El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó a Migración Colombia y a la Policía Nacional iniciar operativos de control y priorizar la deportación de extranjeros involucrados en delitos y, posteriormente, identificar a aquellos que permanezcan en el país sin haber regularizado su situación migratoria.
Durante un consejo de seguridad en Barranquilla, el mandatario colombiano estableció a la capital del Atlántico como la ciudad piloto para la aplicación de esta estrategia de seguridad. “La orden a Migración es clara: empezar los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales”, expresó.
Fundamentó el enfoque de su administración con la declaración: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, según reseñó Caracol. Además, de la Espriella señaló: “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos”.
También, se anunció la reactivación del sistema de recompensas, redadas contra estructuras criminales, una red de cooperantes y una ofensiva contra el microtráfico. “Hay que dar una batalla sin cuartel contra el microtráfico que está envenenando a nuestra infancia y a nuestra juventud”, señaló de la Espriella.
Las nuevas directrices impactan a la comunidad migrante venezolana, que representa el contingente migratorio más numeroso del país con más de 2,8 millones de personas. De acuerdo con Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, de la Espriella está llevando el debate migratorio hacia un terreno de seguridad que puede terminar simplificando una situación que tiene componentes jurídicos, sociales y humanitarios.
Según señaló Rodríguez, citado por El Tiempo, cerca de 847 000 ciudadanos venezolanos permanecían en condición irregular para mediados de 2026, grupo que incluyó a 193 000 niños, niñas y adolescentes, considerando que este grupo debería ocupar una de las primeras posiciones dentro de cualquier estrategia estatal de regularización, debido a su condición de sujetos de especial protección.
“Hay que hacer una búsqueda activa en las ciudades para proteger a esos niños, regularizarlos y darles acceso al sistema educativo”, señaló Rodríguez al añadir que “no existen personas ilegales, existen personas que se encuentran con estatus irregular”.
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