Amnistía Internacional (AI) publicó un informe para denunciar la opacidad del Gobierno interino venezolano y la lentitud de la respuesta humanitaria para atender a los damnificados de los sismos del pasado 24 de junio de 2026. A través de 21 entrevistas recolectadas por la ONG pudo constatar que la atención estatal frente al desastre es tardía, poco coordinada o inexistente.
«A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad», escribió Ana Piquer, directora para las Américas de AI, en el documento.
30 días sin datos oficiales
La última publicación del Gobierno interino venezolano ocurrió el 24 de agosto. Para ese entonces, el gabinete interino de Delcy Rodríguez informó que habían, al menos 6509 fallecidos. Mientras tanto, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, había informado una cifra más alta para el 4 de agosto: 7265 fallecidos. Amnistía Internacional denunció la inconsistencia de los datos como una vulneración a los derechos humanos de la población venezolana.
Además, solo hubo dos días donde la administración pública informó sobre la cantidad de personas desaparecidas: el 25 de junio, cuando el gobierno interino anunció una cifra preliminar de 157 personas desaparecidas, y el 4 de agosto, cuando el gobernador de La Guaira afirmó en una entrevista radial que al menos 1579 seguían con un paradero desconocido.
«Ante la ausencia de estos datos, iniciativas ciudadanas independientes han contabilizado más de 41,000 reportes de personas desaparecidas. A pesar de los valiosos esfuerzos, se han encontrado errores y duplicidad de nombres en estos registros, por lo que las cifras oficiales son esenciales», denunció AI.
La opacidad también se arropa con los datos de las personas que sobrevivieron. Hasta ahora, de acuerdo con informes militares filtrados a Runrun.es, al menos 10 000 personas siguen en campamentos transitorios de La Guaira, en 32 instituciones que el Gobierno interino y la ONU han establecido como refugios para las personas que han perdido sus viviendas.
«Además, los datos disponibles no están desagregados por sexo, edad, ubicación u otras características esenciales, lo que impide identificar los impactos diferenciados de los terremotos y diseñar respuestas adecuadas para niñas y niños, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y otras poblaciones que pueden requerir medidas específicas de protección y atención», agrega el informe de AI.
Damnificados sin trabajos
De acuerdo con la última encuesta aplicada de la Cámara de Comercio de La Guaira, publicado el 16 de septiembre, se menciona que 370 de 462 comercios (80 %) se declaró en colapso financiero. Mientras tanto, el 50 % (231 comercios encuestados) afirmó que no podrán mantener su nómina durante los próximos 3 meses.
La Cámara solicitó al Gobierno interino implementar un alivio fiscal. Sin embargo, no existe un registro público de medidas socioeconómicas frente al desastre socioambiental hasta la fecha.
«Tenemos ejemplos recientes [de alivio fiscal] como la tragedia del 99 y la pandemia. En la vaguada [de 1999], que fue otro desastre socioambiental, la respuesta fue inmediata, ¿por qué en esta oportunidad no han sido implementadas esas medidas? Nosotros estamos abiertos a incorporarnos en alguna mesa técnica en la cual evaluemos las posibilidades de un lado y de otro, porque conocemos la realidad del empresariado varguense», explicó Shirley Camarán, directora de la Cámara de Comercio de La Guaira, en una entrevista a Runrun.es.
La Guaira sin agua
Si bien Unicef y el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas habían anunciado un plan para restablecer los sistemas de distribución de agua el pasado 8 de agosto, el acceso al servicio de agua no cubre las necesidades de la población.
En un recorrido las urbanizaciones Playa Grande y Tanaguarenas hecho por Runrun.es el pasado 23 de septiembre, los vecinos de La Guaira denunciaron que la escasez del servicio es lo «más crítico» en esta fase del desastre. Tienen un par de tomas de agua en sus comunidades que fueron instalados por ONG, pero no hay acompañamiento de personal calificado. Los vecinos deben solucionar por su cuenta el suministro comprando cisternas.
Revictimización constante
Amnistía Internacional también denunció que los venezolanos deben gestionar por sus propios medios la búsqueda de personas desaparecidas y fallecidas. Además, que la ayuda humanitaria en los campamentos transitorios o en las carpas no ha sido equitativo ni adaptado a las poblaciones vulnerables de cada localidad.
«El funcionamiento de estos espacios [tanto de las morgues como de los refugios] no ha sido estandarizado, dejando a las personas en incertidumbre al no existir protocolos específicos de su funcionamiento y no conocer fechas de cierre de los mismos», se lee en el documento.
«Organizaciones de la sociedad civil reportaron a Amnistía Internacional la ausencia de un mecanismo único de acceso a los refugios para brindar asistencia humanitaria. Las autorizaciones variaban según el refugio y la relación de cada organización con las autoridades, lo que retrasó la atención en algunos lugares», agregó.
Además, la ONG registró varias denuncias de familiares que afirmaron recibir las cenizas de sus seres queridos fallecidos sin haber seguido algún protocolo, generando desconfianza en el proceso de identificación. Amnistía Internacional consideró una acción revictimizante que los familiares deban ir reiteradas veces a las morgues para obtener información.
«Una mujer que esperaba los resultados de una prueba de ADN señaló: “me dijeron que tenía que seguir esperando porque son muchos fallecidos y que me acuerde de la tragedia de Vargas [deslaves ocurridos en 1999] que todavía hay familiares que buscan a los desaparecidos, imagínese cómo me siento”», se citó en el informe.
Amnistía instó al Gobierno interino a ser transparente en todas sus acciones y protocolos para evitar que las víctimas de los sismos sigan revictimizándose ante la opacidad Estatal.
«Si bien los terremotos son una tragedia inevitable, las violaciones a derechos humanos derivadas de ellos sí son prevenibles. Las autoridades venezolanas deben garantizar los derechos de todas las personas afectadas», concluyó Piquer.
