Las organizaciones de ambos países consideraron que es urgente la activación de una instancia entre ambos países que de respuesta a los problemas humanitarios y de seguridad
Ciudadanos vinculados a universidades, gremios económicos, organizaciones humanitarias y de la sociedad civil de Venezuela y Colombia solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designación de un enviado especial para la frontera común.
En un comunicado promovido por las organizaciones Control Ciudadano y Puentes Ciudadanos Colombia – Venezuela, más de 300 colombianos y venezolanos, incluidas 60 ONG de ambos países, solicitaron a los gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque que permitan la actuación en el terreno de ese enviado especial de la ONU para coordinar acciones en materia de seguridad, a propósito de los sucesos de Apure y Arauca.
El conflicto armado entre las disidencias de la guerrilla de las FARC y la FANB en el estado Apure durante la madrugada del domingo 21 de marzo ocasionó el desplazamiento forzado de casi cinco mil venezolanos, situación por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación y pidió a las autoridades de Colombia y Venezuela a tomar medidas para atender y proteger a los ciudadanos desplazados.
En el documento publicado este miércoles 31 de marzo, las organizaciones argumentaron que después de más cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales «y ante la inexistencia de un mínimo de coordinación de las instituciones nacionales de Colombia y Venezuela para atender los problemas de la frontera común, es urgente la activación de una instancia entre ambos países que de respuesta a los problemas humanitarios y de seguridad».
Las ONG consideran que el enviado especial de la ONU puede ayudar a adelantar las siguientes acciones:
Coordinar los necesarios esfuerzos de seguridad entre Venezuela y Colombia dado que desde hace casi dos años no tienen relaciones diplomáticas ni consulares y está paralizada toda la institucionalidad para manejar la vecindad, mientras la dinámica fronteriza esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas que viven en esas zonas fronterizas, con un enorme impacto en la seguridad regional.
Establecer un mecanismo internacional de vigilancia y monitoreo para la protección de los derechos humanos en la frontera entre Venezuela y Colombia.
Contribuir en la atención de las urgentes necesidades sociales y económicas de los ciudadanos de la frontera común, que padecen las consecuencias de la situación política y de la acción de grupos al margen de la Ley.
Ayudar en forma integral a la asistencia humanitaria urgente, frente al desplazamiento y éxodo poblacional forzado desde Venezuela por la violencia y por la crisis humanitaria compleja, así como a la población colombiana retornada.
Garantizar el intercambio de información epidemiológica, así como el diálogo entre las respectivas autoridades de ambos países y la coordinación de una adecuada respuesta a la pandemia.
Cooperar en la desmovilización de las estructuras de economía ilegal y grupos armados al margen de la Ley que operan en la frontera.
Ayudar a eliminar las minas antipersonas y los restos de municiones usados o sin explosionar, plantadas por grupos armados ilegales y que se han convertido en un grave problema de seguridad fronteriza.
Promover y facilitar los diálogos entre las autoridades de ambos países para la reapertura inmediata de todos los pasos fronterizos formales, que permita la regularización y legalización del tránsito de personas, mercancías, bienes y servicios entre Colombia y Venezuela.
Con información de El Pitazo
