Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

3x3 | Quedar en fuego cruzado: la tragedia de vivir entre bandas criminales
¿Qué pasó en “la masacre de La Vega? Runrun.es consultó a tres especialistas sobre lo ocurrido en el sector caraqueño, en el que los vecinos y familiares de los fallecidos identificaron a los efectivos de las FAES como los autores de las muertes

@ValeriaPedicini

Al menos 24 personas murieron durante la incursión policial en La Vega, según información extraoficial. “La masacre de La Vega”, como fue denominado el hecho, es considerado la mayor masacre en operativo policial ocurrida en Venezuela. 

De acuerdo al Monitor de Víctimas, a algunas personas las mataron mientras caminaban y a otras dentro de sus propias casas. Los disparos resonaron en las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas cuando el reloj todavía no marcaba las 12 del mediodía. Días antes de la incursión policial, vecinos de La Vega denunciaron en redes sociales la presencia de colectivos (civiles armados) en la zona, aparentemente vinculados a la banda de la Cota 905. 

Vecinos de La Vega y familiares de los fallecidos identificaron a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como los autores de las muertes ocurridas. “Es que no hubo una balacera. Fueron ellos los que se metieron a matar en las casas”, contó uno de los familiares de las víctimas

Llamadas también “escuadrón de la muerte” y calificadas como “grupo de exterminio”, el cuerpo de seguridad adscrito a la PNB fue creado a mediados de 2017 por Nicolás Maduro para que se sumaran “al combate por la seguridad, contra el crimen y contra el terrorismo”. Son la fuerza policial de mayor letalidad. Desde su creación, hasta mediados de 2019, habían acumulado más de 7.000 denuncias de ejecuciones policiales en todo el territorio, según el informe 2019 de Monitor de Víctimas

Defensores y activistas de derechos humanos rechazaron lo sucedido en La Vega. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Nicolás Maduro disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “La CIDH ha advertido sobre un contexto de ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad ciudadana, que se caracteriza, entre otras cosas, por la calificación pública de las víctimas como personas de alta peligrosidad que presentan resistencia a la autoridad”. 

En 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había pedido la disolución de las FAES. Pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición. 

Runrun.es consultó a tres especialistas sobre lo ocurrido en La Vega: Al ingeniero Electrónico, miembro de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad (AVES) y consultor en estrategias para gestión de riesgos de seguridad, Alberto Ray; doctora en Sociología, profesora y fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Verónica Zubillaga; y el abogado especialista en Ciencias Penales y Derecho Procesal Constitucional, Luis Izquiel.

¿Qué pasó en La Vega? ¿Qué hay detrás de lo ocurrido que dejó 24 fallecidos?

 

Alberto Ray 

Lo que ocurrió es la corroboración de un proceso mucho más profundo de fraccionamiento del país, de la pérdida del Estado. ¿Por qué te lo digo así? Al final el Estado venezolano ha perdido la capacidad de ejercer soberanía sobre el territorio. Cuando eso empieza a ocurrir en los países, los países empiezan a disolverse.

Comienza así un proceso de perder el control del territorio de la población y de sus leyes y de su propio estado de derecho. Y como en la naturaleza, esos espacios vacíos los llenan las nuevas formas de poder. Y lamentablemente las formas de poder que lo sustituyen tienden a ser violentas o tienden a ser puestas por la fuerza.

Lo que pasó en La Vega es un nuevo proceso de expansión de estas nuevas formas de poder que a través de la violencia, de la coacción, coerción y del miedo se adueñan de territorios. 

Cuando las bandas criminales tienen un territorio sobre el cual operar, un territorio más o menos estable en el que no se sienten amenazados y que les genera riqueza y recursos suficientes para que ellos se autosustenten, entonces se dan estos procesos que, a falta del Estado, los llena un poco la ley del más fuerte. ¿Por qué los llena? Porque tiene facilidad de tomar el territorio porque tiene dinero, recursos y porque consigue gente que lo acompaña. 

Este fulano “Coqui” lo que ha hecho es extender su dominio hacia allá porque es un poco la ley del más fuerte. Ahora eso le da más fortaleza, más prestigio dentro de este mudo del crimen. Le garantiza más negocios, territorio y espacio para reclutar gente, ocultarlos, para distribuir droga, secuestrar gente, todo lo que hay detrás de estas actividades criminales. Y no hay nadie que los detenga.

Los muertos son producto de este proceso de expansión. Yo no estoy claro de quién mató a quién, pero muy probablemente haya algunos elementos que tratan de resistirse a esa expansión, a lo mejor bandas pequeñas que reaccionan y se hacen enfrentamientos entre ellas y ahí salen muertos. Y otras que vienen del propio policía y las FAES. 

Verónica Zubillaga

Tenemos un hecho objetivo: resultaron 24 hombres muertos en el barrio popular La Vega en el marco de un operativo en el cual intervinieron las fuerzas de seguridad pública. Ese hecho es el evento que exige nuestra atención. 

Luis Izquiel 

En la Vega ocurrieron dos hechos relevantes el pasado viernes 8 de enero, ambos de gravedad. El primero es el intento de expansión hacia el barrio de La Vega por parte de integrantes de la banda del “Coqui”, la cual, como sabemos, tiene años controlando la Cota 905. Si esta expansión se llega a concretar (seguramente lo van a seguir intentando), esta banda criminal se vería fortalecida y los caraqueños podríamos sufrir de un accionar aún mayor de esta banda delictiva. 

El segundo aspecto de gravedad tiene que ver con la respuesta de los cuerpos de seguridad, que no conllevó a la captura de los líderes de la banda del Coqui, pero que sí dejó una estela de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y de otras violaciones a los DDHH. Se habla de presuntos enfrentamientos, pero de un lado quedaron 24 víctimas y del otro ninguna. Si acá hubiera institucionalidad se pudiera conocer la verdad de lo ocurrido, pero eso luce imposible en un país en el que existe cerca de 99% de impunidad en los casos de violación a los derechos humanos. 

¿Se puede considerar que las FAES son un grupo pensado para el control o la “limpieza social”? 

 

Alberto Ray 

Realmente, no. Ese no es el rol de las FAES, aunque eso es lo que hacen. Las FAES es una de las organizaciones policiales o de represión del Estado que queda que ejerce ese papel, pero el rol de las FAES no es exterminar a la banda criminal. La función de las FAES es negociar con las bandas criminales y hacerlas aliadas a la organización criminal del Estado. 

Hay bandas amigas y bandas enemigas. La banda del “Coqui” es la banda enemiga del régimen y por eso es que actúa las FAES, que es una expresión del régimen para controlar a aquellos que son sus enemigos. Si la banda del “Coqui” fuese amiga del régimen, eso no ocurriría, más bien le facilitaría el proceso de expansión. Pero como el “Coqui” se peleó con el régimen, ha impuesto su propia ley. 

Entonces ocurre que las FAES sirve como mecanismo de contención de esa banda, pero esa contención es muy limitada porque no es posible exclusivamente desde lo policial. Para contener un proceso de estos requieres 1000 o 2000 funcionarios policiales y eso no lo tiene las FAES para meterlos ahí. Después, eso requiere un trabajo de inteligencia inmenso para saber quién es de la banda, dónde se esconden, por dónde transitan. Nada de eso pasó ahí.

Simplemente las FAES lo que intenta es evitar que se le haga fácil al “Coqui” tomar La Vega y por eso es que lo enfrentan. Y lo enfrentan en condiciones reducidas porque no tienen recursos para contener eso. Y tú lo ves en los videos como los tipos andan asustados como a pesar de que son unos cuantos, no tienen un mecanismo para tomar el cerro y exterminar el proceso de expansión. 

Lo único que pueden hacer es aquellos que consideren que son de las bandas, entonces matarlos, ni siquiera los detienen. Hay gente que dice que hay muertos que no eran de la banda, gente que quedó en medio del fuego cruzado. Pero en el fondo uno nunca sabrá la verdad, no hay manera de saberlo.

Al final, las FAES no están ahí para hacer un proceso de devolver el territorio al ciudadano y de restablecer la ley. Está en todo caso para contener algo que ellos no pueden en realidad contener, que es el avance de un grupo criminal que es enemigo de ellos y que se está fortaleciendo.

Verónica Zubillaga

Las FAES aparecen después de operativos muy letales y muy caóticos. El Operativo de Liberación del Pueblo, se anunció en julio de 2015, en La Cota 905, dejando sólo el primer día 14 muertos. Luego de denuncias sin cesar, pasa a llamarse Operativo de Liberación Humanista del Pueblo, manteniendo este patrón de actuación de abuso sistemático de la fuerza y matanzas. Estos operativos, además fueron ampliamente denunciados y criticados por los excesos cometidos en los sectores populares, por la importante cantidad de jóvenes y hombres en barrios muertos, por la cantidad de atropellos en términos de robos en las casas de la gente, y matanza en las propias viviendas. 

Dos años después, en julio de 2017, se anuncian las FAES como una fuerza policial de acción especial para enfrentar y cito a la “bandas criminales y terroristas”. Las FAES han continuado el patrón de actuación letal, de manera más específica y si se quiere más dirigida. Se advierte pues, cómo el Estado, en tiempos de mucha inestabilidad social, económica y política, se ha constituido un actor fundamental de violencia ilegítima y de matanza sistemática sobre todo en los sectores populares. 

