Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

DDHH olvidados | Rubén González no piensa dejar la lucha sindical

Era de madrugada cuando Rubén González viajaba en carretera después de asistir al juicio de su compañero Rodny Álvarez y haber participado en una protesta laboral en Caracas. Pero no pudo llegar a su casa: el 29 de noviembre de 2018 lo detuvieron en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui. 

Lo agarraron y lo llevaron a El Tigre. “Me esposaron, me amarraron a un tubo y pasé toda la noche ahí, prácticamente a la intemperie y me llovió encima. Yo no aguantaba y pedí que me pasaran a los calabozos con toda la gente”. 

Las celdas estaban repletas de reclusos, así que el hacinamiento en el lugar era inevitable. Algo que ocurre en los centros de detención de todo el territorio: la población carcelaria es de 40.000 presos a nivel nacional, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A la mañana siguiente fue trasladado a Maturín, al Centro Penitenciario de Oriente del estado Monagas, conocido como La Pica. Lo dejaron tirado en el piso del pasillo y así pasó toda la noche. “Al otro día uno de los presos de la celda me lanzó una toalla para que pudiera apoyar la cabeza”. A pesar de las condiciones, Rubén no se dejaba amilanar. “Yo tenía fortaleza y me quedaba tranquilo soportando las humillaciones y vejaciones porque yo no había hecho nada”. 

Fue trasladado al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil), anexo de La Pica. “Ahí me metieron en una celda pequeñita que le dicen ‘El tigrito’”. Ahí Rubén González estuvo más de 21 meses. 

“Yo era una persona muy rebelde”

Rubén González llegó a Ferrominera en 1984. Era un trabajador más. Pero cuando un supervisor o jefe hacía algo que a él le parecía injusto o no estaba de acuerdo, alzaba su voz. Empezó a defender a la gente sin ánimos de ser líder sindical. “Los supervisores o la gerencia empezaron a perseguirme porque decían que yo era una muy rebelde, que no hacía caso. Yo iba a trabajar y soy un tremendo trabajador, pero cuando la cosa estaba mala, tenía que decirlo”. 

Después de muchos años, cuando la idea de representar a los trabajadores tomando fuerza, ellos le mostraron su apoyo. Es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) desde 2008, reelegido en 2016.

En noviembre de 2018 no era la primera vez que lo detenían. En 2009 lo apresaron por dirigir una protesta de Ferrominera, en la que participaron más de 2000 trabajadores, para exigir que se cumpliera la contratación colectiva. Fue imputado por agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo y violación de zona de seguridad. 

Sobre su caso, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dijo que los hechos imputados contra González “no justifican su detención provisional o arresto domiciliario” y pidió que fuese liberado. 

Al año siguiente, en 2011, fue condenado a siete años y seis meses de prisión. Pero por todo el rechazo que ocasionó la sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la decisión y fue absuelto. 

Nueve años después, lo volvieron a poner tras las rejas. Le imputaron los delitos castrenses de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El Tribunal Militar Quinto lo condenó a cinco años y nueve meses, decisión que fue ratificada por la Corte Marcial, negándole su derecho constitucional a un juez natural. 

“Imagínate tú, un civil en la Corte Marcial. Yo nunca cometí esos delitos, no pudieron comprobar que yo ataqué a ningún centinela. Los delitos que sí cometieron ellos fue contra mi familia. Se metieron en mi casa, agredieron a mi nuera, agredieron a mi sobrina, a mi hermano le rompieron la cabeza. Ellos sí pueden hacer lo que les da la gana. No importa la agresión, la vulneración de los derechos, la Constitución”. 

“Pasé situaciones bien rudas”

Al mes de estar preso, pudo recibir visitas semanalmente. Su familia se trasladaba desde el estado Bolívar hasta Monagas para verlo. Aprovechaban las visitas para llevarle agua o comida porque la que le daban en el centro de reclusión dejaba mucho que desear. 

“El agua era pésima, muy contaminada. El director (de la cárcel) a veces se llevaba algunos botellones que teníamos y buscaba agua filtrada. En otras oportunidades teníamos que decirle a nuestros familiares. Estábamos siempre en esa lucha. Y la comida que daban ahí era realmente bastante pésima, más que todo siempre arroz o espagueti con lentejas”. 

Todo empeoró con la llegada de la pandemia del coronavirus a Venezuela porque las visitas quedaron suspendidas para evitar la propagación. Pasó seis meses sin ver a sus familiares. 

El estado de salud de Rubén González también se vio afectado en sus casi dos años de reclusión. Cuenta que nunca había sufrido de hipertensión, pero estando en La Pica un día los valores subieron de forma alarmante. 

“Ahí la tensión me llegó a 215/110. Eso era prácticamente para morirme, para que me diera un infarto. Me sacaron de emergencia y cuando me midieron la tensión los médicos y enfermeras se asustaron. No hallaban qué hacer conmigo”. Lo enviaron al hospital de Maturín, pero al no contar con tensiómetro, camas o sitio para hospitalizarlo, pidió que fuese llevado otra vez tras las rejas. 

Rubén asegura que en la cárcel le dio coronavirus. Le dio escalofríos, fiebre, diarrea, dolor en los huesos, perdió el olfato y dejó de percibir los sabores de los alimentos cuando comía. No le costaba respirar, pero tenía una molestia en el pecho. 

“Esos fueron como siete días tirado en la cama. Me dio miedo porque la muerte me pasó por la mente. Me dio duro, pasé situaciones bien rudas y difíciles. Lo que hacía era levantar la mano y pedirle a Dios que me ayudara, porque yo soy un hombre de justicia, no soy ningún delincuente. Ahí un poco de gente pasó el coronavirus, pero nunca hubo prueba, no hubo nada”. Lo único que podían hacer era prepararse “guarapos” o hacer gárgaras de limón, vinagre, agua caliente o sal.

El líder sindical tiene 43 años de casado con su esposa, cuatro hijos y 13 nietos. Para él, que se describe como un hombre de familia, lo más complicado de su tiempo detenido fue estar lejos de los suyos. “Lo que más me dolió fue que me apartaran de mi familia, eso era lo que más le dolía a mi corazón. No me abrumaba el hecho de echar pa’lante porque uno siempre está luchando. Pero lo que más sufrí fue estar sin mi esposa, mis hijos y mis nietos”.

A finales de agosto de 2020 se enteró por uno de sus compañeros reclusos que escuchó su nombre en la televisión que el sindicalista volvería a casa. La administración de Nicolás Maduro anunciaba otorgarle “indulto” a 110 presos y perseguidos políticos de la oposición. 

Pero representantes del Foro Penal Venezolano afirmaron que solo 53 privados de libertad a quienes le concedieron el indulto estaban encarcelados por razones políticas. Para la fecha, había 333 presos políticos en el país. “Es el número más alto de América de presos políticos, lo sabemos por información de Nicaragua, Cuba. Superando los 300, históricamente Venezuela tiene la cifra más alta”, dijo Alfredo Romero en una rueda de prensa.

A Rubén la noticia de su liberación lo agarró de sorpresa y considera que la acción es parte de un “juego político” para tratar de “bajar las tensiones que hay en el país” porque el Gobierno las tiene muy altas por todas las agresiones que ha hecho a la sociedad”. 

