A pesar de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, las estructuras gubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanecen prácticamente intactas.
Así lo concluyó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, en sus informes que serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo viernes 18 de septiembre.
La Misión examinó los acontecimientos ocurridos entre septiembre de 2025 y julio de 2026 y también presentó un documento de investigación sobre los colectivos, quienes según la investigación continúan estrechamente vinculados con el aparato estatal.
Menos detenciones, pero sigue la represión
La Misión observó una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas después del ataque estadounidense del 3 de enero de 2026 que devino en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
El organismo expuso que el gobierno venezolano excarceló a cientos de personas detenidas por motivos políticos y permitió un mayor margen para las protestas, reuniones públicas y la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, para los expertos de la ONU, esos cambios no representan una transformación estructural.
Las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes y los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad se mantienen
La Misión también señaló que no se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos.
Además, al menos 19 funcionarios que habían sido identificados previamente por la Misión por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando cargos o han sido reasignados a puestos considerados clave.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, afirmó Sofía Macher, presidenta de la Misión.
La experta advirtió que mientras no se desmantelen las estructuras represivas, garantice la independencia judicial e investigue y sancione a los responsables, cualquier apertura seguirá siendo “frágil y reversible”.
No hay 3 de enero que pare la tortura
La Misión aseguró que continuó documentando patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos, incluso después de la incursión militar del 3 de enero.
Solo después de la captura de Maduro, el organismo investigó 64 nuevos casos de tortura.
Según denuncias, entre las prácticas documentadas en la cárcel de El Rodeo I figuran la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la “máquina del tiempo”.
En el Fuerte Guaicaipuro, la Misión investigó denuncias sobre personas recluidas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, expuestas al frío, privadas de alimentos y sometidas a otras prácticas degradantes.
El informe también advierte que cientos de personas permanecen en condiciones de detención, las cuales calificó como deplorables, con restricciones para acceder a agua potable, alimentos, medicamentos y atención médica.
La Misión concluyó que varios casos de muertes bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos estuvieron relacionados con la falta de atención médica adecuada y los malos tratos.
Uno de los casos investigados fue el de Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia del Estado mientras se encontraba desaparecido forzosamente. Según la investigación, su madre, Carmen Teresa Navas, fue informada sobre la muerte de Quero Navas diez meses después de ocurrida esta y falleció diez días más tarde.
Detenciones para intimidar
Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos. El 94 % ocurrió antes de que terminara 2025.
Aunque disminuyeron las detenciones prolongadas, la Misión identificó después del 3E un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración dirigidos a intimidar a activistas opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil.
Aunque no hay precisión, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 400 y 500 personas siguen detenidas por motivos políticos.
La falta de información oficial, transparente y verificable impide determinar con exactitud quiénes fueron liberados, dónde se encuentran quienes permanecen bajo custodia y cuál es su situación jurídica.
Colectivos, una pieza del aparato represivo
Uno de los apartados centrales de la investigación está dedicado a los colectivos.
La Misión concluyó que estos grupos constituyen “un componente central del aparato represivo del Estado y de un sistema más amplio de gobernanza local y control social”.
Según el documento, los colectivos han operado con distintos niveles de apoyo institucional y en coordinación con autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad.
La investigación también documentó que miembros de organismos de seguridad se habrían incorporado a grupos civiles armados y viceversa, es decir integrantes de estos grupos habrían pasado a formar parte de instituciones del Estado.
La Misión encontró pruebas de relaciones que incluyen respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional.
El organismo tuvo razones para creer que el Estado suministró regularmente a estos grupos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio.
De acuerdo a las conclusiones, los colectivos han desempeñado funciones de vigilancia e inteligencia, identificado a personas buscadas por organismos de seguridad y participado en la represión de manifestaciones y persecución de miembros de la oposición.
Según la Misión, su presencia también se ha extendido al ámbito comunitario, el control sobre consejos comunales, servicios públicos y programas sociales.
La Misión determinó que el Estado incumplió su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.
Avances incompletos
La experta María Eloisa Quintero instó a las autoridades venezolanas a adoptar medidas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas.
También pidió que Venezuela revierta su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y coopere plenamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Por su parte, el experto Alex Neve pidió a Estados Unidos y a otros actores internacionales utilizar su influencia para promover cambios en materia de derechos humanos, al tiempo que advirtió que sus políticas y acciones no deberían contribuir a nuevas violaciones.
Para la Misión, el desafío en Venezuela no se limita a reducir las detenciones o permitir un mayor espacio para la protesta.
Según sus conclusiones, la transformación pasa por desmontar las estructuras que hicieron posible la represión, investigar los abusos, combatir la impunidad y garantizar mecanismos de reparación para las víctimas.
“Los venezolanos no necesitan únicamente una disminución temporal de la represión, sino cambios que impidan que el sistema que permitió las violaciones pueda volver a activarse” dijo Macher.
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