Las víctimas de las FAES, como en la masacre de La Vega, siguen siendo hombres, de barrios, la mayoría jóvenes.  En pocas palabras: La revolución bolivariana, y sobre todo en su período post Chávez, no logró incluir a los varones jóvenes, expulsados a las redes de economías ilícitas, terminan sus vidas encarcelados o muertos en las manos de maquinarias de muerte, como lo son las FAES precisamente.

Luis Izquiel

La FAES, en teoría, es un grupo que nace en 2016 como un cuerpo élite para perseguir a los líderes y demás integrantes de las bandas de delincuencia organizada en Venezuela, pero con el transcurrir de los años, ha devenido en el cuerpo de seguridad con mayor cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y atropellos a los derechos fundamentales en la historia del país. Esto está recogido de esta forma en informes de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU y en documentos de otras instituciones de defensa de los derechos humanos. 

Estos informes también señalan que las principales víctimas de las FAES son pobres, jóvenes y varones. Así que si realmente es un grupo de exterminio, afecta fundamentalmente a los sectores más desposeídos de Venezuela, lo que se convierte en una gran contradicción, sobre todo para un régimen que se vende como socialista y humanista. 

¿Por qué a pesar de las denuncias y la solicitud de disolución de las FAES, el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso y este cuerpo policial continúa operando?

 

Alberto Ray 

Porque ese es su sistema de control. Las FAES es la organización que le permite al régimen contener a sus enemigos, a la criminalidad enemiga del régimen porque el régimen son criminales también 

La banda del “Coqui” es en contra del régimen, y eso no quiere decir que esté a favor nuestro, pero de alguna manera las FAES es la forma del régimen de contener a aquellos que no son leales y que son sus enemigos

Y aquí la población civil, el ciudadano común, no tiene nada que ver. Las FAES mata a ciudadanos comunes, y a bandas criminales y a quien sea, como el “Coqui” también. La tragedia de esto es que el ciudadano queda en medio del fuego cruzado, eso es lo grave de esto que está pasando aquí. 

¿Qué pasa si el “Coqui” no logra la expansión de La Vega y el FAES logra contenerlos? La Vega no queda en manos de los ciudadanos ni del Estado de derecho, sino de una banda criminal asociada al régimen. Porque cuando no tenemos estado de derecho, quienes gobiernan son los criminales. 

Luis Izquiel 

Ciertamente, la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, así como la Comisión Interamericana de DDHH, han solicitado la disolución de la FAES, sin embargo esto no ha ocurrido. Quizás esto responde a que la FAES se ha convertido en un órgano de control social, aprovechando el miedo que genera en la población. Este organismo también es utilizado para amedrentar y detener a líderes políticos y a cualquier persona que sea considerada como disidente al régimen actual. Quizás estas sean parte de las razones para que este cuerpo policial no sea eliminado, sobre todo en un régimen que tiene a la represión como su principal bastión para sostenerse en el poder.

DDHH olvidados | “Mi hija era un colador de perdigones”
La joven Geraldin Moreno falleció el 22 de febrero de 2014 tras haber sido herida en una protesta en el estado Carabobo. Dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron condenados a 30 y 16 años de prisión

@ValeriaPedicini

Rosa Orozco estaba en su casa y veía el programa de las ocho de la noche en la televisión. Su hija había insistido en salir a la entrada de la urbanización a cacerolear con los vecinos, como habían hecho todos los días desde el 12 de febrero cuando empezaron las protestas de 2014 en Venezuela, pero no se quiso despegar de la pantalla. “Me voy porque Venezuela no puede esperar por ti”, le dijo Geraldin. 

Escuchaba los cohetones, pero no había nada de qué preocuparse. A los minutos sonaron cinco detonaciones y Rosa reconoció el ruido. “Esto no es cohete o tumbarrancho”, pensó. Un amigo de su hija que estaba bañado en sangre tocó a su puerta y le dio la mala noticia: a Geraldin le habían disparado en la cara. 

Agarró las llaves y el celular para buscar a su hija. La encontró tirada en el piso de la calle sobre un charco de sangre. Un paramédico del sector que se encontraba en el sitio cuando la hirieron ya le había vendado la cara. Entre todos la montaron en un carro y la trasladaron como pudieron a la clínica más cercana. 

Geraldin estaba alterada. Explicaba que le dolía la garganta, la cara, las piernas. Preguntaba cómo estaban sus amigos, donde estaban sus compañeros de manifestaciones. Intentó levantarse de la cama, pero su madre se lo impidió. “Espérate, quédate quieta. Te van a meter en terapia intensiva porque te van a entubar para limpiarte la cara”. 

Rosa estaba tranquila, pensaba que la joven de 23 años no tenía nada grave. Que tenía unos cuantos perdigones y con solo limpiarle la cara era suficiente. Además, la tenía ahí frente a ella y le hablaba sin problemas. 

Mami, bendición.

Dios te bendiga, mi amor. Todo va a salir bien. 

Se despidieron. Esas fueron las últimas palabras que intercambió con Geraldin. Era 19 de febrero de 2014. 

*** 

 

Era de madrugada cuando Rosa recibió una llamada telefónica mientras estaba en la clínica y se dispuso a revisar las redes sociales. La cara de su hija estaba en todos lados, se había hecho viral. Estaba herida, un rostro que no reconocía. Fue hasta la terapia intensiva y le pidió a las enfermeras que destaparan a Geraldin. Lo que vio al otro lado de las vendas todavía es difícil de asimilar. 

“Todavía, siete años después que va a cumplir el mes que viene, y ese rostro sigue en mi cabeza. Geraldin no tenía ojo, lo que tenía era un hueco en el ojo, no tenía pupila ni tenía nada en el otro ojo. Tenía toda la cara destrozada. ¿Cómo me habló esa muchachita? No lo sé. Lamentablemente es el rostro que hay que sacar en todo el mundo para que se den cuenta lo que puede pasar con este tipo de gente. Para mí el que le disparó a Geraldin es un psicópata”, expresó Rosa Orozco. 

Los amigos de su hija le contaron que estaban protestando en el sector Tazajal del estado Carabobo e hicieron una barricada al final de la calle, debajo del semáforo. En la urbanización privada entró un contingente de 13 motos con 24 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). No dijeron nada antes de empezar a disparar perdigones. 

Los manifestantes empezaron a correr, Geraldin hizo lo mismo. Aunque era una atleta de alto rendimiento tras miles de horas jugando al fútbol y cuando corría era difícil alcanzarla, los efectivos le dispararon en la espalda. Trastabilló y cayó. El GNB se bajó de la moto, se acercó a donde estaba la joven y le disparó directo al rostro.

“Ella en el suelo pidiendo clemencia y el parrillero se bajó de la moto y le disparó a 10 centímetros de la cara. Está comprobado que pidió demencia, porque se puso la mano izquierda en la cara para que no le dispararan y tenía toda la palma de la mano y todo el brazo, la parte de atrás y la parte de adelante, y la cara… parecía un colador. Mi hija era un colador de perdigones”, detalló Rosa. 

Geraldine fue atendida por los mejores médicos de distintas especialidades: neurocirujanos, oftalmólogos intensivistas, cirujanos maxilofaciales. Sin embargo, el daño era más grande.  A Rosa le informaron que su hija había perdido el ojo derecho y el izquierdo no tenía visión. El 22 de febrero la neuróloga le dice que hicieron lo que pudieron y que había que pedir por un milagro. Intentó entender lo que le estaba diciendo. 

Doctora, si yo le quito ese aparatero que tiene, ¿cuánto tiempo puede durar?

Todos sus miembros están perfectos pero su sistema neurológico no existe. Puede durar una hora, tres horas, 15 minutos. No lo sabemos.

Rosa lo pensó, lo discutió con el papá de Geraldin. Y tomaron una decisión. “Doctora, aquí sufre mi familia, sufre Geraldin, sufrimos todos. Ella ya no está ahí. Es hora de dejarla ir”. 

El 22 de febrero desconectaron los cables que la joven tenía a lo largo de su cuerpo. A las 12:35 pm su corazón dejó de latir y la máquina dejó de sonar. Geraldin Moreno había fallecido. 

 

*** 

 

Según datos recabados por la organización Justicia, Encuentro y Perdón desde 2014 hasta la actualidad, las muertes durante protestas y las ocurridas como consecuencia del patrón de persecución por razones políticas, alcanza la cifra de 332 venezolanos. 

Las investigaciones por lo sucedido con Geraldin empezaron el 1 de abril. Ahí empezó la lucha por la justicia de la muerte de su hija. A pesar del buen trabajo de los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que ella misma reconoce, Rosa no tuvo acceso a los expedientes del caso durante los primeros meses. 

Entre las muchas cosas que hacía para esclarecer las cosas, persiguió a la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz. “Fueron cuatro largos años poniendo tuits todos los días del mundo a esa mujer, diciéndole que hiciera su trabajo y que revisara los expedientes porque aquí no son dos guardias nacionales nada más que dispararon. Aquí hay 24 guardias nacionales que entraron a esa urbanización, aquí hay un comandante en jefe que dio la orden y aquí hay una línea de mando que dio la orden de disparar en la cabeza a cualquiera que estuviera en la calle”. 

