la donación de sangre a personas homosexuales». 

La ley también tiene una gran deuda en la tipificación de los crímenes de odio: no están contemplados en el marco jurídico venezolano como un agravante de los delitos. Según datos de la organización Movimiento Somos, al menos 21 personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron asesinadas en 2021. 

«Hablamos de crímenes de odio porque es lo más impactante. Pero también hay despidos injustificados de personas porque son lesbianas, bisexuales o trans, acciones discriminatorias, que no te permitan entrar a un local o que te saquen», explica la directora de Joven Pride. 

Lo único que existe es una fiscalía especializada para atender denuncias de personas LGBTIQ+. «Atendiendo a lo que nuestra sociedad reclama, estaremos siempre a la vanguardia, como ha tocado en nuestra gestión, para hacer justicia», señaló Tarek William Saab al anunciar su creación en mayo de este año. 

Velásquez comenta que aunque existe, no hay mayor información al respecto. “No sabemos el nombre del fiscal o la fiscal, no sabemos cuál es el procedimiento para denunciar, no sabemos cuáles son los números telefónicos, no hay información pública. El tema de los crímenes de odio ha quedado en un gran limbo».

Señaló que distintas organizaciones de la sociedad civil entregaron cartas ante la Fiscalía, donde enumeraban algunos de los casos de asesinatos de personas LGBTIQ+. “Lo que pedíamos ante la Fiscalía era la investigación necesaria para determinar si eran crímenes de odio o no. Además, que se les garantizara acceso a la justicia a los familiares y amigos de las víctimas”. 

Hay avances, pero todavía falta 

Para Velásquez, no todo ha sido negativo. Comenta que los mayores avances han sido a nivel social, ya que se han abierto más discusiones en distintos espacios, hablando de temas que antes no se hablaban y teniendo una presencia más fuerte en las calles. “Hoy vemos además un buen síntoma de esto el nacimiento de organizaciones, además lideradas por gente joven. Esto también es gracias a la vinculación de las grandes organizaciones de derechos humanos con el tema LGBTIQ+”, dice.

Menciona que, más allá del activismo formal de ir a protestar, las expresiones individuales también son maneras de ejercer el activismo. ”Que hoy haya jóvenes que se atrevan a salir maquillados, con faldas, disruptivos en la forma como se visten, también es una forma de activismo. Pero también es un síntoma de que, aunque no estamos libre de intolerencia o violencia, las personas se atreven públicamente a ser quienes son, a amar quienes aman”. 

Aunque las expresiones de violencia todavía existen, “todavía nos sacan de los lugares, nos botan de nuestras casas, nos discriminan”, Velásquez afirma que cada vez más el costo por discriminar se vuelve mayor.

“Lamentablemente, este costo no se lo dan las instituciones del Estado que son quienes deberían estar vigilantes y ser garantes de. Hay un costo social de discriminar a las personas LGBTIQ+ y este costo se lo da la misma gente. Cada vez vemos más aliados hablando a favor de los derechos LGBTIQ+, cosa que es importantísimo”, comenta.

El activista manifiesta que para que los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ sean garantizados, la sociedad debe articularse. También se deben crear más organizaciones y debe existir un interés de los políticos para romper el silencio

“Los políticos y las políticas deben entender que no pueden invocar creencias religiosas para negar el derecho de las otras personas. Y eso también pasa por entender el rol que tiene como funcionario y funcionarias públicas. Al tú ser electo o electa o al ser designado en algún cargo del Estado, tienes un deber de garantizar derechos humanos. Ese deber no puede verse obstaculizado por creencias personales. Tienes una función con un bien mayor que es garantizar que estas personas puedan disfrutar de sus derechos y su dignidad humana”. 

