Durante junio de 2025, la ONG Espacio Público documentó que el patrón de persecución estatal contra periodistas y defensores de derechos humanos se mantuvo, alcanzando ahora a economistas con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas y censura digital.
De acuerdo con el reporte mensual de la ONG, en junio se registraron tres violaciones al derecho a la libertad de expresión: dos casos de censura y uno de intimidación. Los afectados fueron periodistas, reporteros y plataformas web, y ocurrieron tanto en el estado Táchira como en espacios digitales.
Desapariciones y detenciones arbitrarias
Espacio Público recordó el caso del periodista Carlos Marcano, quien fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el 23 de mayo, y durante más de diez días su familia no tuvo noticias sobre su paradero. Cuando su madre logró verlo en La Yaguara, en Caracas, fue solo por unos minutos: al día siguiente, Marcano fue trasladado a un lugar desconocido, sin orden judicial.
Por otra parte, la criminalización del ejercicio periodístico también alcanzó a Nakary Mena Ramos, reportera de Impacto Venezuela, detenida en abril junto a su pareja Gianni González por publicar un reportaje sobre inseguridad. Ambos fueron imputados por “instigación al odio” y “noticias falsas”, y estuvieron desaparecidos por más de 70 horas. El 17 de junio, un tribunal ratificó su privación de libertad.
Economistas en la mira
En un contexto de creciente opacidad económica, al menos cinco analistas financieros fueron detenidos brevemente e interrogados por cuerpos de seguridad. La causa: difundir cifras sobre inflación y poder adquisitivo. Para el Observatorio Venezolano de Finanzas, se trata de una política estatal orientada a ocultar datos clave sobre la situación económica del país.
Restricciones en zonas fronterizas
La organización alertó que la censura estructural también golpea con más fuerza a las zonas fronterizas. En estados como Apure, Bolívar y Falcón, los bloqueos informativos se suman al abandono institucional, los apagones y la presencia de grupos armados. En estos territorios, el derecho a estar informado está severamente restringido.
Informe de la ONU: patrones de persecución
El pasado 27 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre Venezuela evidenciando que persiste un patrón de persecución contra quienes expresan críticas al poder. Se reportaron más de 2.400 detenciones tras las protestas post-electorales, bloqueos a más de 60 sitios web, vigilancia digital y uso arbitrario de leyes como la de odio.
“La represión sostenida y el cierre del espacio cívico tienen un impacto directo sobre la ciudadanía: dificultan el acceso a información confiable, generan miedo a expresarse y reducen los canales para exigir derechos. La autocensura se intensifica ante la amenaza de detenciones, bloqueos o represalias”, alertó Espacio Público.
Todas esas acciones, según lo que advirtió la ONG, “debilita la participación pública y la capacidad de organización social, factores esenciales para la vida democrática”. En consecuencia, agregó el reporte, “las personas quedan aisladas, desinformadas y sin vías seguras para denunciar abusos o promover soluciones a los problemas que enfrentan a diario”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
