20 años después del 11 de abril y tras 19 años de cárcel, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar continúan presos, pese a las insistentes gestiones de sus abogados y familiares para lograr que les otorguen las medidas alternativas al cumplimiento de la pena
El 21 de octubre de 2021 los tres exfuncionarios de la PM fueron trasladados a la cárcel Fénix del estado Lara
De los nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana procesados por los hechos del 11 de abril de 2002 tres siguen en prisión acusados por delitos comunes.
Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar recibieron todo el peso de la ley, pero no por legalidad, sino por conveniencia.
Así lo ve Gonzalo Himiob, miembro fundador del Foro Penal: «El proceso penal, sobre todo lo que atañe al 11 de abril de 2002, ha estado siempre completamente viciado. Nunca se ha querido indagar sobre la verdad de los hechos ni mucho menos hacer justicia. Lo único que se ha pretendido siempre, desde el poder, es consolidar su narrativa, su versión de los hechos. Para eso necesita chivos expiatorios que le justifiquen el discurso, aunque eso implique violentar el debido proceso y el Estado de Derecho».
Los de los policías metropolitanos no fueron los primeros arrestos arbitrarios en la Venezuela chavista, recordó el abogado. La represión como política de Estado comenzó con las protestas contra el decreto 1.011.
Pero la de los PM sí fue la primera condena contra personas enjuiciadas arbitrariamente por motivos políticos. «En general, nuestra cultura judicial es muy represiva, condenas a la pena máxima de 30 años hay muchas, pero por motivos políticos esta fue la primera».
La incipiente tragedia
Cuando salió de su casa, la madrugada del 11 de abril de 2002, Héctor Rovaín no imaginaba que su vida daría un giro tan atroz. El inspector jefe de la PM fue destacado en la avenida Baralt. Iba a bordo de la unidad conocida como «la ballena», la cual tuvo que interponer entre los manifestantes y los pistoleros que disparan desde Puente Llaguno.
El vehículo quedó repleto de impactos de bala, muchas de las cuales pudieron haber ido a parar en la humanidad de quienes ese día protestaban contra el gobierno de Hugo Chávez.
Rovaín fue condenado a 30 años por homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, lesiones personales graves y leves en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego.
Esta fue la misma condena que recibieron el agente Erasmo Bolívar y el distinguido Luis Molina. Bolívar se encontraba en la ambulancia de la PM socorriendo a los heridos hasta que en la Avenida Urdaneta debieron abandonar la unidad, pues fue sometida a un intenso tiroteo desde el Puente Llaguno. Su arma de reglamento nunca fue disparada.
Tampoco lo fue la de Luis Enrique Molina, pero recibió el mismo castigo: Condenados a 30 años de prisión por las muerte de Rudy Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez, dos de las 19 personas fallecidas ese día, ambos simpatizantes del oficialismo y los únicos por los cuales hubo juicio, aunque no justicia.
Abogados aseguran que las pruebas que exoneraban de culpa a los PM fueron ignoradas por la jueza Maryorie Calderón. Ella también habría dejado de lado los argumentos del comisario Marco Chávez, director de la entonces Policía Técnica Judicial, quien atestiguó que los funcionarios no estaban vinculados al caso.
«Ella cumplió la orden que le dio el juez Eladio Aponte Aponte, quien posteriormente confesó la trama orquestada por órdenes de Hugo Chávez y que él ejecutó en complicidad con la fiscal de la época Luisa Ortega Díaz», se lee en nota de prensa remitida a este despacho.
20 años después del 11 de abril y tras 19 años de cárcel, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar continúan presos, pese a las insistentes gestiones de sus abogados y familiares para lograr que les otorguen las medidas alternativas al cumplimiento de la pena establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
El 4 de marzo de 2013 Ada Marina Armas, titular del tribunal 1 de ejecución del estado Aragua, argumentó -en respuesta a la solicitud de otorgamiento de medidas alternativas al cumplimiento de la pena para los PM- que ellos incurrieron en delitos de Lesa Humanidad.
Lo hizo pese a que el 5 de abril de 2011, ella misma dijo que esos delitos no estaban contemplados, como tampoco lo estaban en la sentencia dictada por Marjorie Calderón en 2009, cuando fueron condenados por delitos ordinarios o comunes.
Armas alegó en 2013 que el hecho de estar incursos en presuntos delitos de Lesa Humanidad impide otorgarles fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena que les permitan recuperar la libertad de manera progresiva a través de destacamentos de trabajo, régimen abierto, libertad condicional, confinamiento.
Himiob lo explica de la siguiente manera: «La Constitución y las leyes promueven un esquema progresivo de cumplimiento de la pena. Solo para ciertos delitos no es posible dicha progresividad y la pena debe cumplirse completa. Por eso es que se cambió la calificación de delitos comunes a ‘crímenes de Lesa Humanidad’, para evitar que tuvieran acceso a formulas alternativas al cumplimiento de la pena en prisión».
No obstante, tanto la dispositiva de la sentencia, como la de ejecución, establecen que los delitos fueron homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, lesiones perrsonales graves y leves en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego. Todos son delitos comunes.
Reclusión en Lara
El 21 de octubre de 2021, Rovaín, Bolívar y Molina fueron trasladados a la cárcel Fénix del estado Lara. Siendo funcionarios, fueron recluidos junto a presos comunes. Alejados de sus familiares, sin acceso a alimentos, medicinas y a la visita de sus seres queridos, el temor de tener que pasar 11 años en ese lugar los mantiene sumidos en depresión.
Un traslado que para el abogado Himiob es, como el de varias decenas de presos políticos en la misma situación, una violación de las normas vigentes, que se concretó sin darles la posibilidad de presentar alegatos en contra.
Trasladaron a la cárcel Fenix en Barquisimeto alejándonos más de su núcleo familiar, a los 3 policías metropolitanos por el caso 11 de abril. El deber ser es otorgarles beneficios procesales. No castigarlos más por un delito que no cometieron.
— Jackeline Sandoval (@jsandoval0707) October 22, 2021
«La dictadura lo castiga»
La diputada a la AN de 2015, Delsa Solórzano, se refirió este 11 de abril al caso de los policías metropolitanos.
«Siguen en injusta prisión, ellos nos protegieron ese día y la dictadura los castigo por ello», escribió en su cuenta en Twitter-
El 11 de abril de 2002, millones de personas estuvimos en las calles elevando un grito de libertad. Hoy, 20 años después, esa lucha está más vigente que nunca. Los Policías Metropolitanos siguen en injusta prisión, ellos nos protegieron ese día y la dictadura los castiga por ello pic.twitter.com/CmkQZrseWO
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) April 11, 2022
