Durante las últimas semanas, autoridades de Colombia, Chile, Brasil, Perú y Estados Unidos desplegaron una serie de procedimientos judiciales, capturas de cabecillas y extradiciones contra miembros del Tren de Aragua. Las acciones operativas coinciden con una mayor cooperación policial internacional y con una reconfiguración estructural de la megabanda en la región.
En Colombia, el 27 de agosto, la Fuerza Pública de aprehendió en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Nairobi”, señalado como cabecilla de la organización en Perú y persona de confianza de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, asesinado en Las Claritas, estado Bolívar, el pasado mes de junio en una operación conjunta con Estados Unidos. La detención fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella.
Asimismo, en la frontera colombo-venezolana, efectivos del los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Militar) y la Policía de Cúcuta arrestaron el 26 de agosto a cinco presuntos integrantes adicionales en el sector La Parada de Villa del Rosario cuando cobraban dinero de extorsiones a comerciantes locales.
Múltiples operativos en otros países
En Perú, de acuerdo con un reporte de Deutsche Welle (DW), las autoridades gubernamentales ejecutaron la expulsión de tres ciudadanos venezolanos señalados de pertenecer a la megabanda criminal, como parte de las medidas de control migratorio y seguridad sobre integrantes detectados en ese territorio.
Por su parte, en Brasil, tras operativos policiales ejecutados en junio y revelados por la prensa de ese país, la Policía Civil de Roraima confirmó que el Tren de Aragua estableció una alianza operativa con el Comando Vermelho para suministrar armas procedentes de Estados Unidos, Colombia y Venezuela a cambio de cocaína y dinero en efectivo, utilizando firmas de papel para blanquear capitales sin disputar el control territorial violento que desplegó en otros países del Pacífico.
A su vez, el 25 de agosto, en Florida, Estados Unidos, Julio César Hernández Montero acordó declararse culpable ante un tribunal federal de Miami por el secuestro y asesinato del expolicía José Luis Sánchez Valera en Doral.
Procedimientos en Chile
En el plano financiero y de sicariato de alto impacto, la Fiscalía Metropolitana Sur de Chile avanzó en la Operación Tokio al formalizar en ausencia a Marcos Reyes Acosta y Willasander Tejedor Ruiz, detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La investigación estableció que la red movilizó cerca de 90 millones de dólares mediante un ejecutivo bancario en Santiago y empresas fachada para enviar fondos a Carlos Gómez, alias “Carlos Bobby”, recluso en Colombia.
En paralelo, la justicia chilena fijó para el 20 de octubre el inicio del juicio contra 27 acusados por el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Este viernes, 28 de agosto, se concretaron las extradiciones desde Estados Unidos y Colombia de Rafael Gámez Salas, alias “el Turko” y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como “el Gocho”, ambos acusados de participar en el secuestro y asesinato de Ojeda, ocurrido el 21 de febrero de 2024.
De igual forma, según reportó el diario La Tercera, la justicia chilena decretó la medida de prisión preventiva e internación provisoria para cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras una investigación por el secuestro de un ciudadano peruano, añadiendo una nueva acción judicial contra las células dedicadas al secuestro extorsivo en ese país.
Una posible lectura: la búsqueda por congraciarse con Trump
Ronna Rísquez, periodista especializada en gobernanza criminal y autora del libro “El Tren de Aragua: La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, analizó la reciente ola de procedimientos internacionales contra la megabanda desde la perspectiva de la agenda política regional y la cooperación policial.
En declaraciones ofrecidas a Runrun.es, Rísquez consideró que el incremento en la persecución respondería, en buena medida, al posicionamiento del grupo dentro de la política exterior estadounidense.
Rísquez señaló que la visibilidad otorgada a la organización por la administración de Donald Trump condiciona las actuaciones de diversos gobiernos del continente, por lo que algunos estarían tratando de congraciarse con el norteamericano. “Desde que el grupo fue considerado como una especie de objetivo de criminal de Estados Unidos, muchos países se abocaron a a perseguirlos. Pero además, ahora todos tratan de congraciarse con Trump”, explicó.
Asimismo, vinculó los recientes anuncios y detenciones con la narrativa de combate al crimen organizado impulsada desde Washington para respaldar medidas migratorias y de seguridad. “Algo debe estarse moviendo desde Estados Unidos para visibilizar como que ‘ya acabamos con esto’, porque era uno de los objetivos del presidente”, explicó.
Rísquez también estableció una diferencia entre la coyuntura política de algunos países y el trabajo institucional desarrollado en el cono sur, donde destaca el caso de Chile, un país que durante años ha hecho seguimiento a las operaciones de los miembros del Tren de Aragua, especialmente tras el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. A su juicio, un elemento diferencial de la etapa actual es el avance en la coordinación entre agencias: “Muchas de estas operaciones ahora sí se están haciendo de manera conjunta, porque ya se comparte información y hay una cooperación policial para investigar al grupo”, dijo.
Finalmente, indicó que la neutralización de liderazgos no equivale al fin de la estructura delictiva en el continente. “Mataron a uno de los jefes, pero eso no significa que el grupo haya desaparecido”. Añadió que las detenciones muestran que hay miembros que siguen operando, “quizás haciendo otro tipo de de actividades”, pero no ha acabado.
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