Este lunes, 9 de junio, el adolescente Gabriel RodrÃguez, de 16 años, cumplió cinco meses injustamente detenido en el estado Lara. Cinco meses desde aquel dÃa en el que lo único que hizo fue acudir a un ambulatorio buscando atención médica, porque estaba enfermo.
En declaraciones ofrecidas a Runrun.es, un familiar del adolescente que prefirió resguardar su identidad, señaló que el juicio de Gabriel lleva seis audiencias, de las cuales tres no se realizaron por los decretos de dÃas no laborales. El 30 de mayo pasado uno de los guardias nacionales que detuvieron al adolescente se presentó, mientras que el 5 de junio acudió a la audiencia el militar que faltaba por presentar su documento de identidad. Gabriel tiene fecha de audiencia fijada para el próximo 17 de junio.
“Es muy triste, porque él sigue pidiendo su libertad. Trata de darse como valor y fuerza, confiando en Dios en que va a salir próximamente para poder terminar sus actividades académicas y graduarse. Vivir esos momentos, vivir su último timbre en el liceo. Todas las actividades que una promoción de grado acarrea, él quiere vivirlo”, contó su familiar.
Gabriel RodrÃguez sigue defendiendo su inocencia y el derecho que tiene a completar sus estudios y graduarse de bachiller junto a sus compañeros de clases.
“No entendemos por qué en dos momentos fueron citados solamente los guardias. Es injusto, porque solo van los elementos probatorios por parte de la FiscalÃa, pero ¿por qué no citan los elementos probatorios por parte de Gabriel? Como serÃa, por ejemplo, el doctor que lo vio cuando él ingresó al penal porque Gabriel estaba enfermo. Esas cosas yo no las entiendo, porque es que esto no tiene explicación”, preguntó el pariente.
El familiar de Gabriel RodrÃguez considera la situación como un “ensañamiento”, pues hace cinco meses él salió de su trabajo vacacional en una panaderÃa hacia el ambulatorio de Cabudare porque estaba enfermo. TenÃa fiebre. Y el desenlace no fue recibir la atención médica que ameritaba, sino haber sido detenido por la Guardia Nacional sin ninguna explicación.
“Gabriel no violó, no robó, no asesinó a nadie. Gabriel simplemente estaba buscando ayuda, atención médica, porque tenÃa fiebre y lo que recibió fue que los esbirros lo recluyeran. Es un joven que es trabajador, es deportista, no es malo, porque incluso muchos jóvenes a su edad ya han probado aunque sea un poquito de alcohol. Gabriel no, Gabriel José no, ¿por qué? porque es deportista, creció con eso y sabe que ingerir alcohol o cualquier sustancia de ese tipo perjudica su salud y su rendimiento, entonces de verdad es incongruente todo, es capricho, simplemente es capricho, es maldad”, reflexionó el familiar.
Gabriel RodrÃguez es uno de los cinco adolescentes que siguen privados de libertad en el contexto de represión poselectoral.
Estado incumple con las normas de la Convención Sobre los Derechos del Niño
La Convención de los Derechos del Niño, la cual fue suscrita por Venezuela en 1990, establece que todo niño (menor de 18 años) que esté privado de libertad tiene derecho a la “asistencia jurÃdica y otra asistencia adecuada, asà como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”.
En el caso de Gabriel RodrÃguez, asà como el resto de los adolescentes detenidos en el contexto poselectoral, el Estado impidió el acceso a una defensa privada, asignándoles un defensor público que en muchos casos no atiende las solicitudes de los familiares o no cumplen su gestión a cabalidad.
También, el documento establece que ningún niño puede ser privado de libertad “ilegal o arbitrariamente”. Esa detención se debe llevar a cabo “de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el perÃodo más breve que proceda”, pero en el caso de Gabriel, el adolescente fue encarcelado sin ninguna justificación y ya lleva casi medio año tras las rejas, y con una justicia que le da la espalda.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del paÃs.