Un video que hizo un vecino sirvió para comprobar la presencia de los cuerpos de seguridad en el lugar. Un amigo de la joven que se escondió bajo un carro fue uno de los testigos principales. El cartucho que quedó alojado en el globo ocular de Geraldin permitió identificar a los responsables materiales.

Después de 33 meses, 55 audiencias, 67 órganos de prueba, 13 audiencias diferidas. Después de años de lucha, de investigaciones, de escuchar mentiras sobre lo ocurrido, en diciembre de 2016 escuchó la condena de dos de los implicados:  30 y 16 años de cárcel. Culpables de distintos delitos, entre los que se logró agregar el de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Aunque todavía faltan que el resto de los responsables sean señalados, ya que tras la partida de Ortega Díaz el caso se estancó, Rosa optó por perdonar. “Yo hice un trabajo para perdonarlos porque sino mi vida iba a ser cargada de dolor y odio. Nadie con dolor y odio puede seguir adelante. Ese día me liberé”. 

Esa insistencia por hacer justicia, no rendirse a pesar de lo difícil que pueda ser el proceso, hizo que Rosa Orozco creara la organización de derechos humanos. Justicia, Encuentro y Perdón donde trabaja con familiares de víctimas que, como ella, deben enfrentar el desafío de transformar el dolor en justicia. 

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón

DDHH olvidados | Una canción para recordar a Manuel Sosa
Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana fue señalado como el culpable del fallecimiento de Manuel Sosa durante una protesta en el estado Lara en mayo de 2017
El Ministerio Público no ha dado explicaciones sobre las diligencias realizadas para la detención del efectivo 

@ValeriaPedicini

“Y decirte que te extraño, aun cuando pasen los años jamás te olvidaré y siempre te guardaré en mi corazón”. Así dice la canción que Arturo Bello le escribió a su primo Manuel Sosa. Su madre y sus hermanas la han escuchado cientos de veces para recordar al joven asesinado en las protestas del año 2017. 

Es una melodía triste, lenta. Una canción que resume cómo la muerte de Manuel Alejandro Sosa Aponte, de 34 años, le cambió la vida a todos en la familia. 

Manu, como le decían cariñosamente sus amigos y allegados, fue la sexta víctima en fallecer en las manifestaciones de hace tres años en el estado Lara. En un registro llevado a cabo por Runrun.es durante 2017 en todo el territorio nacional, la cifra de muertos fue de 157. 

Salió a las calles de Barquisimeto a mostrar su descontento en las protestas de 2014, con la convicción de aportar a la lucha por un cambio. Sus conocidos recuerdan que Manuel soñaba de forma desmedida, sobre todo, con la libertad de Venezuela.

Con esa misma convicción Manuel salió a las calles en 2017, después de que la oposición convocara a los venezolanos para rechazar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que usurpaba las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. 

Aunque Manuel trabajaba en un puesto de comida rápida y los horarios le complicaban asistir todos los días a las marchas. Aprovechaba a hacerlo los días miércoles y jueves, cuando estaba libre. 

Era uno de los líderes de los jóvenes de la “Resistencia”. Así que el 24 de mayo se reunió con sus compañeros, antes de la marcha que tendría lugar al día siguiente. “Mañana será un día muy bonito, mañana será el día”, fueron algunas de sus palabras. Insistía en que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) irían con todo. “Lo que no sabía era que ese era el día que le tocaba irse, se estaba despidiendo”, dijo uno de sus amigos.

El jueves 25 de mayo fue a protestar cerca de su residencia después de acompañar a su papá a llevar a su hermana al trabajo y de desayunar juntos con su mamá. Manuel estaba en el distribuidor del sector Valle Hondo de la ciudad de Cabudare en el estado Lara, donde había un pelotón de la GNB. Las horas pasaban y pasaban, nada que regresaba a almorzar. 

Su padre le mandó un mensaje y Manuel le contestó que pronto iría a casa. Salió a buscar a su hija al trabajo y se encontró a su hijo. “Cuídate”, fue lo último que le dijo a su padre. 

Los testigos que estaban en el lugar cuentan que alrededor de las 3:00 de la tarde, uno de los efectivos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar a los manifestantes de la protesta. Manuel ya estaba en camino a su casa, pero cuando escuchó las detonaciones y vio que uno de los muchachos cayó herido, Manuel corrió al distribuidor a ayudarlo y alejarlo del peligro.

El funcionario volvió a disparar, ahora directamente a Manuel. La bala lo impactó por debajo de su clavícula derecha y le salió por la espalda. Lo hirieron gravemente, pero en un último esfuerzo se levantó, saltó el elevado y caminó hasta su urbanización. Los vecinos lo auxiliaron y él les pidió que no lo dejaran morir porque tenía un hijo de cinco años que cuidar. 

Fue trasladado a la Clínica Quirúrgico Los Leones y lo metieron a quirófano. Estuvo en terapia intensiva donde luchó por su vida hasta las 11:40 de la noche cuando murió luego de sufrir un paro respiratorio. 

“Solo así pudieron silenciar una voz valiente, que resistió con coraje y se propuso luchar por un mejor país”, expresó a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón uno de los amigos de Manuel que no quiso dar su identidad por miedo a represalias. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

En un reporte publicado por el Foro Penal Venezolano en mayo de 2017, registraron que durante ese mes muchas personas presentaron heridas causadas por perdigones, balas u otros objetos como metras, cristales, trozos de metales que fueron disparados por efectivos militares, policiales o grupos paramilitares.

Aunque su familia denunció la actuación de los efectivos de seguridad del Estado, pensaron que no sabrían quién había sido el culpable por la cantidad de funcionarios que había ese día en el sitio donde Manuel murió. 

Pero 22 días después de lo sucedido valiéndose de testimonios, evidencias físicas y demás pesquisas de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público, se logró determinar que el primer teniente de la GNB, Johnnuar José Pastor Arenas Castillo de 30 años, adscrito en el Destacamento 123 de Cabudare, fue el presunto responsable de disparar el arma que le quitó la vida a Manuel Sosa. 

La Fiscalía 23 con competencia en Derechos Fundamentales solicitaron una orden de captura, pero fue en vano porque más de tres años después de la muerte de Manuel, la justicia no ha llegado. 

 

La detención de Arenas Castillo no se ha llevado a cabo y hasta fue “premiado” en un acto público. En un documento del Ministerio de la Defensa, del 29 de junio del 2017, y según resolución 019647, se indica que el presidente de la República lo ascendió al grado de Capitán.

Familiares de Manuel han denunciado que el Ministerio Público no da respuesta, ni a ellos ni a sus abogados, sobre las diligencias realizadas para la aprehensión de Arenas Castillo, y mucho menos se evidencia en el expediente que la investigación haya sido dirigida hacia la cadena de mando.

“A más de tres años del asesinato de mi hijo, el caso está totalmente paralizado, ninguna institución se pronuncia mientras el funcionario señalado de matar a Manuel sigue libre, y hasta fue premiado por su actuación al ser ascendido al grado de Capitán”, contó su padre Alejandro Sosa.   

“Estoy seguro, espero que más temprano que tarde, que habrá un giro en la dirección del país y en ese momento todos aquellos que hayan cometido  desmanes, burlado la ley, violentado el estado de derecho, tendrán que pagar; inclusive esa persona que le arrebató la vida no solamente a Manuel, que le cambió la vida a mi tía Maritza, a mi prima Melissa, a su hijo Mauricio y a todos los que estábamos a su lado”, manifestó su primo Arturo Bello. 

“Y que el futuro ya sin miedo calme todos los desvelos del ayer”, dice también Arturo en la canción que le escribió a Manuel, con la esperanza de que los días ayuden a aliviar el dolor de la pérdida. 

DDHH olvidados | “Me quedé sin mi único hijo y poco después sin mi esposa”
Daniel Queliz fue asesinado en las protestas de 2017 por funcionarios de la Policía de Carabobo. Tres años después, su caso sigue impune

@ValeriaPedicini

La última vez que los padres de Daniel Queliz vieron a su hijo fue el 9 de abril de 2017. La familia tenía pensado viajar a Chichiriviche para tomarse unos días de descanso por Semana Santa, pero el joven decidió quedarse en casa para cumplir con sus obligaciones laborales y estudiantiles en su tercer año de derecho en la Universidad Arturo Michelena. Sus padres se despidieron con un “Dios te bendiga, hijo” y el plan era que él los alcanzara tres días después. No pudo.

La Mesa de la Unidad Democrática había convocado una marcha para el 10 de abril para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Venezuela llevaba días con las calles encendidas en protestas y represión, ese día no fue la excepción. 

La situación de represión de los cuerpos de seguridad del Estado se recrudeció hasta horas de la noche en la capital del estado Carabobo, específicamente en la urbanización Los Parques de la parroquia Miguel Peña, donde vecinos salieron a protestar. Daniel Queliz se unió a ellos alrededor de las 11:30 pm. 

Una patrulla que se encontraba en el lugar comenzó a disparar a los manifestantes, según testigos, con intención de causar daño más allá de disuadir la protesta pacífica. La angustia y confusión se apoderaron de todos. 

