Varias ONG exigieron al gobierno del presidente Gustavo Petro protección para activistas venezolanos refugiados en Colombia, luego del ataque armado que sufrieron Yendri Velásquez y Luis Peche este lunes 13 de octubre en Bogotá.
“Exigimos que Petro brinde protección urgente a los defensores venezolanos en riesgo, muchos de ellos atrapados en un limbo migratorio por trabas institucionales de Migración Colombia. El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar protección efectiva a personas defensoras, solicitantes de refugio y en condición especial de vulnerabilidad”, escribió en su cuenta de X, la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Provea demandó una investigación para esclarecer lo ocurrido y brindar medidas de seguridad a las víctimas.
“Agradecemos a la Defensoría de Colombia por actuar con celeridad y rechazamos toda forma de violencia, discriminación o estigmatización hacia quienes han tenido que huir de Venezuela por defender sus derechos”, insistieron
“La protección internacional de las personas defensoras de derechos humanos es una obligación de todos los Estados, en especial, cuando se hallan en situación de riesgo”, escribió en redes sociales el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic).
La ONG también pide una investigación transparente, independiente y conclusiva “a fin de que se evite la impunidad de esta agresión”.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) recordó que ambos venezolanos han trabajado en la denuncia de violaciones a los derechos humanos y la defensa de la comunidad LGBTIQ+.
“Reafirmamos nuestra solidaridad con Yendri y Luis y con todas las personas que continúan defendiendo derechos en contextos de exilio y vulnerabilidad”, expresaron.
Protección deficiente
A través de un comunicado, Alerta Venezuela, el Centro para los Defensores y la Justicia y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) denunciaron que pese a las advertencias hechas hace más de un año, los mecanismos de respuesta para personas con necesidad de protección internacional provenientes de Venezuela siguen siendo deficientes.
“Decenas de defensores de derechos humanos y líderes sociales que se vieron obligados a huir de Venezuela después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, tuvieron que abandonar Colombia al cumplirse los 90 o 180 días de permanencia, sin haber logrado obtener una visa que les permitiera permanecer de manera regular en el país”.
Advirtieron además que los portadores de salvoconductos, como es el caso de Velásquez, no han podido insertarse en el mercado laboral, pese a que existe una circular del Ministerio del Trabajo de Colombia que autoriza su eventual contratación.
“A Velásquez se le han presentado innumerables barreras para abrir una cuenta bancaria, afiliarse a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), completar oportunamente su registro en una entidad promotora de salud (EPS) y acceder a un contrato de trabajo”, denunciaron.
Expusieron que no es la primera vez que una persona de nacionalidad venezolana es víctima de hechos de violencia armada, sin que se activen las rutas de respuesta existentes: “Las características del atentado indican que no se trató de un acto de la delincuencia común, tal como lo denunció públicamente la Defensoría del pueblo de Colombia, por lo que la atención médica debería cubrirla el estado colombiano a través de la Unidad para las Víctimas”.
Por su parte, Amnistía Internacional alertó que la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia es un hecho público y notorio.
“Reiteramos, una vez más, nuestro llamado a la acción decidida del gobierno colombiano para poner fin a esta situación inaceptable de riesgo y garantizar la protección de las personas defensoras, incluyendo a las venezolanas…las autoridades colombianas deben garantizar el pronto acceso a la protección internacional de los venezolanos, exigimos la acción decidida del gobierno colombiano para poner fin a la inaceptable situación de desprotección de los defensores de DDHH en el país” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Velásquez fue perseguido por denunciar incumplimientos por parte del Estado venezolano en materia LGBTIQ+ y su pasaporte fue anulado en agosto de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando intentaba viajar de Caracas a Ginebra para intervenir en una audiencia ante un Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Peche, de nacionalidad colombo-venezolana, ha denunciado la detención arbitraria el pasado 23 de mayo del periodista Carlos Marcano, quien permanece recluido en la cárcel de Tocorón.
Recomendaciones
La Fundación Juntos se Puede, creada en Colombia en 2019, solicitó al Estado neogranadino al menos cuatro medidas para garantizar la protección de la comunidad venezolana en ese país.
–Revisión urgente de las solicitudes de refugio presentadas por ciudadanos venezolanos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
–Creación de medidas de protección institucional para las organizaciones sociales y humanitarias que acompañan a personas perseguidas provenientes de Venezuela.
–Revisión y caracterización de los perfiles del liderazgo venezolano perseguido que se encuentra en Colombia, con el propósito de brindar protección diferenciada.
–Implementación de una medida colectiva de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos que enfrentan amenazas y vulnerabilidad.
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