Cofavic: A 33 años del Caracazo las condiciones de seguridad ciudadana mantienen su deterioro

Cofavic recordó la “brutal represión que las fuerzas del Estado aplicaron contra la población civil y desarmada” durante los hechos de febrero y marzo de 1989
La ONG alertó que, a 33 años del 27 de febrero de 1989 y el resto de días de febrero y marzo sacudidos por la violencia estatal, las condiciones de seguridad ciudadana “mantienen su deterioro, lo cual está reflejado en la grave de cifra de 13.208 casos de ejecuciones extrajudiciales desde 2012”

Foto: Cofavic

A través de una nota de prensa, Covafic recordó los hechos acaecidos en Venezuela desde el 27 de febrero de 1989, fecha que también marcó el inicio de la ONG. 

“La represión del Estado desencadenada en febrero y marzo de 1989 propició que las familias de las víctimas coincidieran a las puertas de la morgue y hospitales públicos, lo que constituyó el germen de la fundación de nuestra ONG”, destacan.

Cofavic catalogó lo sucedido en febrero de 1989 como el “principal hito en la historia contemporánea de Venezuela, no solo por la manifestación del descontento social de ese momento sino, sobre todo, por la brutal represión que las fuerzas del Estado aplicaron contra la población civil y desarmada”.

“Lo que convirtió al Caracazo en una tragedia fue la masacre realizada por los agentes de seguridad ciudadana, especialmente, durante los horarios de toque de queda decretados por el gobierno nacional. Disparos indiscriminados contra las viviendas, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, fueron practicados por las autoridades sin ningún tipo de respeto a la vida e integridad de las personas, y esto condujo a un número aún sin determinar de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, se lee en una nota de prensa remitida por Cofavic. 

Indican también que Yris Medida, Maritza Romero, Hilda Páez, Aura Liscano y la entonces estudiante de Derecho, Liliana Ortega empezaron a coincidir en los días posteriores al 27 y 28 de febrero de 1989, en diferentes espacios donde concurrían las familias de las víctimas en búsqueda de los cuerpos asesinados.

“Así fue como un grupo de víctimas se unió a activistas sociales y abogados, y coincidieron en la idea de crear un comité de familiares que pudiese ejercer presión colectiva ante
el Estado, con el fin de que este reconociera los excesos y propiciara la identificación y localización de los cadáveres. Unidas en COFAVIC, las fundadoras de la ONG iniciaron un proceso gradual de aprendizaje y crecimiento, en un contexto donde se conocía poco sobre derechos humanos, hasta consolidar la que hoy constituye una de las organizaciones no
gubernamentales históricas con mayor experiencia, impacto social y reconocimiento nacional e  internacional”, reseñan.

Una sentencia, una deuda pendiente

En 1999, las fundadoras de COFAVIC acudieron a la justicia internacional debido al estancamiento del caso en los tribunales nacionales. Fue así como llevaron al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lograron sentencia a favor de las víctimas. ç

Rememoran que este Tribunal ordenó, entre otras reparaciones, entregar a las familias los cuerpos de las personas desaparecidas, y reformar el sistema de seguridad ciudadana para evitar repetir el uso desproporcionado de la fuerza pública.

“Con el caso Caracazo, comenzó la labor de litigio estratégico que ha caracterizado la gestión de Cofavic a lo largo de tres décadas y tres años, y ha permitido a la organización lograr justicia contra el Estado venezolano en siete casos representativos de violaciones a derechos humanos”, comentaron.

De igual forma, advierten con preocupación que a 33 años del 27 de febrero de 1989 y el resto de días de febrero y marzo sacudidos por la violencia estatal, las condiciones de seguridad ciudadana “mantienen su deterioro, lo cual está reflejado en la grave de cifra de 13.208 casos de ejecuciones extrajudiciales desde 2012, y en la activación de mecanismos internacionales para advertir al Estado sobre la violación sistemática de DDHH, entre estos, la Misión de Determinación de Hechos”.

Liliana Ortega insiste, en virtud de estas cifras, en que “el Caracazo no es un asunto del pasado sino del presente en Venezuela, y del futuro. La sentencia emitida por la Corte IDH es la indiscutible hoja de ruta para que se puedan llevar a cabo planes de seguridad ciudadana sin vulnerar el derecho a la vida y a la integridad personal de la población civil”.

