Tarek William Saab insiste en que en Venezuela “no se han cometido crímenes de lesa humanidad”

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, negó este viernes, 1 de marzo, que en Venezuela se cometan crímenes de lesa humanidad.

Así lo dijo tras la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual desestimó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro y autorizó a la Fiscalía a continuar con la investigación del caso Venezuela I.

“Como Ministerio Público rechazamos esta decisión, que insiste en el camino de la instrumentalización de la justicia penal internacional con fines políticos”, aseguró Saab.

El fiscal señaló que la estrategia de “acusar a Venezuela en la CPI” fue, supuestamente, “coordinada” entre Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima “para lograr lo que por otras vías no han logrado”.

“Reiteramos que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad”, insistió Saab, añadiendo que el Ministerio Público, junto con los órganos de justicia sigue investigando cada caso de “presuntas violaciones a derechos humanos”.

Por otra parte, denunció la aplicación de un “lawfare” contra Venezuela, lo que, según explicó, “se puede traducir como persecución judicial, guerra jurídica o guerra judicial”.

Saab también banalizó los crímenes de violencia sexual: “Colocan casos como el de ultraje sexual. Imagínense a que supuestamente en un operativo a una joven le tocaron la espalda, le tocaron la mano, y ya lo colocan como un delito de violencia sexual”, dijo.

CPI decidió continuar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Sala de Apelaciones confirmó la sentencia del 27 de junio del año 2023, la cual autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Durante la audiencia, Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, señaló: «Es adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnar».

Perrin recordó que Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares «cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir, con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal».

«La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven apartarse este fallo», puntualizó Perrin.

Según Tarek William Saab, la Sala de Cuestiones Preliminares revisó “apenas revisó el 20 % de la información suministrada” por el Ministerio Público. “¿Para qué se hace un Estado parte del Estatuto de Roma? Es una ofensa a ese memorándum firmado”, dijo.

“Es una evidencia más de los sesgos y la intención de tutelar a todo el sistema de justicia venezolano; al estilo del colonialismo jurídico de quienes están interesados a destruir la democracia venezolana”, insistió.

Gobierno se queda sin recursos para detener investigación

La directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, explicó que con la decisión de la Sala de Apelaciones se confirma que Venezuela no tiene más recursos para seguir deteniendo y dilatando la investigación de la CPI.

“El proceso va a avanzar, pero no sabemos cuándo y cuánto exactamente va a demorar porque no hay un límite de tiempo particular o establecido en el Estatuto de Roma, pero sí sabemos que ya hoy se le acaban a Venezuela los recursos para tratar de detener la investigación”, señaló Ballesta en un conversatorio de expertos sobre el tema.

No obstante, Michelle Reyes, asesora de Human Right Watch (HRW), afirmó que el gobierno de Maduro podría utilizar el principio de complementariedad, lo que implica que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino que se complementan.

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Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, negó este viernes, 1 de marzo, que en Venezuela se cometan crímenes de lesa humanidad.

Así lo dijo tras la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual desestimó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro y autorizó a la Fiscalía a continuar con la investigación del caso Venezuela I.

“Como Ministerio Público rechazamos esta decisión, que insiste en el camino de la instrumentalización de la justicia penal internacional con fines políticos”, aseguró Saab.

El fiscal señaló que la estrategia de “acusar a Venezuela en la CPI” fue, supuestamente, “coordinada” entre Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima “para lograr lo que por otras vías no han logrado”.

“Reiteramos que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad”, insistió Saab, añadiendo que el Ministerio Público, junto con los órganos de justicia sigue investigando cada caso de “presuntas violaciones a derechos humanos”.

Por otra parte, denunció la aplicación de un “lawfare” contra Venezuela, lo que, según explicó, “se puede traducir como persecución judicial, guerra jurídica o guerra judicial”.

Saab también banalizó los crímenes de violencia sexual: “Colocan casos como el de ultraje sexual. Imagínense a que supuestamente en un operativo a una joven le tocaron la espalda, le tocaron la mano, y ya lo colocan como un delito de violencia sexual”, dijo.

CPI decidió continuar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Sala de Apelaciones confirmó la sentencia del 27 de junio del año 2023, la cual autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Durante la audiencia, Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, señaló: «Es adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnar».

Perrin recordó que Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares «cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir, con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal».

«La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven apartarse este fallo», puntualizó Perrin.

Según Tarek William Saab, la Sala de Cuestiones Preliminares revisó “apenas revisó el 20 % de la información suministrada” por el Ministerio Público. “¿Para qué se hace un Estado parte del Estatuto de Roma? Es una ofensa a ese memorándum firmado”, dijo.

“Es una evidencia más de los sesgos y la intención de tutelar a todo el sistema de justicia venezolano; al estilo del colonialismo jurídico de quienes están interesados a destruir la democracia venezolana”, insistió.

Gobierno se queda sin recursos para detener investigación

La directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, explicó que con la decisión de la Sala de Apelaciones se confirma que Venezuela no tiene más recursos para seguir deteniendo y dilatando la investigación de la CPI.

“El proceso va a avanzar, pero no sabemos cuándo y cuánto exactamente va a demorar porque no hay un límite de tiempo particular o establecido en el Estatuto de Roma, pero sí sabemos que ya hoy se le acaban a Venezuela los recursos para tratar de detener la investigación”, señaló Ballesta en un conversatorio de expertos sobre el tema.

No obstante, Michelle Reyes, asesora de Human Right Watch (HRW), afirmó que el gobierno de Maduro podría utilizar el principio de complementariedad, lo que implica que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino que se complementan.

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