LA JUEZA MARÍA AFIUNI ALCANZÓ AYER LA LIBERTAD tras una década de horrores, durante la que no faltaron torturas (desde rociarla con gasolina a usar cuchillos contra ella) además de abusos sexuales durante su paso por la cárcel. Así lo explicó ella misma ante el tribunal que la juzgaba, que hace unos meses inventó un nuevo delito («corrupción espiritual») para mantenerla en arresto domiciliario.

El relato de Afiuni completó ayer lo adelantado por el demoledor informe de Bachelet: en la Venezuela revolucionaria, que se dice feminista, también se multiplican los casos de violencia sexual, denunciados por las organizaciones civiles, pero que han quedado en un segundo plano entre la selva del horror.

La oficina de la Alta Comisionada señala directamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por cometer delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención. Entre las agresiones físicas se han documentado tocamientos inapropiados, desnudez forzada, amenazas de violación y arrastramientos por el pelo, además de insultos sexistas y de género. Todos ellos para humillarlas y castigarlas, además de arrancarles falsas confesiones.

«Los guardias, así como otros reclusos, ejercen presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por privilegios y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas», destaca el informe de Bachelet.

En el informe también se han reportado «casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo», además de las redes de prostitución que acompañan al éxodo migratorio.

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