Día Mundial del Ambiente: instan a proteger los derechos humanos ambientales en Venezuela

Este viernes 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, una fecha establecida por las Naciones Unidas en 1972. En el marco de esta conmemoración, Clima 21 exigió al Estado venezolano proteger los derechos humanos ambientales de toda la población.

La organización no gubernamental dedicada a la investigación, educación y defensa del ambiente desde una perspectiva de derechos humanos denunció cómo la falta de servicios básicos, como el agua, la minería ilegal y los derrames petroleros afectan la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.

Más pobreza, inseguridad alimentaria y desplazamientos

A través de una publicación en Instagram, la ONG destacó que el mercurio derivado de la minería ilegal destruye no solo los bosques y los ríos, sino también la vida de las personas, lo que calificó como una vulneración de los derechos humanos. Según la organización, niños, adolescentes, personas mayores y comunidades indígenas figuran entre los grupos más afectados por esta situación.

Clima 21 también advirtió que las personas en condiciones de pobreza cargan con un peso desproporcionado de la degradación ambiental. La crisis ecológica, señaló, se traduce en más pobreza, más enfermedades, inseguridad alimentaria y desplazamientos; es decir, en menos oportunidades para vivir dignamente.

Ante este contexto, Clima 21 instó a la ciudadanía, organizaciones sociales, comunidades e instituciones a exigir al Estado la protección de los derechos humanos ambientales, al considerar que el futuro de Venezuela también depende de la defensa de sus ecosistemas y de quienes los protegen.

“Sin información no hay participación, sin participación no hay justicia ambiental. Y sin justicia ambiental no hay democracia ni desarrollo sostenible”, Recalcaron.

El “desarrollo minero ecológico” es científicamente insostenible 

22 ONG emitieron un comunicado el pasado 23 de marzo en el que denunciaron el peligro que representa el proyecto de Ley Orgánica de Minas, al considerar que podría institucionalizar el ecocidio y el blanqueo del “oro de sangre” en Venezuela. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Clima 21, Acceso a la Justicia, Provea, Fundación Aguaclara y Fundación Ecovita, entre otras.

A juicio de las ONG, conceptos como el de “desarrollo minero ecológico” son científicamente insostenibles. Además, alertaron que el proyecto otorga amplias facultades al Ejecutivo, lo que reduce la transparencia, el control ciudadano y la participación de las comunidades afectadas.

También señalaron vacíos críticos en materia ambiental. Advirtieron que el proyecto no exige estudios de impacto ambiental, no incorpora un enfoque preventivo y omite garantías de restauración, regulación de residuos, cierre de minas, mecanismos independientes de monitoreo y acceso a la información.

Asimismo, alertaron sobre la posible afectación de áreas protegidas y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, al no incluir estándares internacionales como el consentimiento libre, previo e informado ni garantizar la demarcación de sus territorios.

Finalmente, rechazaron la militarización de las zonas mineras y cuestionaron el carácter de ley orgánica del proyecto. Subrayaron que cualquier reforma debe realizarse conforme a la Constitución, la normativa ambiental vigente y el fortalecimiento institucional democrático.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

22 organizaciones firmaron un comunicado en el que rechazan la militarización de las zonas mineras. Además, señalaron que la Ley Orgánica de Minas presenta vacíos en materia ambiental, por lo que instaron a pausar la discusión legislativa e incorporar estándares de transparencia, control ambiental y protección de los derechos humanos
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Bhautik Patel
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Este viernes 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, una fecha establecida por las Naciones Unidas en 1972. En el marco de esta conmemoración, Clima 21 exigió al Estado venezolano proteger los derechos humanos ambientales de toda la población.

La organización no gubernamental dedicada a la investigación, educación y defensa del ambiente desde una perspectiva de derechos humanos denunció cómo la falta de servicios básicos, como el agua, la minería ilegal y los derrames petroleros afectan la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.

Más pobreza, inseguridad alimentaria y desplazamientos

A través de una publicación en Instagram, la ONG destacó que el mercurio derivado de la minería ilegal destruye no solo los bosques y los ríos, sino también la vida de las personas, lo que calificó como una vulneración de los derechos humanos. Según la organización, niños, adolescentes, personas mayores y comunidades indígenas figuran entre los grupos más afectados por esta situación.

Clima 21 también advirtió que las personas en condiciones de pobreza cargan con un peso desproporcionado de la degradación ambiental. La crisis ecológica, señaló, se traduce en más pobreza, más enfermedades, inseguridad alimentaria y desplazamientos; es decir, en menos oportunidades para vivir dignamente.

Ante este contexto, Clima 21 instó a la ciudadanía, organizaciones sociales, comunidades e instituciones a exigir al Estado la protección de los derechos humanos ambientales, al considerar que el futuro de Venezuela también depende de la defensa de sus ecosistemas y de quienes los protegen.

“Sin información no hay participación, sin participación no hay justicia ambiental. Y sin justicia ambiental no hay democracia ni desarrollo sostenible”, Recalcaron.

El “desarrollo minero ecológico” es científicamente insostenible 

22 ONG emitieron un comunicado el pasado 23 de marzo en el que denunciaron el peligro que representa el proyecto de Ley Orgánica de Minas, al considerar que podría institucionalizar el ecocidio y el blanqueo del “oro de sangre” en Venezuela. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Clima 21, Acceso a la Justicia, Provea, Fundación Aguaclara y Fundación Ecovita, entre otras.

A juicio de las ONG, conceptos como el de “desarrollo minero ecológico” son científicamente insostenibles. Además, alertaron que el proyecto otorga amplias facultades al Ejecutivo, lo que reduce la transparencia, el control ciudadano y la participación de las comunidades afectadas.

También señalaron vacíos críticos en materia ambiental. Advirtieron que el proyecto no exige estudios de impacto ambiental, no incorpora un enfoque preventivo y omite garantías de restauración, regulación de residuos, cierre de minas, mecanismos independientes de monitoreo y acceso a la información.

Asimismo, alertaron sobre la posible afectación de áreas protegidas y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, al no incluir estándares internacionales como el consentimiento libre, previo e informado ni garantizar la demarcación de sus territorios.

Finalmente, rechazaron la militarización de las zonas mineras y cuestionaron el carácter de ley orgánica del proyecto. Subrayaron que cualquier reforma debe realizarse conforme a la Constitución, la normativa ambiental vigente y el fortalecimiento institucional democrático.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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