La CIDH instó a las autoridades a tomar medidas necesarias para reparar el daño incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de cuatro indígenas yanomami ocurridas en el sector Parima B del Alto Orinoco, estado Amazonas.
Mediante un comunicado, la CIDH instó al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables desde un enfoque de justicia y reparación culturalmente adecuado.
En el texto, recordaron que el 20 de marzo ocurrió un altercado entre indígenas del pueblo Yanomami y agentes de la Aviación Militar, luego de que estos se negaran a devolver un router de internet que pertenecía a la comunidad.
Asimismo, consideran que la región amazónica venezolana «registra altos niveles de violencia con riesgos específicos para los pueblos indígenas, en especial desde que se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” en 2016″.
También, señalan que en su informe Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, la CIDH resaltó graves casos de violencia contra los pueblos indígenas por parte de mineros ilegales.
Específicamente, en el caso del pueblo yanomami, se han documentado casos de violencia sexual contra mujeres y trabajo forzoso, «lo que pone de relieve la necesidad de brindar una mayor protección a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial».
El Estado debe investigar
De acuerdo con la CIDH, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.
La investigación se debe realizar a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y «sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales».
En ese sentido, la comisión recomienda la coordinación y cooperación con las autoridades de justicia indígena Yanomami, «tomando en cuenta el reconocimiento a la jurisdicción especial bajo la legislación nacional y los estándares internacionales e interamericanos que reconocen los sistemas propios de justicia y jurisdicción de los pueblos indígenas, como expresión de su derecho a la libre determinación».
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