La abogada Freddy Bogady denunció que en menos de cuatro meses funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) han asesinado a tres personas inocentes en los municipios Valdez y Bermúdez, en el estado Sucre
@qtalyesi / Fotos: Cortesía Otto Irazábal @oirazabal
A propósito de los tres asesinatos de personas inocentes ocurridos en menos de cuatro meses en el estado Sucre a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), la abogada Freddy Bogady considera que este organismo debe poner orden en la designación de los funcionarios que lo representan.
La litigante indicó al equipo de Monitor de Víctimas, este miércoles 13 de abril, que las ejecuciones policiales fueron un delito común entre 2016 y 2017, con la creación de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Detalló que durante ese tiempo las policías se acostumbraron a introducirse en las casas de las personas y las mataban, sin que hubiera luego alguna consecuencia.
“Ahora es que yo veo que por los menos el fiscal general, Tarek William Saab, está poniendo un poco de orden, y soy honesta al decirlo porque le están poniendo orden a esos organismos, pues esos cuerpos policiales sí han ‘ajusticiado’ personas”, denunció.
Bogady explicó que la ejecución de Daniel Lezama, de 22 años de edad, el pasado jueves 7 de abril en Carúpano, a manos de funcionarios del Cicpc delegación Nueva Esparta, es un homicidio calificado por la forma como le dispararon a la víctima.
“Es un vil asesinato. Además, hay prohibición a funcionarios de uso de armas en sitios públicos, como restaurantes y afines. Aparte, esa gente no estaba en servicio. Vienen de Nueva Esparta armados, y le disparan así a ese joven que estaba sentado, cuando ellos eran más personas”, señaló la profesional del derecho.
Sostuvo que la muerte de Daniel Lezama debe servir de lupa para la Fiscalía General, jueces y los fiscales que intervengan en el proceso: “Porque la vida del sucrense no vale nada y luego acomodan a estos funcionarios en una cárcel, y la familia de la víctima queda adolorida sin su familiar”.
La declarante también recordó que el pasado 31 de diciembre de 2021 fueron asesinadas en Güiria, por funcionarios del Cicpc, las señoras Yormaris Rodríguez y Yoninder Molina, quienes quedaron atrapadas en la línea de fuego iniciada por funcionarios de esta delegación en una fiesta callejera cuando estaban bajo los efectos del alcohol.
Un disparo
El joven Daniel Lezama, de 22 años de edad, fue asesinado el pasado jueves 7 de abril por seis funcionarios del Cicpc delegación Nueva Esparta, cuando estaba a las 2:00 p. m. en el Bar Restaurant Thiagos, en la comunidad de Tío Pedro, municipio Bermúdez, con una prima.
La primera explicación de los funcionarios fue que el joven se disponía a robar el local y un funcionario le disparó en el pecho, lo que le causó la muerte. Pero esta versión fue desmentida el viernes 9, cuando circuló en redes sociales el video de seguridad del local donde se observa que el joven se sentó en una mesa y se echó hacia atrás cuando recibió el disparo.
Posteriormente, el pasado lunes 11, Douglas Rico, director del Cicpc, se pronunció a través de su Instagram y calificó de “mala praxis policial” el asesinato del joven en Carúpano. Añadió que él mismo llamó al fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, para que se encargara de las investigaciones.
La madre del joven, Anairys Ramírez, se trasladó este martes 12 hasta el Ministerio Público en Cumaná, donde exigió justicia para su hijo y afirmó que la Fiscalía imputó a cinco funcionarios aunque en el video se observa que eran seis.
Es pertinente recordar que en la primera minuta policial de la Inspectoría Estadal Sucre que circuló después del asesinato aparecen los nombres de seis funcionarios del Cicpc, algunos escritos con errores ortográficos; pero luego el MP imputó solo a cinco funcionarios, identificados como: William Belisario, Cristender González, Julio Isava, Yoel Colmenares y Maikel Malaver por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
