Para las personas que han sido excarceladas tras permanecer detenidos por motivos políticos en el país, la salida de la prisión no les ha traído normalidad en su vida cotidiana. En realidad, están enfrentando exclusión en el mercado laboral, lo que ha sido investigado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). La organización advirtió sobre una nueva situación catalogada como “muerte civil” que ha vulnerado las garantías del sustento de las víctimas y sus familias.
Esta situación hace un contraste con lo que establece la Constitución de Venezuela en el artículo 272, respecto a que el nsistema penitenciario debe garantizar la rehabilitación y la progresiva reinserción social de los internos, mientras que el artículo 87 consagra el derecho y el deber al trabajo. Por otro lado, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) prohíbe la descriminación laboral por posturas políticas o por antecedentes penales.
Trabas y costos
El ODH-ULA identificó que las medidas preventivas de la libertad constituyen una de los principales trabas para la estabilidad emocional, ya que la mayoría no cuenta con libertad plena y los procesados deben cumplir con un régimen de presentaciones obligatorias ante el tribunal cada 15 o 30 días.
En estos casos, ciudadanos que han estado detenidos en Mérida tras los comicios de julio de 2024 han tenido que hacer viajes seguidos a Caracas para asistir a juzgados por terrorismo.
Estas exigencias de viaje imposibilitan el cumplimiento de horarios regulares y el observatorio documentó casos de jóvenes que han perdido múltiples empleos debido a que sus jefes no conceden los permisos para realizar los viajes a la capital, y a esto se suma el impacto económico que representan los traslados.
El ODH-ULA estima que cada traslado desde Mérida hacia Caracas oscila entre 70 y 150 dólares, un monto complicado para personas que carecen de ingresos estables.
Discriminación en los sectores
Las personas excarceladas enfrentan la traba del trámite de la Certificación de Antecedentes Penales ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ya que en la plataforma digital de la institución, los datos de los expresos políticos suelen mantenerse bloqueados o bajo el estatus de “en proceso”, lo que no permite la generación de documentos formales que se requieren para contrataciones y esto fuerza a los afectados hacia el autoempleo o la economía informal.
A estas trabas se le une la discriminación por parte de las empresas debido a miedos institucionales. Organizaciones, gremios e instituciones de derechos humanos recogieron testimonios de profesionales despedidos tras ser verificados en el sistema, bajo la idea de evitar persecuciones posteriores contra los establecimientos.
“Yo me siento discriminada totalmente, con razón o sin razón, pero así me siento”, expresó Aura, una profesional que intentó reinsertarse laboralmente tras permanecer casi cinco años privada de libertad por motivos políticos.
Exigencias en la reparación
El ODH-ULA advirtió que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, sancionada el 19 de febrero y dada por concluida el 23 de abril de este año, no resolvió estas fallas al presentar vacíos en reparación, omisión en la eliminación expedita de antecedentes penales y falta de garantías para la restitución de derechos laborales.
Frente a esta situación y las secuelas físicas, psicológicas y los estigmas sociales, los familiares de las víctimas cuestionan el alcance de estas medidas.
“¿Quién le quita las cicatrices que le quedaron a mi hijo?”, increpó Julián, padre de un joven que permaneció seis años en prisión por motivos políticos, quien hace referencia a las marcas de la tortura y a las secuelas emocionales que le impiden llevar una vida normal y reinsertarse plenamente en la sociedad
Finalmente, el ODH-ULA enfatizó que la verdadera exigencia pide una política que contemple una limpieza de los registros judiciales, el cese de las medidas asfixiantes y la restitución del derecho al trabajo como principal eje de la dignidad humana y la reparación necesaria del Estado.
Con información de Nota de Prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
