El muchacho, que padece de esclerosis cerebral múltiple, fue presuntamente víctima de tortura. Es simpatizante de Acción Democrática
@loremelendez
Giovanny Meza, de 23 años, convulsionó dos veces mientras era presentado ante el Tribunal Noveno de Control de Lara este sábado, 23 de mayo. Padece de esclerosis cerebral múltiple y desde hace años le fue amputada su mano izquierda tras un accidente de tránsito. Nada, sin embargo, impidió que el juez le dictara privativa de libertad a él y a otros cuatro jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado miércoles, 20 de mayo, en la urbanización Sucre de Barquisimeto.
Aunque el acta policial señala que los muchachos fueron arrestados en medio de un protesta que obstaculizaba las vías y en la que utilizaban bombas molotov, testigos y vecinos del conjunto residencial afirmaron que fueron sacados a la fuerza de sus casas por los uniformados sin ninguna orden de allanamiento. Ese día, además de a Meza, quien es padre de dos niños, se llevaron a Fabricio Ojeda (comerciante, 21 años), Aaron Atacho (comerciante, 23 años), Naudy Atacho (bordador, 33 años, una hija de crianza) y Pedro Zambrano, dirigente local de la Causa R (licenciado en Administración Gerencial, 38 años, sostén de hogar). También detuvieron a una sexta persona que fue liberada antes de la presentación.
A los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 38 años de edad, les imputaron los cargos de Instigación a Delinquir, Detentación de Objetos Incendiarios y Obstaculización de Vías Públicas, los cuales contemplan penas bajas. Pero en contraste con casos similares de arresto en la urbanización y en otras manifestaciones civiles ocurridas en Barquisimeto, también se les señaló por el delito de Asociación para delinquir. Los abogados piensan que esta acción tenía la intención de dejarlos tras las rejas al menos hasta que se cumplan los 45 días previos al acto conclusivo de la investigación penal.
«Más allá de las razones políticas, la Sucre siempre ha sido un punto focal de protestas y esto puede considerarse como una lección y un escarmiento para que posibles manifestaciones que se devenguen en estos días se frenen por el miedo sembrado por estas detenciones. No hay ningún basamento legal ni jurídico en la imputación realizada por el Ministerio Público. Además, el cálculo de la pena de cada uno de estos delitos no daba para que se dictara una privativa», apunta el abogado Henderson Maldonado, de la ONG de Derechos Humanos Movimiento Vinotinto.
Luego de que Meza convulsionara, autoridades lo llevaron al Hospital Dr. Antonio María Pineda para examinarlo y posteriormente lo trasladaron a una clínica privada, según declaró un vecino de la urbanización. Un examen forense determinó que tenía cinco costillas fracturadas, por lo que se presume que fue torturado, según Movimiento Vinotinto.
La condición del joven provoca que tenga repetidas convulsiones si no se le administran medicinas. Eso ha hecho que evite participar en protestas. El primer día que estuvo arrestado, los policías impidieron que tuviera acceso a sus medicamentos. Solo los dejaron pasar al día siguiente.
«Con él ese ensañaron porque, cuando vino Juan Guaidó (presidente encargado de la República y líder de la Asamblea Nacional), Giovanny fue el único que se montó con él en el paredón. Además, estaba formalizando su ingreso al partido Acción Democrática», informó una fuente ligada al caso que pidió resguardar su identidad por seguridad.
Maldonado explicó que el equipo de abogados introducirá una apelación a la decisión del juez y, posteriormente, solicitará una revisión de la medida enfocada, sobre todo, en el caso de Meza, a cuyo expediente se adjuntaron exámenes médicos que acreditan su situación de salud.
#MVDenuncia || Examen médico forense arrojó posible tortura (5 costillas fracturadas) contra Giovanny Meza. Exigimos investigación a efectivos de FAES que accionaron en la Urb. Sucre. Este joven convulsiona (incluso en la audiencia) y padece de esclerosis cerebral múltiple #23May pic.twitter.com/6MIyJinXfY
— Movimiento Vinotinto (@movinotinto) May 23, 2020
La historia de la Sucre
Cientos de familias viven en la combativa urbanización Sucre, que se ha convertido en un emblema de las protestas anti-Maduro en Barquisimeto. Se trata de un conjunto residencial situado en la avenida Libertador, al noroeste de la capital larense, y conformado por cinco «superbloques», de 72 apartamentos cada uno, además de una decena de edificios más pequeños y una zona de casas humildes.
Durante 2017, estas residencias fueron escenario de múltiples allanamientos nocturnos comandados por la Guardia Nacional y por colectivos afectos al gobierno. Así actuaban tras las protestas civiles que se desencadenaban a diario, en horas de la mañana, y que se sumaban a las manifestaciones contra Maduro que en aquel momento había en todo el país.
Un vecino que prefirió mantener oculta su identidad por temor a represalias, apuntó que ninguno de los jóvenes detenidos solía participar en protestas. Destacó que la mayoría de los muchachos del movimiento «Resistencia» que vivían en la urbanización, y que en 2014 y 2017 fueron víctimas de represión, está fuera del país.
«Las FAES nos agarró por sorpresa. Ese día, como a las 3 de la tarde, cerraron la calle y paraban a los carros y los desviaban para que no entraran a la urbanización. Después, no se sabe quién los dejó pasar y por eso entraron a los apartamentos», relató sobre lo sucedido el 20 de mayo pasado.
Reveló que, en las dos noches anteriores, los habitantes de la Sucre habían protagonizado cacerolazos espontáneos para reclamar por los cortes constantes de electricidad. «Aquí desde hace una semana no tenemos gas, porque no nos han podido reponer las bombonas. Entonces, cuando se va la luz, no solo nos quitan la posibilidad de cocinar algo, sino que tampoco tenemos acceso al agua que se distribuye a través de un tanque y una bomba que depende de la electricidad. Nos dejan sin nada», explicó.
Antes de los hechos del jueves pasado, en la Sucre no se había registrado ningún episodio de represión en lo que va de año. La última vez que los vecinos sufrieron allanamientos ilegales, fue durante las manifestaciones para apoyar a Juan Guaidó en enero de 2019, cuando fue proclamado presidente encargado de Venezuela.