Al principio pensaron que las detonaciones eran por las armas de bombas lacrimógenas. Pero unos gritos dieron la mala noticia: “¡Le dieron a Daniel, le dieron”. El joven había intentado protegerse, pero fue alcanzado por dos proyectiles: uno que impactó en su mano izquierda y el otro en la nuca. 

A medianoche los vecinos llamaron a los padres de Daniel Queliz para decirles que su hijo había sufrido un accidente y que se encontraba en el Hospital Central de Valencia Doctor Enrique Tejera. “Nos devolvimos, mi esposa tenía una crisis de nervios. En el trayecto pedí hablar con mi hermano y le exigí que me dijera lo que estaba pasando. Él me dijo la verdad. Mi hijo estaba muerto. Mantuve la calma sin decirle nada a mi esposa hasta que llegamos directamente a la morgue del hospital”, expresó Alexander Queliz, padre del muchacho. 

Daniel Queliz fue el primer fallecido del estado Carabobo durante las protestas de 2017. Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de ese año. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de 2017, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio, comenzaron a tratar heridas de bala. 

Alexander Queliz afirmó que la respuesta del Ministerio Público y de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue inmediata. Habían designado al Fiscal 28° del estado Carabobo José Antonio López para las investigaciones del asesinato. “Fue tanto así que el asesinato de Daniel se esclareció en menos de 48 horas”, dice.

Cinco funcionarios de la Policía de Carabobo fueron señalados por los vecinos como los autores del asesinato. La fiscal Luisa Ortega Díaz informó que dos efectivos habían sido detenidos: Marcos Ojeda y Edwin Romero. Fueron acusados por delitos de homicidio intencional, uso de armas orgánicas y alevosía. 

“Quiero que sepa el país que nuestro equipo de médicos y expertos fueron quienes practicaron las autopsias para determinar las causas de las muertes (…) Apenas estamos comenzando las investigaciones, estamos trabajando para que se sancione a los responsables para que no haya impunidad, para que haya respuesta y justicia”, dijo Ortega Díaz en rueda de prensa. 

Daniel Queliz

Todo eso fue dejado atrás con la designación de Tarek William Saab. “Debo decir responsablemente que una vez que el señor Tarek William Saab asumió el mando como Fiscal designado por la asamblea nacional constituyente el caso de Daniel comenzó a tener retardos”, contó el padre del joven.

“Al momento de la autopsia a Daniel tuvieron que hacerle rayos X porque el proyectil estaba en una zona muy complicada para extraerlo, pero cuando hacen la comparación balística comprueban que efectivamente salió de un armamento asignado al supervisor jefe Marco Ojeda, que es el autor material de la muerte de mi hijo. A pesar de las pruebas, siguen retrasando el juicio”, afirmó Queliz.

Pero el dolor por haber perdido al muchacho fue un duro golpe para Glenis Araca, madre de Daniel Queliz: producto de la depresión por el asesinato de su hijo, se quitó la vida. El 1 de mayo de 2018 fue encontrada en su residencia. 

“Destruyeron a mi familia directa, mi continuidad, apagaron los sueños de Daniel. Acabaron con mi hogar, con lo que mi esposa y yo construimos. Éramos una familia feliz, pero ese momento marcó un antes y un después. No es fácil. Me quedé sin mi único hijo y un poco después sin mi esposa. Los pedazos de mi vida han quedado esparcidos en el piso y tengo que ver qué hago con ellos”, declaró Alexander Queliz en julio de 2018. 

A pesar de que las audiencias han sido diferidas y que no se ha hecho justicia, Alexander Queliz no deja de luchar por todo el daño que le hicieron a su familia. “A lo último que nosotros debemos renunciar en cualquier parte del mundo es a nuestros derechos. El día que renunciemos a nuestros derechos como ciudadanos, ese día estamos perdidos”.

N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

DDHH olvidados | Quiero que mi hijo sea recordado como un joven valiente
David José Vallenilla fue asesinado el 22 de junio de 2017 por un efectivo de la aviación militar que le disparó directamente a su pecho
El Ministerio Público solicitó que el sargento primero de Fuerza Aérea, Arli Cleiwi Méndez Terán, fuera procesado por homicidio agravado con premeditación y uso indebido de un arma de servicio. Han pasado más de tres años de la muerte del joven y el juicio todavía no se ha llevado a cabo

@ValeriaPedicini

David José Vallenilla, de naturaleza inquieta, tenía muchos intereses. Jugó fútbol, béisbol, natación, polo acuático; tomó clases de teatro y modelaje. Sus padres lo acompañaron y le dieron la oportunidad para que encontrara su pasión. Así que con el tiempo desarrolló una vocación de ayudar al otro.

Mientras todavía estaba en el colegio, le pidió a su padre que lo inscribiera en un curso de auxiliar de enfermería. Se graduó con rapidez y su interés creció tanto que al culminar las pasantías se quedó ayudando sin remuneración durante unos meses en un ambulatorio en Charallave.

Al salir del bachillerato, decidió estudiar enfermería y se hizo voluntario del cuerpo de bomberos de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Hacía una especialización en quirófano, trabajaba en la Clínica Bello Campo y estaba a la espera de convertirse en Técnico Superior de Enfermería del Instituto Universitario de Tecnología y Administración Industrial. 

Pero David José no pudo recibir su título: fue asesinado el 22 de junio de 2017. 

Sus padres le habían pedido que se abstuviera de asistir a las protestas antigubernamentales contra el gobierno de Nicolás Maduro, que para ese momento llevaban más de tres meses en todo el país. Pero el joven estaba empeñado y no dejaba de insistir en que quería participar. 

El 18 de junio, en el almuerzo del día del padre, el tema volvió a surgir. Su padre David Vallenilla le explicó las rutas alternas que podía utilizar para evitar encontrarse en medios de las manifestaciones, trancones y enfrentamientos. Por todos los jóvenes que habían fallecido por la represión, le pidieron una vez más que no protestara. El joven les prometió que se mantendría a salvo. 

Días después el padre de David estaba en su casa en Cúa, a las afueras de Caracas, cuando recibió una llamada de su exesposa y solo pudo decir unas pocas palabras antes de que la llamara se cortara: “David José se fue para una marcha y parece que lo metieron preso”. Él la llamó de vuelta pero tan pronto lo atendió, Milagros empezó a gritar. 

Salió de la casa para buscar ayuda y consiguió a una señora que le mostró en el teléfono la foto de un joven que acababan de asesinar en las inmediaciones de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Se trataba de David José, su hijo.

Un familiar le dio la cola hasta Caracas. Al llegar al centro de salud donde estaba el muchacho, se encontró con un primo que es médico y estaba cabizbajo con los brazos cruzados .

—Carlitos, ¿qué pasó? 

—Cuando llegó ya no había nada que hacer. 

Directo al pecho

David José fue a la protesta cuando salió del trabajo, a las 3 de la tarde. Junto a unos amigos caminó desde la avenida Francisco de Miranda hasta La Carlota. Vestía un bluejeans, camisa azul y zapatos blancos que acostumbran a llevar los profesionales de enfermería. Cargaba consigo un morral en el que solo tenía un envase vacío de comida.

En el sitio se producía un enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de seguridad del Estado. Los jóvenes lanzaban objetos al otro lado de la reja que rodeaba la base militar.

David José se acercó a la valla, recogió un objeto del suelo y lo intentó arrojar por encima de las altas rejas. Tenía puestos unos lentes de natación y un pañuelo en la cara para protegerse de los gases lacrimógenos. 

Tres funcionarios militares desde el otro lado de la verja caminaron hacia él. Llevaban cascos, chalecos antibalas y equipos antidisturbios de protección. Uno de ellos blandía una escopeta y los otros dos lo protegían con un escudo antimotín. El del centro pasó su arma a través de la reja y le disparó a David José directo al pecho.

El muchacho cayó al asfalto. Los funcionarios le dispararon de nuevo apuntando al tronco, aunque no lo alcanzaron. Un cuarto militar se acercó desde atrás y le lanzó algo que parecía ser una piedra.

Un joven con un escudo de cartón apareció para intentar ayudar a David, quien caminó unos metros y se desplomó. Los manifestantes lo arrastraron y varios paramédicos de la organización Cascos Verdes le practicaron reanimación cardiopulmonar. Entre varios lo subieron en una moto para trasladarlo a la Clínica Ávila, pero llegó sin vida.

La causa de su muerte se registró como shock hipovolémico por hemorragia debido a la perforación del corazón, del pulmón derecho y del hígado, ocasionado por el disparo de un arma de fuego de proyectiles múltiples en el tórax.

Su muerte quedó registrada en video por los manifestantes que se encontraban en el lugar. Eran las 5 de la tarde. Lo ocurrido fue difundido por redes sociales y causó conmoción. 

David José

No se ha hecho justicia

El caso de David José ha estado cargado de irregularidades. Los intentos por obstruir la justicia han aparecido uno detrás del otro. 

El mismo 22 de junio, el Ministerio Público anunció que la Fiscalía Ciento Veintiséis del Área Metropolitana de Caracas investigaría el hecho. Por su parte, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunciaba que un sargento asignado al grupo de la policía aérea había sido identificado como el autor del disparo, usando un arma no autorizada.