CLAVES | Informe Acción Solidaria: 9 de cada 10 personas priorizan compra de comida sobre la salud
La organización identificó tres grupos vulnerables en la población venezolana: personas con VIH, mujeres y adultos mayores
75% de los encuestados para la investigación dijo no contar con seguro médico
37% de personas con VIH no tienen empleo formal, lo que representa una situación de vulnerabilidad importante 
Aunque los datos recolectados demuestran que no existe una brecha de género significativa en el nivel educativo, sí se puede observar una brecha dimportante en materia de acceso a trabajo y, en consecuencia, de ingresos económicos entre hombres y mujeres
En promedio, cada adulto mayor mantiene a dos personas económicamente, situación que aumenta las vulnerabilidades de este grupo

@ValeriaPedicini / Foto: Valeria Pedicini

 

La organización Acción Solidaria presentó su más reciente informe «La Encrucijada de la Salud: entre comida o medicamentos”, elaborado por el equipo de Exigibilidad de Derechos Humanos. 

La investigación, para la que se hizo un diagnóstico comunitario a 399 personas que acudieron a los servicios ofrecidos en la sede de la organización entre el 7 de marzo y 8 de abril de 2022, señala que más de la mitad de los encuestados consideran que sus ingresos son insuficientes y 9 de cada 10 dedican la mayor parte de estos a cubrir gastos de alimentación.

A pesar de tener patologías que requieren especial atención, relegan a un segundo plano los gastos en atención de la salud y medicamentos. El informe detalló que las tres principales condiciones crónicas de salud que presentaron los usuarios fueron hipertensión, Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y diabetes.

El 38% de los consultados por Acción Solidaria manifestó tener un trabajo formal, bien sea a tiempo parcial o completo, 24% no tiene trabajo, 15% trabaja de forma independiente, 11% trabajan en el hogar y 4% consigue sus ingresos en el sector informal.

Aunque la mayor cantidad de respuestas (167) indicaron que los ingresos obtenidos provienen de salarios y bonificaciones, el segundo grupo se debe a pensiones o jubilación (160), seguido de los bonos o ayudas del Estado (127), actividades independientes (74) y remesas (26). Por su parte, 23 personas indicaron no tener ninguna fuente de ingreso.

Acción Solidaria

Del total de personas encuestadas, 226 se identifican como mujeres (56,6%), 170 como hombres (42,6%), 2 hombres trans (0,5%) y 1 persona no binaria (0,25%). En cuanto a la orientación sexual, 91 se identificaron como personas LGBTIQ+.

Entre sus encuestados, Acción Solidaria identificó tres grupos que son especialmente vulnerables en la población venezolana: personas con VIH, mujeres y adultos mayores.

A continuación, los hallazgos más resaltantes de la investigación de Acción Solidaria:  

  • 61% de las personas consideran que sus ingresos son insuficientes o muy insuficientes.
  • 9 de cada 10 personas encuestadas indicaron que dedican la mayor parte de sus ingresos a cubrir gastos de alimentación.
  • En promedio, cada encuestado tiene al menos una persona a la cual mantiene económicamente.
  • 75% de las personas no tiene seguro médico.
  • 3 de cada 10 personas encuestadas indicaron tener prevalencia de discapacidad. Solo 7% tienen un certificado de discapacidad emitido por el CONAPDIS.
  • La mayoría de los encuestados dependen del Sistema Sanitario Público para recibir atención médica y en el acceso a medicinas. Sin embargo, las organizaciones y farmacias privadas tienen un rol fundamental: 285 personas acuden a las sedes de organizaciones para retirar medicamentos.
  • Hipertensión (179 personas), VIH (82 personas) y diabetes (80) son las 3 primeras condiciones crónicas de salud.
    Casi 3 de cada 10 personas encuestadas con alguna condición crónica de salud, no ha recibido tratamiento médico en los últimos 6 meses.
  • 13% de los encuestados por Acción Solidaria no ha tenido acceso a tratamiento médico en los últimos 6 meses.
  • 42% de las personas encuestadas manifestó haber tenido COVID-19 o sospechó haber tenido, esto último porque no lograron realizarse una prueba confirmatoria. 91% que se contagiaron por coronavirus recibieron tratamiento en casa.
  • 86% de las personas encuestadas se encuentran vacunadas con esquema de vacunación básico o de esquema básico y refuerzo.
  • 97% de los encuestados ha iniciado su vida sexual y 62% se encuentra sexualmente activo.

