Defensores de derechos humanos y juristas fijaron posición sobe la Ley de Amnistía aprobada el pasado 19 de febrero en el seno de la Asamblea Nacional de corte oficialista. Alertaron que sus alcances son limitados y que buena parte de los presos políticos no serán beneficiados con este instrumento.
“Quedan por fuera el caso de los comandante, el caso Cotiza, Brazalete Blanco, Gedeón, caso de los drones, Fuerte Paramacay, Oscar Pérez, Vuelvan Caras, Sukhoi y otros casos”, así escribió la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju en su cuenta de X este jueves 19 de febrero, a propósito de la aprobación de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.
La directora ejecutiva del Instituto Casla señaló que con la aprobación del documento legal, la AN dio visto bueno a un “panfleto” que deja por fuera a tres cuartas partes de los presos políticos que siguen presos en prisión, tanto civiles como militares. “No existe un delito más político que este”, escribió.
Asimismo, el director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que la Ley de Amnistía deja por fuera la mitad de los 28 años que debería abarcar
“De los otros 13 años que sí son considerados, sólo se abarcan meses y momentos puntuales. A vuelo de pájaro, de esos 156 meses en total sólo se consideran más o menos 20 meses”, aseveró Himiob.
Alfredo Romero, también director de Foro Penal, calificó como restrictivo el documento aprobado en la noche de este jueves 19 de febrero en la AN y posteriormente llevado por un grupo de parlamentarios al Palacio de Miraflores, donde fue recibido por la presidenta encargada con el aval del gobierno de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.
— Alfredo Romero (@alfredoromero) February 20, 2026
Por su parte, a través de un comunicado también en X, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), expuso que lamentablemente todas sus preocupaciones y advertencias con respecto a la ley, se confirmaron.
“Resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos”, expuso la organización.
La ONG denunció que el contenido de la ley mantiene “filtros, condicionamientos y ambigüedades” que dejan por fuera a quienes más necesitan de justicia.
“Hemos sostenido y reiteramos que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas depende de una genuina y verdadera voluntad política, que debe verificarse en la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes nacionales, sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales”.
La organización expresó que muchos familiares de presos políticos se sienten defraudados después de haberse generado expectativas que no fueron cumplidas. “Su dolor es real. Su frustración es legítima. Nadie debería jugar con la esperanza de quienes han esperado durante años la libertad de sus seres queridos”.
JEP se comprometió a seguir alzando la voz ante la comunidad nacional e internacional frente a organismos fuera de Venezuela que puedan incidir en la liberación sin medidas restrictivas de todos los políticos de conciencia.
Cuando en una ley de amnistía los exceptuados se cuentan por cientos, se incumplen los fines que la ley pregona.
— Alí Daniels (@alijdaniels) February 20, 2026
Y lamentablemente ese es el caso de la ley hoy sancionada
El aparato represivo continúa
Asimismo, el profesor universitario Tulio Alberto Alvarez-Ramos aseguró que el texto legal incumple el esquema de convencionalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Una ley que deja indemne el bloque normativo represivo que llevó inocentes a la cárcel y que es la causa eficiente del drama de los presos políticos”, escribió en X.
En una línea similar, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales sentenció que el “bodrio legal” está alejado de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y excluye a presos con causas políticas y condiciones de salud.
Mientras que el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, dijo en X que la norma es excluyente y que no reconoce la persecución y el encarcelamiento a los que han sido sometidos las víctimas.
“No queda más que seguir luchando por la libertad de los presos políticos, incluso sin evocar necesariamente la ley”, instó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