Su padre cuenta cómo, antes de que él llegara a la Clínica Ávila, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) trató de llevarse el cuerpo de su hijo. Ya en el lugar se encontraba un representante del Ministerio Público que impidió que tal cosa sucediera y aseguró el traslado hacia la morgue de Bello Monte como corresponde en estos casos.

Ya en este lugar se dio una confrontación entre el entonces director de esta institución y los representantes del Ministerio Público: se trató de impedir la presencia de estos últimos en la autopsia y se desató una guerra por el resguardo de la evidencia. 

Al cuerpo de David José le extrajeron cuatro esferas metálicas en la cavidad torácica izquierda, que habían perforado pulmón, hígado y corazón causándole al joven una hemorragia interna que le provocó el fallecimiento. 

El informe de la Misión de Determinación de sobre la situación de derechos humanos sobre Venezuela señala que en el examen forense se “identificó un rasguño en el interior del cañón del arma de fuego y concluyó que el arma había disparado municiones no convencionales, como esferas metálicas”. El arma había sido intervenida para hacerla letal. 

“La investigación determinó que, cuando se disparó el arma, la distancia entre la boca de cañón del arma de fuego y el pecho del Sr. Vallenilla no había sido superior a dos metros”, reza el informe. “La Misión tiene motivos razonables para creer que el Sr. David José Vallenilla Luis fue víctima de una ejecución extrajudicial”.

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos en el contexto de protestas de 2017. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) documentó la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Constató que las fuerzas de seguridad utilizaron de forma sistemática fuerza excesiva para frenar las protestas. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

En un reporte publicado por el Foro Penal Venezolano en mayo de 2017, registraron que durante ese mes muchas personas presentaron heridas causadas por perdigones, balas u otros objetos como metras, cristales, trozos de metales que fueron disparados por efectivos militares, policiales o grupos paramilitares. “Existen heridos y evidencias del uso de esferas metálicas o de vidrio, presuntamente disparadas por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Dichas esferas son introducidas dentro de los cartuchos de perdigones usados contra manifestantes. Ha sido denunciado y se han encontrado en los sitios de las manifestaciones, cartuchos previamente fabricados donde se introducen esferas metálicas o de vidrio en combinación con los perdigones de plástico”, reza el informe.

“Desde el primer momento quien violó el procedimiento penal fue el mismo gobierno. El autor material tenía que haber sido detenido en flagrancia y presentado frente al Ministerio Público puesto que el mundo entero fue testigo de lo que sucedió, casi lo televisaron en vivo”, expresó su padre David Vallenilla. Pero nada ocurrió así. 

En octubre de 2017, el Ministerio Público concluyó su investigación y solicitó que se procesara al sargento primero de la Fuerza Aérea Arli Cleiwi Méndez Terán por homicidio agravado con premeditación y uso indebido de un arma de servicio

La audiencia preliminar del caso se llevó a cabo un año después del asesinato de David. Todas las audiencias anteriores fueron suspendidas, en su mayoría, por asuntos relacionados con el traslado del imputado, cuyo lugar de reclusión ni siquiera el juez de la causa parecía conocer con exactitud: “Yo dudo que ese individuo, que no lo llevan nunca a las audiencias, este privado de libertad. No tengo la certeza, por el contrario tengo razones suficientes para dudarlo”, cuenta el señor Vallenilla. 

“El Vigésimo Primer Juez de Control decidió mantener la medida preventiva de privación de libertad en contra del imputado y ordenó el pase a juicio oral y público”, explica el informe de la ONU. 

Más de tres años después de la muerte de David José, el juicio aún no ha tenido lugar. 

Toda la familia de David José vive con el dolor de la pérdida, tratando de convertirlo en fortaleza: “Nos han mutilado nuestras vidas, no termino de aceptarlo, nuestras vidas no serán iguales nunca más”. 

Vallenilla quiere que su hijo sea recordado por su osadía y sus ganas de luchar por un mejor país. “Quiero que mi hijo sea recordado como un joven valiente que dio su vida por ver a su país libre. Que se sepa quién fue y por qué luchó, por qué murió. Que sea recordado como un gran hombre, se lo merece, como todos esos jóvenes que dieron su vida por Venezuela. Se lo merecen”.

N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic.

No sin ellas: mujeres que hicieron historia en 2020
Sarah Mcbride, Kim Ng, Petra de Sutter, Kimberly Ayala. Esos son los nombres de algunas de las mujeres que se convirtieron en grandes hitos al ocupar un cargo por primera vez o en ser reconocidas en ámbitos políticos, científicos o deportivos
La primera vicepresidenta de EEUU, la primera mánager en las Grandes Ligas, la primera abogada transexual en Paraguay, la primera mujer transexual en el fútbol argentino. Llegaron a dónde querían y tienen intención de quedarse

 

@ValeriaPedicini

El 2020 fue un año clave para la humanidad, pero también el año en el que las mujeres reescribieron la historia. Política, ciencia, deportes, negocios, educación, leyes. No debería existir un lugar, una carrera u oficio que discrimine al sexo femenino. Ellas lo están haciendo saber, una mujer a la vez.

Porque algo es seguro: aunque son la mitad de la población mundial, las mujeres no tienen los mismos derechos y espacios que los hombres. Y  a pesar de los cambios y avances, la desigualdad no ha terminado: afecta a millones de mujeres en todo el mundo y en muchos ámbitos. En países pobres, esta vulnerabilidad se exacerba y alcanza también a niñas y adolescentes.

Sin embargo, cargos que históricamente habían sido ocupados por figuras masculinas ahora tienen a una mujer a la cabeza. Se trata de nombres poderosos que resuenan para cambiar y eliminar las brechas de género y que buscan materializar un mundo más igualitario y justo. 

Mujeres que tienen mucho para decir y se están haciendo oír. 

Las mujeres siguen haciendo historia y este 2020 marcaron una serie de hitos en favor de la igualdad. Para homenajearlas, en Runrun.es hicimos un recuento de mujeres que han alcanzado cargos inéditos este año. Estas son sus historias:

Kamala Harris, la primera pero no la última 

El 3 de noviembre fueron las elecciones en Estados Unidos, pero los resultados de los votos no solo causaron un cambio de Gobierno tras la victoria de Joe Biden sino que hicieron historia: Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ser vicepresidenta en la historia del país. Su llegada a la Casa Blanca coincidió con el aniversario de los 100 años desde que las mujeres pueden votar en Estados Unidos. 

La victoria es doble y hasta tres veces histórica: la candidata del partido demócrata también es la primera mujer negra y de ascendencia asiática en ocupar el segundo cargo más importante del país. 

“Aunque puede que yo vaya a ser la primera mujer en este cargo, no seré la última. Porque cada niña pequeña que nos está viendo esta noche ve que este es un país de posibilidades”, dijo la mujer de 56 años en su primer discurso de victoria en Wilmington, Delaware. 

La senadora de California también hizo un homenaje a las “generaciones de mujeres, mujeres negras, asiáticas, blancas, latinas y nativas estadounidenses de toda la historia, que han abierto el camino para el momento de esta noche”.

Harris estudió ciencias políticas y economía en la Universidad Howard de Washington y luego fue por una segunda licenciatura al escoger derecho en la Universidad de California. 

Este año no ha sido el único en el que Harris consigue posiciones emblemáticas para las mujeres. En el año 2003 fue elegida la primera fiscal de distrito de San Francisco y en 2011 ocupó el cargo de procuradora general de California. Entró al Senado de Estados Unidos en 2017, siendo la segunda mujer negra en lograrlo. 

Kim Ng, ligada al béisbol de toda la vida

Desde muy niña, Kim Ng veía y jugaba deportes porque su padre era fanático. Poco a poco fue construyendo un camino y haciéndose un espacio en un lugar normalmente dominado por hombres. 

“Tuve la suerte de tener mujeres fuertes e independientes en mi vida cuando era pequeña. Lo mínimo que puedo hacer es pagar eso”. Y lo hizo: tiene más de 30 años vinculada al béisbol profesional.  

Los Marlins de Miami la nombraron como gerente general del equipo, convirtiéndola en la primera mujer mánager general en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Es también la primera asiática-americana que llega a esa posición en el deporte profesional estadounidense. 

Incluso es la primera mujer en ser gerente general de un equipo masculino en un deporte profesional importante en Estados Unidos y la mujer con el cargo de mayor rango en la MLB.

“Después de décadas de determinación, es el honor de mi carrera liderar a los Miami Marlins”, dijo Ng en un comunicado. “Cuando entré en este negocio, parecía poco probable que una mujer liderara un equipo de Grandes Ligas, pero estoy obstinada en la búsqueda de mis objetivos. Mi objetivo ahora es llevar el campeonato de béisbol a Miami ”, dijo la mujer de 51 años. 

Kim estuvo ligada al deporte y específicamente al béisbol desde joven. Aunque vivió en el condado de Queens, Nueva York, hasta los 12 años y los Mets eran el equipo profesional de béisbol de ese territorio de la Gran Manzana, ella era aficionada a los Yankees. 

Después de culminar sus estudios de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Chicago, se fue a la MLB. Comenzó una carrera en el béisbol en 1990 como pasante y al año los Medias Blancas la contrataron a tiempo completo. En cinco años se convirtió en la subdirectora de operaciones de béisbol del club. En 1995 fue la primera mujer, y la persona más joven, en presentar un caso de arbitraje salarial. 

