De acuerdo a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y su indice Global, los venezolanos poseen un alto riesgo de padecer esta atrocidad.
Según el informe, patrones documentados por organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales permiten concluir que la tortura en Venezuela es una práctica sistemática, deliberada y funcional para mantener el control.
La evaluación detalló que el Estado venezolano presentó el último informe requerido por el Comité contra la Tortura (CAT) en 2014 y desde entonces ha estado en deuda.
La investigación señala que la violencia institucional se intensificó tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, cuando el régimen entonces liderado por Nicolás Maduro encarceló a más de 2000 personas, entre ellos 158 niños, niñas y adolescentes.
El informe apunta que también se reportaron al menos 25 muertes, redadas masivas, desapariciones forzadas y el empleo de instrumentos legales restrictivos como la Ley del Odio para criminalizar a la disidencia.
En 2025, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó la muerte de 181 personas bajo la custodia del Estado, entre ellos Víctor Hugo Quero Navas, cuyo fallecimiento fue ocultado por las autoridades luego de haber sido detenido arbitrariamente, pese a la insistencia de sus familiares de dar con su paradero. Su madre, quien acudió a decenas de protestas y a instituciones gubernamentales, nunca obtuvo respuesta mientras Quero Navas estuvo preso y también murió, nueve días después de enterarse que el cuerpo de su hijo fue inhumado sin su consentimiento.
En el informe se expone que el Ministerio Público no investiga las denuncias de torturas y existe impunidad al respecto, además no se publican cifras y se impone la opacidad en un país carente de instituciones independientes.
El texto expone que la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que existen motivos razonables para creer que la política de represión ha sido conducida desde altos niveles de gobierno.
A juicio de los analistas, la tortura ha servido como instrumento de control estatal para reprimir a la disidencia y silenciar las voces críticas.
Miles desde 1989
El Comité de Familiares de Víctimas de los Acontecimientos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) ha documentado un total de 5327 casos de presunta tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes entre 2012 y febrero de 2026.
Cofavic informó que de esa cantidad de casos, 2588 (49%) ocurrieron entre 2024 y febrero de 2026.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) reportó una tendencia similar, registrando cerca de 3000 casos de tortura entre 2024 y 2025, especialmente a presos políticos detenidos en el marco de la represion poselectoral.
A juicio del informe de la OMCT, Venezuela atraviesa una crisis de derechos humanos marcada por el colapso económico, una emergencia humanitaria crítica y el constante debilitamiento del Estado de Derecho. Expone que desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses detuvieron a Maduro y a Cilia Flores, el país atraviesa por una incertidumbre institucional de la mano de un supuesto gobierno de transición liderado por Delcy Rodríguez bajo la tutela de Estados Unidos y con un sistema represivo que no ha sido desmontado.
¿Qué es el índice?
El Índice Global de Tortura comprende la evaluacion de este maltrato en 39 países, distribuidos en cinco regiones.
Evalúa los sistemas jurídicos nacionales, las políticas públicas y sus efectos en la práctica frente a las normas internacionales de derechos humanos mediante un análisis regional.
“Su objetivo es informar a los gobiernos, las organizaciones internacionales y el público a través de una plataforma en línea interactiva y accesible”, reza el informe.
El índice no sólo cuantifica el riesgo, sino que también proporciona información proveniente de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos.
Entre los indicadores que evalúa el índice están: compromiso político contra la tortura, brutalidad policial, violencia institucional, impunidad, derechos de las víctimas y respeto al espacio cívico.
Recomendaciones del informe
-Garantizar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocupen un lugar en la transición democrática
-Liberación sin medidas restrictivas de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos
-Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura
-Establecer un mecanismo de vigilancia independiente a todos los centros de reclusión
-Adoptar una política de datos abiertos, en consonancia con los estándares internacionales
-Emprender una reforma integral del sistema de justicia, incluyendo el poder judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo
-Derogar marcos jurídicos que criminalicen la labor de defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
