Un total de 40 ONG expresaron su preocupación por la militarización del estado La Guaira, ordenada tras el devastador terremoto que azotó al país. Las coaliciones advierten que la atención de la emergencia debe priorizar el rescate de vidas bajo un estricto enfoque de derechos humanos, sin repetir los abusos del pasado.
Mediante un comunicado, las ONG alertan sobre los riesgos de eliminar los controles civiles en zonas de desastre. Recordaron que, durante el deslave de Vargas en 1999, la intervención militar derivó en graves violaciones fundamentales, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Sostienen que ninguna emergencia justifica suspender las garantías constitucionales.
El comunicado exige a las autoridades someter a todos los cuerpos de seguridad a mecanismos estrictos de rendición de cuentas. Asimismo, demandan el libre acceso para el personal de salud, periodistas, rescatistas especializados y agencias internacionales. Las organizaciones exigen proteger de forma prioritaria a los grupos vulnerables, como niños, ancianos, personas con discapacidad y la comunidad LGBTIQ+.
Respecto a las personas damnificadas, las organizaciones urgen a diseñar un plan público de vivienda permanente. Rechazan la administración indefinida de la precariedad y recuerdan que, en crisis anteriores, miles de familias permanecieron hacinadas durante años en albergues temporales inadecuados.
“La respuesta humanitaria no puede reducirse a administrar indefinidamente la precariedad. Los refugios deben ser una medida excepcional, temporal y orientada desde el primer día hacia soluciones permanentes de vivienda”, añade el texto.
Finalmente, las organizaciones llaman a la ciudadanía a documentar y reportar de manera segura cualquier abuso de poder, mientras mantienen redes de solidaridad comunitaria. “La prioridad actual consiste en salvar vidas, y en los próximos días, proteger la dignidad de los afectados”, añaden.
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