Este jueves 28 de marzo vence el plazo para que la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, pueda defenderse, denunció en su cuenta de X el abogado Joel García.
Desde que fue arrestada el pasado 9 de febrero, a la defensora de derechos humanos no le han permitido designar una defensa privada, como lo establece la Constitución de Venezuela redactada por el chavismo en 1999.
Mañana 28/3 vence el lapso para que Rocío San Miguel pueda solicitar diligencias de investigación y promover medios de pruebas, pero esto ha sido impedido por el juez de la causa al no permitir designar su equipo de defensa. Igualmente, las Cortes declaran inadmisible los amparos
— Joel García (@joelgarcia69) March 27, 2024
“Mañana 28/3 vence el lapso para que Rocío San Miguel pueda solicitar diligencias de investigación y promover medios de pruebas, pero esto ha sido impedido por el juez de la causa al no permitir designar su equipo de defensa. Igualmente, las Cortes declaran inadmisible los amparos”, escribió García en su cuenta de X, este miércoles 27.
San Miguel fue detenida junto a miembros de su familia en la víspera de un viaje en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Paso 60 horas en desaparición forzada y no fue sino hasta el 12 de febrero cuando el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre su presentación en un tribunal contra el terrorismo en Caracas. Fue recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
Organizaciones por Rocío
Recientemente más de 80 organizaciones exigieron al régimen de Nicolás Maduro que se garanticen los derechos constitucionales y la defensa de San Miguel tras más de un mes de su detención.
“La política de represión afecta de forma diferenciada a las mujeres, el efecto silenciador y de amedrentamiento es pernicioso y efectivo cuando las mujeres identifican un posible impacto sobre su círculo familiar”, se desprende de un comunicado de Provea.
La ONG expuso que el acto de represión contra San Miguel busca un efecto paralizante en el movimiento de derechos humanos en Venezuela, enviando un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que se atreven a alzar la voz contra las injusticias.
“Hoy el Gobierno de Maduro la acusa de terrorismo y traición a la patria por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano donde documenta, investiga e informa sobre defensa, soberanía nacional y temas militares”.
La Misión de la ONU sobre Venezuela advirtió que junto con Rocío han registrado casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones”.
