En una nueva edición de Espacio Runrunes, Luis Ernesto Blanco conversó con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, sobre el balance de la libertad de expresión en Venezuela durante el año 2025 y el primer cuatrimestre de 2026. A pesar de una disminución en el volumen total de incidentes, el análisis revela un ecosistema de medios debilitado y un aumento en la agresividad de los patrones represivos.
Mayor violencia estatal
Durante el año 2025, la organización documentó 123 casos y 238 denuncias relacionadas con violaciones a la libertad de expresión. No obstante, Correa advirtió que la lectura superficial de una “mejoría” es engañosa. “Hay una reducción en los casos totales, pero hay un aumento importante en detenciones”, explicó el activista, tras registrar 44 arrestos de personas por ejercer su derecho a expresarse.
La intimidación se posicionó como el tipo de agresión más frecuente con 79 casos (33,19 %). Esta tendencia refleja una política de Estado orientada a inhibir el flujo de información mediante el miedo. Le sigue de cerca la censura con 63 casos (26,47 %), lo que evidencia el cierre sistemático de espacios para el debate público. Otras modalidades como el hostigamiento judicial (14,71 %) y las restricciones administrativas (13,03 %) demuestran el uso de la institucionalidad y la ley como herramientas punitivas para silenciar la crítica y el escrutinio ciudadano.
Para el director de Espacio Público, estas detenciones representan el ejercicio de la “violencia estatal” coordinada entre el Ministerio Público y los órganos policiales. Además, subrayó que el músculo del periodismo independiente se ha achicado, lo que influye directamente en la baja de las cifras:
“Hay menos medios y menos periodistas en las calles”.
El patrón de persecución ha mutado. Según el informe, ya no se limita a profesionales de la comunicación, sino que alcanza a cualquier ciudadano con un teléfono inteligente. “Ya sabemos que se han documentado detenciones por publicaciones en estados de WhatsApp o contenidos en ámbitos digitales y el Estado utiliza leyes “vagas y precisas” como la Ley contra el Odio para castigar la disidencia política”.
Correa llamó la atención sobre el sinsentido que significa que en el país se castiga más la expresión de odio en redes que actos de violencia física como los delitos de género.
La opacidad como política de Estado
La falta de acceso a la información pública sigue siendo una de las mayores barreras. Correa recordó que desde el año 2014 o 2016 no es posible consultar memorias y cuentas de los ministros, lo que impide una contraloría social efectiva.
“El periodismo ayuda a la gestión pública, ayuda a prevenir la corrupción y a que haya alertas tempranas”, señaló, lamentando que el gobierno vea al periodista como un enemigo y no como un actor necesario para el debate democrático.
Correa recordó que ese es el papel del periodismo en toda sociedad democrática que persiste y es necesario que haya garantías para el trabajo. Reconoce que buenos trabajos periodísticos y malos trabajos periodísticos, pero es necesario que ese ecosistema esté allí y el que está en la gestión gubernamental, debe decidir cuál es de esa información que puede ayudarle a corregir el problema. “El silencio no nos ayuda”, sentenció.
Correa insistió en que el Estado debe avanzar de las simples “excarcelaciones” a la libertad plena: muchos periodistas y ciudadanos liberados tras el uso de la Ley de Amnistía siguen sometidos a regímenes de presentación y procesos judiciales abiertos, lo que funciona como un mecanismo de control y censura indirecta. Para el director de Espacio Público, es vital que se detenga el “daño” y el dolor que generan estos procesos judiciales, los cuales carecen de sustento técnico y se basan en expedientes frágiles.
El camino a la restitución
Adicionalmente, Espacio Público exigió desarmar la extorsión legal y eliminar normativas que Correa califica como “anticonstitucionales” y “vagas”. “La Ley contra el Odio es el principal blanco, porque además “no ha servido para promover la paz, sino para la venganza y la extorsión a nivel local”. Mencionó que otras normas, como la Ley de Responsabilidad Social (Resorte), han sido desviadas de sus fines educativos para aplicar multas millonarias por coberturas informativas, como ocurrió históricamente con la antigua Globovisión.
Por último, Correa calificó como “absurdo” el mantenimiento de bloqueos digitales en el contexto tecnológico actual. Recordó que existen 62 portales informativos bloqueados, además de sitios web de organizaciones de derechos humanos, sin que medie ningún procedimiento administrativo formal. Explicó que estos bloqueos son inútiles porque la gente busca la información por otras vías (redes sociales, mensajería), pero representan una barrera arbitraria que el Estado puede levantar con la misma facilidad con la que la impuso.
Correa concluyó que estas acciones dependen exclusivamente de la “voluntad política” y de una “baja de línea” clara desde las altas esferas del poder, instruyendo a los funcionarios a no hostigar a quienes ejercen su derecho a informar y opinar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
