Como si se tratara de un guion repetido con cada preso político, la ONG Espacio Público denunció este jueves que al periodista Carlos Julio Rojas no le han permitido nombrar una defensa privada.
Rojas, quien fue acusado por el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab, de conspirar para atentar contra Nicolás Maduro, no ha podido designar una defensa privada al igual que la defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
«El periodista, activista comunitario y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo en horas de la noche del 17 de abril, en violación del debido proceso, sin permitirle una defensa de su confianza», señaló la organización en nota de prensa.
La organización recalcó que a Rojas tampoco le han permitido la comunicación con sus familiares.
La ONG informó que hasta el momento se desconoce si a Rojas se le imputaron los cargos que el fiscal mencionó el día que compareció en televisión para anunciar su detención: asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
«La prohibición de comunicarse con sus familiares y abogados por parte de fuerzas públicas de seguridad, implican una violación al debido proceso», añadió la ONG.
De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas, Rojas se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide. Abogados y familiares de Rojas sostuvieron que en un principio desconocian su sitio de reclusión.
Según Saab, Rojas, detenido desde el lunes pasado, está vinculado al partido político Vente Venezuela y a la líder Maria Corina Machado en un supuesto complot para atentar contra Maduro.
De acuerdo con Saab, el periodista tenía dos investigaciones previas, de los años 2015 y 2022, y se encontraba con orden de aprehensión acordada en diciembre de 2017.