Acción Solidaria

Personas con VIH

  • Del total de 399 personas encuestadas, 82 manifestaron tener VIH. Es decir, 2 de cada 10 personas encuestadas tiene VIH.
  • 84% de las personas con VIH encuestadas se identificó como hombre.

    29% de las personas con VIH encuestadas fueron diagnosticadas con la condición en el último año.
  • 84% de los encuestados utiliza métodos anticonceptivos / barrera al momento de tener relaciones sexuales: 95% usa el preservativo masculino y 3.3% las pastillas anticonceptivas. 16% de los encuestados no usa ningún método anticonceptivo y la razón principal indicada (73%) es que “no deseaban o querían utilizarlo”.
  • La sífilis es la ITS con mayor número de casos reportados entre personas con VIH con 16 personas, seguido del VPH con 3, la gonorrea y herpes con 1 persona cada tipo.

Acción Solidaria

Calificación de ingresos

  • Aproximadamente 37% de personas con VIH no tienen empleo formal, lo que representa una situación de vulnerabilidad importante.
  • 8 de cada 10 personas con VIH encuestadas califica sus ingresos entre mediano y muy insuficientes.

    9 de cada 10 personas con VIH encuestadas dirigen sus ingresos a la alimentación.
  • Casi el 70% de las personas con VIH encuestadas no cuenta con seguro médico.
  • 61% de las personas con VIH encuestadas tienen personas a las que mantienen económicamente. 

Acción Solidaria

VIH y otras condiciones crónicas de salud

  • 34% de las personas que viven con VIH encuestadas vive con otra condición crónica de salud.
  • La hipertensión es la condición crónica de salud con mayor prevalencia entre las personas con VIH, seguida de la diabetes y la depresión.
  • 77% de las personas de este grupo han recibido atención médica para tratar el VIH y para otras condiciones crónicas de salud, mientras que el 23% restante manifestó no haber recibido atención médica por varias razones; la más repetida fue la inoperatividad de los servicios especializados en el sistema público nacional. 
  • 96% de las personas de este grupo ha recibido medicinas en los últimos 6 meses para tratar el VIH y otras condiciones crónicas de salud.

Acción Solidaria

Mujeres

  • De la encuesta, 226 personas se identifican como mujeres. Es decir, 57% de las personas encuestadas son mujeres. De estas, el 56% de las mujeres son mayores de 55 años.
  • 89% de las mujeres encuestadas han culminado sus estudios de secundaria, en comparación con el 93% de los hombres encuestados. 
  • 31% de las mujeres indicaron tener un trabajo formal, frente al 55% de los hombres declararon tener trabajos formales.
  • 6 de cada 10 mujeres realizan trabajos informales, mientras que 4 de cada 10 hombres realizan trabajos informales
  • 94% de las personas que realizan trabajo de hogar como ocupación son mujeres y el 2% son hombres trans. 

    Los resultados demuestran que no existe una brecha significativa en el nivel educativo, pero sí se puede observar una brecha de género importante en materia de acceso a trabajo y, en consecuencia, de ingresos económicos.
  • “Existe una brecha muy importante entre los trabajos formales y del hogar. En la segunda es muy marcada el estereotipo de género que asocia a las mujeres con las labores domésticas. A pesar de que actualmente se conoce la importancia económica y el aporte al PIB que esta ocupación representa para un país, sigue siendo un trabajo delegado casi exclusivamente al género femenino y en países como Venezuela, es poco valorado”, reza el informe de Acción Solidaria.

Calificación de ingresos 

  • Por cada hombre que indicó tener un ingreso “muy insuficiente”, hay 2 mujeres con ingresos “muy insuficientes”. Es decir, el doble.
  • 7 de cada 10 mujeres indicaron tener ingresos “insuficientes” o “muy insuficientes” en contraposición con 5 de cada 10 hombres que respondieron lo mismo.
  • Los hombres indicaron tener casi 3 veces más ingresos “suficientes” que las mujeres encuestadas.
  • 4% de los hombres tienen ingresos “holgados”, mientras que 0,4% de las mujeres indicaron tener este tipo de ingresos.

