Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

AN se comprometió a solicitar cambio de nombre para personas trans luego de protesta de activistas LGBTIQ+
Activistas LGBTIQ+ se reunieron con la directiva de la Asamblea Nacional electa en 2020, de mayoría chavista, tras más de una semana encadenados en la plaza Morelos exigiendo el reconocimiento de derechos para la comunidad 
Se tiene previsto que los diputados del Parlamento se reunan el próximo miércoles 7 de diciembre con el CNE para iniciar el proceso de cambio de nombre para las personas trans, como lo establece el Registro Civil en su artículo 146

@ValeriaPedicini

8 noches y 9 días. Ese fue el tiempo que activistas por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ estuvieron encadenados frente a la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos en el centro de Caracas. Los cuatro activistas prometieron no irse del lugar hasta que funcionarios del Estado escucharán sus exigencias y ocurriera algún cambio para la comunidad. 

Koddy Campos, Paúl Martucci y Johán Chavarría decidieron iniciar una protesta contundente pero pacífica el lunes 21 de noviembre para exigir que los derechos LGBTIQ+ sean reconocidos en Venezuela. A los días, Jorge Moreno de 19 años se sumó al grupo.

No fue una protesta que nació de la noche a la mañana. Explican que llevan años de reclamos y lucha porque en Venezuela los derechos humanos no están garantizados para la población LGBTIQ+.

 

«Como movimiento sentimos que hemos agotado la vía administrativa y la vía judicial. Hemos estado pidiendo respuestas a una serie de demandas que tenemos y ninguna de las instituciones nos ha querido responder. Acudimos a la Defensoría del Pueblo porque ella sirve como ente mediador ante las instituciones que deben garantizar derechos humanos», explicó el activista Koddy Campos a Runrun.es.

Las personas trans no pueden cambiarse el nombre en Venezuela, a pesar de que existe el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil desde 2009 que debería permitirlo. La homosexualidad en los cuarteles es criminalizada y penalizada con hasta tres años de prisión, según reza el Código de Justicia Militar en su artículo 565. Las parejas del mismo sexo no tienen ninguna protección jurídica o institucional en Venezuela, aunque se ha intentado por más de ocho años que la Asamblea Nacional apruebe la unión civil igualitaria.

Ni la Constitución ni las leyes ni las protestas han podido cambiar esa realidad. Es por eso que Koddy, Paúl, Johán y Jorge decidieron encadenarse: para que las exigencias de la comunidad LGBTIQ+ no se quedaran en el papel por más tiempo.

Este martes 29 de noviembre decidieron levantar la protesta y marchar hasta la Asamblea Nacional luego de acordar una reunión con la directiva del Poder Legislativo, de mayoría chavista, en el que se habló de un compromiso para hacer cumplir estas exigencias.

Los activistas que estuvieron encadenados, acompañados de otros miembros de la comunidad LGBTIQ+, caminaron desde la plaza Morelos hasta la esquina de La Ceiba en la avenida Universidad cantando distintas consignas.

 

Luego de cantar el himno nacional frente a la AN y quitarse las cadenas que llevaron por más de una semana, los activistas fueron recibidos por la primera vicepresidenta Iris Varela, y los diputados Asia Villegas y Pedro Infante, presidentes de las comisiones permanentes de Familia y Desarrollo Social, electos en 2020.

Según explicó Richelle Briceño a Runrun.es, Varela señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no debe interpretar la ley que contempla el cambio de nombre para las personas trans, sino que debe aplicar la norma. Por esta razón, se comprometieron a solicitar al CNE que permita y apruebe el cambio legal de nombre a personas trans. 

«Ellos van a solicitar una reunión con los rectores del CNE para pedir los motivos por los cuales no se ha aplicado y que después de esa reunión se plantee un primer grupo de 10 personas para establecer el procedimiento administrativo correspondiente en el caso de la rectificación de partida para el cambio de nombre en personas trans», señaló la activista.

Se espera que los diputados de la AN se reunan el próximo miércoles 7 de diciembre con la directiva del CNE, y además se reciba a un primer grupo de 10 personas trans para iniciar estos procedimientos. «No es solo para las 10 personas, es para todas las personas trans e incluso para las personas no binarias», precisó. 

Aunque no existe un compromiso escrito, Briceño afirma que de no cumplir lo acordado, reactivarán el encadenamiento.

 

DDHH olvidados | Los goles que dejó de parar Luis Guillermo Espinoza
Luis Guillermo Espinoza fue herido de bala el 5 de junio de 2017 cuando funcionarios adscritos a la GNB reprimían una protesta en San Diego. El muchacho solo tenía 15 años
Luis Guillermo salía de una práctica de fútbol cuando se encontró de pronto en medio de la represión. Él corrió, pero se tropezó, cayó y un funcionario le disparó en la parte derecha de su rostro

 

Luis Guillermo Espinoza soñaba con ser futbolista profesional. No por nada sus amigos que compartieron con él su pasión por el balompié por más de ocho años lo llamaban “Totti”, como el conocido jugador italiano Francesco Totti. 

Desde muy temprana edad mostró su gusto por el fútbol. Ya a los cinco años se paraba en medio de los arcos de la portería para impedir que el equipo contrario hiciera gol. No mientras estuviera ahí cuidando el marcador. Su equipo confiaba en él. 

Su futuro era prometedor, pero nadie podrá saber nunca en qué se hubiera convertido: el 5 de junio de 2017 fue herido de bala cuando funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezaron a reprimir la manifestación antigubernamental.

El árbitro en la vida de Luis Guillermo Espinoza sonó el silbato para siempre. El muchacho solo tenía 15 años.

