Este lunes 7 de septiembre se cumplieron dos semanas desde que las autoridades encargadas publicaran el último balance oficial de cifras de los sismos del 24 de junio.
El último reporte dado a conocer fue el lunes, 24 de agosto, difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el que se cifró en 6509 la cifra de fallecidos en los movimientos telúricos, en 6462 la de rescatados, en 226 696 la de ciudadanos atendidos en hospitales y en 335 las viviendas entregadas.
También, se detalló en ese último balance que al menos 14 239 viviendas estaban en categoría de “restringidas” -etiqueta amarilla- mientras que 11 001 tenían etiqueta roja o se consideraban de alto riesgo de habitabilidad.
Hasta el 24 de agosto, se habían recogido al menos 600 790 toneladas de escombros, lo que representaba un 28, 61 % del total.
Este balance llegó a ser diario durante el primer mes de la emergencia post sismos. Al cumplirse el mes duró más de siete días sin publicarse hasta que las autoridades retomaron su difusión semanal, que había sido ininterrumpida hasta el 24 de agosto.
El 2 de septiembre pasado Provea había advertido que las autoridades interinas llevan más de una semana sin actualizar el número oficial de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio, al tiempo que señaló que el registro de desaparecidos no cambia desde el 25 de junio, cuando fueron reportadas 157 personas.
La ONG reiteró entonces su llamado al Gobierno de publicar y actualizar de manera continua las estadísticas sobre el desastre socioambiental. La organización recordó que contar con información pública y verificable durante una emergencia permite dimensionar la magnitud de la tragedia y constituye una obligación estatal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



