AI expone que la “Ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las entidades no gubernamentales y organizaciones” es otro esfuerzo para restringir y controlar a la sociedad civil en Venezuela
Este miércoles, 25 de enero, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado de acción urgente a poner fin «de inmediato» al proyecto de ley que pone en riesgo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
A través de su cuenta en Twitter, AI publicó una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Acción Urgente Mundial
Pongan fin de inmediato el proyecto ley que pone en riesgo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger a las víctimas de violaciones de #ddhh en Venezuelahttps://t.co/w7fhuubM5K pic.twitter.com/aNjPCxFQMK
— amnistia . org 🕯 (@amnistia) January 25, 2023
“Estamos alarmados por el proyecto de ley recientemente presentado que busca controlar, limitar y posiblemente enjuiciar penalmente a las organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela, que se sometió a una primera votación el martes 24 de enero de 2023″, se lee en el texto.
Según refiere AI, el proyecto de ley aprobado en primera discusión, es «otro intento de controlar a las ONG», las organizaciones humanitarias y otros miembros de sociedad civil venezolana, y «un vergonzoso esfuerzo por limitar su trabajo de derechos humanos», incluida la asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, beneficiarios de ayuda humanitaria y personas necesitadas en Venezuela.
«Las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil cumplen una misión vital en cualquier país, pero más aún en Venezuela, donde más de 7,1 millones de personas han huido de violaciones masivas de derechos humanos y millones necesitan asistencia humanitaria», señaló AI.
Amnistía Internacional exige poner fin de manera inmediata y que detengan todos los esfuerzos para «atacar, controlar, enjuiciar o censurar a las organizaciones de la sociedad civil» que trabajan para proteger los derechos de todos venezolanos, particularmente de los más necesitados.
Además, la ley impondría controles estrictos que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes, listas de donantes y registro de movimientos.
Les preocupa que el incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y posibles procesos penales.