Ese día la oposición había convocado a una protesta  en el sector Los Tulipanes en San Diego, estado Carabobo. Cerca del colegio de Luis Guillermo. Su madre había llamado al Colegio Buen Pastor, donde el joven estudiaba cuarto año de bachillerato, para verificar si habría clases. Le respondieron que sí y entonces le dejó dinero suficiente a su hijo para que tomara el autobús. Ella se fue a trabajar.

En horas de la tarde, Luis Guillermo salía de una práctica de fútbol cuando se encontró de pronto en medio de la represión. Él corrió, pero se tropezó, cayó y un funcionario le disparó en la parte derecha de su rostro.

“Totti” fue trasladado de emergencia para la clínica Los Arales, de allí lo llevaron hasta el centro clínico Valle de San Diego, después a la Policlínica la Viña y por último a la CHET. Ahí fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia. 

Zulmith estaba de regreso a su casa, al sur de Valencia, cuando su hermano la encontró y le dijo que se montara en el carro porque su hijo estaba en el hospital. No le dio más detalles. 

Al principio pensó que se trataba de una lesión durante la práctica de fútbol, hasta que le dijeron que fue herido en una manifestación. «Igual yo nunca imaginé que era tan grave, sino que tenía algunas heridas de perdigones en las piernas, quizá».

Pero era mucho más serio. En la tomografía que le practicaron los doctores se evidenció que había sufrido una herida por arma de fuego y que tenía una esquirla de la bala alojada en el cerebro que le produjo un edema cerebral. 

El médico forense confirmó horas más tarde que se trataba de una bala. A eso se sumó que, por el impacto, Luis Guillermo perdió la visión en ambos ojos.

El muchacho estuvo 21 días en coma inducido mientras le suministraban el tratamiento para disminuir el tamaño de los hematomas que le surgieron.

Sus familiares vivieron de cerca la crisis de salud. Su madre vio pacientes desangrarse, muchos que entraban y morían al poco tiempo, otros que ingresaban con alguna lesión y se complicaban con bacterias hospitalarias.

El estado crítico en el que se encontraba el hospital no contribuyó a la recuperación del joven. «No le daban la comida a mi hijo que yo entregaba, tampoco le administraban el tratamiento como se debía, y una vez hasta lo conseguí desconectado del respirador mecánico. Cuando mi hijo murió estaba desnutrido y eso no se justificaba. Por eso yo no dejé que nadie lo viera y se le rindieron sus honores fúnebres con la urna cerrada».

Sin embargo, en medio de tantas precariedades, las personas que se enteraron del caso de Luis Guillermo les donaron medicinas o los ayudaron económicamente.

El 6 de junio lo ingresaron a quirófano para hacerle una limpieza de los restos de pólvora, al menos eso le explicaron los especialistas a la madre. “Él se movía, él escuchaba. Me dijeron que había evolucionado”, recuerda.

Luis Guillermo estuvo dos meses y ocho días luchando por su vida. “Él estaba bien”, comentaron sus familiares. En algún momento mejoró tanto que “lo subieron a piso” el 8 de agosto, pero a los pocos días le dio un primer paro respiratorio y fue devuelto a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Pero no aguantó un segundo paro respiratorio: el domingo 13 de agosto falleció. 

Irregularidades

Zulmith ha tratado de llevar una vida normal, pero la muerte de su único hijo ha sido difícil de procesar. «En ocasiones simplemente quisiera no existir más».

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: en abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

El dolor de perderlo se suma a la frustración de tener que buscar justicia en Venezuela. Cuando su familia decidió tomar las riendas de la investigación del caso tuvieron que enfrentar irregularidades desde el principio.

Le informaron que no había registro de los resultados de la primera tomografía, en la que se veía la esquirla de la bala alojada en el cerebro del joven, lo que se traduce en la desaparición de evidencias. Asimismo, en el informe de la autopsia, procedimiento al que se le prohibió la entrada, se estableció que no había esquirla.

Por otra parte, las solicitudes que se ha hecho ante la Guardia Nacional para que envíe a fiscalía la lista de los funcionarios que participaron en la represión del 5 de junio de 2017, la única respuesta que se recibe es que hacia San Diego no se mandó a uniformados de ese cuerpo castrense, pese a que hay videos que indican lo contrario y que testigos del hecho vieron claramente que eran ellos quienes dispararon, y que a Luis Guillermo fue uno en particular quien lo abordó para herirlo en la cabeza.

Es por esto que Amnistía Internacional denunció graves irregularidades en el transcurso de la investigación penal del caso de Luis Guillermo Espinoza, así como múltiples obstáculos para lograr la identificación de los funcionarios involucrados.

“El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos investigaciones imparciales e independientes, especialmente cuando se trata de posibles actuaciones arbitrarias por parte de miembros de cuerpos de seguridad estatales contra el derecho a la vida de las personas”, denunciaron. 

Cinco años después, la investigación penal no ha culminado ni se han identificado a los responsables. 

En medio de la incertidumbre, Zulmith tiene algo claro: «Solo lograremos justicia cuando este gobierno cese, porque Tarek Wiliam Saab no hará nada para que se esclarezca el caso de mi hijo y de todos los demás que aún son un limbo jurídico».

DDHH olvidados | “Para la justicia es como si nada hubiera ocurrido”
Anyelo Rafael Quintero Rivas luchó siete meses y 17 días por su vida, tras recibir un balazo en la cabeza disparada por funcionarios de la GNB que reprimían una protesta en Mérida
El joven no estaba manifestando. Iba caminando por la calle, cuando diversos efectivos de seguridad irrumpieron en el lugar en el que se encontraban un grupo de vecinos

 

Anyelo Rafael Quintero Rivas estuvo siete meses y 17 días luchando por su vida. Una bala disparada por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Estatal de Mérida impactó en su cabeza cuando empezaron a reprimir una manifestación antigubernamental de 2017.

El joven de 29 años ni siquiera había ido a protestar. 

15 minutos antes de resultar herido, estaba visitando a su hijo de un año. Era 26 de junio y las calles de Ejido, en el estado Mérida, estaban revueltas por las protestas callejeras. Anyelo iba caminando por la calle San Isidro del sector El Trapichito cuando diversos efectivos de seguridad irrumpieron en el lugar en el que se encontraban un grupo de vecinos. 

Cuando la bala lo atravesó, una doctora que se encontraba en el lugar se acercó a darle primeros auxilios y fue apuntada por unos funcionarios de la Guardia Nacional con una escopeta. 

El disparo que recibió Anyelo fue a tan corta distancia que se le encajó en el pariental derecho y le destrozó toda la región occipital. Le causó muerte cerebral, según declararon los médicos que lo recibieron en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula). En el centro de salud sometieron al muchacho a una operación quirúrgica.

Durante los casi ocho meses que estuvo hospitalizado en el centro de salud, fue intervenido en múltiples oportunidades. 

Para los familiares del muchacho fue difícil enfrentar lo ocurrido. No solo tuvieron que hacerle frente al hecho de que Anyelo fuera gravemente herido, sino que también tuvieron que sobrellevar las precarias condiciones en las que se encontraba el hospital. 

La familia tuvo que sacar el dinero de sus bolsillos para poder asumir todos los gastos de medicinas e insumos quirúrgicos. Diferentes organizaciones sin fines de lucro y personas se solidarizaron con la situación  y donaron insumos para su recuperación. 

Pero el estado de desnutrición que tenía Anyelo era severo y contrajo bacterias en varias ocasiones por la falta de higiene del lugar. 

El 12 de febrero de 2018, Anyelo falleció en el mismo hospital. Es la víctima número 11 de personas que protestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

“El asesinato de Ányelo sigue impune. En medio de la confusión de aquel día, nadie sabe quién disparó. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados. Tampoco hay testigos del hecho, porque al parecer cedieron ante las amenazas y prefirieron guardar silencio. ¿Qué te puedo decir? Para la justicia es como si nada hubiera ocurrido. Para ellos todo se olvidó”, expresa Yurlexy Rivas, hermana del joven. 

El secretario general del Gobierno de Mérida, Gerardo Molina, desmintió que Ányelo haya sido atacado por los cuerpos de seguridad del Estado. Dijo que los funcionarios de la GNB no llegaron al lugar del hecho durante “el plantón” convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones.

Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: en abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

Asimismo, el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones. 

Meses después de lo ocurrido, familiares manifestaron recibir presión e intimidación por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Incluso un representante de la GNB en Mérida negó la presencia de este cuerpo en el lugar donde Anyelo fue herido.

La hermana del muchacho afirma no haber recibido respuesta por parte de las autoridades. En ningún momento fueron informados de los avances en la investigación.

A tres  años de aquellas protestas, Yurlexy renovó su llamado al Estado venezolano para que investigue de forma transparente el asesinato de su hermano, a fin de determinar las responsabilidades y las sanciones.

“Fue un guerrero, en plenas facultades vitales y también mientras estuvo en agonía. Siempre luchó por su vida y por las cosas que quiso. Fue un trabajador incansable. Se dedicó al ramo de la construcción y la electricidad. Cuando muere, estaba proyectando construir una vivienda a su hijo, pero la crisis económica del país era un inconveniente, cosa que no ha cambiado”, comentó.

 

DDHH olvidados | A Augusto Puga lo recuerdan como lo que era: un héroe
Augusto Puga tenía 22 años cuando murió por un tiro en la cabeza recibido durante la represión de las protestas de 2017

@ValeriaPedicini

“Héroe” es la palabra que se lee en el mural en homenaje a Augusto Puga. Eso era para sus familiares, amigos y compañeros de clases.

Al lado de esa palabra, hay otras cuatro: “Asesinado por la dictadura”.

Cinco años han pasado desde que funcionarios policiales del estado Bolívar acabaron con la vida del joven estudiante de medicina en la Universidad de Oriente.

Augusto tenía 22 años cuando perdió la vida a causa de un tiro en la cabeza. El 24 de mayo de 2017 los uniformados allanaron la autonomía universitaria de la UDO, sede Ciudad Bolívar, dejando un saldo de, al menos, siete heridos.

Aunque todo empezó con una protesta estudiantil, poco después de las 4 pm, las bombas lacrimógenas dieron paso a las armas de fuego.

Entre ellos estaba Augusto, quien se encontraba dentro del recinto universitario, específicamente en el área de decanato. Querían llevarlo a un centro de salud, pero no podían salir del decanato de la UDO porque la policía les disparaba. 

Ahí le dieron primeros auxilios por más de una hora. Le colocaron solución fisiológica e intentaron detenerle el sangrado. Pero no podían hacer nada más. Ni estaban preparados ni tenían las condiciones para atender heridos de bala. 

 

Aunque testigos que estaban en el lugar cuando a Augusto le dispararon cuentan que había masa encefálica en el suelo, sus compañeros no se daban por vencidos. 

Lo reanimaron cinco veces. En el sexto intento de reanimación, Augusto se fue. 

Con todo en contra y la represión acechándolos, los paramédicos lograron trasladar al muchacho al hospital Ruiz y Páez, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció.

A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad cinco funcionarios de la policía del estado Bolívar y un sargento 2° de la Milicia Bolivariana por su presunta vinculación con la muerte de Augusto.

Los fiscales imputaron a los oficiales Annel Medina Delgadillo, Gabriel Centeno Navas, Luis Contino Freides, Edduar Infante Guzmán, Derquis Pérez y al sargento Cristhiam Arzolay como coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, trato cruel en detrimento del otro estudiante, así como uso indebido de arma orgánica.

