La lucha de la familia del sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Yender González Rodríguez, cumple ya un año y un mes sin respuestas claras por parte del sistema judicial venezolano. Detenido el 16 de mayo de 2025 tras presentarse voluntariamente a una citación en el comando de Las Acacias, en Caracas, el militar zuliano ha sido víctima de una red de contradicciones procesales, aislamiento y ensañamiento institucional.
De acuerdo con el testimonio de su tía, Mayela Amaya, difundido por el Observatorio Venezolano de Prisiones, González Rodríguez trabajaba en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, cuando recibió la orden de trasladarse a la capital. Al llegar, quedó bajo arresto sin mayores explicaciones. Su familia permaneció un mes entero sin conocer su paradero, un patrón recurrente de desaparición forzada temporal que sufren los presos políticos en el país.
La familia del sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Yender González Rodríguez, tiene un año en la lucha por lograr su libertad.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 20, 2026
En este tiempo la información ha sido escasa y la comunicación con el defensor público no es frecuente. Posterior a la detención,… pic.twitter.com/vD7d2kzqWH
Expedientes fabricados y aislamiento judicial
Tras semanas de opacidad y ante la falta de una comunicación efectiva con el defensor público asignado, los familiares descubrieron que el sistema judicial le había adjudicado tres expedientes totalmente distintos y divorciados de la realidad. Mientras un acta afirma falsamente que fue capturado en un barrio de Caracas, otra asegura que la detención ocurrió en un restaurante del este de la ciudad. Asimismo, las autoridades intentaron vincularlo inicialmente con el operativo “Relámpago del Catatumbo” y, posteriormente, con presuntas irregularidades en el Puerto de Maracaibo, un lugar donde el sargento jamás prestó servicio.
Actualmente, González Rodríguez enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes y asociación para delinquir, delitos imputados comúnmente de forma genérica para mantener tras las rejas a funcionarios disidentes o bajo sospecha.
El costo familiar de la prisión en Tocorón
El sargento mayor se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, donde su salud se ha deteriorado visiblemente debido a una pérdida considerable de peso. La distancia geográfica impone un drama logístico y financiero devastador para su entorno, una constante entre las familias de los privados de libertad por motivos políticos.
Su madre, una docente jubilada residente en el estado Zulia, se ve obligada a impartir tareas dirigidas en su hogar para intentar reunir los 100 dólares mínimos requeridos para costear el traslado y los insumos básicos de supervivencia en el penal. Por su parte, su tía Mayela debe iniciar sus travesías de madrugada a bordo de mototaxis para alcanzar los terminales de autobuses.
Ante la parálisis de los tribunales, Mayela Amaya se sumó al campamento de familiares que hoy cumple 13 días pernoctando en las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Respaldados por la documentación del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los manifestantes exigen una sola medida humanitaria elemental: que se aceleren los juicios y se otorgue la libertad plena a quienes permanecen bajo detenciones arbitrarias.
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