El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que la noche del 5 de septiembre se cumplieron 240 días de vigilia en las adyacencias de la cárcel El Rodeo I. Familiares y amigos de presos políticos han mantenido estas jornadas de “oración continua y exigencia de libertad” para todos los presos políticos de Venezuela.
“A pesar del dolor, el paso del tiempo y las promesas incumplidas, las familias continúan firmes. El campamento en El Rodeo I se ha convertido en un bastión de resistencia y en un refugio para estas familias que claman por ver a sus seres queridos”, expresó el Clippve en una publicación en X con imágenes de la actividad.
El Comité considera indispensable “no olvidar esta lucha y recordar que no puede existir una transición hacia la democracia si aún continúan inocentes tras las rejas”.
En ese sentido, desde este 7 de septiembre, convocaron a una jornada continuada de protestas denominada “La ruta de las respuestas pendientes”, que los llevará en su primera actividad a la Defensoría del Pueblo, luego al Ministerio Público y finalmente al Palacio de Miraflores.
Ante esos entes, exigirán información sobre la comisión especial anunciada para atender los casos, la atención individual y el seguimiento ofrecido a las familias, las visitas e inspecciones a los centros de reclusión y sus resultados, las actuaciones frente a casos de salud, incomunicación, malos tratos y otras situaciones urgentes y las medidas concretas adoptadas para proteger los derechos de quienes siguen detenidos.
“Recibir una denuncia no basta. Hay que verificar, proteger e informar”, insistieron.
Excarcelaciones y a medias
Durante 2026, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, y su hermano, Jorge Rodríguez, han prometido y anunciado de forma reiterada la liberación masiva de presos políticos en el marco de un proyecto de Ley de Amnistía General aprobada por la Asamblea Nacional.
Tras la captura de Nicolás Rodríguez, Jorge Rodríguez anunció el inicio de un proceso de excarcelación “masiva” de presos políticos y luego su hermana, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una Ley de Amnistía General, aprobada el 19 de febrero.
De acuerdo con análisis de ONGs como Acceso a la Justicia y Human Rights Watch, los tribunales aplican la ley de forma selectiva y a conveniencia del gobierno, perpetuando la persecución política. Familiares reportaron casos donde el beneficio se otorgaba y luego era revocado “por órdenes de arriba”. El diseño de la ley también restringía la amnistía solo a ciertos “episodios de convulsión social”, y deja por fuera e inhabilitados a líderes principales de la oposición, así como a políticos en el exilio.
Tras estos hechos, en mayo de 2026, Jorge y Delcy Rodríguez prometieron nuevas rondas para liberar a unas 300 personas adicionales, estableciendo plazos que incluyeron casos prioritarios por salud o edad. Delcy aseguró que se superarían las 500 liberaciones. En agosto de 2026, retomaron la misma promesa y aseguraron que se habrían concretado más de 1000 liberaciones desde enero.
Pero las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, como el Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón y el propio Clippve, señalan que las excarcelaciones ocurren de manera lenta, condicionada y a cuentagotas, sin coincidir plenamente con los totales anunciados por el oficialismo.
Presos con enfermedades terminales o crónicas avanzadas fueron ignorados por la Ley de Amnistía. Un ejemplo reciente fue el de Jovanny González, quien falleció de cáncer metastásico en agosto de 2026 implorando una amnistía o medida humanitaria que nunca le fue otorgada.
Otro caso que causó conmoción fue el del preso político Víctor Quero y su madre. Quero (51 años) fue detenido en enero de 2025. Durante más de un año, las autoridades mantuvieron su caso bajo un esquema de “desaparición forzada”, ocultando su paradero a la familia. No fue sino hasta el 7 de mayo de 2026 cuando el Ministerio de Servicios Penitenciarios emitió un comunicado informando que Quero había muerto en prisión nueve meses antes, el 24 de julio de 2025. El Estado incluso intentó sepultarlo sin el consentimiento ni la presencia de sus familiares.
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunciaron que la justicia venezolana emitió una boleta negando formalmente el beneficio de la amnistía para Quero tan solo un día antes de que el gobierno admitiera públicamente que el hombre ya llevaba meses muerto.
Su madre. Carmen Teresa Navas, quien pasó más de un año buscándolo incansablemente y se atrevió a denunciar públicamente el caso en enero de 2026, falleció diez días después de enterarse del deceso y tener que someterse al proceso de exhumación para reconocer los restos de su hijo, debido al profundo deterioro físico causado por el dolor y el sufrimiento.
Hasta agosto de 2026, cinco madres de presos políticos han fallecido debido a complicaciones de salud provocadas por el desgaste emocional de exigir justicia, como ocurrió también con Nexi Carrillo, madre del detenido Varnei Vargas.
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