Acción Solidaria

Atención médica y medicinas

  • 8 de cada 10 mujeres indicaron no tener seguro médico frente a 7 de cada 10 hombres. Por cada 3 hombres con seguro médico, solo hay 2 mujeres que lo poseen.
  • 62% de las personas que respondieron que el alto costo de las primas es la razón por la cual no tienen seguro médico, son mujeres.
  • De las 109 personas que contestaron que tenían alguna prevalencia a alguna discapacidad, 78 son mujeres. Es decir, el 35%. 

Salud menstrual

  • 33% indicó que aún menstrua, mientras que el porcentaje restante indicó no estar menstruando en la actualidad. 
  • Acción Solidaria quiso medir la percepción que se tiene en torno a la menstruación, pudiendo detectar algún estereotipo o estigma asociado. Las palabras “dolorosa, dolor, dolores o mucho dolor” se repitieron 121 veces. Solamente el 7% de las personas indicaron palabras que tienen alguna connotación positiva de la menstruación. 
  • 72 personas indicaron utilizar toallas sanitarias femeninas desechables: 8 personas indicaron utilizar tampones y 5 personas que indicaron utilizar la copa menstrual.
  • 83% de las personas que indicaron que aún menstrúan hacen seguimiento de su ciclo menstrual.

    76% de las personas indicaron que siempre que presentan algún síntoma premenstrual o menstrual consumen algún medicamento: 12% remedios naturales, 4% cuando tenía la capacidad para comprarlo, 8% restante señaló «otro».
  • 75 % de las personas indicaron que no han faltado a clases o al trabajo por falta de productos de higiene menstrual o por síntomas asociados a la menstruación.
  • 21% indicaron que han sustituido los productos de higiene menstrual por opciones caseras: 12 respuestas de sustitución de productos de higiene menstrual por compresas hechas de paños o toallas, 4 respuestas de sustitución por compresas hechas de papel higiénico y 1 respuesta de sustitución por compresas hechas de tela.
  • Solamente el 47% de las personas señalaron recibir agua de forma continua. 6 de cada 10 personas consideran que la calidad del agua que reciben no es óptima para mantener una adecuada higiene menstrual.

Acción Solidaria

Adultos mayores

  • De las 399 personas encuestadas, 175 fueron personas de la tercera edad. Es decir, 44% de las personas encuestadas son adultos mayores.
  • 48% de las personas de la tercera edad indicaron a Accion Solidaria que no tienen trabajo. 
  • 82% de las personas de la tercera edad encuestadas reciben la pensión o jubilación por parte del IVSS. 3 de cada 10 no recibe la pensión o jubilación, a pesar de ya cumplir con la edad mínima legal para recibirla.
  • Más de la mitad de las personas de la tercera edad encuestadas (59%) califican su nivel de ingreso como «muy insuficiente».
  • 42% personas de la tercera edad afirmaron tener familiares dependientes. En promedio, cada adulto mayor tiene a casi dos personas a su cargo. Esto aumenta las vulnerabilidades de este grupo.
  • 82% de las personas de la tercera edad indicó que la mayor parte de sus ingresos los dirige a cubrir los gastos de alimentación, 13% a medicinas y el 5% restante entre gastos de vivienda, servicios básicos y otros.

Acción Solidaria

Atención médica y medicinas

  • 80% de las personas de la tercera edad encuestadas por Acción Solidaria indicó que no cuenta con seguro médico privado. 95% señalaron el alto costo de las primas la razón principal para no tener seguro.
  • 36% de los adultos mayores encuestados tiene prevalencia de alguna discapacidad. 
  • La organización recibió 139 respuestas de personas de la tercera edad que acuden a hospitales o centros públicos de salud. Entre ellos, 34 respuestas fueron de personas de la tercera edad que acuden a clínicas o centros privados, mientras que 24 respuestas de personas de la tercera edad que consultan con un familiar o vecino.
  • 15 personas de la tercera edad respondieron que acuden a centros de salud (fundaciones, ONG, servicios comunitarios, entre otros) sin fines de lucro.

