El coordinador de Exigibilidad Legal del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, señaló durante una entrevista a la periodista Vanessa Davies, el pasado lunes 14 de julio, que los bajos salarios en Venezuela violan los derechos del Niño, Niña y Adolescente y otras leyes establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
El defensor de derechos humanos orientó sobre “diversos recursos legales” que existen y que pueden ser utilizados por las organizaciones gremiales para defender el derecho del salario y los beneficios que dispone la constitución.
“También tenemos la posibilidad de accionar por la vía de la Ley del Niño, Niña y Adolescente tomando en cuenta que el salario afecta a la familia (…) se pudiera agrupar a un grupo de niños, niñas y adolescentes y establecer una acción porque están siendo afectados por los bajos salarios de los padres y por el incumplimiento de las acciones colectivas”, dijo el activista, quien agregó que estas denuncias se presentan ante los órganos judiciales e incluso en espacios internacionales.
También destacó a los movimientos sindicales por generar espacios de debate y organización que les permite seguir luchando por mejores condiciones laborales. “Más allá de los altos niveles de represión, hay que seguir haciendo valer el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a asociación y el derecho a la libertad de expresión”, puntualizó.
Pulverizados los derechos laborales
En el Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela elaborado por Provea y correspondiente al año 2024, se afirma que los derechos laborales fueron “pulverizados”, afectando los beneficios como prestaciones sociales, salario, cajas de ahorro y convenciones colectivas.
Según la organización el último aumento salarial fue anunciado el 15 de marzo del 2022, a 130 Bs. y se fijó el cestaticket en cuarenta y cinco bolívares mensuales. Actualmente el mismo monto representa un dólar aproximadamente de ingreso para los trabajadores. En mayo del 2025, el gobierno anunció un ajuste del ingreso mínimo integral, compuesto por el Bono de Guerra de 120 dólares y un cestaticket de 40 dólares.
Provea señala que en el 2024 “más de 20 millones de venezolanos vivían en condiciones de pobreza extrema debido a la precariedad económica”. Y que, por otro lado, la pobreza multidimensional afectó a más de 50% de la población venezolana en distintas áreas, profundizando la desigualdad en sectores como: mujeres, jubilados, niños, niñas y adolescentes.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, destacó en un último informe publicado y que incluye datos de 2024, que la pobreza multidimensional estuvo vinculada “no solo a los ingresos sino a condiciones” como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación.
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