Trabajó en varios equipos, en cargos como analista de proyectos especiales, vicepresidenta y asistente de gerentes generales. Ng también trabajó en el consejo asesor de diversidad de MLB durante su tiempo en la oficina de la liga. En 2015 y en 2017 su nombre figuró en la relación de mujeres más poderosas en el mundo del deporte. 

Petra de Sutter, por el cambio en toda Europa

Petra De Sutter se juramentó ante el rey Felipe de Bélgica como viceprimera ministra, parte del equipo del nuevo gabinete del gobierno belga de coalición. Así se convirtió en la primera mujer transgénero en llegar a un cargo ministerial en Bélgica y Europa, convirtiéndola en la política transexual más importante de todo el continente. 

“Me enorgullece que en Bélgica y en la mayor parte de la Unión Europea tu identidad de género no sea un problema. Espero que mi nombramiento como ministra y viceprimera ministra pueda generar el debate en países donde todavía no es así”, dijo al asumir el cargo. 

De Sutter es ginecóloga, ministra de servicios públicos y empresas públicas. Fue senadora del partido Groen en la cámara alta del parlamento de Bélgica durante cinco. El año pasado llegó al Parlamento Europeo donde llegó a ser la presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor.

Además, es una reconocida activista LGBTI y del feminismo. “Entiendo la importancia de ser un modelo a seguir. Y estoy dispuesta a serlo si eso inspira y da esperanza a otros. Pero no pretendo viajar por el mundo como la ministra transgénero”, dijo en entrevista con el diario británico The Independent.

Sarah Mcbride, por leyes más justas

Aunque otras personas transgéneros han ocupado puestos públicos en Estados Unidos, Sarah Mcbride alcanzó el rango más alto en un Senado estatal el pasado 3 de noviembre. Mientras el conteo de votos dio por ganador a Joe Biden para la presidencia, la política fue elegida como la primera senadora estatal transgénero de Estados Unidos por el estado de Delaware. 

“Lo logramos. Ganamos las elecciones generales. Gracias, gracias, gracias”, publicó el día de los resultados en su cuenta de Twitter. 

“Muchos de los asuntos que nos afectan en el día a día, tienen que tratarse a nivel estatal, ser senadora me da una gran oportunidad. Era el momento adecuado y el lugar adecuado para dedicar mi energía y mis esfuerzos a postularme como senadora y estoy increíblemente feliz por lo que hice”, dijo McBride en una entrevista en El País. 

 

La demócrata tiene 30 años, se graduó en la Escuela de Artes Cab Calloway y es activista por los derechos de la comunidad LGBTI. En 2016 dio el primer gran paso en su carrera política y dentro de su partido como secretaria de prensa nacional de la campaña de derechos humanos al ser la primera persona abiertamente transgénero en hablar en una Convención Nacional Demócrata. “¿Seremos una nación donde solo hay una forma de amar, una forma de ver, una forma de vivir? ¿O seremos una nación donde todos tengan la libertad de vivir de manera abierta e igualitaria. Una nación que es más fuerte unida?”.

Kimberly Ayala, se juramentó como quería

Lo intentó por cinco años. Kimberly Ayala había culminado su carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Este en Paraguay en 2015, obtuvo un promedio sobresaliente en su promoción y formó parte del cuadro de honores, pero le fue negado en dos oportunidades por la Corte Suprema de Justicia el derecho a jurar expresando su identidad de género. 

No había podido ejercer ante tribunales porque no era reconocida. El argumento era que no podía juramentarse porque su documento de identidad decía un nombre que no iba acorde con su imagen, porque su foto “no coincidía” con el nombre. La respuesta que le dieron era que debía sacarse una foto nueva. 

“La persona que me atendió me dijo que me alce el cabello y me ponga corbata y maquillaje. Me molesté y le dije que yo no iba a someterme a eso porque es como negar mi identidad. Yo soy una mujer trans y ya hacía tiempo estaba viviendo como mujer trans. Esto es algo que yo ya formé, que ya es mío. Le dije que mi otra identidad quedó en el pasado”, contó Kimberly a Presentes. Ella quería jurar con su imagen actual. 

Pero este 2020, Kimberly Ayala lo logró: presentó por tercera vez su pedido de juramento y ahora sí le fue aceptado. Juró en el Palaco de Justicia de Asunción y se convirtió en la primera abogada transgénero de Paraguay.

“Una persona es libre de crear su propia identidad, lo garantiza la constitución nacional. No encuentro ningún impedimento legal para negarle el derecho al juramento a una persona que ha concluido con el estudio de la carrera”, dijo Alberto Martínez Simón, presidente del Poder Judicial sobre el caso de la joven de 29 años. 

Kimberly pudo lanzar su birrete y ganó una beca para hacer una maestría en educación superior en Ciudad del Este, donde la reconocían con su nombre social. 

Mara Gómez, ser feliz jugando a la pelota

Fueron muchos los obstáculos a los que Mara Gómez tuvo que enfrentarse por ser una mujer transexual. Pensó que nunca iba a poder ser feliz por ser quien era. Pero el 28 de noviembre ocurrió un hecho histórico en la igualdad de derechos: fue autorizada por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para disputar el torneo de Fútbol Femenino de Argentina. 

La joven de 22 años es la primera jugadora transexual en participar en la Primera División del fútbol femenino de Argentina. “Hoy soy oficialmente jugadora de la máxima categoría del fútbol argentino”, escribió en sus redes sociales acompañado de una fotografía de cuando firmó, antes de la pandemia, un acuerdo con la AFA.

La AFA tomó en cuenta la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, para habilitar a la futbolista de Villa San Carlos. Esa ley, entre otras cosas, establece la obligatoriedad de que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida.

“Estaré cumpliendo una de las metas más grandes de mi vida. Eso que creí indispensable, que nunca iba a suceder”, dijo la jugadora, quien en una entrevista contó que tuvo varios intentos de suicidios por la discriminación que sufrió durante su infancia y juventud. 

Aunque al inicio lo veía como una diversión, ha contado que el fútbol le salvó la vida. “Encontré un medio de contención social y me ayudaba a olvidar todo lo malo”. 

Mara pronto podrá hacer su presentación oficial en el campo de fútbol. 

Eva Wiese, “lo mejor o nada”

Aunque asumirá el cargo en febrero de 2021, la noticia ya fue anunciada: por primera vez en Mercedes Benz Canadá una mujer será la presidenta y directora ejecutiva de la compañía automotriz. 

Su nombre es Eva Wiese y tendrá bajo su mando a 1.200 empleados en 14 lugares distintos, así como una red nacional de siete operaciones minoristas propias de Mercedes-Benz y 52 concesionarios autorizados. 

La carrera de Wiese comenzó en 2001 como aprendiz de administración y ha adquirido experiencia en comercio minorista, marca y marketing. Wiese ha trabajado para Mercedes-Benz en Alemania, Estados Unidos y Asia desde que se unió a la empresa en 2001. Anteriormente fue  directora de marketing y gestión de productos de Mercedes-AMG y asistente ejecutivo del director de Mercedes Car Group.

Sofía María Vier, volar por los sueños

Sofía María Vier es el nombre de la primera aviadora argentina en egresar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tras finalizar con éxito y el mejor promedio el Curso de Aviador militar. Es también la primera mujer piloto de caza de Argentina. 

La joven de 25 años estuvo un año y medio en la Base Aérea de Columbus, lugar reconocido en la formación de pilotos militares. La cordobesa se graduó de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y fue seleccionada para participar en un intercambio militar de Estados Unidos. 

“La alférez Sofía Vier, oriunda de Córdoba, se convirtió en la primera oficial argentina en finalizar con éxito el Curso de Aviador Militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos”, fue la publicación del Ministerio de Defensa argentino por la que se supo la noticia. 

La decisión de formar parte de la Fuerza Aérea se debe a su familia, en especial a su padre. “Crecí en el entorno aeronáutico, valoro mucho la calidad de personas formadas en la Escuela. La importancia de la familia, la lealtad, la camaradería, son virtudes que no se encuentran en otro lugar. También se viven cosas únicas y se aprende a valorar todo de otra manera. Además me gustan mucho los aviones militares y me encantaría lograr ser piloto militar”.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que “tener una mujer piloto de caza es un hecho significativo, por eso es que nosotros queremos darle relevancia y visibilidad, porque entendemos que va a ser motivante para muchas chicas jóvenes y mujeres que van a querer ingresar a las Fuerzas Armadas”.

Mariana de Almeida, arbitrar para ellos 

El estadio Presidente Perón de Avellaneda en Argentina fue el lugar para presenciar un hito en el camino del fútbol latinoamericano por lograr mayor igualdad: Mariana Lorena de Almeida se convirtió en la primera mujer que integró un cuerpo arbitral en un partido de la Copa Libertadores masculina al ser asistente en un partido de hombres en toda la historia del torneo internacional. 

Después de que los cuatro árbitros brasileños que iban a dirigir Racing-Nacional dieran positivo de Covid-19, la Comisión de Árbitros de la Conmebol debió reemplazarlos y fue así que la argentina fue llamada para ocupar el lugar de jueza de línea. 