Medicinas y tratamientos

  • De las 325 respuestas recibidas, 150 adultos mayores respondieron que obtenían sus medicinas de organizaciones sin fines de lucro como Acción Solidaria.
  • 92 adultos mayores respondieron que obtenían sus medicinas del sistema público de salud.

    73 adultos mayores respondieron que adquieren sus medicinas en farmacias o centros de salud privado, de forma particular, mienras que 3 adultos mayores respondieron que familiares o personas del exterior le enviaban los medicamentos.
  • 76% de las personas de la tercera edad acuden a los centros donde retiran sus medicinas usando transporte público o a pie.
  • 4% de los adultos mayores encuestados indicó que en el centro de salud al cual acude para recibir sus medicamentos, existen obstáculos tales como pendientes, escaleras o muros.

Condiciones crónicas de salud

  • 64% de las personas de la tercera edad viven con hipertensión.
  • 29% vive con diabetes.
  • 17% de los encuestados viven con hiper/hipotiroidismo.
  • 15% de las personas de la tercera edad encuestadas viven con artritis.
  • 33% de las personas de la tercera edad con alguna condición crónica de salud, indicaron no haber recibido atención médica en los últimos 6 meses.
  • Casi 8 de cada 10 personas (78%) no consume medicamentos para tratar su condición por el costo de los mismos.

Personas de la tercera edad y el COVID-19

  • 37% tuvieron COVID-19 o sospechan haberlo padecido. De este grupo, 95% indicó que solamente padecieron COVID-19 una sola vez, mientras que el 5% restante se contagió más de una vez.
  • Solo 11% requirieron de algún tipo de hospitalización, mientras que 86% fue tratado en casa y solo el 3% tuvo que realizar cuarentena en un hotel.
  • 49% de las personas de este grupo se encuentran vacunadas con el esquema básico (dos dosis).
  • 85% de los adultos mayores encuestados reutiliza su tapabocas.
  • 89% siguen considerando que el COVID-19 es un riesgo para su salud y la de su familia.

Salud sexual y reproductiva

  • 36% de las personas de la tercera edad encuestadas se encuentra sexualmente activo (han tenido relaciones sexuales en el último año).
  • 52% que inició su vida sexual, considera que no tenía suficiente información sobre salud sexual reproductiva al momento de iniciar su vida sexual.
  • 87% considera que actualmente si tienen suficiente información sobre salud sexual y reproductiva. 
  • 5 personas de este grupo manifestaron vivir con VIH, y 1 persona manifestó haber tenido gonorrea en el último año. La prevalencia de ITS dentro de este grupo, es bastante baja. 
Revictimización en femicidios: el doble asesinato de mujeres
Crisbelis Sarmiento fue asesinada y  su cuerpo fue encontrado en el patio de un familiar de su agresor. La joven de Anzoátegui fue víctima dos veces: de un femicidio y, luego, cuando su caso se conoció en redes sociales, de revictimización por los comentarios que justificaban su muerte
La experta Maggaly Huggins señala que la revictimización es una práctica común en los casos de violencia de género y que constituye una doble violación de los derechos humanos de las mujeres
La idea de pensar que “la mujer se lo buscó” en un caso de femicidio es una pauta cultural aprendida, es un aprendizaje socialmente validado. “Hay una pauta cultural que dice que las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Es decir: ella es mala porque fue a todas partes”, explica Huggins
La especialista Esther Pineda asegura que el delito de femicidio está sujeto a diferentes “técnicas de neutralización” que se manifiestan como justificaciones del comportamiento desviado o delictivo para relativizar la naturaleza sexista de estos delitos

@ValeriaPedicini 

Crisbelis Sarmiento conoció a Jesús Alcalá, ambos del estado Anzoátegui,  por redes sociales. Entre mensajes y mensajes por el chat de Facebook, decidieron cuadrar un encuentro para conocerse en persona. La cita fue el 8 de abril en el local nocturno llamado Mojitos Beach, ubicado en Puerto La Cruz.

