El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Giuseppe Alesandrello, el mismo que presidió el comité que escogió a Larry Devoe como fiscal general de la República y a Eglée González Lobato como defensora del Pueblo, será quien presida también la comisión para seleccionar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
De acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, la renovación del poder judicial se lleva a cabo debido a “jubilación y renuncia de magistrados”.
#21Abr || Diputado Giuseppe Alessandrello preside la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales. pic.twitter.com/LJyNfhKbN8
— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) April 21, 2026
Además de Alesandrello-militar retirado quien estuvo también a cargo de los comités que en la anterior AN designó a rectores del CNE y a magistrados del TSJ- integran la comisión los diputados chavistas Desiree Santos Amaral, María Gabriela Vega, Gloria Castillo, Carlos Mogollón, José Villarroel, Fernando Bastidas, además de Antonio Ecarri de la Alianza del Lápiz, Luis Augusto Romero de la Alianza Democrática, Félix Freites de Fuerza Vecinal y Pablo Perez de Un Nuevo Tiempo (UNT).
#AlertaLegal En sesión del #21abr de la AN, se designó una comisión preliminar integrada por 11 diputados (7 oficialistas y 4 no), quienes a su vez harán la convocatoria para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales, previsto en el artículo 65 de LOTSJ.
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Rodríguez explicó que el proceso forma parte de la reforma judicial anunciada por su hermana Delcy, presidenta encargada con más de 90 días en el cargo, superior al tiempo estipulado en la Constitución Nacional.
La renovación del TSJ se produce en el marco de una supuesta “purga” del sistema donde había magistrados afines a la pareja conformada por Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente presos en Estados Unidos y señalados con cargos de narcotráfico y terrorismo.
El pasado fin de semana, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy RodrÍguez, expresó que los cambios en el Poder Judicial surgiría a partir de una “gran consulta nacional”.
Funciones de la comisión
El equipo de diputados hoy comisionado tendrá la responsabilidad de conformar el Comité de Postulaciones, integrado por diputados y miembros de la sociedad civil.
Este comité realizará una convocatoria pública para recibir postulaciones de candidatos que deberían cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica del TSJ, como tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica, tener experiencia como profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial.
El comité envía una preselección al Poder Ciudadano -conformado por la Fiscalía, Defensoría y Contraloría-, que debe hacer una segunda preselección y enviarla a la plenaria del Parlamento, en donde se procederá a la elección de los magistrados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados.
Un poder bajo mirada crítica
A lo largo de las últimas dos décadas, diversos organismos nacionales e internacionales, ONGs y partidos de oposición han denunciado múltiples irregularidades en la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela, así como una falta de independencia y politización del poder judicial debido a que los comités encargados de evaluar a los aspirantes han estado dominados por la mayoría parlamentaria oficialista, lo que eliminaría el filtro de pluralidad necesario.
Por ejemplo, en diciembre 2015, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, antes de finalizar su periodo y tras perder las elecciones, nombró a 13 magistrados principales y 21 suplentes en un proceso acelerado y cuestionado, sin cumplir con los lapsos de selección ni las fases de evaluación de credenciales establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ.
Las denuncias sobre la idoneidad de los candidatos fue recurrente en los procesos de 2015 y 2022. Se rechazó que algunos magistrados fueran diputados, ministros o funcionarios cercanos al Poder Ejecutivo poco antes de su nombramiento. Casos como el de Maikel Moreno generaron polémica por denuncias previas de detenciones o falta de carrera judicial antes de llegar a la presidencia del TSJ.
Para la selección de 2022, se redujo el número de magistrados de 32 a 20. La oposición y ONG denunciaron que esto facilitó “reubicar” a jueces leales y garantizar que solo los más afines permanecieran en el cargo. En ese año también se permitió la reelección de magistrados que ya habían cumplido su periodo, a pesar de que la Constitución establece un periodo único de 12 años sin posibilidad de repetición.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela expuso que en 2022, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para “poder controlarlo” y elegir a los veinte magistrados y magistradas del TSJ. Mencionaron que la presidenta del máximo ente judicial, Caryslia Rodríguez, era “militante del gobierno” y que fue alcaldesa encargada del Municipio Libertador en 2021.
En agosto de 2024, y en el clímax de la crisis política por los cuestionados resultados de las presidenciales, la Misión también denunció «la falta de imparcialidad» del TSJ luego de que avalara la supuesta victoria de Nicolás Maduro. En una declaración emitida a través de redes sociales, quien era entonces la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, sostuvo que el gobierno ejercía una “injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.
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