De Almeida, de 38 años, comenzó su carrera arbitral mientras estudiaba periodismo deportivo. Debutó como asistente en el fútbol masculino de la AFA el 6 de noviembre de 2017. 

La mujer de 38 años dio sus primeros pasos en el arbitraje en las categorías infantiles, para luego dar el salto a las primeras divisiones masculinas y femeninas. Su buen nivel la llevó a convertirse en árbitra FIFA en 2008, apenas dos años después de arrancar. Ha representado a la Argentina en todo tipo de torneos, incluidos dos mundiales (Canadá 2015 y Francia 2019), mundial sub 20 Japón 2012 y los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Hace 13 años, cuando comencé, no éramos muchas chicas y era lógico que les pareciera un poco extraño, más en un ambiente difícil como es el fútbol. Cuando contás que sos árbitra, la gente siempre se sorprende, pregunta qué nos dicen en la cancha o cómo nos tratan. Siempre es una sorpresa para el que no te conoce”. 

Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna, reescribiendo el código de la vida

Cuatro mujeres fueron galardonadas con el Premio Nobel en 2020, entre ellas la física Andrea Ghez y la poeta Louise Glück. Pero las genetistas francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna hicieron historia por ser la primera dupla de mujeres en ganar un Nobel de Química. Son la quinta y sexta mujer en ganar el galardón en el que los hombres han llevado la delantera: en toda la historia de estos reconocimientos, desde 1901, las mujeres han sido premiadas 58 veces frente a los 876 premios recogidos por hombres.

Las químicas desarrollaron un método para hacer cambios específicos y precisos en el ADN contenido en células vivas, llamado CRISPR/ Cas9, también conocido como “tijeras genéticas” o “tijeras moleculares”. Consiste en la modificación del gen existente, “cortar” el ADN donde se quiere. Esta tecnología molecular contribuye a nuevas terapias contra el cáncer y hace posible la cura de enfermedades hereditarias. 

“Estoy orgullosa de mi género. Muchas mujeres tienen la sensación de que, sin importar lo que hagan, su trabajo nunca será reconocido como podría ser si fueran hombres. Me gustaría ver ese cambio, dijo Doudna al momento de conocer el premio. 

“Creo que el hecho de que Jennifer y yo hayamos ganado el premio deja un fuerte mensaje para las niñas y jóvenes”, expresó Charpentier en una entrevista al recibir el Nobel. 

Charpentier es actualmente la directora de la Unidad Max Planck de Ciencia de los Patógenos en Berlín, Alemania, mientras que la estadounidense Doudna es profesora en Berkeley e investigadora en el Howard Hughes Medical Institute. 

Marie Cau, sin etiquetas

En mayo, Marie Cau ganó de manera unánime los votos de los concejales en la provincia francesa de Tilloy-lez-Marchiennes y se convirtió en la primera mujer transexual en ocupar el cargo de alcaldesa en todo el país. 

La mujer de 55 años es ingeniera agrónoma y política enfocó su campaña estuvo enfocada en una plataforma de sustentabilidad ecológica y el fortalecimiento de la economía local. 

“Es sorprendente que esto sea sorprendente, no votaron por mí o contra mí porque soy transgénero, votaron por un programa y valores para la ciudad”, dijo Cau en una entrevista a la agencia AFP. 

Marie Cau, first transgender woman elected as mayor in France poses on May 24, 2020 in her garden of Tilloy-lez-Marchiennes, one day after being elected by the city council. (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images)

Cau no se define como activista y señaló que cuando algo se normaliza no existen los señalamientos o etiquetas. 

“Debo reconocer, que mi nuevo cargo es una evidencia más que las personas transgénero pueden tener una vida social y política normal”. 

Katerina Sakellaropoulou, el máximo cargo en Grecia

Katerina Sakellaropoulou solo necesitaba 200 votos de los diputados del Parlamento de Grecia para ser electa presidenta. No solo alcanzó la cifra, sino que la sobrepasó: obtuvo 261 votos a favor. Así se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de Grecia. 

La ceremonia de juramentación para su mandato de cinco años, llevada a cabo a mediados de año, se realizó en una sede legislativa casi vacía para evitar la propagación del coronavirus. 

Sakellaropoulou era jueza en la Corte Suprema y su candidatura, propuesta en enero por el primer ministro de Grecia, fue apoyada por el partido en el Gobierno, la conservadora Nueva Democracia, y de los mayores partidos de la oposición, el izquierdista Syriza y la coalición de centroizquierda Movimiento del Cambio.

Su elección simboliza “la transición hacia una nueva era”, dijo Kyriakos Mitsotakis, primer ministro. “Demuestra que podemos ponernos de acuerdo en los grandes temas”. 

 

Mujeres venezolanas que cambiaron la historia

“¿Cómo se atreven unas mujeres a ocupar espacios que siempre han sido de los hombres?”. Eso se preguntaba la sociedad venezolana cuando se iba a reformar el Código Civil en 1982 que le reconocía una cantidad de derechos a las mujeres y quienes alzaban la voz para ocupar los espacios públicos monopolizados por hombres. Espacios del que eran excluidas por el simple hecho de ser mujeres. 

Los derechos que hoy en día tienen las mujeres en Venezuela se debe a que un grupo de ellas en el siglo XX desobedecieron la idiosincrasia patriarcal y defendieron lo que les correspondía. Enfrentaron dictaduras, conquistaron el derecho a votar, a ser civilmente reconocidas y alcanzar posiciones para abrirles espacios a otras. Cómo se llegó al presente. 

Por esos aportes a la democracia, Transparencia Venezuela junto a la Comisión de Mujeres y Género de la Asamblea Nacional publicaron un libro para homenajear y exaltar los logros de las mujeres venezolanas durante el siglo XX.

El libro “20 mujeres del siglo XX: Venezolanas que cambiaron nuestra historia”, escrito por la periodista Maruja Dagnino, hace un repaso a la historia con perspectiva feminista y le da tribuna a aquellas mujeres pioneras responsables de los avances por la equidad en el país desde distintos ámbitos, profesiones u oficios. Un libro para reivindicar a las mujeres y que no sea posible el olvido de aquellas que con valentía, inteligencia y disciplina han sido heroínas de la democracia. 

La lista reúne las biografías de mujeres profesionales y líderes como Ada Pérez Guevara, Adicea Castillo, Ana Lucina García Maldonado, Argelia Laya, Carmen Clemente Travieso, Elisa Jiménez Armas, Esperanza Vera, Eumelia Hernández, Evangelina García Prince, Franca Donda, Gloria Comesaña, Gioconda Espina, Isolda Heredia Salvatierra, Lali Armengol, Lucila Palacios, María Teresa Castillo, Mercedes Fermín, Mercedes Pulido de Briceño, Rosa Paredes y Sonia Sgambatti.

Para ver el libro completo, puede descargarlo aquí

DDHH olvidados | Un disparo al corazón de Alixon Dos Santos
 Alixon Dos Santos Pisani falleció el 22 de enero de 2019 en una protesta en Catia, en el oeste de Caracas. Testigos aseguraron que cuando el joven de 19 años cayó herido había funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el lugar.
Entre el 21 y el 25 de enero de 2019, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1023 protestas en todo el país.  

 

@ValeriaPedicini 

Las protestas nocturnas en zonas populares tenían encendida a Venezuela desde que comenzó 2019. Y Caracas no era la excepción: manifestantes en sectores como La Pastora, las Fuerzas Armadas, Cotiza, Los Mecedores, El Amparo, El Valle, Propatria y Catia repudiaban al gobierno de Nicolás Maduro. La noche del martes 22 de enero, Alixon Dos Santos salió a las calles del municipio Libertador a hacer lo mismo. 

El joven de 19 años era panadero. Nació en Ciudad Bolívar, pero recién nacido lo llevaron a vivir con su tía y abuela en Caracas. “Alixon vivió su corta vida en Altavista. Como todo joven tenía muchos sueños, pero le gustaba trabajar para apoyarnos en el hogar. Se empeñó en proveernos de todo lo necesario para que estuviésemos bien. Él decidió sacrificar sus estudios por nosotros y creo que ese sentimiento de solidaridad lo impulsó a alzar su voz por la situación del país”, contó Nivia Pisani, tía de Alixon. 

Esa misma necesidad de expresar su descontento por la crisis que vive Venezuela hizo que el joven protestara esa noche de enero junto a vecinos y amigos en la avenida Sucre de Catia, en un callejón frente a la estación Gato Negro del Metro de Caracas. Mientras tanto, a varias cuadras del lugar, su tía estaba en su casa en Altavista revisando las redes sociales, ajena a lo que ocurría. 

Manifestantes bloquearon las calles e iniciaron un “cacerolazo”. Al principio se produjo un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad del Estado y quienes protestaban. Grupo de antimotines de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lanzaron bombas lacrimógenas contra aquellos que tenían bloqueadas las vías y en respuesta les arrojaban piedras. 

Pero alrededor de las 10 de la noche, dos motos con personas uniformadas de la PNB se acercaron a la concentración. Un disparo sonó en medio de la protesta en el oeste de la ciudad. “Desde el asiento trasero de una de ellas, un oficial habría disparado con un arma corta contra la multitud de forma indiscriminada e hirió a Alixon”, dice un reporte de víctimas de las protestas de 2019 realizado por Amnistía Internacional

Testigos señalaron que, en medio de la oscuridad, cuando el joven cayó mal herido, había funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En un análisis de las imágenes de la protesta, así como de los casquillos que fueron recabados del sitio, Amnistía Internacional confirmó la existencia de miembros motorizados de la PNB, así como el uso de un arma semiautomática de cartuchos de 9 mm. 