La muchacha de 22 años debía presentarse el 18 de abril en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para empezar un nuevo trabajo, algo que tuviera que ver con su vocación. Pero eso nunca pasó. Después de verse esa noche con Jesús Alcalá, Crisbelis desapareció. 

Sus familiares se desesperaron, comenzaron a buscarla, a publicar en redes sociales si alguien había visto a Crisbelis. En la red social Facebook se creó el grupo “Crisbelis Regresa” para difundir su caso y recibir alguna pista de su paradero. 

El 18 de abril supieron de ella. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la delegación Barcelona encontraron el cuerpo de Crisbelis en el patio de la parte trasera de la vivienda de los abuelos del muchacho con quien había salido

El cadáver de Crisbelis tenía heridas por arma blanca en la mandíbula, intercostal derecho, cuello y la parte frontal de la cabeza. La joven tenía una data de muerte de entre cuatro a cinco días, por lo que su cuerpo estaba en estado de descomposición.

«Femicidio en Anzoátegui contra Crisbelis Sarmiento quien fue asesinada por Jesús Alcalá el 18 de abril. Fue localizado el cadáver de la víctima enterrado en el patio de la vivienda del investigado. Está detenido para ser imputado por el Ministerio Público por femicidio agravado», publicó el fiscal designado por el chavismo, Tarek William Saab, en su cuenta en Twitter.

Jazmín Guilarte, madre de la víctima, indicó que no conocían al individuo.

Sin embargo, en la red social, el joven utilizaba el nombre de Alejandro Ferrer y se presentaba como rapero o DJ, según reseñó Nuevo Día. Además, se conoció que tiene un hijo que en mayo de 2021 fue diagnosticado con leucemia.

La Fiscalía con competencia en Violencia contra la Mujer presentó a Jesús Alcalá ante el Tribunal Segundo de Anzoátegui como el responsable del asesinato de Crisbelis Sarmiento. El joven de 26 años de edad fue imputado el 20 de abril por femicidio agravado, acto sexual con víctima vulnerable y amenazas.

Lo señalan de apuñalarla ocho veces entre el cuello y la cabeza. “Se ensañó con ella”, se lee en un comentario de la página de Facebook. Los detectives del Cicpc determinaron que Alcalá estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando la mató, porque supuestamente ella no quiso intimar con él.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó en su cuenta en Instagram que Crisbelis y Jesús se conocieron 10 días antes de su desaparición y acordaron encontrarse en una discoteca de la entidad.

Posteriormente, con “alto grado etílico”,  se trasladaron hasta la residencia de un familiar del hombre.

Una vez en el lugar, según la versión publicada por el Cicpc, él procedió a consumir sustancias psicotrópicas para luego mantener un encuentro íntimo con la víctima. Horas después, el hombre intentó convencer a la joven a volver a tener relaciones sexuales, pero ella se negó.

Aunque la negativa de Crisbelis era suficiente para que él no insistiera y la dejara en paz, Alcalá tomó una actitud violenta en su contra: le propinó múltiples heridas punzo penetrantes con un arma blanca hasta asesinarla, detalló el Cicpc.

Seguidamente, el asesino abrió una fosa en el patio trasero de la vivienda y enterró el cuerpo de Crisbelis. «La osamenta fue hallada por unos caninos que estaban en el lugar; por tal motivo, la dueña de la vivienda optó por notificarle a la policía científica sobre el cadáver», indicó Rico.

 
 
 
 
 
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María José Marchán señaló que el hombre, al ser abordado por los padres de Crisbelis, «reconoció que se llevó a mi prima para allá y abusó de ella. Pero no dijo nada sobre su ubicación».

