CLAVES | Los derechos asociados a la salud sexual y reproductiva no están garantizados en Venezuela - Runrun
CLAVES | Los derechos asociados a la salud sexual y reproductiva no están garantizados en Venezuela
El pasado 25 de enero se realizó en Ginebra la Sesión correspondiente al 3er Ciclo del EPU, en el que se evaluó la situación de Derechos Humanos en Venezuela
Organizaciones de la sociedad civil enviaron sus contribuciones presentadas en más de 170 informes y hojas informativas con exposición de casos y recomendaciones
La organización AVESA envió un documento en el que resume la problemática que enfrentan las mujeres venezolanas en sus derechos sexuales y reproductivos

 

Organizaciones venezolanas de derechos humanos enviaron 115 informes en los que se abordan 34 temas sobre sobre situaciones, problemáticas, abusos y violaciones a los derechos fundamentales en el país en el marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal de la ONU (EPU). 

116 países participaron y evaluaron al gobierno de Nicolás Maduro en materia de derechos humanos tales como protección a actores humanitarios, derechos políticos, población indígena, personas LGBTIQ.

Durante el EPU, quedó en evidencia la vulnerable situación de las mujeres en Venezuela, específicamente la concerniente a los derechos sexuales y reproductivos. 

En los informes presentados por las organizaciones se demostró que la mujeres, adolescentes y niñas venezolanas no cuentan con las condiciones necesarias para decidir de manera segura e informada sobre su sexualidad y reproducción, así como no tienen garantizado el acceso a servicios de manera oportuna y de calidad. 

La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), organización no gubernamental feminista, envió un documento en el que resume la problemática que enfrentan las mujeres venezolanas por el grave retroceso en la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Aumento de la mortalidad materna

La tasa de mortalidad materna ha aumentado de manera progresiva en Venezuela en los últimos años, a pesar de que en 2015 el Estado venezolano prometió intensificar los esfuerzos para reducirlos. 

Las embarazadas enfrentan condiciones no dignas ni adecuadas para la atención al parto. Problemas de infraestructura, dotación de equipos, medicinas, insumos, fallas en los servicios básicos y disminución en trabajadores de la salud afectan gravemente la capacidad de atención en las maternidades del país. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya reportaba en 2015 que la tasa de mortalidad materna era de 95 por cada 100 mil nacidos vivos registrados, un incremento considerable si se tiene en cuenta que en 1984 la cifra era de 50,3. 

Pero de acuerdo a los datos oficiales del último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, de 2015 a 2016 la mortalidad materna aumentó 65,79%, lo que representa una tasa entre 113,51 y 153,44 por cada 100 mil nacidos vivos registrados. 

Un estudio llevado a cabo en la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, analizó los datos de la mortalidad materna registrados durante cinco años y reveló que en cuanto a la razón de muerte materna hubo un incremento de 100,27 para 2013 a 191,59 en 2018. 

Según datos suministrados por el Laboratorio de Desarrollo Humano, la hipertensión arterial es la primera causa de muerte materna en Venezuela. Seguida por las complicaciones durante el embarazo, las hemorragias graves y las infecciones. 

En el informe Mujeres al Límite de 2019 se identificó las hemorragias graves e infecciones a consecuencia de abortos inseguros como otra de la causas de la mortalidad materna. 

La llegada de la pandemia por la COVID-19 solo ha hecho empeorar las críticas condiciones en las que eran atendidas las mujeres embarazadas en centros de salud. En el informe presentado por AVESA se indica que debido a esto, ha habido una disminución de los servicios de salud sexual y reproductiva, así como de la asistencia de las mujeres embarazadas al control prenatal durante los primeros seis meses de la pandemia. Esto causado por el temor al contagio, a las restricciones en la movilidad para cumplir con los decretos de cuarentena y a problemas económicos para cubrir consultas, tratamientos o exámenes. 

Asimismo, destacan que 9 de cada 10 mujeres, adolescentes y niñas, entre los 15 y 59 años que viven en zonas populares de la región central, no han tenido acceso a la planificación de sus embarazos. 

En el top 3 en embarazo adolescente

Las cifras, oficiales y extraoficiales, que se han registrado en Venezuela sobre el embarazo adolescentes continúan siendo elevadas. De acuerdo al informe presentado por AVESA, no se cuenta con información sobre las capacitaciones que se habían prometido hacer desde el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (PRETA). 

Tampoco se tiene conocimiento de los resultados de la implementación de la educación integral de la sexualidad en modalidad virtual por la COVID 19, ni sobre los servicios de salud dirigidos a población adolescente.