Aunque la palabra utilizada fue “indulto”, él no lo considera de la misma manera. “Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo: eso no es un indulto. A mí prácticamente me soltaron del secuestro en el que me tenían”. 

Si le toca pensar en una nueva detención, expresa que cualquier cosa podría pasar. “Dice la palabra que todo lo que le acontece a los hijos de Dios es para bien. Yo estoy sembrando fe, confianza y justicia, asumiendo que pueda pasar lo que Dios quiera que pase”. 

Pese a todo lo que ha tenido que pasar, no es una opción quedarse de brazos cruzados. “No me puedo quedar en mi casa. ¿Cómo le voy a decir a los trabajadores que me voy a quedar escondido o en la cama, amedrentado o asustado? No puedo porque dejaría de cumplir para lo que ellos me eligieron que fue representarlos y defenderlos. Yo tengo que seguir haciendo mi trabajo”. 

—¿Va a seguir en la lucha sindical?

—Sí, hasta que Dios quiera, que él me dé la dirección y la sabiduría.

DDHH olvidados | “Yo exijo justicia, este dolor es indescriptible”

@ValeriaPedicini

 

Adriana Ávila se refugia en los recuerdos. Ahí no hay espacio para la tristeza ni el dolor. Ahí mantiene vivo a su hijo, protegido por los momentos que construyeron juntos e inmune al paso del tiempo y al olvido. Ahí lo tiene siempre presente en su búsqueda por la justicia que inició en julio de 2017 cuando lo asesinaron. 

Las protestas antigubernamentales en Venezuela llevaban casi cuatro meses. Los venezolanos habían salido a las calles en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera dos sentencias que le arrebataron los poderes a la Asamblea Nacional.

El jueves 20 de julio, la oposición venezolana había convocado a un paro cívico nacional de 24 horas como parte de la estrategia de “hora cero”, tras casi cuatro meses de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Los negocios permanecieron cerrados, las calles estaban llenas de barricadas y el transporte público no trabajó. 

Ese día, como el resto de las jornadas, hubo represión. 

Andrés Uzcátegui había salido de su casa para ir a afeitarse, pero en el camino se consiguió con unos amigos. “En ese momento ocurrió una situación irregular en medio del trancazo”, cuenta su madre. La gente que estaba concentrada en las calles comenzó a correr y él se metió por un callejón donde fue acorralado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Testigos que se encontraban en el lugar aseguraron que Andrés levantó los brazos, pero uno de los efectivos le disparó. “Sufrió un impacto en el pecho por lacrimógena que le perforó la caja torácica”. Andrés, de 22 años, fue disparado a quemarropa en la vereda a 2 del sector 5 de La Isabelica, estado Carabobo y falleció. 

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público. 

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente durante las manifestaciones de hace tres años: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala. 

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”. 

Aunque el Ministerio Público informó que comisionaría a la fiscal 27º de Carabobo para investigar el crimen, Adriana asegura que las investigaciones no prosperaron y que el caso de su hijo fue remitido a Caracas. 

“Yo pienso que han politizado la muerte de mi hijo y de muchas jóvenes víctimas de la represión del gobierno. A ellos no les conviene que las cosas se aclaren. Yo exijo justicia: este dolor es indescriptible”. El caso de Andrés representa un ejemplo a las violaciones al debido proceso y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. 

Adriana se resiste a aceptar la muerte del menor de sus hijos. “Yo a todos les comento que Andrés no ha muerto. Me lo mataron muy joven: iba a cumplir apenas 23 años cinco meses más tarde, el día 23 de noviembre”.   

Ella prefiere pensar que Andrés está en Colombia, país al que tenía pensado emigrar y en donde lo estaban esperando con una oferta laboral en reparación de equipos electrónicos a lo que él se dedicaba. 

Es consciente de la pérdida irreparable que sufrió y del dolor que la muerte de su hijo le dejó. Pero si hay algo que esta docente jubilada no está dispuesta a dejar atrás, es la impunidad que envuelve el caso de su hijo.

“¡Tiene que haber justicia algún día! Yo como docente me esforcé enormemente para que mis dos hijos se criaran con valores. Mucha gente también ha tenido que llorar y sufrir en medio de esta situación. No podemos dejar que el antivalor de la muerte se instale en nuestra sociedad”.  

El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón    

Foto: portal Encuentro Justicia y Perdón

DDHH olvidados | 72 días preso en El Helicoide

@ValeriaPedicini

“¿En qué lío me metí?”, pensó Frank Montaño. Estaba arrodillado, con las manos en la espalda, mirando a una pared. No era el único, había 13 jóvenes más en el patio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Plaza Venezuela. Los funcionarios les revisaban los bolsos y los bolsillos. Los graban y les preguntan por sus nombres, números de cédula, qué estaban haciendo cuando se los llevaron. 

Aunque conserva la calma, toda la situación lo indigna: él no estaba haciendo nada malo cuando lo detuvieron. 

Más temprano ese mismo día, Frank había ido a la Universidad Central de Venezuela, donde estudiaba Ingeniería Mecánica, para saber la nota de su más reciente parcial. Fue en vano porque el profesor les informó por mensaje: había reprobado. Contrariado, decidió visitar a un compañero junto a su amigo Simón. 

Se acercaron hasta el metro de Caracas, pero estaba cerrado: ese día la oposición venezolana había convocado a una manifestación. Decidieron caminar por el bulevar Sabana Grande y Frank se detuvo en una feria de venta de libros para comprarle uno a su hermana por su cumpleaños. 

De repente escucharon un alboroto y vieron gente corriendo. Ambos se asomaron por una transversal y advirtieron enfrentamientos entre efectivos de seguridad y jóvenes lanzando piedras. Antes de que puedan hacer un movimiento, una bomba lacrimógena cayó cerca de donde estaban y, con ojos llorosos y la nariz ardiéndoles, intentaron ponerse a salvo.

Varias unidades de la brigada motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) los alcanzaron y decidieron correr hasta la avenida Casanova. Se detuvieron y dos motos que los perseguían también. “Mira, tú, el de verde. Yo te vi por allá arriba ‘guarimbeando’”, le dijo uno de los funcionarios y lo jaló por la franela. 

El parrillero trató de montarlo en la moto, pero el joven al principio se resistió. Cambió de decisión cuando vio que su amigo estaba siendo golpeado con el escudo antimotín mientras se encontraba en el piso. Pensó que si se ponía obtuso, la cosa podría ir peor. Decidió subir a la moto. 

En el trayecto le preguntaron en qué andaba. Con la misma tranquilidad que lo caracteriza, contestó que había ido a la universidad y les mostró el contenido de su bolso: una libreta, su teléfono, la billetera, un envase con su almuerzo y una calculadora. 

Lo llevaron a un contingente grande que se encontraba en la Avenida Libertador y le mandaron a taparse la cabeza con su franela. A Frank no le estaba gustando la situación. Pensó que lo llevarían a una comisaría, pero estaba equivocado. Un funcionario preguntó: “¿A este chamo a dónde lo llevamos?”. Otro respondió: “Al Helicoide”.

Lo detuvieron el 4 de abril de 2017.

La cruda realidad del sistema”

Frank Montaño estuvo 72 días en el Sebin de El Helicoide. En un reporte de agosto de 2017, el Foro Penal Venezolano indicó que el número total de arrestos arbitrarios durante las protestas antigubernamentales fue de 5341.

