La Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) documentó 599 vulneraciones a los DDHH en los Llanos y el estado Táchira durante todo el año 2023.
En la cuarta edición de su informe anual, Fundehullan precisó que esa cifra indica que hubo 1,6 vulneraciones a los derechos humanos por dÃa en esas regiones. Además, registró un incremento del 67% de las vulneraciones a los DDHH.
De acuerdo con una nota de prensa, la organización documentó 198 vulneraciones al derecho a la integridad fÃsica, persecución y amenazas; 105  al derecho a la libertad personal, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y retenciones; 94 al derecho a la manifestación pacÃfica, intimidación y persecución.
También, Fundehullan reportó 88 vulneraciones al derecho a la libertad de reunión y asociación, criminalización de la sociedad civil, estigmatización, intimidación y persecución; 74 al derecho a la libertad de expresión, cierre de programas de radios y emisoras independientes y crÃticas al Gobierno, intimidación a periodistas; 38 vulneraciones al derecho a la participación ciudadana; y dos vulneraciones al derecho a la vida, ejecuciones extrajudiciales.
Comparación con respecto al 2022
 Fundehullan reporta un aumento del 167% de las vulneraciones al derecho a la libertad de reunión y asociación, empleando “la polÃtica de criminalización, riesgo y acciones contra las organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, organización no gubernamental (ONG), fundaciones y movimientos de DDHH en la región de los llanos”.
Asimismo, aumentó en 114% la vulneración al derecho a las manifestaciones pacÃficas (persecución y estigmatización contra las manifestaciones pacÃficas).
La organización también reportó una disminución de 9% en la vulneración al derecho a la libertad de expresión (cierres de programas de radios, emisoras, agresión a periodistas y una reducción del 40% contra el derecho a la libertad personal (detenciones arbitrarias, secuestro, desaparición forzada y retenciones)
Recomendaciones
Fundehullan exhortó al Estado, especialmente a las autoridades de la región de Los Llanos y Los Andes, “a cesar de forma inmediata la polÃtica de criminalización de la labor de los defensores, activistas y trabajadores humanitarios”.
También, instaron a respetar el derecho a la libertad personal y que los ciudadanos y miembros de la sociedad civil que han sido procesados se les otorgue libertad plenaÂ
“Exigimos que cualquier operativo que desee garantizar la seguridad ciudadana debe tener como objetivo fundamental el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito, y estar en armonÃa con los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, añadió.
La organización pidió también “garantizar la labor periodÃstica y promover el derecho a la libertad de expresión y el espacio de opinión pública de los ciudadanos”, y exhortaron a garantizar a la ciudadanÃa el derecho a la manifestación pacÃfica.
Finalmente, insistieron en en la “necesidad de generar mecanismos efectivos que procuren e impulsen la protección de todas las personas y organizaciones que están brindando respuesta y acompañamiento a las vÃctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece la región”.