Tales tipos penales están previstos en el Código Penal, y las leyes Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

Aunque por este caso se designó a los fiscales del Ministerio Público para una investigación, para el concejal Álvarez no se ha hecho justicia.

Nada pasó

A cinco años de su muerte, un grupo de jóvenes integrantes del partido Voluntad Popular, acompañados del concejal Jhorvys Álvarez, quisieron rendirle homenaje.

Con un motivo mural en la zona de Alta Vista, en Puerto Ordaz recordaron al joven como un “héroe”. 

Augusto era un estudiante de la UDO, quien como muchos de nosotros en ese año, 2017, salimos a protestar en contra de la sentencia del TSJ que anuló las competencias de la Asamblea Nacional electa en 2015. Que exigíamos un cambio de gobierno, que permitieran a los venezolanos elegir libremente su destino. Poco se nos hizo caso y la respuesta de las autoridades de ese entonces, como el exgobernador Rangel Gómez, fue reprimir todo tipo de protesta que se realizara en Bolívar”, expresó Álvarez.

El concejal considera que para muchos, el caso fue olvidado. Pero ante la mirada de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, puede ser una buena oportunidad para buscar justicia”. 

“Muchos de los familiares de los asesinados tienen que ir a instancias como la Corte Penal Internacional a denunciar todo lo que aquí ocurrió y sigue ocurriendo, las violaciones de derechos humanos, para ver si afuera consiguen la justicia que aquí lamentablemente se les niega”, dijo el concejal Álvarez.

“Augusto era parte de esa juventud que soñamos con una mejor Venezuela, estamos seguros que la vamos a conquistar, para que no tengamos que emigrar”, afirmó.

 

 

 

1 de cada 4 venezolanas no pueden comprar productos para su higiene menstrual

Las crisis no son neutrales al género. Es por eso que en Venezuela la Emergencia Humanitaria Compleja debe ser analizada desde el impacto diferenciado que tiene sobre las niñas, adolescentes y mujeres. 

Eso es lo que explican en el informe “Ser mujer en Venezuela: diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria” de la alianza ConEllas conformado por las organizaciones Funcamama, Unión Afirmativa, Prepara Familia, Cepaz, Uniandes y Acción Solidaria. 

El informe expone la vulneración exacerbada en el acceso y ejercicio de los derechos a la salud, la alimentación y la vida libre de violencia de las mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, así como los derechos de las venezolanas en situación de movilidad humana.

Los datos son el resultado de la aplicación de un enfoque de género y diversidad a los diagnósticos comunitarios realizados en terreno a casi 6.500 hogares en 18 de los 24 estados del país, como parte de los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil para llenar los amplios vacíos de información sobre la crisis.

Venezolanas padecen pobreza menstrual

Según la información recopilada en el documento, elaborado a partir de datos recopilados por la plataforma HUM Venezuela, una de cada cuatro mujeres cuenta “nunca o solo algunas veces” con toallas sanitarias desechables, mientras que una de cada cuatro reportó no tener dinero suficiente para recurrir a estos insumos. 

En cuanto a otras alternativas, tres de cada cinco mujeres cuentan nunca o solo algunas veces con toallas sanitarias reutilizables, copas menstruales o tampones, explicó Natasha Saturno, representante de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria.

“Cuando las mujeres no cuentan con estos artículos para su higiene menstrual, pueden perder días de colegio o trabajo, afectando su educación y su carrera profesional”, dijo la abogada. 

Por otra parte, el 32% de las encuestadas indicaron que ellas o algún miembro de su familia tiene una condición crónica de salud, siendo las más frecuentes: hipertensión, diabetes, hipo/hipertiroidismo e insuficiencia renal. 

Entre las mujeres con enfermedades crónicas, 44% reportaron que en los seis meses anteriores al período estudiado no recibieron la atención médica que necesitaban por la falta de medios económicos para acceder a estos servicios.

De igual forma, 32% de ellas respondieron no haber recibido los medicamentos necesarios para atender sus condiciones de salud debido al alto costo.

La alimentación es lo primero

Con respecto al derecho a la alimentación, el informe de ConEllas explica que las mujeres limitan los gastos de salud al priorizar la alimentación antes que cualquier otro gasto doméstico. 

8 de cada 10 mujeres considera que la cantidad de alimentos que llevan a sus hogares es deficiente, escasa o muy escasa, a pesar de que 6 de cada 10 respondió que se gasta casi todo el presupuesto familiar en alimentos. 

De las encuestadas, 76% afirmó que al menos una persona de su grupo familiar presenta desnutrición.

Katherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, destacó que más del 63% de las mujeres gastan casi todo su presupuesto en adquirir alimentos para sus hogares.

La mayoría de ellas recurre a comprar alimentos más baratos, mientras que 61% señala los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) como fuentes de aprovisionamiento, una situación que “contribuye a aumentar la dependencia del Estado y la vulnerabilidad”.

La pandemia de la violencia contra la mujer

En el informe “Ser mujer en Venezuela” señalaron que para 2021, el 7% de las mujeres entrevistadas señaló haber sido víctima de violencia familiar. Entre estos, los tipos más prevalentes fueron: violencia psicológica (87%), física (59%), simbólica (25%), económica (24%) y sexual (10%). 

El 64% de estas violencias, en el caso de las mujeres adultas, fue cometido por las parejas o ex parejas. Solo 31% de ellas reportaron o denunciaron lo ocurrido. 

Las principales razones para no reportar se debieron a que los actos no se consideraron graves (37%), por miedo a represalias (36%), desconfianza a las instituciones (14%) y porque los servicios para ello fueron inaccesibles para las víctimas (9%).