En la época de manifestaciones de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Constató la existencia de patrones de torturas, malos tratos y violaciones al debido proceso en los casos de detención por parte de las fuerzas de seguridad. 

La institución señaló que los efectivos de seguridad del Estado venezolano utilizaban las “detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona que manifieste su disidencia o descontento”. Además, indicaron que las condiciones de detención no cumplían con “las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos, y que a menudo constituían en sí mismas un trato cruel, inhumano o degradante”. 

El joven estuvo en una celda conocida como “Prevención 1”, un espacio de ocho metros de largo por cuatro de ancho con un baño con ducha. La única salida era una reja metálica, sin ventanas para dejar pasar luz solar. Había una cámara que tenía un letrero: “La cámara no funciona, pero el micrófono sí”.

Al llegar, después de haber hecho el registro formal, empezaron las intimidaciones. “Los detectives te decían cualquier cantidad de cosas: aquí te vas a podrir, no vas a salir de esto, si tienes familia olvídate, si tienes una profesión olvídate, si estás estudiando olvídate de eso, olvídate de tus hijos, tus hijos le dirán papá a otro, aquí estarás mucho tiempo. Nos preguntaban que si nos pagaron, cuánto, en dónde nos depositaron. Yo como estaba muy tranquilo decían: a este como que hay que ponerle corriente para que se active, lo vemos como si estuviera en su casa”. 

La primera noche en El Helicoide fue la peor. Sacaron de su celda a todos los recién detenidos para golpearlos. Les ordenaron ponerse de cuclillas frente a una pared; les pegaban a puño limpio en la espalda, las costillas y la cabeza mientras los amedrentaban con palabras. 

A Frank después lo hicieron llenar una hoja de vida y pasar a una habitación con dos comisarios del Sebin sin identificación en sus uniformes. En un tono agresivo uno de ellos le dijo: “Tú estás sentado muy tranquilo, no estás en tu casa”. Le ordenó poner las manos debajo de la silla y comenzó a golpearlo en el pecho. “Tú estás diciendo mucho embuste, vamos a dejarte con unos amigos”. Mientras todo esto ocurría, una funcionaria grababa. 

Le dan una patada en la cara que le descuadra la mandíbula. Le dan cachetadas y le lanzan más preguntas, pero a él le cuesta hablar. Lo graban en video para que responda las mismas preguntas que le han hecho varias veces. “Me imagino que es para ver si cambias la versión de lo que estabas haciendo. Siempre mantuve la misma historia porque además era la verdad”.

En su tercer día estando en el Sebin, le llevan la hoja de imputado. Lo acusaban de instigación al odio y ultraje violento a funcionario público. Todos tienen que firmar, sí o sí. No tenían muchas opciones, así que lo hicieron. 

Les notificaron que serían trasladados a tribunales para la audiencia. Lo hacen en la noche, pero el tribunal decide no despachar, así que al día siguiente tuvieron que volver al Palacio de Justicia. Frank se encuentra con sus abogados y antes de la sesión se pusieron de acuerdo en aspectos de su defensa. 

La fiscalía presentó sus pruebas: testimonios de funcionarios que aseguraban haber visto a los jóvenes agredirles. Mientras la jueza deliberaba, les hicieron un chequeo médico: Frank tenía una hematoma en la cara, le costaba comer o hablar. 

La jueza anunció su decisión: cautelar sustitutiva de privación de libertad sujeta a la presentación de fiadores. La obtención de fiadores se convirtió en un proceso largo, engorroso y burocrático. Tanto que tuvieron que esperar dos meses para la boleta de excarcelación. 

En ese tiempo nunca le dejaron hacer una llamada. Recibió cartas de sus familiares y algunas cosas personales. Frank dormía en el suelo y como el agua en el baño escaseaba, se ve obligado a defecar en bolsas plásticas. A pesar de los esfuerzos de todos por mantener la higiene, varios detenidos se enfermaron. 

Lo más difícil en ese tiempo, fue la convivencia. Con 29 personas en la celda, el ambiente es tenso y el estrés de todos es una olla a presión. Frank tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar inconvenientes en el sitio. ““Trataba de mantener la mente ocupada, estudiando la situación, viendo a los demás, tratando de evitar conflictos, en estado de alerta, pendiente de qué podría ocurrir”.

Tener las boletas de excarcelación no fue suficiente: en la sede del Sebin ubicada en Plaza Venezuela se negaron a recibir la correspondencia del tribunal. Junto a sus indignados y preocupados compañeros, decidieron hacer un discreto acto de protesta: cantar el himno nacional a todo pulmón desde su celda. Era viernes. Al poco tiempo aparecen dos funcionarios a decirles que iban a salir pronto. Así fue: el lunes salieron del Sebin. 

A Frank se le impuso presentación en tribunales como una medida sustitutiva de privación de libertad. Su caso sigue abierto porque hasta la fecha el Ministerio Público no ha presentado acto conclusivo. 

Piensa todo lo que pasó y el joven siente rencor hacia los cuerpos de seguridad. “La experiencia me sirvió para ver la cruda realidad del sistema que estamos viviendo. Antes estaba como en mi mundo. Tuve que madurar en dos meses y medio como no lo había hecho antes en mi vida”. 

 

DDHH olvidados | La vida le cambió a la familia Hurtado

@ValeriaPedicini

 

Alessandra Hurtado no conoce a su papá. Sabe quién es por las fotografías que hay en casa o por las publicaciones que diariamente hace su mamá en redes sociales, pero en su memoria no tiene ningún recuerdo del poco tiempo que pasaron juntos. Era solo una bebé cuando ese 24 de octubre de 2017 una cuadrilla de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se lo llevó detenido. 

Hirto Hurtado era trabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la filial de occidente en el cargo de obrero aforador, medidor de tanques. Estaba trabajando en el patio de tanques ULE en Tía Juana, estado Zulia, cuando los efectivos llegaron y apresaron a toda la cuadrilla que se encontraba de guardia. 

Luzmer Pichardo, su esposa, se enteró de lo que ocurría por una llamada telefónica que le permitieron realizar a Hirto antes de que les fueran decomisados los celulares y otros objetos personales. Le pidió que le llevara cuatro mudas de ropa porque le habían notificado que sería trasladado a Caracas por unos cuantos días. Al menos, eso creían. 

Los trasladaron hasta la sede del Dgcim de Boleíta. Luzmer estuvo un mes exacto sin saber de su esposo, cuando le permitieron comunicarse con ella y avisarle que 15 días después empezarían a permitir las visitas. El primer viaje que hizo de Maracaibo a Caracas para verlo fue el 11 de diciembre de ese mismo año. 

Como las visitas estaban programadas para los sábados, Luzmer tomaba el último autobús que salía los viernes en la noche del terminal para viajar por más de 15 horas y llegar a tiempo. A las dos de la tarde comenzaban las visitas. Lo veía solo por dos horas y después se enfrentaba a más horas de carretera para regresar a casa el mismo día. Pedía permiso en el trabajo, cambiaba las guardias con sus compañeras enfermeras y lo que hiciera falta para visitarlo. 