«De hecho, él tiene antecedentes. Estuvo preso por violar a una joven con discapacidad y ni siquiera por eso hacen algo», acotó según lo publicado por el diario El Tiempo

Las mujeres “malas”

Los detalles del caso presentado por el fiscal no sirvieron sino para que Crisbelis fuera señalada, criticada y juzgada por sus acciones. Usuarios de redes sociales publicaron comentarios que indicaban que la joven había sido muy ingenua para ir a casa de alguien que recién acababa de conocer. 

Sin importar que la víctima fuese ella, la culparon de su propio asesinato. 

Maggaly Huggins, profesora, feminista, integrante del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, señala que la revictimización es una práctica común en los casos de violencia de género y que constituye una doble violación de sus derechos humanos. 

“Tienen que entender que las mujeres somos seres humanos, con igualdad de derechos que los hombres. No podemos decidir que alguien está bien muerta porque hizo algo que yo creo que es malo. No, yo no tengo derecho a juzgar. La mujer tiene derecho a la libertad. La libertad es un derecho humano para todos y todas. 

Esta práctica de pensar que “la mujer se lo buscó” es una pauta cultural aprendida, es un “aprendizaje socialmente validado”, de la que las mujeres tampoco escapan, explica la especialista. “Hay una pauta cultural que dice que las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Es decir: ella es mala porque fue a todas partes”. 

La frase feminista que nació en la década de los 60 es una expresión para explicar que eso era lo que se esperaba de las mujeres: que “las niñas buenas” se quedaran en casa.

“Uno en casa, esperando a que el hombre designado viniera a escogerlas, y por eso se ve que las mujeres en la vida pública son malas. La gente cree eso, que si tú sales a encontrarte con alguien que recién conociste en la vía electrónica es porque eres mala, y tienes que ir preparada para todo”, señala la profesora. 

“Así estamos hoy en Venezuela las mujeres que hemos luchado por más de 300 años por nuestros derechos humanos, por nuestra libertad, por nuestro derecho a decidir y a escoger con quién estar, estamos siendo reconfinadas, y no solo por la pandemia, a estar encerradas en casa si no queremos que se nos señale con el dedo”, expresa.

Huggins detalla que, criminológicamente hablando, se le conoce como “víctima propiciatoria”. Es decir, la víctima es culpable de lo que le ocurrió. “Ella propició la situación que la condujo a ser víctima y eso es un crimen que se comete contra las mujeres, porque nosotras tenemos derecho a que se nos respete nuestra dignidad”.

Para la especialista, pensar de esta manera es un retroceso. “¿Por qué yo voy a ser mala porque salgo a la vida pública y voy a ser señalada de víctima propiciatoria? Eso es un delito, adjudicar la victimización a una persona por el solo hecho de haber sido mujer. Eso es una vuelta a la prehistoria. Así como hoy se cocina con leña porque en Venezuela no hay gas, a las mujeres nos están llevando poquito a poco al convento, diciéndonos que ‘debemos ser buenas’”. 

Detalla que esto es así porque existe una estructura de pensamiento social, una visión sociopolítica de los géneros masculino y femenino, que es “absolutamente inequitativa, desigual y que desvaloriza a la mujer». «Por lo tanto, la mujer victimizada no debe buscar ayuda, ¿por qué? Porque ella es culpable”, añade.

El pensamiento que lleva a una persona a asumir que una mujer “se buscó” lo que le pasó son prejuicios, construidos y aprendidos socialmente, sobre todo en un país donde la ciudadanía ha desaparecido, asegura Huggins: “Si tú no tienes derecho, tú eres una potencial víctima. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela”. 