“A pesar de este contexto en el que las mujeres y niñas continúan siendo víctimas, no es posible tener acceso a una estadística oficial precisa sobre violencia basada en género”, indicó Martínez de Prepara Familia. 

Otro de los aspectos encontrados en la investigación es que las mujeres que son víctimas de violencia no encuentran o no tienen información sobre redes de apoyo a las cuales acudir. 

El 61% respondió que no tienen contacto o relación con alguna organización social y a cambio prefieren en un 50% apoyarse en ellas mismas.

Asimismo, 13% de las mujeres encuestadas reportaron haber sido discriminadas: un 28% por ser mujer y 3% por estar embarazada. En cuanto al contexto en que ocurrió la discriminación, el 51% de estos actos de discriminación ocurrieron en la comunidad, el 34% por expresarse o querer participar en alguna actividad, el 20% en el trabajo, el 17% en el grupo familiar, el 12% en un programa del Estado, el 11% en la escuela, el 11% en un centro de salud y el 4% en un programa de asistencia humanitaria.

En busca de mejores ingresos

En el informe detallaron que las causas principales que motivan la movilidad humana de mujeres es conseguir o cambiar de trabajo y mejorar sus ingresos (32%), la reunificación familiar y el acceso a medicinas y servicios de salud (16%).

Asimismo, la necesidad de recursos asociados a mudarse o migrar suele ser mayor para las mujeres, por costos más altos asociados a sesgos de género.

3 de cada 10 mujeres contestaron que encontraron obstáculos para realizar la mudanza, siendo los costos (96%) el motivo principal. Sin embargo, para los hombres el dinero solo representó un problema en el 29% de las respuestas. 

Este ejemplo demuestra una de las brechas de género más importantes al momento de emigrar suelen ser más altos para las mujeres que para los hombres. Por lo general, esto está vinculado a sobrecostos por regulaciones y discriminaciones vinculadas a sesgos de género.

 

DDHH olvidados | Justicia a medias en el caso de César Pereira
César Pereira recibió un impacto de una metra grande en el abdomen que le disparó un policía del estado Anzoátegui en una protesta. Murió en mayo de 2017 a los 20 años

@ValeriaPedicini

“Dispárame, pues”. 

Los compañeros de “La Resistencia” de César Pereira escucharon al muchacho decirle a un funcionario de la Policía del estado Anzoátegui. Era 27 de mayo de 2017, un día más de protesta opositora contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las calles de Lechería estaban cargadas de manifestaciones, adrenalina y enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado. 

El muchacho de 20 años se enfrentó, sin miedo, al que lo apuntaba directamente. Al instante siguiente, recibió un impacto de una metra grande en el abdomen del que no se recuperaría más.

En medio del shock y los gritos, a César lo llevan de emergencia a la Clínica Municipal de Lechería. Cuando los médicos lo reciben, le da un infarto, logran aplicarle resucitación cardiopulmonar y lo suben rápido a una ambulancia, ahora camino hacia el Hospital Las Garzas. 

Ahí una cadena de la policía municipal les impidió el acceso. El director del hospital dijo que no iban a recibir a un guarimbero. La respuesta del centro de salud hizo que las personas que acompañaban el vehículo protestaran. El destino ahora era la Policlínica Puerto La Cruz. 

Antes de ingresar a quirófano, al joven le dio un segundo infarto. Los doctores lo revivieron y lo sometieron a una intervención que llevó 10 horas y que hubo que practicarle sin anestesia, debido a la gran cantidad de sangre que había perdido.

“Gracias a Dios, que hubo los medicamentos. Hubo mucha gente que le donó sangre a César. Hubo muchos médicos de todas las ramas ayudando a mi hijo”, su madre cuenta  Zulimar Villegas.

Su madre estaba en camino a Caracas cuando le avisaron que a su hijo lo habían herido de gravedad. De inmediato se regresó a Anzoátegui, a tiempo para pasar a ver a César en terapia intensiva. 

Tres horas después, a César le dio otro infarto. 

Cuando yo me acerco, que lo tengo abrazado, y estoy hablando con él, suena el pitico que indicaba que ya César había fallecido… Me salí de la habitación como una loca… y salí corriendo por toda la clínica. Cuando llego a la puerta, estaba mucha gente, muchos amigos de César, familia, y cuando me ven supieron que César había muerto”.

Eran las 6:15 am del domingo 28 de mayo.

¿Quiénes son los responsables del asesinato de César?

César era un muchacho muy conocido en la comunidad donde vivía. Tenía un espirítu voluntarioso, carismático. Su interés por el activismo de calle lo llevó a ser captado por el Partido Voluntad Popular y convertirse en dirigente juvenil. 

Estudiaba tercer semestre de Publicidad y Mercadeo en el IUTIRLA y formaba parte de «La Resistencia», el grupo de jóvenes surgido en respuesta a la represión de las manifestaciones que se dieron en todo el país. Cuentan que su escudo lo armó con una antena de DirecTV y le pintó el escudo nacional.

El Ministerio Público comisionó al fiscal 20º del estado Anzoátegui, Luis Gonzalo Galindo, para investigar la muerte del joven. A partir de allí, el equipo de abogados y Zulimar Villegas enfrentaron un largo litigio, lleno de retardos procesales y todo tipo de contrariedades.

El 26 de mayo de 2021, a escasas 24 horas de cumplirse cuatro años de su asesinato, el defensor José Santoyo informó que se logró la condena del oficial de Polianzoátegui, Onán Pereira.

Le fueron imputados cuatro delitos y lo sentenciaron a 26 años de cárcel, orden emanada por el Tribunal de Juicio 3, del Palacio de Justicia de Barcelona, dirigido por la jueza Juliyen Rodríguez.

