Las primeras reacciones al nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos tienen coincidencias: la negociación peca de opacidades institucionales, compromete el patrimonio nacional a cambio de un retorno fiscal bajo y arrastra dudas sobre su validez constitucional. Economistas, sectores de la oposición y defensores de derechos humanos encendieron las alarmas este sábado, 29 de agosto, frente a las condiciones del pacto.
Según los comunicados de ambos gobiernos, el convenio establece que el Estado venezolano entregará 17 campos petroleros con 65.000 millones de barriles en reservas, a cambio de que inversionistas estadounidenses aporten más de 100.000 millones de dólares en capital y tecnología. Aunque el proyecto promete dejarle a Venezuela 209.000 millones de dólares por concepto de impuestos, economistas, líderes políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron severas dudas sobre la viabilidad del proyecto, sus condiciones fiscales y la falta de transparencia del proceso.
Alarma técnica por la tributación y la viabilidad del capital
Las proyecciones fiscales presentadas por el Ejecutivo generaron inmediatas objeciones en el sector económico. Francisco Monaldi, economista y director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker, calificó de “insólitamente bajo” el el monto de impuestos por recabar, señalando que los 209.000 millones de dólares proyectados sobre 65.000 millones de barriles equivalen a una tasa de apenas 3,2 dólares por barril. Advirtió que “si ese monto es en términos nominales, traído a valor presente es una cantidad irrisoria” y alertó sobre una falta de transparencia alarmante en la gestión energética.
Presidenta: según sus cifras, este acuerdo generará ingresos fiscales de apenas $3.22 por cada barril de petróleo venezolano. Ello representa un 4.7 % del precio actual, y menos de la mitad de la tasa de regalías contemplada en concesiones otorgadas por Juan Vicente Gómez. https://t.co/DrmSHr1kbM
— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) August 29, 2026
En un análisis más comedido, el economista Asdrúbal Oliveros destacó que la industria venezolana necesita captar capitales, tecnología y mercados estables de forma urgente, ámbito donde Washington mantiene un rol clave. Sin embargo, precisó que pasar de los anuncios a los hechos requiere reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad institucional que superen la coyuntura política.
Sobre los retos del acuerdo, que “pretender una carga fiscal demasiado elevada puede terminar haciendo inviables proyectos que sobre el papel lucen muy atractivos”. Planteó que el país debe exigir garantías reales para evitar que este proceso termine convertido en otro ciclo de ingresos extraordinarios.
Por su parte, el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, desestimó posibles beneficios a corto plazo debido a las complejidades técnicas que exigen los campos de la Faja Petrolífera del Orinoco. En una entrevista a El Nacional, calificó el acuerdo como “inconstitucional, de espaldas al país y lesivo”, señalando que este tipo de concesiones vulnera la soberanía sobre los recursos del subsuelo y responde a intereses políticos electorales de la administración estadounidense.
Cuestionamientos políticos a la legitimidad del convenio
Desde parte de la dirigencia política de oposición, las críticas apuntaron a la legitimidad del proceso y al cumplimiento de los preceptos constitucionales. El partido Unión y Cambio, liderado por Henrique Capriles y Tomás Guanipa, reafirmó la importancia de atraer inversiones privadas para la industria, pero subrayó que el bienestar del pueblo venezolano y el régimen de propiedad del petróleo deben respetarse. Exigieron al gobierno interino de Delcy Rodríguez rendir cuentas detalladas y someter el contrato al control del Poder Legislativo por tratarse de un asunto de interés nacional.
En esa misma línea, el economista Ricardo Haussmann cuestionó duramente el respaldo de la administración norteamericana al convenio, especialmente al Secretario de Estado, Marco Rubio. Argumentó que el acuerdo carece de certidumbre a largo plazo para los inversionistas por saltarse el restablecimiento del orden democrático en la nación.
“Secretario Marco Rubio: Acabas de perder cualquier confianza que los venezolanos alguna vez tuvieron en ti, y eso te perseguirá. Optaste por usar el poder de EE.UU., no para liberar a los venezolanos, sino para acostarte con nuestros opresores. Optaste por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno opresivo ilegítimo”, dijo en su cuenta de X.
Por su parte el exembajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, comparó este convenio “a cuando los Estados Unidos entraron y se apoderaron de Irak”. A través de un video en su cuenta de Instagram, el economista y político venezolano expresó: “En el caso de Irak por lo menos ahí ayudaban a ciertas cosas… en el caso nuestro el arreglo es estrictamente para llevarse el petróleo venezolano. Nos están cobrando, en el fondo, por haberse llevado a Maduro, pero nos han dejado a todo el elenco de la narcotiranía que ahora son sus socios”.
Sin embargo, el político zuliano Juan Pablo Guanipa llamó a hacer una “lectura calmada”, de un acuerdo que “puede determinar décadas de nuestra historia”.
“Este acuerdo tiene el potencial para que nuestra industria se reactive. Sin embargo, el punto central para que este acuerdo sea duradero es que los venezolanos veamos los beneficios directos”, dijo en su cuenta de X.
Advertencias en materia de derechos humanos e institucionalidad
Desde la sociedad civil, la preocupación se centró en el deterioro del Estado de derecho y el impacto que la opacidad tiene sobre la población. Óscar Murillo, director de la ONG Provea, advirtió sobre el traslado de la toma de decisiones hacia actores foráneos bajo un esquema que debilita las instituciones nacionales.
En un pronunciamiento oficial, Provea señaló que tanto la administración estadounidense como las empresas involucradas en suscribir acuerdos al margen de la transparencia institucional se hacen corresponsables de las probables violaciones de derechos humanos que de allí se deriven. La organización exigió a ambas administraciones hacer públicos de inmediato el alcance, los términos y las condiciones del contrato firmado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