Pero no siempre tenía suerte de verlo. “En muchas oportunidades estando en el lugar haciendo fila para pasar, salía un funcionario a notificar que ese día no había visita. Yo regresaba de inmediato a Maracaibo completamente destrozada por el hecho de no saber de él”. 

Hirto estuvo seis meses en la sede del Dgcim. Luzmer cuenta que fue torturado física y psicológicamente. “Fue amarrado de manos y pies durante cuatro días. Le servían comida de madrugada y lo obligaban a usar como plato el mismo envase en el que hacía sus necesidades”.

Fue por otra llamada telefónica por la que Luzmer se enteró que su esposo sería trasladado al Centro de Formación para el Hombre nuevo Libertador, conocido como Tocuyito, ubicado en el estado Carabobo. 

Permitieron las visitas después de 40 días de esa llamada y Luzmer volvió a montarse en un autobús para trasladarse hasta el penal. Tuvo que hacer una cola de casi tres horas para entrar y que le hicieran la requisa de la comida y productos de higiene personal que le llevaba. 

Pero cuenta que la peor parte fue cuando la revisaron de pies a cabeza. “Me despojaron de absolutamente toda mi ropa dentro de una sola con otras 30 mujeres. Me obligaron a hacer sentadillas, toser, pujar y tocarme el cabello y la boca para demostrar que no ingresaba algo indebido al penal”. Cuando lo vio, se sorprendió: su esposo pesaba 30 kilos menos de cuando se lo habían llevado detenido. Hasta la fecha, ya ha perdido más de 40 kilos.

Hirto Hurtado fue presentado ante tribunales y acusado de asociación para delinquir, peculado doloso y violación a las zonas de seguridad de la nación. “Según fiscalía mi esposo estuvo involucrado en una irregularidad con respecto a la manera como se venía manejando la segregación de la producción para recibir producción de manera ficticia. Se lo llevaron por un supuesto sabotaje a una filial de Pdvsa llamada PetroZamora para la cual mi esposo no trabajaba, no tenía ningún tipo de relación con la filial por la cual lo acusan”.

Es parte de las cifras que registró Foro Penal entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, de detenciones por motivos políticos: 3.479.

Desde su detención, las audiencias preliminares han sido diferidas 27 veces. Han cambiado de juez en tres oportunidades y desde febrero no han programado una nueva fecha. “A finales de octubre se cumplen tres años de su injusta detención y no se ha esclarecido la situación. Todavía no se ha realizado esa audiencia donde ellos pudieran tener derecho a defenderse. Pero el caso se paró, eso quedó totalmente en el olvido”. 

Luzmer tiene miedo. De que le pase algo, que se enferme, que se contagie de coronavirus, que muera detrás de las rejas. “Él tiene las defensas muy bajas y puede contraer cualquier enfermedad. El hacinamiento ha hecho que exista una gran cantidad de personas con tuberculosis. Ahí ellos no tienen medicinas ni un doctor dentro del penal que los atienda”. 

Y tiene razones para preocuparse: de los 538 privados de libertad que fallecieron entre 2017 y 2019, 134 fueron por temas de salud, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La situación de hacinamiento, producto de los  43.992 presos encerrados en lugares con capacidad para albergar poco más de 26.000, es caldo de cultivo para las enfermedades. 

La última vez que lo vio fue en febrero, antes de que las visitas fueran suspendidas en las cárceles venezolanas por la llegada de la Covid-19. “Comenzó la cuarentena radical y mis viajes se anularon por completo”. 

Estuvo tantos días sin tener ninguna información de su esposo, que Luzmer tomó una decisión desesperada: caminaría desde Maracaibo hasta Valencia para saber de él. Publicó su determinación por redes sociales y obtuvo resultados: a los días recibió una llamada telefónica de Hirto.

Cuando a finales de agosto se anunció que el Gobierno liberaría a algunos presos políticos, Luzmer rogaba para que también nombraran a su esposo. “Al momento de escuchar la cadena, pedí mucho para que él y sus compañeros estuvieran dentro de la lista”. 

Luzmer quiere que padre e hija se conozcan. Al principio era muy pequeña para permitirle la entrada y cuando cumplió la edad permitida, llegó la cuarentena. “No pude llevarla a que compartiera con su papá”. En ninguna de las visitas que le han dejado a hacer ha podido llevar una fotografía de la pequeña. “Tampoco ha podido ver su crecimiento”. 

“Ha sido la peor y más desagradable experiencia que hemos podido vivir como familia”. Luzmer tuvo que dejar de trabajar como enfermera y empezar a hacerlo por su cuenta vendiendo comida porque no tenía quién le hiciera la suplencia en la clínica para las visitas programadas para los miércoles en Tocuyito. 

Aunque muchas cosas han cambiado y no pase un día en el que Luzmer desee tenerlo de vuelta en casa, ella tiene esperanza de que será más pronto que tarde. “Yo espero y confío en Dios que en cualquier momento quede libre, lo dejen salir de ese lugar y lo dejen regresar con nosotros aquí porque a mi hija le hace mucha falta su papá. Él no tiene nada que hacer en ese lugar”. 

DDHH olvidados | “Lo único que espero es justicia”

@ValeriaPedicini

 

Carmen González de Garbi sabe cuánto tiempo ha pasado: 5 años, 3 meses y 22 días. Lo dice con exactitud porque lleva la suma de los días que han pasado desde que efectivos de seguridad del Estado entraron a su vivienda en Valencia para llevarse detenido a su hijo Antonio José de Garbi. 

Ambos se encontraban en casa ese 3 de junio de 2015. Un vecino que nunca les había tocado la puerta, aquel día lo hizo alrededor de las 3 de la tarde. “Señora Carmen, por favor abra que tengo que hablar con usted”. Aunque la petición le pareció extraña, ella abrió la puerta y se llevó una desagradable sorpresa cuando vio lo que había al otro lado del umbral: motos, camionetas y una gran cantidad de funcionarios de distintos cuerpos policiales. Se asustó. “Vino un gentío impresionante, como si estuvieran haciendo un operativo para un alto criminal. Fue horroroso”.

Entraron sin dar muchas explicaciones, la suficiente para dejar clara su intención: estaban ahí por Antonio. “¡Hijo! Te busca una comisión del CICPC”, expresó su madre dirigiéndose a su cuarto que estaba cerrado. Carmen pidió varias veces que no tumbaran la puerta, que esperaran a que su hijo abriera, que seguro lo haría en cualquier momento. Pero de una sola patada uno de los funcionarios derribó y destrozó la puerta. 

Detuvieron al joven de 24 años y registraron cada rincón de su habitación. Sin considerar ni un segundo dejar a su hijo solo, Carmen se vistió rápido y “ocurrió el milagro” de que la dejaran montar en uno de los vehículos policiales. 

 

A Antonio de Garbi lo acusan por el presunto homicidio del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Bracho, ocurrida en la urbanización El Trigal, estado Carabobo, durante las protestas antigubernamentales del 12 de marzo de 2014. En ese momento trabajaba por su cuenta para pagar sus estudios en la Universidad José Antonio Páez, donde cursaba los últimos semestres de publicidad y mercadeo.

Daño físico y mental

A Antonio lo llevaron a una comandancia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Ahí estuvo casi un año encerrado en condiciones precarias. 