Un motorizado se acercó a casa de Nivia a gritarle desde la acera que le habían disparado a Alixon. Su primera reacción fue mostrarse incrédula. “Deja la pendejada, esos no son juegos”. Pero su actitud cambió cuando vio las lágrimas en el rostro de aquel mensajero. Se subió a la moto y juntos se fueron hasta el Hospital Periférico de Catia, donde unos amigos habían trasladado al joven después de que fuera herido. 

Médicos y enfermeras llevaron a Nivia hasta la camilla donde estaba el cuerpo de su sobrino, cubierto hasta la cabeza con una sábana blanca. Le informaron que un disparo al corazón (en el hemitórax izquierdo) le había quitado la vida al joven de 19 años. Intentaron brindarle primeros auxilios, pero había llegado sin signos vitales al centro de salud. 

En el hospital, varios de los manifestantes que también estaban con Alixon en la protesta, exclamaban: “¡Fueron las FAES, fueron las FAES! Nosotros los vimos, con sus uniformes y sus armas. Todo el mundo en estos barrios los reconoce”, según documentó la organización Proiuris

Nivia contó que mientras se encontraban en el hospital, funcionarios llegaron al lugar para intimidarlos. “Quizás con la intención de que no denunciáramos lo ocurrido. Tuvimos que salir por la parte posterior del hospital para poder resguardarnos”, recuerda la tía del joven de 19 años. 

“A Alixon lo asesinan en el marco de estas protestas, un día después del alzamiento en Cotiza y en víspera de la marcha convocada para el  23 de enero, lamentablemente fue la primera víctima de la represión en el 2019. Él y varios vecinos se encontraban apostados gritando consignas en un callejón frente a la estación del metro Gato Negro, no representaban peligro para nadie, es más ni siquiera afectaban el tránsito por la avenida Sucre”, expresó. 

En comparación a las protestas de 2017, las manifestaciones de 2019 estuvieron marcadas por la espontaneidad, por haberse trasladado del este al oeste o centro de Caracas y por ocurrir al caer la noche, casi siempre después de las 8:00 p.m. Entre el 21 y el 25 de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1023 protestas en todo el país.  

Los cuerpos de seguridad también salieron a reprimir. El OVCS identificó a 51 personas muertas durante las manifestaciones, en Caracas y otras ciudades, entre el 22 de enero y 7 de abril, la gran mayoría por impacto de bala. El 68% de los asesinados son atribuibles al uso excesivo de la fuerza pública, siendo la GNB la principal responsable y seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

Llamadas también “escuadrón de la muerte” y calificadas como “grupo de exterminio”, el cuerpo de seguridad adscrito a la PNB fue creado a mediados de 2017 por Nicolás Maduro para que se sumaran “al combate por la seguridad, contra el crimen y contra el terrorismo”. Son la fuerza policial de mayor letalidad. Desde su creación, hasta mediados de 2019, habían acumulado más de 7.000 denuncias de ejecuciones policiales en todo el territorio.

El 23 de enero de 2019, día después de la muerte de Alixon Dos Santos y día de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, no solo rompió el récord de muertes durante protestas contra el Gobierno (al menos 20), sino también el de detenciones: 696 arrestos habían sido registradas hasta el 28 de enero, según el Foro Penal Venezolano. 

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes 27 de noviembre de 2020 que 187 personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales “en el ejercicio del derecho a la manifestación” desde las protestas de 2014.

“En el acta no dice por ningún lado que lo mató las FAES. Pero hay muchos testigos, manifestantes, que vieron todo. Es un hecho”. El asesinato de Alixon Dos Santos sigue impune. Un fiscal asignado por el Estado venezolano concluyó que “el caso está cerrado porque no hay evidencias” de interés criminalístico, según contó Nivia. 

N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

DDHH olvidados | Al Capitán América lo asesinaron de un disparo en el abdomen
Adrián Duque, joven de 24 años, falleció en 2017 durante una manifestación en el estado Zulia en 2017. Fue impactado por una metra en la región abdominal. Testigos señalan como supuestos responsables a funcionarios de la GNB.
Durante las protestas de 2017, un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos.

 

@ValeriaPedicini

A Adrián Duque le decían “Capitán América”.  Así lo apodaron sus allegados porque siempre acostumbraba a llevar un escudo con los colores azul, rojo y blanco que identifican al superhéroe de Marvel. 

Llevaba ese mismo escudo el día en que murió. 

La noche del miércoles 24 de mayo de 2017, Adrián estaba manifestando en los alrededores de Tostadas El Matapalo, frente al conjunto residencial Torres El Saladillo, en el casco central de Maracaibo. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se acercaron hasta el lugar para reprimir la protesta en la zona.  

Todo sucedió en cuestión de segundos. Se produjo un enfrentamiento entre ambos grupos y los efectivos acorralaron a los manifestantes. Nada pudo hacer el escudo que usaba para protegerse: Adrián fue impactado por una metra en la región abdominal izquierda. 

El joven de 24 años fue trasladado alrededor de las 8:30 de la noche hasta el Hospital Chiquinquirá. Pero nada pudieron hacer los médicos que lo atendieron porque llegó al centro de salud sin signos vitales. 

Se conoció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al sitio para recolectar evidencias y determinar las responsabilidades penales. Asimismo, el Ministerio Público comisionó al fiscal 4 del estado Zulia, Israel Vargas, para dirigir la investigación sobre la muerte de Adrián Duque. 

Según información suministrada por el  mayor general Tito Urbano Meleán, jefe de la  Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) del estado Zulia, Adrián Duque habría muerto el impacto de una metra disparada con un chopo, arma de fabricación casera. Gervasio Vera, jefe del Cicpc-Zulia para la fecha, explicó que al realizar la autopsia se logró sustraer una esfera de vidrio.

Sin embargo, personas que se encontraban en el lugar señalaron como supuestos responsables a funcionarios de la GNB que dispersaron la manifestación y reprimían a los jóvenes que protestaban. “Adrián se estaba protegiendo con un escudo y durante un descuido volteó y recibió el impacto en la parte izquierda del abdomen. Cayó de una vez”, dijo una testigo, según registró la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez). 

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos en el contexto de protestas de 2017. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) también documentó la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Constató que las fuerzas de seguridad utilizaron de forma sistemática fuerza excesiva para frenar las protestas. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala. 

En un reporte publicado por el Foro Penal Venezolano en mayo de 2017, registraron que durante ese mes muchas personas presentaron heridas causadas por perdigones, balas u otros objetos como metras, cristales, trozos de metales que fueron disparados por efectivos militares, policiales o grupos paramilitares. 

“Existen heridos y evidencias del uso de esferas metálicas o de vidrio, presuntamente disparadas por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Dichas esferas son introducidas dentro de los cartuchos de perdigones usados contra manifestantes. Ha sido denunciado y se han encontrado en los sitios de las manifestaciones, cartuchos previamente fabricados donde se introducen esferas metálicas o de vidrio en combinación con los perdigones de plástico”, reza el informe. 

Han transcurrido tres años de la muerte de Adrián Duque y no se han determinado a los responsables. Sus padres Henry Duque y Yumaira Bravo dicen no guardar rencor, pero aseguran que se mantienen en pie de lucha para exigir justicia, prisión para el autor material y para los implicados indirectos en el asesinato de su hijo. “No nos pueden devolver a nuestro hijo, pero que metan presa a la persona que lo mató. Fue una persona a quien asesinaron, no un animal, merece justicia”. 

La familia Duque Bravo ha perdido la cuenta de todas las veces que han denunciado la deficiente actuación desempeñada por la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. “Todo está paralizado, no hay avances. Últimamente no hemos podido movilizarnos por la falta de gasolina que nos afecta a todos”, manifestó Yumaira Bravo a la organización Justicia, Encuentro y Perdón.              

De acuerdo con el más reciente informe de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, las altas cifras de impunidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante las manifestaciones y las violaciones de las garantías del debido proceso en las causas de los presos políticos se han convertido en la máxima de los procesos judiciales en Venezuela. “De un total de 332 asesinatos documentados, existe un alarmante índice de impunidad del 97 % que data desde el año 2014. Ello representa un patrón perverso que ampara a los responsables de delitos contra los derechos humanos, que revictimiza a las víctimas y niega sus esperanzas de justicia y reparación integral”. 

“Nuestra familia enfrenta un acto de impunidad, queremos justicia, que paguen los culpables, pero ante tanta impunidad solo espero la justicia de Dios”, expresó Yuraima Bravo en referencia al frágil proceso judicial que ha tenido lugar tras la muerte de su hijo. 

Adrián era amante del fútbol y poco antes de morir había egresado de la Universidad José Gregorio Hernández como contador público. El joven era el único hijo varón de la familia Duque Bravo. “Visitamos cada mes su tumba, no nos olvidamos de él. Una persona muere de verdad cuando se olvida, y nosotros no nos olvidamos de él”, expresó su padre.

N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón