El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 97 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de los derechos humanos (DDHH) en Venezuela durante enero de 2024.
Mediante su reporte anual, el CDJ alertó un recrudecimiento de las agresiones contra de la sociedad civil, producto de nuevas amenazas al derecho a los derechos a la libertad de asociación, manifestación y reunión pacifica”.
“El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor”, agrega.
Los 97 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso se reflejan, principalmente, en los siguientes patrones de agresión:
– Estigmatización: 39
– Intimidación y Hostigamiento: 32
– Amenaza: 23
– Ataque Digital: 2
– Otros: 1
El CDJ observó un aumento de la violencia institucional en contra de la sociedad civil en el marco del contexto electoral de este año 2024.
Las personas y organizaciones defensoras han sido de las principales afectadas, al ser calificarlas de “enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras siendo objeto de amenazas y otras agresiones”.
Caracterización de los ataques
Un total de 85 ataques estuvieron dirigidos contra las organizaciones derechos humanos y organizaciones que realizan acciones humanitarias, equivalente a un 88 % del total.
Por otra parte, 12 de los incidentes fueron individualizados contra personas defensoras de derechos humanos, el 12 % restante.
El CDJ destaca los constantes señalamientos, estigmatización, amenazas y actos de intimidación en contra de la ONG Provea, Transparencia Venezuela, Control ciudadano, entre otras.
“Asimismo, preocupa el incremento de ataques generalizados en contra de las organizaciones no gubernamentales, calificando sus actividades de injerencistas y desestabilizadoras”, alertan.
Los responsables de los ataques contra defensores de DDHH
El CDJ indicó que los principales responsables de las agresiones cometidas identificados son funcionarios del Estado (39 %), incluyendo miembros del Ejecutivo, ministros, diputados de la Asamblea Nacional, entre otros integrantes de entes o instituciones públicas.
Asimismo, destacan programas de radio y televisión junto con medios digitales, integrantes del sistema nacional de medios públicos y medios asociados al Estado (31 %), sirvieron de plataforma para las campañas de estigmatización y los llamados a violencia:
– Con el Mazo Dando
– Misión Verdad
– Zurda Kondukta
– Correo del Orinoco
– Venezuela News
– Venezolana de Televisión (VTV)
También, miembros asociados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), periodistas identificados con organismos gubernamentales y otras personas afines también forman parte de este grupo (20 %).
Por último, organismos de seguridad del Estado (4 %), incluyendo militares como de los servicios de inteligencia fueron responsables de intimidar y hostigar.
Se sigue desprestigiando el trabajo de ONG
Durante enero, según el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), se observaron “nuevas amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y agresiones por parte de funcionarios públicos y otros actores”.
Todas esas acciones se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones a raíz del inicio de la consulta pública de la Ley de Fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.
A su vez, se pretendió asociar su funcionamiento con actividades de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. En este discurso tomaron parte diputados a la Asamblea Nacional, miembros del Poder Ejecutivo, periodistas progubernamentales y personas afectas al partido de gobierno.