Carmen lo visitaba todos los días para llevarle las tres comidas porque no les garantizaban la alimentación. A veces se las hacían llegar, a veces no, a veces le mandaban a vaciar la comida en bolsas plásticas para dárselas así. “Sí había oportunidad de verlo, pero en una situación incómoda y degradante. “A los detenidos los sacaban esposados, los sentaban en una silla amarrados unos con otros y los familiares se paraban frente a ellos. Esa era la visita que no duraba ni 15 minutos”. 

En la celda donde estaba no cabía ni una persona más. Su madre le pudo hacer pasar un chinchorro y Antonio lo logró colgar pegado al techo. Así pudo dormir, lejos de las ratas y cucarachas que paseaban en el suelo por las noches. 

Su siguiente destino fue el Internado Judicial de Carabobo, conocida como la cárcel de Tocuyito. 

Desde su traslado, Carmen solo lo puede visitar una vez al mes. Sin carro, porque se le dañó y no lo ha podido reparar, debe pedir la cola al penal a amigos y conocidos. Llegaba desde temprano a hacer la cola, pasar la “inhumana y desagradable” requisa y se quedaba con él hasta las tres de la tarde, cuando se terminaban las visitas. 

 

La última vez que lo vio fue el 8 de marzo de este año, días antes de que anunciaran los primeros casos de coronavirus en el país y decidieran restringir las visitas de los familiares en las cárceles venezolanas para evitar la propagación del contagio. 

Durante sus largos años de detención, el joven ha tenido que lidiar con hepatitis, escabiosis y un broncoespasmo pulmonar que lo convierte en población de riesgo para la Covid-19. “Yo vivo ahorita un pánico pidiéndole a Dios que mi hijo no se enferme”, cuenta la mujer de 68 años. 

Cuando la tiene enfrente, Antonio siempre le pregunta lo mismo: hasta cuándo va a estar tras las rejas. “No se ha dejado decaer pero le pegan muchísimo todo lo que ha pasado. Se pregunta por qué a él si es inocente. Dice que no aguanta más estar en esa situación. Está con una depresión y ansiedad demasiado grande y ha tenido pensamientos duros”. 

Congelado en el tiempo

El caso de Antonio Garbi está estancado. Le imputaron homicidio intencional calificado, homicidio intencional en grado de frustración, instigación pública y asociación para delinquir. Hasta la fecha, no ha habido juicio y sus audiencias han sido diferidas múltiples veces porque los fiscales del ministerio público no asisten. Sus defensores y familiares aseguran que el joven no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos. Ese día solo había salido a protestar, como otros cientos de venezolanos. 

“Su expediente está muy mal armado y hay muchas irregularidades. Ha sido una calumnia tras otra, no hay ninguna prueba que lo inculpe. Lees el expediente y grita ‘inocente’ en cada página”. 

La población carcelaria en Venezuela es de 43.992, según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Aunque el número disminuyó, el hacinamiento continúa. Pero el retardo procesal es otro de los fenómenos que ponen en evidencia las fallas en el sistema de justicia venezolano: 61 % de los privados de libertad todavía están bajo un proceso penal no concluido. 

Ese número llegó a 100 desde que en los tribunales penales venezolanos no se están realizando audiencias por los decretos de estados de alarma, en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

A finales de 2019, su defensa introdujo un avocamiento a la Fiscalía pero hasta el momento no han recibido una respuesta. “Todo está cerrado y no se puede hacer nada, hay que esperar a que los tribunales empiecen a trabajar. Por la pandemia todo se ha alargado de una manera insoportable”, dice Carmen.

 

Las organizaciones Acceso a la justicia y el OVP ven con preocupación los decretos de estado de alarma porque pueden ser una excusa para que el Estado no garantice el acceso a los órganos de justicia, debido proceso y la libertad personal. “Las autoridades nacionales han fallado a la hora de tomar dichas medidas sin afectar a otros derechos fundamentales”. 

El Foro Penal Venezolano registró, entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 fueron selectivas y el resto se desarrollaron en el contexto de protestas. 

Carmen describe la detención de su hijo como “una tragedia, una injusticia, un desgaste borroso”. “Lo detuvieron casi año y medio después de lo sucedido. No hay ninguna prueba que lo incrimine en nada. Es un chivo expiatorio, a toda costa tiene que haber un culpable y no importa quién. Él pagando una cárcel injusta siendo inocente, acusado de un homicidio que no cometió. La está pasando muy mal sin tener por qué. ¿Por estar protestando? Eso es un derecho”. 

A pesar de todas las trabas, ha acudido a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar el caso de su hijo. “He ido a todos los que me han querido colaborar en que se haga justicia, que a mi hijo lo liberen y busquen al verdadero culpable porque el verdadero culpable está suelto todavía”.

Han pasado 5 años, 3 meses y 22 días y Carmen siente que su hijo durante el encierro su hijo está perdiendo su juventud, sus sueños y todos sus deseos de avanzar. “Yo le pido a Dios que meta la mano, que haga algo por mi hijo. Es muy triste la situación pero hay que tener fortaleza y fe, no hay que perderla. Lo único que yo espero es justicia”. 

DDHH olvidados | Geraldine Chacón: “No soy completamente libre”

@ValeriaPedicini

 

Llegaron de madrugada. Eran aproximadamente las dos de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando tocaron con fuerza la puerta de la casa de Geraldine Chacón. La joven pensó que se trataba de un secuestro cuando vio afuera de su hogar a unos cuantos hombres vestidos de negro de pies a cabeza, pasamontañas y armas largas. Pero todo quedó claro al ver el logo que llevaban los encapuchados en la ropa: el del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Contrario a lo que se podría pensar de una escena así, un funcionario preguntó amablemente por ella y pidió entrar a la vivienda. Como pensó que no tenía nada que esconder, los dejó pasar. Se pasearon por cada rincón del apartamento y tomaron fotos de todas partes, hasta del baño. 

Los efectivos del Sebin le dijeron que necesitaban entrevistarla pero no podía ser ahí, debía irse con ellos. Esa era la orden. “Nos tomará máximo tres o cuatro horas, te traemos de vuelta al culminar”. No mostraron orden de allanamiento ni detención. Geraldine tampoco se molestó en preguntar porque sabía que no tenían. Así que, sin muchas opciones, se vistió, agarró su celular y las llaves de su casa. Intentó calmar a su madre antes de salir: “Quédate tranquila, yo vengo ahorita”. 

La llevaron a El Helicoide, en el centro de Caracas. Al llegar, le quitaron el chip de su teléfono justificándolo como parte de un protocolo de rutina para entrar al sitio. Tomaron sus huellas dactilares y unas fotografías con un cartel que tenía su número de cédula. Funcionarios de distintos rangos le cayeron a preguntas: “¿Eres directora en Embajadores Comunitarios? ¿Conoces a los otros directores? ¿Dónde están? ¿Conoces a Víctor Navarro? ¿Qué hacen en la organización? ¿Quiénes son los donantes?”. La grabaron mientras la interrogaban. 

También le preguntaron por su afiliación política. Ella, irritada, respondió: “Si te sirve no pertenezco a ningún partido político, a ningún movimiento político, no soy activista política de ninguna naturaleza, ni siquiera del centro de estudiantes de la universidad”. Y era la verdad.