Los delitos imputados a Onán Pereira fueron homicidio intencional calificado por motivos fútiles o innobles, uso indebido de arma orgánica, manipulación de municiones y concurso real de delito. Por haber quedado establecido que cometió delitos de lesa humanidad, Pereira no tendría derecho a ningún beneficio. 

Asimismo, el sentenciado tuvo dos oportunidades para admitir los hechos, pero no lo hizo.

“Todos los elementos probatorios fueron admitidos, se corroboró que los policías manipulaban las municiones con metras”, dijo el abogado.

Si bien Santoyo destacó que esta es la primera sentencia que se dicta en el país en referencia a los casos de muertes de ciudadanos durante las protestas de 2017 contra el gobierno de Maduro, aclaró que insistirán ante al Ministerio Público para que se haga la investigación sobre la cadena de mando responsable, así como en identificar la participación de otros funcionarios que declararon en el juicio y que dispararon aquel día. 

“Se hizo una experticia a las armas de los policías y casi todas tenían restos de vidrio en los cañones. Es decir, se pudo corroborar que los funcionarios de Polianzoátegui sustituyeron las municiones por metras para disparar a los manifestantes”, aseguró a los medios de comunicación.

Santollo informó que los implicados serían cuatro funcionarios que estaban de comisión ese día de la protesta y a la cadena de mando.

La sentencia contra el responsable de la muerte de César fue una decisión agridulce para su familia. Aunque el funcionario que le quitó la vida recibió su castigo, nadie le devolverá su hijo a Zulimar Villegas. 

A pesar de lo que ha tenido que sobrellevar, la madre de César también manifiesta su intención de continuar: “Yo sigo buscando justicia, sigo levantando la voz. Quien me llame, mira, Zuly, una entrevista, mira Zuly, tienes que ir para la China porque quiero hacer un homenaje para tu hijo, para la China voy a ir, porque yo sigo su legado. Yo se lo prometí y así va a ser”.

DDHH olvidados | Hecder Lugo fue escondido a una protesta opositora y nunca regresó: un GNB le disparó en la cabeza
Hecder Lugo acudió a una protesta en el estado Carabobo en 2017, sus padres no lo sabían. Un efectivo de la GNB lo hirió en el abdomen y luego a quemarropa en la cabeza

@ValeriaPedicini 

Héctor Lugo llegó a su casa del trabajo y su hijo Hecder estaba en su cuarto, chateando en la computadora. Estuvo de guardia y llegó tan cansado que casi no intercambió palabras con su él. 

A las 3:00 de la tarde lo llamaron los amigos y le avisó a su padre que saldría. Le recordó que “la vaina estaba muy fea”,  pero Hecder lo tranquilizó con un: “No te preocupes, papá. Voy aquí mismo y vengo”. En teoría, iba a casa de un amigo de la zona. 

Aunque casi nunca protestaba, el joven de 20 años salió de casa sin decirle a sus padres que iba a una concentración en el sector Tulipán del estado Carabobo. Su madre Daysi Pérez temía por su vida: continuamente le escondía las llaves para que no se fuera y si los amigos se acercaban a su residencia a buscarlo, ella los corría. No lo quería en la calle entre tanta manifestación y, sobre todo, represión. 

Pero el 4 de mayo de 2017, Hecder fue a una protesta y nunca regresó. 

¿Qué le pasó a Hecder?

La marcha de aquel día era para exigir justicia por los jóvenes caídos en manos de cuerpos de seguridad del Estado durante los más de 30 días que habían transcurrido de protestas callejeras. El lema era “Ni un muerto más”. 

En Valencia, los estudiantes de la Universidad de Carabobo habían organizado una clase magistral abierta en el distribuidor El Trigal en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. En uno de los “trancazos” del sector Tulipán se escabulló Hecder escondido de sus padres. 

Su muerte, al igual que otras durante las protestas de 2017, quedó registrada en videos de los celulares de los manifestantes que se encontraban ese día con él. En la grabación se escucha una detonación y un grito: “¡Malditos cobardes!… Hay un muerto”. 

Los amigos de Hecder vieron cuando un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana lo hirió primero en el abdomen. Después se acercó al muchacho, que ya estaba tendido en el suelo, puso la pistola en la frente y apretó el gatillo. 

En los videos se ve a sus compañeros intentando rescatarlo en medio del enfrentamiento con la guardia. Hecder fue trasladado al Centro Médico Valle de San Diego, pero ingresó en la emergencia sin actividad cerebral. Tuvo pérdida de masa encefálica. Los médicos que lo recibieron confirmaron heridas en el abdomen y un tiro en la frente con orificio de entrada y salida. 

Estuvo 15 horas luchando por su vida, pero el viernes 5 de mayo en la mañana se confirmó su muerte. Ese jueves en Los Tulipanes, el sector de la céntrica ciudad de Valencia donde protestaban, hubo cuatro heridos. El único muerto: Hecder Lugo.

Hecder es una de las 19 personas que murió en Carabobo durante las manifestaciones de 2017. Este fue el quinto estado en donde sucedió la mayor cantidad de homicidios en medio del conflicto, después de Distrito Capital, Miranda, Lara y Táchira. El nombre del joven también está entre las 31 personas caídas por ataques de la Guardia Nacional contra quienes protestaban.

El muchacho pertenece a la franja que edad en la cual se registró la más alta cantidad de muertes: 83 personas (de un total de 158), entre los 18 y 30 años de edad, perdieron la vida en las protestas de 2017.

Con pruebas, sin justicia

Daisy estaba haciendo unos helados cuando recibió la llamada de uno de los amigos de Hecder que había ido a buscarlo ese día más temprano. Le dijo que a su hijo le habían dado un tiro. “Yo me quería morir, quedé en shock y ni siquiera pude salir de la casa a buscarlo”. 

