La Alianza por la Libertad de Expresión conformada por una coalición de organizaciones civiles, gremiales, académicas y de derechos humanos confeccionó un decálogo de acciones que deben ponerse en funcionamiento de inmediato para recuperar la libertad de expresión en Venezuela.
Dicho decálogo lo suscriben organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Colegio Nacional de Periodistas (CNP), la ONG Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre otros.
Las peticiones al gobierno interino de Delcy Rodríguez van desde el desbloqueo de los medios de comunicación digital hasta reformas legales e institucionales, pasando por restitución de concesiones, liberación plena de personas detenidas por expresarse y el cese de la vigilancia e intimidación a los profesionales de la comunicación social.
“Es la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones, una de las principales condiciones para garantizar procesos auténticamente democráticos y legítimos”, reza el documento emitido en conjunto por las instituciones.
La misiva colectiva reza que las peticiones no están subordinadas entre sí ni guardan un orden específico, por lo que pueden llevarse a cabo de manera simultánea.
– Cese de inmediato la persecución judicial: Esto implica liberar de forma plena e inmediata a quienes estén encarcelados y declarar sobreseimiento en los procesos judiciales arbitrarios.
– Frenar amenazas, intimidación y agresiones: Evitar estigmatización por parte de funcionarios, así como parar medidas presión hacia los medios por sus líneas editoriales.
– Desbloqueo de las páginas web: Así como de redes sociales como X que fueron bloqueadas arbitrariamente por las operadoras Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Digitel, Telefónica Movistar y demás servicios de internet.
– Derogar leyes restrictivas: Entre ellas entre algunas la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica, y la Tolerancia y la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
– Reformar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel): Bajo criterios de transparencia, legalidad, legitimidad e independencia.
– Devolución de sedes, equipos de transmisión y antenas: Inmobiliario que ha sido confiscado de manera arbitraria a medios de comunicación social.
– Renovación automática o devolución de concesiones: Licencias de radio y televisión que fueron revocadas arbitrariamente.
– Emisión o restitución de documentos de identidad a periodistas y trabajadores de la prensa: Proceso que debe llevarse a cabo sin dilaciones, negaciones o represalias indebidas.
– Acceso a las fuentes de información oficiales: Abrir salas de prensa en sedes de la Asamblea Nacional, Miraflores, Cancillería, ministerios y organismos públicos. Además garantizar acceso a documentos que contengan información pública.
– Cesar monitoreo de contenidos en equipos electrónicos: Que funcionarios policiales, militares y civiles detengan su práctica ilegal de revisión de teléfonos y equipos electrónicos a periodistas y trabajadores de la prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
