El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Francisco Orellano, quien falleció bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro de salud complicado y no recibir atención médica oportuna.
Con la muerte de Orellano, ya son 18 las personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del régimen venezolano entre abril y lo que va de mayo de 2026.
El OVP denunció también que cientos de presos permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados, mientras los traslados hospitalarios suelen llegar tarde o simplemente nunca ocurren.
El OVP advirtió que la falta de atención médica, el hacinamiento y las condiciones insalubres convierten a los centros de reclusión en espacios incompatibles con la vida.
En las últimas semanas, el OVP ha documentado los fallecimientos de: José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías y ahora Francisco Orellano.
Francisco Orellano murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado #Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir la atención médica que requería oportunamente.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 29, 2026
Con su fallecimiento, que ocurre… pic.twitter.com/rKhnna6dNn
“Estas muertes constituyen una grave violación de la CRBV, cuyo artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado, mientras que el artículo 272 ordena garantizar un sistema penitenciario que respete los derechos humanos y contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad”, apuntó el OVP.
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El observatorio cuestionó la ausencia de acciones por parte de la Defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, institución llamada a velar por los derechos de las personas privadas de libertad. Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones —señala el OVP— sigue siendo inexistente o insuficiente.
“Cada una de estas muertes exige una investigación, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y responsabilidades concretas para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurrieran”, sentenció la organización.
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