ONG piden medida humanitaria para Rocío San Miguel: pronto cumplirá un año detenida

A cinco días de que se cumpla un año de la detención de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, organizaciones no gubernamentales piden una medida humanitaria para la activista.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, cuando se disponía a viajar. Desde entonces, sus abogados no han podido acceder al expediente del caso ni asistirla legalmente.

Hace seis meses, la activista también sufrió una fractura en su hombro derecho por lo que, de acuerdo con denuncias de organizaciones, requiere urgente atención médica y una cirugía.

A través de la red social X (antes Twitter), diferentes ONG promovieron la etiqueta #MedidaHumanitariaParaRocío, con la finalidad de que se le dé este beneficio y pueda “ser atendida por médicos de su confianza y ser operada en libertad”, señaló Espacio Público.

Por su parte, la ONG Caleidoscopio Humano recordó que a pocos días de cumplirse un año de la detención de Rocío San Miguel no se ha dado inicio formal del juicio, ni le han permitido ser asistida legalmente por abogados de su confianza. 

También, la organización Provea exigió la libertad para Rocío San Miguel, defensora de DDHH que “fue víctima de desaparición forzada y tiene 360 días de injusta detención en El Helicoide, Venezuela”.

Después que San Miguel fue detenida, pasó al menos 10 días incomunicada hasta que su hija pudo visitarla en la sede del Sebin en El Helicoide. Organizaciones que defienden los derechos humanos catalogaron la situación como una “desaparición forzada“.

Entre las voces internacionales que han pedido la liberación de la activista se encuentra el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk; y otros organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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A cinco días de que se cumpla un año de la detención de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, organizaciones no gubernamentales piden una medida humanitaria para la activista.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, cuando se disponía a viajar. Desde entonces, sus abogados no han podido acceder al expediente del caso ni asistirla legalmente.

Hace seis meses, la activista también sufrió una fractura en su hombro derecho por lo que, de acuerdo con denuncias de organizaciones, requiere urgente atención médica y una cirugía.

A través de la red social X (antes Twitter), diferentes ONG promovieron la etiqueta #MedidaHumanitariaParaRocío, con la finalidad de que se le dé este beneficio y pueda “ser atendida por médicos de su confianza y ser operada en libertad”, señaló Espacio Público.

Por su parte, la ONG Caleidoscopio Humano recordó que a pocos días de cumplirse un año de la detención de Rocío San Miguel no se ha dado inicio formal del juicio, ni le han permitido ser asistida legalmente por abogados de su confianza. 

También, la organización Provea exigió la libertad para Rocío San Miguel, defensora de DDHH que “fue víctima de desaparición forzada y tiene 360 días de injusta detención en El Helicoide, Venezuela”.

Después que San Miguel fue detenida, pasó al menos 10 días incomunicada hasta que su hija pudo visitarla en la sede del Sebin en El Helicoide. Organizaciones que defienden los derechos humanos catalogaron la situación como una “desaparición forzada“.

Entre las voces internacionales que han pedido la liberación de la activista se encuentra el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk; y otros organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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