Criminalización, represión y control social se profundizaron en el contexto poselectoral
En un informe titulado “Situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos”, el Centro para los Defensores y la Justicia documentó 134 ataques en el mes de agosto
El Centro para los Defensores y la Justicia documentó que, después del 28 de julio, la represión hacia los defensores de los derechos humanos aumentó y, durante el mes de agosto, se registraron 134 ataques.
En su informe “Situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos”, destacan que agosto es el segundo mes del año con más ataques hacia los activistas y defensores.
Señalan que “preocupa el aumento de los actos de intimidación, hostigamiento, las amenazas y las detenciones arbitrarias en contra de las personas defensoras de los derechos humanos”.
Intimidación y hostigamiento
En el balance, advierten que las características más comunes de los ataques son la intimidación y el hostigamiento. Los hechos están acompañados de campañas de estigmatización, “donde las personas y organizaciones son descalificadas y señaladas de enemigas, terroristas, desestabilizadoras, entre otros”.
Se registraron 56 casos de hostigamiento e intimidación y 47 relacionados con la estigmatización.
El documento señala que estos hechos evidencian la difícil labor de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela. “Las medidas represivas del Estado siguen afectando gravemente el derecho a defender y exigir derechos, afectando la operatividad y la seguridad de las personas, quienes no pueden realizar su trabajo sin temor a represalias”.
Organizaciones de DDHH son las más atacadas
El informe indica que las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos son las más atacadas. De acuerdo al balance, durante el mes de agosto, 96 ataques estuvieron dirigidos a estas organizaciones, representando el 72 %.
“Mientras que 38 ataques fueron individualizados en contra de personas defensoras de los derechos humanos”, esto representa un 28 %, según lo documentado.
Entre los casos más destacados, el Centro para los Defensores y la Justicia citó a la organización PROVEA y los nuevos señalamientos en contra del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Amnistía Internacional y Control Ciudadano.
Los responsables
Dentro del informe también señalan a los responsables de estas campañas de intimidación y hostigamiento. El monitoreo de la organización indicó que 48 de las agresiones fueron perpetradas por medios de comunicación tanto tradicionales como digitales que pertenecen al Estado.
Un total de 40 fueron realizadas por funcionarios públicos, quienes usaron sus redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamental, para estigmatizar e intimidar. Según lo citado en el informe, 29 de los hechos fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas, mientras que nueve fueron cometidas por otros actores afines al gobierno y ocho por organismos de seguridad del Estado.
Lógica del “enemigo interno”
En el contexto postelectoral crecieron los ataques a los activistas y defensores, esto bajo una lógica del “enemigo interno”, esto se continúa manifestando a través de patrones de ataques dirigidos a “neutralizar mediante el miedo la labor de quienes protegen derechos en el país”.
En el informe añade que las agresiones de la integridad física y moral aumentaron, mientras que el hostigamiento es el principal patrón de ataque registrado.
Vigilancia
Por parte de los actores estatales y no estatales incrementó la vigilancia hacia los defensores y organizaciones dedicadas a los derechos humanos. Agregan que la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad es un tipo de mecanismo que “tiene un efecto disuasorio e inhibidor en las organizaciones y sociedad civil, quienes, al poder ser víctimas de seguimiento, tienen temor de seguir realizando sus actividades”.
El informe “Situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos”, entre sus conclusiones, destaca que “la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continúa bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa de Venezuela”.
Además, hacen un llamado al Estado a tomar los correctivos necesarios para revertir esta política y sus efectos.
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