Familiares, amigos y manifestantes que conocieron su caso en redes sociales asistieron al sepelio de Hecder en el cementerio Jardines del Recuerdo en Valencia. 

El 6 de mayo, los padres del joven amanecieron aferrados al ataúd de su hijo que ahora reposa en el cementerio Jardines del Recuerdo, en Valencia. 

El Ministerio Público designó al Fiscal 34º nacional y el 28º del estado Carabobo para investigar el caso. Fue este último quien les confirmó a los familiares que los cartuchos del arma con que mataron al joven habían sido manipulados con materiales metálicos. La autopsia reveló presencia de metal en el cerebro.

“Cuando sale Luisa Ortega y entra Tarek William Saab nos pusieron unos abogados del gobierno, pero yo no quiero saber nada de este gobierno no quiero nada de ellos porque no sé con qué propósito lo hacen y ellos son los culpables de que mi hijo no esté vivo”, asegura la madre de Hecder.

En 2018 se conoció que el Fiscal 28º del estado Carabobo se había ido del país. “Cuando estaba Luisa Ortega nos garantizaron que se haría justicia, pero con su salida todo quedó en el limbo”, cuenta Daysi Pérez.

A su padre le cuesta dormir después de haber visto los videos de la GNB disparando a su hijo. Los muchachos intentando rescatarlo en medio de la protesta, Hecder herido en el piso, bombas lacrimógenas todavía cayendo cerca de su cuerpo… el funcionario que le dispara a quemarropa. 

A pesar de la existencia de los videos y testigos del asesinato, los padres de la víctima desconocen si existen órdenes de detención o imputaciones contra los uniformados que le dispararon en la frente al muchacho. 

“Lo que hago es pedirle fortaleza a Dios para que se me pase esto y haya justicia, pero no es fácil” dice la madre de Hecder. 

DDHH olvidados | Ariana Granadillo, tres veces injustamente detenida y torturada
Ariana Granadillo fue arbitrariamente detenida en tres oportunidades en menos de tres meses por cuerpos de seguridad del Estado. Fue víctima de tratos crueles, torturas y violencia de género

@ValeriaPedicini 

No una, ni dos. Ariana Granadillo ha sido desaparecida y arrestada tres veces por cuerpos de seguridad del Estado. ¿Su delito? Ser familiar del coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Oswaldo García Palomo y encontrarse en su vivienda cuando efectivos fueron tras él. 

La joven de 21 años era estudiante de cuarto año de Medicina y hacía sus pasantías en el hospital Victorino Santaella de Los Teques, estado Miranda. Al ser oriundos de Monagas, los familiares del coronel le ofrecieron su vivienda en San Antonio de Los Altos para que pudiera asistir a sus prácticas en el centro de salud. Ariana apenas tenía una semana viviendo en la quinta cuando todo en su vida se vino abajo. 

Eran alrededor de las 11 de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando entre 20 y 30 hombres encapuchados, algunos uniformados con el logo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entraron a la casa. Buscaban al coronel, acusado de delitos de terrorismo, conspiración y rebelión militar, pero se había ido dos días antes a una finca. En la residencia solo estaban la esposa de García Palomo, sus hijos, una prima de Ariana y ella. 

Inmediatamente, arremetieron contra la esposa y el hijo del coronel. “Los golpearon delante de nosotras, nos hicieron quedarnos en la sala de la casa y también empezaron con el interrogatorio”, cuenta Ariana. A su prima y a ella también las golpearon para que dieran información sobre el paradero del coronel. “Nos informaron que se le acusaba de terrorismo y traición a la patria. Les dimos las respuestas que teníamos: que no sabíamos por qué se les estaba acusando de eso”. 

Se llevaron detenidos a la esposa y al hijo del coronel. También sacaron pertenencias de la casa: ropas, dispositivos electrónicos, electrodomésticos. En la vivienda se quedaron la hija del coronel, su prima y Ariana. Antes de irse, los efectivos les dijeron que debían quedarse en la casa, que no podían salir; tampoco le dieron otra opción: dejaron un vehículo afuera de la vivienda para que no salieran. 

A pesar del susto, pensaron que ya estaban a salvo, que ya no habría problema. Pero al día siguiente regresaron por ellas. Sin orden judicial, las sacaron de la vivienda. La primera detención de Ariana. “Me llevaron con mi prima, nos dijeron que iban a hacer unas preguntas rápidas, que nos iba a llevar 30 minutos nada más y que luego nos regresaban a la casa. Ellos estaban conscientes que nosotras no teníamos nada que ver con el caso y fuimos”. 

Pero lo que parecía ser algo rápido, pronto se convirtió en el principio del terror que le tocaría vivir. “Nos pusieron una capucha a mitad de camino. Nos dijeron que desde ese momento, las cosas ya eran distintas, que ellos eran dueños de nuestras vidas y que teníamos que hacer todo lo que ellos nos pidieran”, dijo Ariana. 

Las obligaron a bajarse en un lugar, las hicieron subir tres tramos de escaleras y las tiraron en el piso de un baño, todavía encapuchadas y con las manos atadas detrás de la espalda. 

Uno de los efectivos que se quedó cuidándolas se acercó a Ariana, le puso una navaja en la cara y le dijo: “Te voy a quitar la capucha. Si me ves la cara, te voy a cortar”. La joven se quedó con los ojos fuertemente cerrados. El hombre comenzó a tocarle el pelo, el cuello y su pecho. 

