Luego de transcurridas 96 horas de la detención de Eduardo Torres, el fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab, reconoció la aprehensión del defensor de derechos humanos y miembro de la ONG Provea.
Mediante unas declaraciones, Saab señaló que Torres fue detenido por su presunta vinculación con una “trampa conspirativa para generar violencia durante las elecciones programadas para el 25 de mayo”.
“Eduardo Torres, a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas”, se lee en el comunicado que emitió la fiscalía.
Según Saab, los supuestos mensajes eran difundidos además por Torres “de forma pública a través de redes sociales”. Agregó que en la presunta causa hay varias personas involucradas que “ya han sido identificadas y se encuentran solicitadas por los tribunales competentes”.
En el comunicado, Saab también respondió a los señalamientos de Óscar Murillo, coordinador general de Provea, quien había denunciado la desaparición forzada de Torres. El fiscal general dijo que esos supuestos ataques “forman parte de una campaña sostenida para garantizar la impunidad”.
Preguntas ante inconsistencias de Saab
Provea aclaró que Saab no dio información sobre la fecha, hora, lugar y cuerpo de seguridad que ejecutó la detención de Eduardo Torres y que tampoco informó sobre la existencia de alguna orden de aprehensión, “menos aún, sobre la Fiscalía que estaría a cargo de la investigación, ni el lugar de detención”.
En ese sentido, la organización recordó que el 9 de mayo se dio la última comunicación de Eduardo Torres con su familia, cuando les informó que se dirigía a su casa y desapareció. Desde la mañana del sábado 10 de mayo, su esposa Emiselys Núñez, en compañía de miembros de Provea, recorrió varios centros de detención en Caracas pidiendo información sobre Eduardo, sin obtener ninguna respuesta.
Pero la respuesta de los funcionarios policiales y/o militares fue negar su reclusión en estos sitios, lo cual fue difundido en las redes de PROVEA y amplificadas por medios de comunicación nacional e internacional.
“Si para ese momento las autoridades, incluyendo al Sr. fiscal general, tenían conocimiento de la detención de Eduardo Torres, ¿por qué no lo informaron o propiciaron la comunicación del activista con sus familiares y/o abogados?”, replicó la organización.
Asimismo, preguntaron que si había en curso una supuesta investigación contra Eduardo Torres, “la omisión de información a sus familiares sobre la detención y el paradero del abogado constituyó una abierta aceptación de la comisión del delito de desaparición forzada”.
Señalaron también que Saab no ofreció información sobre el sitio de detención de Torres o sus condiciones de reclusión. “Por ello, aunque se haya reconocido la detención, reafirmamos que Torres se encuentra en desaparición forzada, toda vez que sus familiares y abogados de confianza no han podido constatar su paradero y condiciones de salud conforme a lo establecido en los Art. 44 y 45 de la Constitución”, alertó la ONG.
“Sin ofrecer detalles sobre tiempo y lugar, el fiscal general afirmó que Torres ‘fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa’. Pero tras más de 96 horas de silencio oficial, y dado el recurrente patrón de violación al Debido Proceso, para familiares y abogados es imposible tener certeza sobre el cumplimiento de estos lapsos, aunado a que no se ha permitido abogado de confianza, lo que cercena su derecho a la defensa”, agregó la ONG.
Finalizaron el comunicado alertando que la “situación de desaparición forzada en la que se encuentra Eduardo Torres constituye un riesgo para su integridad física y mental”.
Tras más de 96 horas de silencio, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció este martes #13May que el defensor Eduardo Torres, está detenido bajo custodia del Estado. #DóndeEstáEduardo
— PROVEA (@_Provea) May 14, 2025
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ONG internacionales exigen que se informe sobre su paradero
Antes de que Tarek William Saab admitiera la detención del defensor de DDHH Eduardo Torres, organizaciones no gubernamentales internacionales expresaron su “profunda preocupación” por su vida, integridad, libertad y seguridad. En un comunicado, recordaron que el defensor de DDHH es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “en reconocimiento al riesgo que enfrenta por su labor de defensa de derechos humanos”.
“Al igual que varios integrantes de Provea, en múltiples ocasiones, Eduardo Torres ha sido objeto de hostigamiento en su hogar, amenazas, intimidación y otros ataques, incluyendo la anulación de su pasaporte. Estos hechos demuestran el riesgo que ha enfrentado Eduardo en el ejercicio de su trabajo y reflejan el carácter continuado y diverso de los ataques que ha sufrido de forma previa a su reciente desaparición, así como el involucramiento de agentes estatales en algunos de ellos”, agregó el texto.
Además, reconocieron el papel esencial de personas como Eduardo Torres en la defensa de derechos humanos en Venezuela. En tal sentido, manifestaron su “máxima preocupación por la alta probabilidad de que Eduardo se encuentre en situación de desaparición forzada y detención arbitraria”.
“Exigimos al Estado venezolano que informe sobre su paradero y garantice su vida e integridad física y psicológica. Como también que, en caso de encontrarse privado de libertad lo presente ante un juez de forma inmediata y cese cualquier forma de detención arbitraria”, acotó el comunicado firmado por Amnistía Internacional, CIVICUS, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Robert F. Kennedy Human Rights y Human Rights Watch.
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