Sobre Venezuela hay al menos un consenso en materia de derechos humanos y participación democrática: a pesar de lo ocurrido el 3 de enero y el cambio de presidente, la estructura represiva del Estado venezolano permanece intacta”
En el marco de la celebración de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se celebró el foro “Espacio cívico, participación democrática y derechos humanos en Venezuela” que reunió a Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela; María Eloisa Quintero, experta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela; Pedro Vaca Villareal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Los expertos no solo coincidieron en que la estructura represiva permanece igual, sino que las recientes excarcelaciones, a pesar de constituir una buena noticia, corren el riesgo de ser utilizadas como una maniobra de distracción política.
Para Pedro Vaca señaló que es peligroso confundir concesiones temporales con la restitución de garantías democráticas y recordó que la institucionalidad venezolana se dotó de instrumentos incompatibles con la libertad de expresión que “tendrían que ser derogados para hacer genuina una transición en Venezuela”.
El relator hizo especial énfasis en el uso político de la llamada “Ley contra el Odio” dictada en 2017. Explicó que el Estado venezolano pervirtió el concepto original de esta legislación —diseñada internacionalmente para proteger a grupos vulnerables— y la transformó en una herramienta para “proteger al poder e inmunizar de la crítica a quienes han ostentado el mando”.
Violaciones a DDHH documentadas
La perspectiva de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela estuvo representada por Sofía Mafer y María Eloísa Quintero, quienes detallaron la gravedad de la crisis institucional y recordaron que la Misión (creada en septiembre de 2019 y renovado tres veces) ha permitido documentar grandes violaciones de DDHH desde 2014 hasta la fecha.
“El objetivo del Estado venezolano ha sido neutralizar, silenciar y desmovilizar a la oposición y al espacio cívico, una política que se intensificó drásticamente tras el proceso electoral”.
Entre los patrones represivos más graves expuestos por la Misión se encuentran el abuso de la legislación antiterrorista; la calificación de actividades civiles y lícitas como terrorismo o “incitación al odio”; la vigencia de eyes restrictivas como la Ley contra el Odio, la Ley anti-ONG y la Ley Simón Bolívar,”que siguen intactas en el país”.
También se refirieron a la indefensión judicial que se materializa con la celebración de audiencias colectivas telemáticas con defensa pública impuesta; la documentación de violencia sexual y de género, al menos 25 muertes en el contexto de las protestas y una total falta de transparencia, de rendición de cuentas, así como severos obstáculos en el acceso a la justicia.
Quintero alertó sobre los crecientes “desiertos informativos” creados por el bloqueo sistemático de medios digitales y ataques contra la prensa que incluyen al menos 38 casos, 91 denuncias y 22 periodistas afectados, evidenciando una criminalización del oficio y el uso de tecnología de inteligencia para el acoso.
La experta dudó sobre las cifras oficiales de otorgamiento de libertades plenas con la Ley de Amnistía y señaló que “no se ha podido corroborar que se hayan liberado a 8,000 personas; lo que hemos comprobado es que son solo unos 180 los que han recuperado la libertad plena”.
“Modelo de represión copiado”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), y el especialista Carlos Lusverti, coincidieron en que la estructura restrictiva de Venezuela sigue plenamente vigente y marcada por la impunidad en delitos graves como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Piquer advirtió que la situación de Venezuela no es un caso aislado, sino que refleja un patrón de “leyes de clausura” que se replica con similitudes alarmantes en Cuba y Nicaragua, y que muestra tendencias peligrosas de acoso, estigmatización y asesinatos en otros puntos de la región.
“Este modelo busca que los Estados se excluyan del escrutinio internacional y debilita la resiliencia democrática, rompiendo el tejido social”, explicó la directora de AI.
Llamado a renovar el mandato de la ONU
Ante un panorama donde “es ingenuo pensar que las cosas están mejorando”, Amnistía Internacional hizo un llamado enérgico a la comunidad internacional para que se exija al gobierno de Nicolás Maduro permitir el acceso de la Misión de Determinación de Hechos al territorio venezolano y, de manera crucial, votar por la renovación de su mandato.
Los ponentes concluyeron que la documentación y los testimonios recabados por la ONU son la base fundamental e irremplazable para que en el futuro se puedan juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad en el país. “Hoy más que nunca, con el espacio cívico cerrado, hace falta mantener el escrutinio sobre Venezuela”, finalizaron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