En la madrugada, fueron a interrogarlas varias veces entre distintas personas. “Querían información del coronel, dónde estaba. Por nosotras vivir en la casa, ellos suponían que teníamos información de las reuniones, de las personas con las que se encontraba, de todos los planes que él tenía y realmente no. No teníamos ninguna información, pero eso no evitó que nos torturaran y que se hicieron muy difíciles todas las horas en ese lugar”. 

Ariana estuvo desaparecida por dos días, sus padres no sabían de su paradero. En aquella oportunidad la torturaron física y psicológicamente. La golpearon, le propinaron descargas eléctricas en las costillas, en las piernas, en el pecho y en la espalda. Hasta para ir al baño y cambiarse tenía que hacerlo frente a los hombres que estaban ahí. Uno de ellos fue quien la había tocado la primera vez. “Nos halaron por el cabello, nos dieron golpes por el abdomen. De eso quedaron hematomas de los golpes. Fue en repetidas ocasiones y de distintas maneras”. 

La pesadilla se hizo realidad

La segunda detención ocurrió el 24 de mayo. Los familiares del coronel salieron del país y, debido a las secuelas psicológicas por la primera desaparición, los padres de Ariana viajaron de Monagas hasta San Antonio de los Altos para hacerle compañía. “Los estudios se me hacían muy complicados, el trauma, la paranoia de volver a pasar por una situación similar. Y como me encontraba en el mismo sitio, el miedo seguía latente”. 

En esa oportunidad, Ariana estaba durmiendo cuando los efectivos fueron por ella. Obligaron al vigilante de la urbanización a tocarles la puerta para que el padre de Ariana abriera. Lo apuntaron y le preguntaron dónde estaban. “Nos buscaron sin despertarnos y nos hicieron bajar hasta la sala. Yo entré en un momento muy difícil cuando veo que eran las mismas personas, cuando veo que iba a volver a pasar por algo igual, algo que todavía no había superado”. 

Le dijeron que volverían a llevarsela para interrogarla. Alegaban que por el simple hecho de estar en esa casa la señalaban como una cómplice del caso que llevaban en contra del coronel. Pero no solo se la llevaron a ella, sino también a sus padres. 

Estuvieron siete días en una casa ubicada en Fuerte Tiuna, una urbanización militar. “Fue más rudo que la anterior. El interrogatorio fue más fuerte. Hubo asfixias en dos oportunidades. La primera sí la pude soportar, pero en la segunda perdí la conciencia”. De las cosas más duras fue escuchar cómo interrogaban y golpeaban a sus padres. 

El Foro Penal realizó la denuncia ante fiscalía el 29 de mayo por la desaparición de la familia. Y el 31 de mayo fueron liberados bajo amenazas, incluso no les permitieron volver a la casa en San Antonio ni sacar sus pertenencias.

Huir

Al liberarlos, sabían cuál era el siguiente paso: salir de Venezuela. Planearon todo para emigrar de forma regular en julio, pero por tercera vez detuvieron a la joven. “Iba con mis papás en un (autobús) Expreso. Cuando nos acercamos a la frontera en San Antonio del Táchira nos detuvieron en una alcabala. Nos hicieron entregar las identificaciones a todos y en ese momento, me llamaron a mí, me dijeron que había una orden de captura en mi contra”. 

Le explicaron que Ariana estaba acusada por instigación a la rebelión militar y traición a la patria, además de estar solicitada por un tribunal militar, a pesar de que ella es una civil. Por consejo de los abogados del Foro Penal, organización que llevaba su caso, los padres de Ariana cruzaron la frontera mientras ella fue llevada a Caracas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Según publicó en sus redes sociales el director del Cicpc, Douglas Rico, Ariana estaba solicitada por el Juzgado Militar Segundo de Control de Caracas de fecha 27 de mayo por el delito de rebelión militar.

“Tenía una orden de captura del 27 de mayo, de cuando ella se encontraba desaparecida. Nosotros denunciamos su desaparición en la fiscalía y llevan a esa causa”, explicó Romero.

“Estuvo unos ocho o nueve días en ese transcurso. Me llevaron a dos puntos del Cicpc, que fue el organismo que me detuvo. Tenía que compartir el espacio de celda con presas comunes. No me dieron derecho a ducharme o al alimento. Fueron días muy difíciles”, señala Ariana. 

Al quinto día después de su detención llegó a Caracas, al sitio donde la iban a recluir, mientras esperaba el juicio en tribunales. La liberaron con medidas cautelares, bajo régimen de presentación cada ocho días. 

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Ariana ni lo pensó dos veces: salió del país. Emigró de forma irregular, sin ningún documento de identidad que le permitiera volver a estudiar. Sin sus papeles de secundaria, su partida de nacimiento o cédula. “Yo salí de Venezuela sin absolutamente nada, porque todo ellos se lo llevaron en el allanamiento”. 

Para ella, haber abandonado su carrera ha sido una de las cosas más duras de haber pasado por esta situación. “En 2020 me hubiera graduado de Medicina y tuve que dejarlo todo. Se ha hecho muy complicado continuar con mis estudios, a pesar de que las ganas las tengo, por lo menos empezar una carrera desde cero. Pero no se ha podido porque obviamente al no contar con los papeles, no se puede”.

El caso de Ariana y su familia fue documentado para el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, donde se recopilaron actuaciones del Estado venezolano que formarían parte de una política de represión y conducta sistemática que constituiría crímenes de lesa humanidad.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que Ariana Granadillo, Argenis Granadillo, Sorbay Padilla y al menos otros cinco familiares fueron objeto de detenciones arbitrarias, desaparición forzada a corto plazo y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, la Misión tiene motivos razonables para creer que se perpetraron actos de violencia sexual contra Ariana Granadillo y Argenis Granadillo en forma de agresión sexual, amenazas de violación a familiares y amenazas de mutilación genital, como parte de la tortura perpetrada contra ellas”, reza el informe.