La ONG Un Mundo Sin Mordaza confirmó la muerte bajo custodia del Estado de Eleiner Sánchez, presa política y exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales «26 de Julio», durante su reclusión en la cárcel Las Crisálidas, ubicado en Los Teques, estado Mérida. La causa probable del deceso ha sido la negligencia médica y judicial, denunció la ONG. Sánnchez sufría de obstrupción instestinal que, según sus familiares, debía ser tratado quirúrjicamente.
Sánchez fallece luego de permanecer 660 días en detención arbitraria, según sus familiares. Ella estaba apelando a una anmistía desde abril de 2026, cuando el Gobierno interino venezolano abrió el proceso. Estuvo presa bajo una presunta denuncia de corrupción puesta por el minsitro de servicios penitenciarios, Julio García Zerpa.
«El caso de Sánchez evidencia cómo la negación de asistencia médica y el retardo procesal son utilizados como mecanismos de tortura y ensañamiento contra quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos, en total vulneración de los estándares internacionales de custodia estatal», enfatizó Un Mundo Sin Mordaza en sus redes sociales.
Sin salud ni justicia
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Sánchez estuvo Hospital Victorino Santaella de Los Tuques el pasado 27 de septiembre. La intervención quirúrgica de emergencia ocurrió luego de meses de denuncias por parte de los familaires de Sánchez sobre su condición médica (sin diagnóstico claro por parte de las autoridades).
«Sánchez había sido funcionaria del Ministerio del Servicio Penitenciario y directora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio. Su propio hijo denunció en reiteradas oportunidades que ella poseía evidencias sobre presuntas tramas de corrupción interna, situación que, según sus denuncias, habría estado relacionada con su detención y posterior vulneración de sus derechos», denunció el OVP.
Eliézer Sáez, hijo de Eleiner, denunció que ella no tenía más de 53 días en el cargo cuando la metieron presa.
«Exigimos una investigación independiente, el esclarecimiento total de lo ocurrido y responsabilidades para quienes, por acción u omisión, hayan contribuido a su muerte», declaró el partido político Primero Justicia en sus redes sociales.
Con la muerte de Sánchez la cifra de personas que han muerto bajo custodia del Estado se elevó a 60, según el OVP. El número solo evidencia las muertes sin investigaciones en centros penitenciarios desde abril de 2026 hasta ahora. En ninguno de los casos el Estado ha dado información sobre los decesos.
