La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes, 23 de agosto, las detenciones arbitrarias de periodistas y la “persecución sistemática” de medios y voces disidentes en Venezuela durante el período poselectoral.
A través de un comunicado, la RELE instó a la comunidad internacional “a rechazar las medidas de censura y prácticas represivas ejercidas como parte del patrón que busca generar terror en la población venezolana”. También, hizo un llamado “exigir la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente por el régimen”.
Durante el período poselectoral, la RELE ha documentado numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas “que ejercen legítimamente su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica contra los resultados electorales presentados por el Consejo Nacional Electoral”.
Desde las elecciones del 28 de julio hasta el 19 de agosto, se han registrado alrededor de 1,505 detenciones, incluyendo a activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores, testigos electorales y periodistas. Entre las personas detenidas, la RELE ha registrado al menos 2 líderes y activistas LGBTIQ+ y 10 periodistas, de los cuales 4 enfrentan acusaciones infundadas de terrorismo por cubrir manifestaciones. Estas detenciones suelen estar precedidas por allanamientos y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad.
Uno de los casos que sigue la RELE es el del periodista Roland Carreño, detenido el 2 de agosto en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin que se tenga conocimiento de su paradero. Carreño es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH otorgada debido a la gravedad de su situación y la urgencia del riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Cronología: los activistas y periodistas detenidos durante la represión poselectoral
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos…
Según la información de sociedad civil, las detenciones y procesos penales contra periodistas y activistas se llevan a cabo bajo la “Ley Contra el Odio”, sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de defensa. Los cargos comunes incluyen terrorismo, incitación al odio, instigación pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la vía pública.
Persecución y criminalización de la prensa
La RELE alertó a la comunidad internacional sobre el aumento de la represión del régimen venezolano contra periodistas y medios de comunicación en el contexto poselectoral. Las agresiones comunes incluyen allanamientos, cierre de medios, confiscación de equipos, deportación de prensa internacional, anulación de pasaportes, amenazas, despidos injustificados, censura, perfilamiento en grupos de chat y extorsión.
“Estos actos han generado un clima de miedo entre las personas trabajadoras de la prensa, quienes se han visto obligadas a tomar medidas de seguridad para su autoprotección, tales como refugiarse en sus residencias, limitar su actividad en redes sociales y evitar cubrir temas de alto interés público”, advirtió.
A nivel local, la Relatoría ha recibido reportes de amenazas de criminalización contra periodistas por parte de alcaldes, gobernadores y grupos “colectivos”.
Debido al creciente temor y la amenaza de criminalización en Venezuela, la RELE conoció que al menos 6 periodistas y trabajadores de la prensa han decidido exiliarse por razones de seguridad.
Represión digital y cierre de espacios informativos
La Relatoría Especial advirtió también sobre la criminalización y represión de las expresiones en redes sociales, así como el uso de tecnología de vigilancia para perseguir y censurar. Según información pública, altos funcionarios han acusado a plataformas accesibles de ser “multiplicadores del odio” y promueven leyes que etiquetan a quienes critican el régimen en línea como “fascistas”, “neofascistas” o “ciberfascistas”. Además, se han bloqueado selectivamente al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios y 9 plataformas de derechos humanos.
La RELE también recordó que en una transmisión en vivo, el gobernante Nicolás Maduro ordenó el bloqueo y desinstalación de aplicaciones. Esta situación ha obligado a que periodistas eviten mostrar los rostros en manifestaciones y a adoptar medidas para proteger su identidad y mantener el anonimato.
Igualmente, la CIDH y su RELE han sido informadas sobre campañas de propaganda oficial y militar que incluyen perfilamiento y ciberpatrullaje contra quienes critican al régimen en redes sociales o participan en protestas.
A la situación que califica de “grave”, se suma la reciente sanción de la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.
Por lo tanto, la RELE insta a la comunidad internacional, y en particular a los Estados de la región, a que exhorten al Estado venezolano a:
Liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica;
Garantizar que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos tengan acceso inmediato y sin restricciones para visitar a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares;
Poner fin a la censura y a la represión masiva contra la ciudadanía que protesta, así como a la persecución dirigida contra sectores específicos, incluyendo a periodistas y medios de comunicación;
Garantizar el ejercicio pleno del periodismo, incluyendo el acceso libre y seguro de las corresponsalías internacionales;
Poner fin al bloqueo de sitios web, al uso indebido de tecnologías de vigilancia y a la represión digital, y proteger y garantizar el espacio cívico digital en y sobre Venezuela.
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos…