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Cofavic recordó la “brutal represión que las fuerzas del Estado aplicaron contra la población civil y desarmada” durante los hechos de febrero y marzo de 1989
La ONG alertó que, a 33 años del 27 de febrero de 1989 y el resto de días de febrero y marzo sacudidos por la violencia estatal, las condiciones de seguridad ciudadana “mantienen su deterioro, lo cual está reflejado en la grave de cifra de 13.208 casos de ejecuciones extrajudiciales desde 2012”

Foto: Cofavic

A través de una nota de prensa, Covafic recordó los hechos acaecidos en Venezuela desde el 27 de febrero de 1989, fecha que también marcó el inicio de la ONG. 

“La represión del Estado desencadenada en febrero y marzo de 1989 propició que las familias de las víctimas coincidieran a las puertas de la morgue y hospitales públicos, lo que constituyó el germen de la fundación de nuestra ONG”, destacan.

Cofavic catalogó lo sucedido en febrero de 1989 como el “principal hito en la historia contemporánea de Venezuela, no solo por la manifestación del descontento social de ese momento sino, sobre todo, por la brutal represión que las fuerzas del Estado aplicaron contra la población civil y desarmada”.

“Lo que convirtió al Caracazo en una tragedia fue la masacre realizada por los agentes de seguridad ciudadana, especialmente, durante los horarios de toque de queda decretados por el gobierno nacional. Disparos indiscriminados contra las viviendas, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, fueron practicados por las autoridades sin ningún tipo de respeto a la vida e integridad de las personas, y esto condujo a un número aún sin determinar de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, se lee en una nota de prensa remitida por Cofavic. 

Indican también que Yris Medida, Maritza Romero, Hilda Páez, Aura Liscano y la entonces estudiante de Derecho, Liliana Ortega empezaron a coincidir en los días posteriores al 27 y 28 de febrero de 1989, en diferentes espacios donde concurrían las familias de las víctimas en búsqueda de los cuerpos asesinados.

“Así fue como un grupo de víctimas se unió a activistas sociales y abogados, y coincidieron en la idea de crear un comité de familiares que pudiese ejercer presión colectiva ante
el Estado, con el fin de que este reconociera los excesos y propiciara la identificación y localización de los cadáveres. Unidas en COFAVIC, las fundadoras de la ONG iniciaron un proceso gradual de aprendizaje y crecimiento, en un contexto donde se conocía poco sobre derechos humanos, hasta consolidar la que hoy constituye una de las organizaciones no
gubernamentales históricas con mayor experiencia, impacto social y reconocimiento nacional e  internacional”, reseñan.

Una sentencia, una deuda pendiente

En 1999, las fundadoras de COFAVIC acudieron a la justicia internacional debido al estancamiento del caso en los tribunales nacionales. Fue así como llevaron al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lograron sentencia a favor de las víctimas. ç

Rememoran que este Tribunal ordenó, entre otras reparaciones, entregar a las familias los cuerpos de las personas desaparecidas, y reformar el sistema de seguridad ciudadana para evitar repetir el uso desproporcionado de la fuerza pública.

“Con el caso Caracazo, comenzó la labor de litigio estratégico que ha caracterizado la gestión de Cofavic a lo largo de tres décadas y tres años, y ha permitido a la organización lograr justicia contra el Estado venezolano en siete casos representativos de violaciones a derechos humanos”, comentaron.

De igual forma, advierten con preocupación que a 33 años del 27 de febrero de 1989 y el resto de días de febrero y marzo sacudidos por la violencia estatal, las condiciones de seguridad ciudadana “mantienen su deterioro, lo cual está reflejado en la grave de cifra de 13.208 casos de ejecuciones extrajudiciales desde 2012, y en la activación de mecanismos internacionales para advertir al Estado sobre la violación sistemática de DDHH, entre estos, la Misión de Determinación de Hechos”.

Liliana Ortega insiste, en virtud de estas cifras, en que “el Caracazo no es un asunto del pasado sino del presente en Venezuela, y del futuro. La sentencia emitida por la Corte IDH es la indiscutible hoja de ruta para que se puedan llevar a cabo planes de seguridad ciudadana sin vulnerar el derecho a la vida y a la integridad personal de la población civil”.

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