En ese momento, Geraldine estudiaba Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana y trabajaba en el Banco Central de Venezuela como asesora legal. Además, dedicaba más de 50 horas a la semana a su trabajo como Directora de Programas de la Fundación Embajadores Comunitarios, una organización no gubernamental educativa que trabajaba en el empoderamiento de jóvenes de zonas populares de Caracas usando el Modelo de las Naciones Unidas (MUN). Empezó ahí para cumplir el servicio comunitario obligatorio de su casa de estudios, pero terminó enamorada del proyecto y se quedó para formar parte del tren directivo. 

Horas antes de su detención, durante el día, había recibido tres noticias: habían apresado a un joven que formaba parte de Embajadores Comunitarios llamado Víctor Navarro, una comisión del Sebin se encontraba en la sede de la organización y que el director general Gregory Hinds había decidido ir voluntariamente a El Helicoide porque efectivos de la policía política le querían hacer preguntas. 

Había intentado comunicarse con él, pero no había tenido suerte. No sabía que horas después le tocaría a ella. 

A Geraldine la llevaron a una pequeña oficina. No tenía forma de saber la hora porque no había ni una pequeña rendija por donde pasara luz natural. Ahí estuvo casi dos días encerrada. Lloraba, gritaba, pegaba el oído a la puerta para ver qué lograba escuchar. Pero nadie hablaba con ella. Se sentía indignada, furiosa, asustada, desesperada. “Pasé por todo el espectro de emociones humanas en menos de 48 horas”.

Una doctora le hizo un chequeo médico básico. Al finalizar, le entregó un informe que pidió que firmara pero Geraldine se negó: en el lugar destinado para su firma decía “detenida”. Quedó atónita hasta que llegó un comisario del Sebin y le soltó un montón de preguntas. Él solo le contestó: “Lo que pasa es que tú estás privada de libertad”. Sin dar mayor explicación ni una razón. 

El funcionario le pidió firmar un papel titulado “Derechos del imputado” aun cuando le había sido violentados todos ellos: fue detenida sin orden judicial, no sabe de qué la acusan, está aislada, sin contacto con familiares o abogados, le han quitado sus pertenencias. De nuevo, Geraldine se negó.

Al día siguiente fue trasladada a los tribunales del Palacio de Justicia junto a su compañero Gregory Hinds para la presentación. En el camino hablaron poco, ambos tenían miedo. La audiencia fue pospuesta, pero Geraldine pudo abrazar por poco tiempo a su familia sin saber que pasarían muchos meses para volverlo a hacer.

La desesperación de una injusta detención

A Geraldine la recluyeron en la única celda de mujeres de El Helicoide. En esos 40 metros cuadrados había 26 detenidas, menos de dos metros cuadrados por reclusa. La mayoría estaban acusadas de delitos comunes. “Había de todo. Solo una estaba cumpliendo condena. Las demás eran procesadas. Fue una realidad desgarradora para mí, mujeres que tenían más de cuatro años sin ir al tribunal luego de su primera presentación”.

El desafío más grande de vivir en ese hacinamiento fue la falta de agua porque casi nunca llegaba a la celda de las mujeres. Eso iba por cuenta de los familiares, quienes se encargaban de enviarles semanalmente. Por esa razón el sitio estaba lleno de tobos, envases y botellas por todos lados. 

Moverse por las instalaciones con pocas restricciones era un privilegio reservado solo para los hombres. Sus captores les decían que tenerlas encerradas las protegía de eventuales asaltos sexuales. “El desprecio a la dignidad de la mujer era terrible, era pisoteada una y otra vez tanto por los funcionarios como por los presos, la violencia verbal y psicológica era impresionante”. Aunque no fue maltratada físicamente, escuchaba las golpizas que les propinaban a otras mujeres de su celda.

Geraldine sentía que su vida se había detenido. El aislamiento era desesperante. Pero entre las cosas que empezó a recibir de su familia, había algo muy valioso que pasó a significar todo para ella: las cartas. En medio de tanto caos, la ayudaban a sentirse menos desamparada. “Esas cartas eran mi esperanza de que no iba a desaparecer sin que alguien lo supiera, porque mi familia estaba afuera esperando, preguntando todos los días por mí, cada cinco minutos”.

Geraldine Chacón fue acusada de instigación pública y agavillamiento. Su familia, que se encargó de manejar el caso, fue asesorada por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional que la declaró presa de conciencia. A los dos meses de detención, le otorgaron una medida cautelar sustitutiva de libertad y ordenaron su liberación inmediata. Pero eso no sirvió de mucho: el Sebin hizo la vista gorda y pasó dos meses más en El Helicoide. 

En mayo, ocurrió lo impensable: presos políticos y comunes tomaron el control de las instalaciones para exigir revisión de sus casos y la liberación de aquellos con boleta de excarcelación. Y aunque el motín fue controlado, los detenidos tuvieron miedo de las represalias.

Pero Geraldine fue por más: junto a sus compañeras decide hacer una huelga de hambre. Las amenazaron, trataron de dividirlas, enviaron un autobús para trasladarlas al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) como último recurso de amedrentamiento. 

Cuando las obligaron a ponerse el uniforme de este centro penitenciario, Geraldine sufrió un ataque de pánico y se niega. Los efectivos, sin embargo, se lo ponen a la fuerza. Y aunque las demás abandonaron la huelga, ella siguió. 

La aislaron. Estuvo alrededor de una semana en una oficina, acostada en una camilla, sintiéndose débil. Cada día le tomaban fotos con los platos de comida que rechazaba y un cartel con fecha y hora.

El 1 de junio le dijeron lo que tanto había querido escuchar. “Hoy te vas de aquí, come”. No les creyó, pero decidió hacerlo. La montaron en un autobús que la llevó hasta el centro de Caracas. Le cuesta ver: era la primera vez que veía directamente al sol después de cuatro meses. 

En la Casa Amarilla, sede de la cancillería, se encuentra con otros presos políticos. Les explican que serían liberados por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Fueron obligados a firmar una declaración relacionada con su compromiso a la no participación en hechos violentos. Nadie se niega, ni siquiera Geraldine. No había otra opción. 

Libertad a medias

El Foro Penal Venezolano registró, entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 fueron selectivas y el resto se desarrollaron en el contexto de protestas. 

El caso de Geraldine Chacón fue mencionado por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas en su informe publicado el pasado 15 de septiembre. En el mismo se documenta la situación de derechos humanos en Venezuela y de todo el panorama general relacionado a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en la nación desde el año 2014.

“La Misión investigó 33 casos (donde las víctimas fueron 21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró fundamentos razonables para creer que el SEBIN arrestó, detuvo y / o torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos”. Además, aseguraron haber encontrados “motivos razonables para creer que agentes del Sebin torturaron o sometieron a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Y registraron que en varios casos investigados, funcionarios de la policía política no cumplieron con la liberación de los tenidos a pesar de las órdenes judiciales que aprobaban dicha liberación, como fue el caso de Geraldine. 

En el documento se analizó detalladamente el caso de la joven, un testimonio que ayuda a comprender las graves violaciones a los derechos humanos contra las mujeres durante su detención. La Misión de la ONU señaló que según los relatos recibidos por Geraldine, la práctica más común de tortura “consistía en colgar a las mujeres de las manos, vendarles los ojos y golpearlas por todo el cuerpo, mientras las llamaban ‘perras’ y otros insultos. Otras recibían choques eléctricos. La Sra. Chacón sabía que al menos una mujer intentó suicidarse en El Helicoide (…) Algunos funcionarios se dedicaban a lo que describían como relaciones con las detenidas a cambio de privilegios”. 