“¿Cuántas veces hemos ido a casa de alguien que recién acabamos de conocer? Mil veces. Pero de los miles, 999 no son hombres que consideran que si una mujer acepta una invitación a su casa puede hacer con ella lo que le dé la gana hasta matarla. Eso es cavernario. Eso te está hablando de la dimensión humana que se está construyendo en este país”, agregó- 

Para Huggins eso se refleja, directamente, en los casos de maltratos, abusos y femicidios. “Por eso tenemos tantas mujeres asesinadas, tantas mujeres maltratadas y poca capacidad de procesar las denuncias en los centros policiales. Tanta mala formación desde la cabeza pública más grande hasta el policía raso en entender lo que es la violencia contra la mujer por ser mujer”

Revictimización y desprotección

La organización Utopix señaló que durante los cuatro primeros meses de 2022 se han contabilizado 75 femicidios en todo el territorio nacional, lo que representa un promedio de cuatro mujeres asesinadas por motivos de género cada semana. 

Y las mujeres siguen desprotegidas por un Estado que no reconoce ni garantiza sus derechos.

“Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática, que solo muestra la gran falencia que hay en torno a las políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres”, reza el más reciente informe de la organización feminista. 

Aprender violencia, ejercer violencia

Maggaly Huggins asegura que nada de esto es aislado y que este pensamiento de violencia y culpa es “obra pública”, profundizándose durante los últimos 23 años desde que el chavismo está en el poder.

“Se está construyendo un país en donde la violencia es válida como forma de relación, como forma de resolución de conflicto. Y si le metes la condición de género de por medio, entonces siempre el hombre siempre puede acusar a la víctima de culpable si es una mujer”, describe.

Por otra parte, plantea que la sociedad sigue manteniendo el poder de quien violenta en la figura masculina. 

“Cuando un padre golpea a una madre, el varón hijo está aprendiendo la violencia contra la mujer y la hija está aprendiendo a hacer víctima. Esa es la mejor escuela de la violencia intrafamiliar: lo que sucede dentro del hogar”, afirma. 

Asimismo,  sostiene que las situaciones de violencia se van a seguir repitiendo sin un sistema cultural y educativo que le desmonte a los hombres que la única forma de resolver los problemas es a golpes o con armas.

La justificación 

Pese a que el femicidio es una de las formas de violencia extrema contra la mujer más común y extendida en América Latina, la desigualdad por razones de género y los prejuicios a ella asociada contribuyen a que continúe siendo una de las formas de victimización de la mujer más invisibilizada, desestimada y justificada.

Los familiares del detenido por el caso de Crisbelis Sarmiento alegaron, según algunos reporteros de sucesos, que Jesús Alcalá sufre de esquizofrenia. 

Esther Pineda, doctora en Ciencias Sociales, escritora y feminista venezolana que ha estudiado temas de género, explica en su libro “Morir por ser mujer. Femicidio y feminicidio en América Latina” que el acto femicida con frecuencia es interpretado como una reacción sancionatoria ante la transgresión de dichos valores dominantes por parte de la mujer. 

La especialista asegura que el delito de femicidio y sus víctimas se encuentran continuamente sujetas a diferentes “técnicas de neutralización”.

Estas se manifiestan como racionalizaciones o justificaciones del comportamiento desviado o delictivo con la intención de evadir o disminuir la eficacia del control social. 

“Estas técnicas son puestas en práctica previa o posteriormente a la comisión del crimen por parte de los victimarios, por los medios de comunicación, por la población en general, por el Estado en la figura de los operadores de justicia y el sistema penal”, dice Pineda.

Apunta que, en el caso de los femicidios, estas llamadas “técnicas de neutralización”  apuntan a relativizar la naturaleza sexista de estos delitos. 

Entre estas técnicas están patologizar al agresor, considerándolo enfermo o monstruo, y justificando su actuación en los comportamientos de la víctima.

También, señala la creencia de que ella “algo habrá hecho o dicho”, la «víctima se puso en riesgo» o fue «irresponsable».

De esa forma, se condena, cuestiona o ataca a  quienes visibilizan o denuncian el crimen.

Y, en lugar de atacar al femicida, se ataca al movimiento feminista, «solidarizándose con el agresor de forma automática e irreflexiva (la solidaridad puede darse por su sexo, clase social o por otro motivo que lo haga parte de un grupo en particular”.