Señala que con la aprobación de ley que evalúa la Asamblea Nacional chavista estas corren riesgo de desaparecer y por ende afectar a millones de venezolanos
Valentina Ballesta, directiva de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, sostuvo que la ley contra las ONG que promueve la Asamblea Nacional chavista posee grandes similitudes con la aprobada en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha eliminado a más de 3.000 organizaciones.
Ballesta aseveró en una entrevista radial que la eventual aprobación de esta normativa podría dejar a la deriva a cerca de cuatro millones de venezolanos que dependen de las ONG y la ayuda humanitaria.
“Nos preocupa a las organizaciones que elevamos nuestra voz, que primero es una ley para colocar un nivel de arbitrariedad extra al funcionamiento y a la existencia misma de las organizaciones que protegen derechos humanos y otras”, dijo la directiva.
Ballesta sostuvo que con la aprobación de esta ley se corre el riesgo de perder el financiamiento al trabajo humanitario en Venezuela. También indicó que la mayoría corren el riesgo de ser criminalizadas.
A juicio de Ballesta, los requisitos para operar en Venezuela como ONG son difíciles de cumplir y los niveles de arbitraje son altos.
“Lo que tenemos hoy en día con la aprobación de esa ley es que se termine de asfixiar el funcionamiento de estas organizaciones que parecen lejanas, quizás para los ciudadanos, pero están presentes en el día a día”, argumentó.
Amnistía Internacional (AI) emitió recientemente una alerta por el “grave riesgo para las ONG de Venezuela”, ante la aprobación de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de estas organizaciones.
“La Asamblea Nacional (de contundente mayoría oficialista) retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela”, dijo AI en su cuenta en X, antiguamente Twitter.
“De aprobarse todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias”, puntualizó.
