SOS Orinoco enfatizó en los “daños reales, tangibles y severos” causados por la minería ilegal en Canaima y que estos aumentan “mensualmente y cuyo impacto es muy notorio”.
La organización no gubernamental SOS Orinoco advirtió este martes, 12 de septiembre, que el gobierno de Nicolás Maduro trata de impedir que la Unesco realice un diagnóstico sobre la minería ilegal en Canaima.
Mediante una carta enviada al Comité del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, SOS Orinoco manifestó los “intentos” de representantes de la administración chavista de modificar el Proyecto de Decisión sobre el Patrimonio Mundial del Parque Nacional Canaima.
“Aunque este proyecto de decisión no refleja toda la gravedad de la situación, creemos que es positivo y necesario tal como está actualmente”, indicó la ONG.
Además, recalcaron la urgencia de que la Misión de Monitoreo Reactivo venga a Venezuela para verificar el verdadero estado del sitio y señalan dos motivos por los cuales la situación es “grave”.
La minería ilegal no ha dejado de aumentar y no ha habido medidas efectivas por parte de las autoridades para detenerla.
No existe una administración efectiva sobre el terreno por parte de Inparques o cualquier otra autoridad gubernamental para administrar este sitio de manera positiva y efectiva dentro de los estándares requeridos por la UNESCO. La capacidad de los guardaparques es un aspecto esencial que debe abordarse en la inspección.
Para respaldar su afirmación, SOS Orinoco solicita la revisión de varios informes, uno de ellos publicado a inicios del 2023, el cual aborda la situación del sitio desde una perspectiva integral siguiendo las propias directrices de la Unesco.
“Se necesita urgentemente la objetividad y los conocimientos técnicos de la Misión de Vigilancia Reactiva para analizar la situación y trabajar con el Estado parte para empezar a encontrar soluciones”, agregaron.
Por otra parte, la organización enfatizó en los “daños reales, tangibles y severos” causados por la minería ilegal en Canaima y que estos aumentan “mensualmente y cuyo impacto es muy notorio”.
Además, recomiendan que el Comité no ponga tanto énfasis en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, que no se superpone espacialmente con la propiedad, “sino que se centre en las más de 1.000 hectáreas de minas a cielo abierto que actualmente están operando dentro del parque nacional, y las decenas de balsas mineras que son movilizadas y escondidas, cuando es necesario, por mineros ilegales”.
“Es un hecho que gran parte de esta minería está siendo operada por pueblos indígenas en colaboración con autoridades civiles y militares. Además de los graves daños causados a los recursos naturales y paisajísticos, la intensa minería está contaminando los cursos de agua con mercurio, afectando gravemente a las poblaciones indígenas del área protegida y a los pueblos ubicados aguas abajo de la cuenca del río Caroní. Por tanto, la realidad de Canaima debe abordarse de manera reflexiva y objetiva”, añade la carta.
También, recomiendan que el Comité y la Misión Reactiva no se limiten a inspeccionar los sitios a los que el gobierno los lleva, sino que insistan en ir a las minas más grandes.