A pesar de haber sido puesta en libertad, Geraldine debe presentarse mensualmente ante el tribunal que lleva su caso como parte de la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad que aún pesa sobre ella y no puede salir del país. Hasta la fecha, sigue esperando su audiencia preliminar y el fiscal aún no ha presentado la acusación formal, en violación del plazo establecido por la ley, según explicó la Misión de la ONU.

“Me gustaría decir que con esa Geraldine se fue el miedo pero no puedo decirlo, la verdad. Yo no soy completamente libre, me siento vigilada. Tengo miedo de que me vuelvan a detener porque además es un expediente que no se ha cerrado, es un caso que pueden resucitar. Yo amaba los aeropuertos, amaba viajar, ahora no puedo acercarme a uno de ellos porque tengo pesadillas recurrentes de que me van a detener”. 

Tras lo ocurrido, también tuvo que afrontar el duelo que significó el desmantelamiento de Embajadores Comunitarios. Muchos miembros de la organización huyeron del país. “¿Qué hizo el Estado? Cerró muchas oportunidades, les tiró la puerta en la cara a todos estos muchachos en condiciones de pobreza y exclusión. En dos días acabó con una organización con más de 10 años de trabajo. No solo me da rabia, me da dolor ¿Cómo es posible esta brutalidad?”.


N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace

Geraldine Chacón Geraldine Chacón Geraldine Chacón Geraldine Chacón Geraldine Chacón

DDHH olvidados | “Tu muerte no va a ser en vano”

 

La muerte de Miguel Fernando Castillo Bracho fue instantánea. Después de ser herido, alrededor de las 2:30 p. m. del miércoles 10 de mayo de 2017, unos compañeros lo trasladaron en moto a la Policlínica Las Mercedes pero llegó al sitio sin signos vitales. 

Una radiografía que le hicieron a su cuerpo sin vida apenas fue ingresado reveló la causa: una esfera de cristal había entrado y salido por su brazo izquierdo para después perforarle el pulmón y alojarse en su corazón. 

La primera de la familia en llegar al centro de salud fue su hermana Luisa. El extraño malestar que la había acompañado durante el día tuvo sentido cuando supo que a Miguel lo habían lastimado. 

Cinco minutos después, la segunda en pisar la clínica fue Carmen Bracho, la madre de ambos. Era directora de recursos humanos de la Policía de Baruta y para el momento tenía acceso a un radio en el que comunicaban información de las protestas callejeras en Caracas. Había escuchado que habían herido a un joven, pero por su cabeza nunca alcanzó a imaginar que se trataba del menor de sus tres hijos.

Los médicos la estaban esperando. “Miguel no aguantó”, le dijeron. Carmen se derrumbó. Y Luisa, que estaba viendo todo a través de unos ventanales de la clínica, comprendió lo que había pasado: su hermano se había ido.  

Todo cambió. 

Miguel era efusivo, bromista, inquieto. Su torbellina presencia acostumbraba a retumbar con fuerza y ternura en cada rincón de la casa que compartía con su madre, su abuela y su hermana por quienes desarrolló un instinto protector. “Amaba la vida, amaba vivir”. Pero donde antes había alboroto y risas, desde ese día de mayo solo reina un silencio desgarrador. 

Luisa sintió que le quitaron el piso mientras caminaba. Atravesar el duelo de su hermano al que consideraba “gemelo de alma” no ha sido tarea sencilla. 

En ocasiones siente que lo ocurrido es una película de terror y que en cualquier momento su hermano entrará por la puerta. Pero ha logrado mantener el vínculo de una forma particular: los sueños. “Deja la lloradera que estoy bien”, le dijo la primera vez que lo vio mientras dormía. “Eso me ha ayudado muchísimo porque siento que a través de los sueños él me ha llevado por un camino de recuperación. Me ha fortalecido y me ha permitido seguir”. Cada semana sueña al menos una vez con él. 

Los primeros días después de su muerte, Carmen solo lloraba. Le costaba pronunciar palabra. Le atormentaba el hecho de que su hijo hubiera sufrido. Asistió a muchos de los homenajes que hicieron en su nombre. La Universidad Santa María, donde el joven de 27 años estudiaba Comunicación Social, le concedieron la orden en la primera clase de dicha casa de estudios. 

También se destacó como un gran deportista. “Jugaba fútbol, baloncesto, todo lo que tuviera una pelota de por medio”. Pero lo suyo era el béisbol, donde jugaba la posición de campocorto. En una oportunidad lo evaluaron para ser incorporado a las ligas menores norteamericanas. 

Miguel se fue sin cumplir sus sueños. Entre ellos estaba combinar sus dos grandes pasiones: quería estudiar una especialización en periodismo deportivo en Argentina. Su madre lo piensa y se lamenta. “¿Cómo es posible que un muchacho tan joven, tan lleno de vida, lo maten así?”.

El camino de la impunidad

Desde que se enteró que su hijo había fallecido, Carmen le pidió a Dios que no dejara que el odio entrara en su corazón: “Así no puedo resolver nada”. Una petición que sería más que necesaria porque el camino para encontrar justicia por la muerte de su hijo ha sido largo y escabroso. 

Al regresar a casa de la funeraria, Carmen vio cómo en televisión nacional pasaban una versión oficial de la muerte de su hijo ocurrido hace pocas horas en el programa “Con el mazo dando”. La misma tesis fue respaldada por otros representantes del gobierno y por Nicolás Maduro, quien mostró en cadena la supuesta esfera de plomo que había servido como munición.

La versión del gobierno era que a Miguel Castillo lo habían asesinado sus propios compañeros de protesta, porque la metra había sido disparada a pocos metros de distancia de donde él se encontraba. A pesar de los múltiples videos y testimonios que servían de pruebas, aseguraron que en el sitio no había funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El mismo día de su muerte, varios manifestantes recogieron cartuchos de perdigones que habían sido alterados para aumentar su letalidad.

Esto fue documentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). “Las fuerzas de seguridad emplearon armas de fuego con municiones más dañinas, tales como perdigones, metras y piezas de varilla metálica”. Registraron la muerte de al menos 14 manifestantes que fueron impactados con este tipo de municiones durante las protestas antigubernamentales de 2017.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala. 

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

Carmen vive con la necesidad de que el culpable de la muerte de su hijo sea identificado. Aunque un fiscal del Ministerio Público se acercó al lugar donde falleció Miguel y se hicieron las diligencias de rigor, hasta la fecha no se sabe nada. El caso aún se encuentra en etapa de investigación y el organismo no ha dictado acto conclusivo.

“Esto realmente es muy duro, sobre todo porque tú no ves por ningún lado que se haga justicia porque lo del Miguel está totalmente trancado”, expresa. Las mentiras del discurso oficial en torno a la muerte de su hijo la han lastimado profundamente.

Vive atormentada por una sed de justicia que más de tres años después no llega. Pero ella le hizo una promesa a Miguel: “Papi, yo me muero el día que consiga justicia por esto, porque tu muerte no va a ser en vano”.

