Actualmente, son más de 900 mujeres carabobeñas que se enfrentan a una fuerte discriminación en centros de salud cada vez que van y dicen que son VIH positivo

Matilde* tiene 25 años y vive en el municipio Diego Ibarra, en el Eje Oriental de Carabobo. Se enteró hace un par de años de que tenía VIH porque su expareja le dijo que había dado positivo a un examen. Después de recibir el positivo ella también, nada cambió. Aunque tuvo acceso a la atención médica, nunca pudo acceder a un tratamiento. 

Una vez intentó ponerse en control. Pidió cita con una infectóloga que atiende en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde de Naguanagua, conocido como Hospital Carabobo. Llegó temprano y tenía a ocho personas delante de ella. Ahí escuchó muchas historias, la mayoría negativas porque los pacientes estaban preocupados por la falta de medicamentos.

Salió de ahí con varios papeles, lista para ir a la farmacia del hospital a buscar su tratamiento. Pero no lo consiguió. “Lo que llega es por donaciones y este mes ya se agotó todo. Intenta en unas semanas”, le dijeron. A pesar de que su intención era tener su medicación para controlar el VIH, no fue posible. Al no tener síntomas, la urgencia no era tanta.

Altos precios no ayudan

El problema con la administración de los medicamentos para pacientes con VIH no es nuevo. Los antirretrovirales y todos los tratamientos que ingresan al país son gracias a las gestiones de organismos de cooperación internacional.

“Desde el año 2016 el Estado no compra medicamentos para personas con VIH ni para las enfermedades que puedan surgir”, aseguró Eduardo Franco, quien es presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID) en Carabobo.

A esto se suma que los exámenes de laboratorios mínimos para el control del virus no los hacen en centros públicos. “Los pacientes de bajos recursos no se los pueden hacer en privados porque son muy costosos. Lo peor es que se requieren para que puedan recibir las medicinas que están ingresando de la comunidad internacional”, dijo Franco. 

Actualmente, son más de 900 mujeres carabobeñas que están en la base de datos de MAVID, todas, embarazadas o no, se enfrentan a una fuerte discriminación en centros de salud cada vez que van y dicen que son VIH, por lo que muchas prefieren callar su condición para no ser señaladas.

Este trabajo fue publicado en el microsite  de Mujeres Constructoras de Paz que estrenó IPYSve. Esta red de periodistas recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja.