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CIDH destaca el deterioro de la situación de DDHH en Venezuela en su informe anual

CIDH informe
Andrea González
Hace 1 año
La Comisión y Redesca advirtieron que, pese a que la pandemia ha tenido unos impactos significativos en el sector salud y en la población, “las serias afectaciones del sistema precedían la emergencia sanitaria”
Entre las “sistemáticas violaciones” de DDHH, la CIDH destaca las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual del 2022, donde resaltó el deterioro de la situación de los DDHH en Venezuela.

En el capítulo IV del informe, publicado el pasado jueves, 20 de abril, se destacó “una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana”.

Para Humberto Prado, defensor de los DDHH, que Venezuela aparezca en el informe de la CIDH junto a Cuba, México, El Salvador, Honduras, Brasil, Nicaragua y Guatemala “es como estar en lista negra de países mas violadores de derechos humanos de la región”.

A continuación, los aspectos más relevantes sobre la situación en Venezuela del informe.

Administración de justicia correcta e independiente

De acuerdo con el informe de la CIDH, en Venezuela no existe la independencia judicial por la “alta provisionalidad de personas operadoras de justicia”, entre otros factores.

Con respecto al Poder Judicial, la institución considera que, en lugar de ser un garante de legalidad de actos de otros poderes, este “ha profundizado la crisis institucional que atraviesa el país”.

Asimismo, recordaron que en el 2022 el Estado “adoptó tímidas e inefectivas medidas en aras de fortalecer la independencia judicial”.

Por otra parte, señalaron la reducción de 32 a 20 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “sin prohibir la reelección de magistradas y magistrados cuyos períodos están próximos a finalizar”.

 

La CIDH alertó también que el aumento de diputados en el comité de postulaciones “tiende a profundizar la crisis institucional porque en el país no hay garantías para realizar elecciones libres ni justas15”.

También, la Comisión considera que el Estado “no ha adoptado medidas idóneas, efectivas y prácticas para fortalecer la independencia del Poder Judicial”.

Poder Electoral, adelanto de elecciones y derechos políticos

Según el informe de la CIDH, en Venezuela “no existen garantías democráticas para la participación política en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación”.

Destaca entre los principales desafíos el nombramiento irregular de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por más de 20 años; las inhabilitaciones políticas impuestas por órganos administrativos; y posibles cambios arbitrarios en el cronograma electoral por parte del Ejecutivo.

 

Respecto al CNE, señalan que este “ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, que lo señalan de no brindar garantías de imparcialidad”.

Además, recordaron que en 2022 continuaron las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría, destacando que al menos 30 personas fueron impedidas de presentar candidaturas para aspirar a cargos públicos.

En ese sentido, la CIDH reiteró que el ejercicio de los derechos políticos es “un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”.

Asimismo, señala que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución.

Recordó que en octubre de 2022, Nicolás Maduro anunció que no descartaba un adelanto de elecciones presidenciales. Al respecto, la CIDH resalta que la mera realización de eventos electorales “no certifica que existan garantías democráticas o elecciones competitivas”.

Urgente necesidad de una transición hacia la democracia y el estado de derecho 

A juicio de la Comisión, los desafíos en materia de DDHH en Venezuela “denotan la necesidad de procesos de diálogo dirigidos a restablecer la institucionalidad democrática, promoviendo la real, efectiva y práctica independencia de los poderes públicos y la consolidación de un sistema de pesos y contrapesos”.

También, destacan la importancia de que los procesos de diálogos tengan como parámetro estándares interamericanos e internacionales, así como la “verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.

Consideran fundamental que se involucre efectivamente a la sociedad civil en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación.

Ejecuciones extrajudiciales

Entre las “sistemáticas violaciones” de DDHH, la CIDH destaca las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza.

Al respecto, recordaron que el 20 de septiembre de 2022, la Misión de la ONU publicó su tercer informe sobre Venezuela, donde reiteró que en el país se cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, incluyendo violencia sexual.

Aunque la Misión se abstuvo de hacer determinación de hechos en la región del Arco Minero del Orinoco, resaltó que allí se vive una grave situación por cuenta de la criminalidad generalizada, la impunidad y la falta de gobernabilidad.

Los hallazgos de la Misión coinciden con los de la CIDH al señalar que la situación continúa siendo grave y que “existen motivos razonables para creer que estas graves violaciones de DDHH se cometieron como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel”.  

Detenciones arbitrarias y tratos crueles

La CIDH documentó detenciones arbitrarias de personas que hacen público su disenso con el régimen, restricciones indebidas a la libertad de expresión y actos de persecución contra las personas y organizaciones que defienden DDHH.

En ese sentido, destacaron que según organizaciones de la sociedad civil, se registraron 348 presuntas detenciones arbitrarias, al menos 25 con fines políticos (24 civiles y 1 militar); 22 presuntos casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y 4 de desapariciones forzadas por cortos periodos de tiempo.

 

La CIDH resaltó que la Misión de la ONU encontró que en los primeros días de detención, se suelen llevar a cabo actos de tortura “con el intento de extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes”.

Inflación e impacto en personas con menos recursos

De acuerdo con la CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), la mejoría de algunos indicadores económicos “no se ha traducido en el bienestar de la población en general”.

Al respecto, destacan que los altos niveles de la inflación, la perdida creciente de la capacidad adquisitiva y la dolarización de facto “han tenido un efecto diferencial y desproporcionado sobre las personas con menores recursos económicos y sobre quienes no pueden acceder a los dólares, acentuando de esta manera la desigualdad”. 

 

En ese sentido, la vulneración de los derechos económicos, así como la seria dificultad para adquirir la canasta básica de alimentos y medios suficientes para una vida decorosa, “constituyen una constante transversal a pesar de una perspectiva un poco más favorable frente a la situación económica”.

Deterioro del sistema de salud

La Comisión y Redesca advirtieron que, pese a que la pandemia ha tenido unos impactos significativos en el sector salud y en la población, “las serias afectaciones del sistema precedían la emergencia sanitaria”.

Sobre lo anterior, la CIDH identificó, en su Informe de País de 2018, que en Venezuela “existe escasez y desabastecimiento de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico”.

Esa situación, advierten, se ha venido agravando desde el 2014, frente a la que es importante resaltar que “se ha llegado a reportar un colapso del sistema de salud ante su persistente precarización, lo que habría sido exacerbado por la pandemia”.

También, recordaron que desde hace más de siete años no se publica el boletín anual epidemiológico y durante la pandemia tampoco se habría provisto información sobre las pruebas diagnósticas.

Asimismo, advirtieron sobre la precarización de las condiciones del personal de salud, que no tiene un salario digno y está “sometido a un alto riesgo por la falta de condiciones seguras para llevar a cabo sus labores”.

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