DDHH olvidados | Un corazón que volvió a latir
Cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2017, Óscar se unía a las manifestaciones para mostrar su descontento
La oficina de Acnudh señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos en dichas protestas

Carmen Ruiz estaba en su casa en Puerto La Cruz cuando un amigo le escribió por Facebook para preguntarle si conocía a un joven que tenía agregado entre sus contactos. “Él es mi hijo”, le contestó. El siguiente mensaje que recibió le heló la sangre: “Está herido”. 

La angustia la invadió. Quería salir corriendo, pero no encontró ningún transporte que la pudiera llevar a la capital. Estaba desesperada, pero no tenía otra opción. Tuvo que esperar al día siguiente mientras miles de preguntas revoloteaban en su mente porque nadie le explicaba la gravedad de lo sucedido ni el estado de su hijo.

En una calle de Altamira, en medio de una protesta antigubernamental en Caracas, el corazón de Óscar Navarrete había dejado de latir. Una bomba lacrimógena impactó en el lado izquierdo de su pecho y le provocó un paro cardiorrespiratorio. El 18 de mayo de 2017, el joven estuvo sin signos vitales por 40 minutos. 

La gente que tenía alrededor lo montó en una moto y fue trasladado a una clínica cercana en el este de la ciudad. Los médicos le practicaron reanimaciones pero no respondió ni al primero, ni al segundo, ni al tercer intento. “Ellos acostumbran a hacer tres reanimaciones, pero a él le practicaron cuatro”, cuenta su madre. Cuando ya no había muchas posibilidades de que reaccionara, Óscar lo hizo. 

El muchacho quedó en estado de coma. Pasó unos cuantos días en terapia intensiva y cuando lo movieron a una habitación tras mostrar una pequeña mejoría, un segundo paro cardíaco hizo que estuviera otros 25 minutos sin signos vitales. Hicieron las segundas maniobras de reanimaciones para regresarle el aliento.

Los doctores fueron directos con el diagnóstico: “Tu hijo va a quedar en estado vegetal”. Con todos los pronósticos en contra, Carmen se negaba a aceptar la idea de que ya no había más nada que hacer por él. Tampoco hizo caso de la sugerencia de desconectarlo de las máquinas. Ella pensaba que si Dios le había dado una segunda oportunidad a Óscar, más nadie le podía arrebatar la vida de esa manera.

En esas condiciones fueron trasladados a un centro de rehabilitación de un hospital público para iniciar con las terapias para recuperar la movilidad. Carmen cambió las paredes de su habitación por las del centro de salud. No se separaba de su hijo, a quien atendía y cuidaba a tiempo completo con paciencia y amor. 

Óscar fue reaccionando poco a poco al tratamiento fisiátrico. Al inicio estuvo con la mirada perdida, sin moverse, sin reaccionar a las terapias. Le pusieron un gastrostomo y un trasqueostomo porque no podía comer ni respirar por sí mismo. No caminaba y tampoco hablaba. 

La primera señal de su recuperación fue cuando su mirada tuvo intención. Empezó a buscar a la gente y a seguirles el paso con los ojos. Carmen vio la diferencia en su hijo y lo supo: Óscar estaba saliendo del estado vegetativo.

Volver a nacer

Óscar Navarrete se había mudado a Guarenas con sus abuelos en búsqueda de mejores oportunidades educativas y laborales. Tenía 18 años y estudiaba el último año de bachillerato. Cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2017, él se unía a las manifestaciones para mostrar su descontento. A veces iba con algunos miembros de su familia, a veces solo. 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 6.729 manifestaciones entre abril y julio de 2017 en todo el territorio nacional. Es decir, 56 protestas diarias. 

El 18 de mayo, en una actividad llamada “marcha contra la represión”, Óscar vio a la cara el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado cuando una bomba lacrimógena disparada a quemarropa, a menos de 10 metros de distancia, le golpeó el pecho. Manifestantes y paramédicos le contaron a Carmen que el responsable había sido un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

El joven es parte de los 4.000 heridos en las protestas de 2017, estimación realizada por la organización Foro Penal Venezolano. En un informe señalaron que el impactar con bombas lacrimógenas directamente hacia el cuerpo de la gente representa una “conducta de represión sistemática y agresiva” que poco tiene que ver con la intención de dispersar manifestantes, “sino más bien de causarles heridas y contusiones de gravedad”. 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos en dichas protestas, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios que fue generalizado y siguiendo un patrón común. 

“Desde que comenzaron las protestas, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso desproporcionado de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin antes agotar el recurso a otros medios menos dañinos, tales como el diálogo o el uso de barreras para separar a las personas que participaban en las protestas”, reza el informe publicado en 2017. Señalaron que la GNB empleó el grado de violencia más alto contra manifestantes. 

Según cálculos de médicos registrados en el informe de Acnudh, entre 10.000 y 12.000 personas pudieron haber sido lesionadas en los primeros 100 días de protestas. 

Mientras estaban en la clínica, durante los primeros días después de lo ocurrido, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se acercó al sitio en busca de Óscar para llevárselo preso. “Ellos creían que mi hijo estaba mejor”. Lo querían imputar por agravio a la propiedad del Estado. Carmen hizo la denuncia en el Ministerio Público, pero hasta la fecha no han recibido respuestas ni han sido identificados los culpables.

Desde ese día de mayo de 2017, la vida de Óscar no volvió a hacer la misma. No pudo continuar con sus estudios, su sueño de estudiar criminología para parecerse a los personajes policiacas de sus series de televisión quedó suspendido.

Una vez superado el diagnóstico del estado vegetal, el joven tuvo que aprender todo otra vez desde cero: caminar, comer, hablar, escribir. Por culpa de un edema cerebral tras pasar tantos minutos sin signos vitales, tampoco recuerda lo que pasó hace tres años cuando salió a protestar y cayó herido. Ha recuperado algunos recuerdos, pero hay muchos momentos que siguen en blanco. Todavía se le complica registrar nuevas memorias a corto plazo: si hace algo, es probable que se le olvide al poco tiempo. 

El camino de la recuperación no ha sido fácil. Los pasos que ha dado han sido poco a poco, pero no han sido suficientes. La lucha ha sido a largo plazo.

Al año de estar en el centro de rehabilitación, fueron desalojados. El director del hospital se había enterado que un joven de las protestas estaba en el sitio. La orden fue recoger sus pertenencias y salir de ahí, sin haber recibido el alta médica y sin haber completado sus terapias. “Nos corrieron como unos perros”. Pasaron un tiempo en Guarenas, hasta que regresaron a su hogar en el estado Anzoátegui.

A partir de ahí, el proceso de mejoría se hizo más cuesta arriba. Carmen no cuenta con los recursos económicos para costear tratamientos, pastillas, inyecciones, exámenes, consultas, rehabilitaciones. Incluso para trasladarse hasta Caracas para sus terapias. Muchas veces, pide donaciones o colaboraciones para cubrir los gastos de Óscar, aunque en ocasiones puede pasar tiempo sin tomar un medicamento o hacer un ejercicio.

Y aunque ha avanzado, tres años después su recuperación no ha terminado. Hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Carmen no deja de luchar ni un minuto por el bienestar de su hijo y no pierde la esperanza de que se haga justicia.