El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se reunió con la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato en función de exigir reformas judiciales y respeto a los derechos humanos.
Por la ONG asistieron el coordinador general de esta, Óscar Murillo, y el coordinador de Exigibilidad Legal, Marino Alvarado, quienes presentaron un documento con exigencias orientadas al rescate del Estado de derecho, servicios públicos, derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la impunidad, acciones contra abusos policiales, transparencia y rendición de cuentas.
Estas fueron las exigencias de Provea:
– Reforma del Poder Judicial: De acuerdo a la ONG urgen reformas con transparencia y participación de la sociedad en el sistema de justicia. Provea manifestó que “la Defensoría del Pueblo debe promover el desmantelamiento del andamiaje jurídico que restringe el espacio cívico”.
– Atención a servicios públicos: Ante la prolongada crisis, Provea abogó por la regularización del suministro de agua y electricidad, además del derecho a una vivienda adecuada, especialmente para las familias afectadas por los dos terremotos del pasado 24 de junio.
– Derechos ambientales y de los pueblos indígenas: La ONG advirtió que los acuerdos petroleros entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos podrían incentivar la proliferación de gobernanzas criminales en territorios indígenas y áreas protegidas. “Asimismo, la Defensoría del Pueblo debe solicitar información al Ministerio Público sobre los asesinatos de los líderes indígenas Virgilio Trujillo y Julio Rodríguez”.
– Luchar contra el abuso policial y militar: Provea exigio la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y el cumplimiento efectivo de la Ley contra la Tortura.
– Prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas: La ONG solicitó a la defensora del Pueblo investigar los casos de desapariciones forzadas, entre ellos los hermanos Esneider y Eliézer Vergel, Hugo Enrique Marino, Alcedo Mora, Nelson Giménez, Juan Hurtado y Jorge Guanares.
– Colaboración con organismos internacionales: Para la ONG es fundamental que la Defensoría del Pueblo se apegue a la Constitución Nacional y los Principios de París. Además de avalar el acceso de representantes de misiones internacionales al país que puedan constatar el estado de los presos políticos.
– Transparencia y rendición de cuentas: La ONG exhortó a la Defensoría del Pueblo a publicar sus informes anuales e instar al Ministerio Público y al Ejecutivo a hacer lo propio. “Expresamos nuestra preocupación ya que, a pesar del anuncio de que serían desbloqueadas plataformas digitales, la gran mayoría sigue sometida a la arbitraria medida de bloqueo afectando el derecho a la población a recibir información sin ningún tipo de obstáculos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