Venezuela ocupa el tercer lugar más alto de América Latina y el Caribe en embarazo adolescente: 95 por cada 1.000 para jóvenes entre los 15 y 19 años, según el documento sobre el Estado de la Población Mundial (UNFPA), presentado en 2019. 

La tasa en el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 y 19 años es de 37,9, de acuerdo a un estudio realizado por AVESA en 2020. Esta cifra está muy por debajo del promedio (74) registrado en la región. 

El nivel de información sobre métodos anticonceptivos es insuficiente o nulo para el 60% de las niñas y adolescentes de 10 a 14 años y para el 31% de las adolescentes de 15 a 19 es regular. 

Aspectos como el aumento en las brechas de género, incremento en las distintas formas de violencia sexual, deficiencias en programas de educación sexual y acceso a servicios abonan a que los números de embarazo en las jóvenes venezolanas sean altos. 

Sexo por supervivencia

El informe señaló que el sexo transaccional a cambio de alimentos es una práctica que ha aumentado en Venezuela en los últimos años. La situación fue referida por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en 2019. 

Debido al contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja, las mujeres, adolescentes y niñas se convierten en las más vulnerables a la explotación sexual comercial, trata y tráfico para fines sexuales. 

Estas formas de violencia sexual y esclavitud moderna ha sido registrado de forma significativa en el Arco Minero del Orinoco. 

Acceder a métodos anticonceptivos es difícil

Hace un par de años, Venezuela atravesó periodos de escasez prolongada en métodos anticonceptivos en instituciones públicas y hasta en los comercios. Y aunque ha habido un abastecimiento recientemente, ahora la dificultad está en los costos que los convierten en inalcanzables para un gran grupo de mujeres.  

El índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco principales ciudades del país osciló entre 83,3% y 91,7% para el segundo semestre de 2018, según el informe Mujeres al Límite 2019. Los anticonceptivos orales y la anticoncepción de emergencia tuvieron una cifra de escasez de 85%

Datos del Monitoreo Mensual del Acceso a la Salud realizado en once ciudades del país de junio a diciembre señalaron una mejoría para el caso de los condones (20,13% de escasez), los anticonceptivos orales (49,18%) y la anticoncepción de emergencia en (50,8%). 

De acuerdo al informe, el índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias del resto de los métodos está por encima del 80%. 

Aunque hubo una mejoría en el abastecimiento de los métodos anticonceptivos en los últimos años, no necesariamente se traduce en un mayor acceso a ellos porque los costos son altos. 

49,8% es la tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres de 15 a 49 años del Distrito Capital y del estado Miranda. Esto quiere decir que menos de la mitad de las mujeres de estas edades usan métodos anticonceptivos. 

Defensores bajo riesgo

Las organizaciones han documentado casos de criminalización contra defensoras que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela, específicamente aquellos asociados a la despenalizacion del aborto. 

En octubre de 2020, la defensora y educadora Vannesa Rosales fue detenida de manera ilegal y arbitraria en el estado Mérida, luego de haber ayudado a una joven de 13 años a interrumpir un embarazo producto de una violación. 

Mientras al agresor de la niña se le otorgó libertad condicional y se encuentra prófugo, Rosales se tuvo que enfrentar a un proceso judicial lleno de irregularidades que se enmarca en el patrón de represión sistemática y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. 

Recomendaciones al Estado

Avesa hizo algunas recomendaciones al Estado para ser consideradas de cara al 2022, entre ellas están:

Generación de estadísticas confiables y de acceso público que permitan generar políticas públicas adecuadas.

Elaboración de planes, programas y proyectos con la debida asignación de recursos y con la participación de la sociedad civil. 

Cumplir con las recomendaciones realizadas por los comités CEDAW, PIDESC y de Derechos del Niño en cuanto a la flexibilización de la norma jurídica que penaliza el aborto, la creación de servicios para el acceso al aborto seguro y la atención post-aborto. 

Asegurar un entorno libre y propicio para la labor de las organizaciones de la sociedad civil y crear una estrategia para proteger a las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. 

Restablecer y aumentar la oferta de servicios de planificación familiar, control prenatal en los centros de salud, consultas para ITS y servicios especializados en violencia sexual. 

Distribución de métodos anticonceptivos gratuitos para incidir en la disminución de las necesidades insatisfechas de anticoncepción.

Implementar el Plan de Respuesta Humanitaria con perspectiva de género que permita detener el aumento de las brechas de género y las condiciones de vulnerabilidad extrema de las mujeres, adolescentes y niñas. 

Avanzar en la construcción de planes y programas para combatir la violencia sexual y las diversas formas de esclavitud moderna.

Desarrollar campañas de información sobre salud sexual y reproductiva y su impacto en la autonomía reproductiva de las mujeres.