Los ataques recientes contra las dirigentes políticas Dinorah Figuera y Delsa Solórzano volvieron a poner sobre la mesa una discusión que suele aparecer después de cada polémica, pero que pocas veces se queda en el centro del debate: qué ocurre cuando las diferencias políticas dejan de discutirse sobre las ideas y terminan convirtiendo el género de una mujer en un arma para descalificarla.
Las expresiones contra Figuera y Solórzano provocaron pronunciamientos de partidos, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos. Entre ellos estuvo Edmundo González Urrutia, candidato opositor a las elecciones presidenciales de 2024, quien el 3 de octubre llamó a no condicionar el rechazo a un insulto a la valoración que se tenga de la mujer que lo recibe.
“Deberíamos poner menos atención en demostrar que la mujer insultada ‘no merece’ el insulto y más en preguntarnos por qué todavía resulta tan fácil insultar a una mujer desde su condición de mujer”, escribió en X.
Su planteamiento fue más allá de los casos concretos de Figuera, Solórzano y María Corina Machado. González sostuvo que una mujer puede ser cuestionada políticamente, equivocarse, ejercer mal el poder o ser adversaria y que todo ello puede ser objeto de una crítica severa.
“Lo que no admite discusión es que su condición de mujer se utilice para degradarla”, afirmó.
De la crítica política al insulto sexualizado
El pronunciamiento de González coincidió con una cadena de reacciones a los ataques contra Figuera y Solórzano.
En el caso de Figuera, el analista Esteban Gerbasi utilizó el término “meretriz de la política” para referirse a ella, en el contexto de sus críticas a la dirigente por su participación en procesos de diálogo y negociación política. La expresión generó rechazo entre dirigentes y organizaciones que consideraron que la discrepancia política no justifica recurrir a insultos sexualizados.
María Beatriz Martínez, dirigente de Primero Justicia, expresó su respaldo a Figuera. María Beatriz Martínez, dirigente de Primero Justicia, expresó su respaldo a Figuera.
“Frente a los ataques misóginos de Esteban Gerbasi toda mi solidaridad y respaldo a @Dinorahfiguera. El uso de vocabulario violento, contra las mujeres que hacemos política, es inaceptable. El debate y las divergencias jamás deben ser excusa para la violencia de ningún tipo”, escribió.
La Plataforma Unitaria Democrática también rechazó los ataques contra Figuera y Solórzano. Respecto a esta última, los comentarios fueron emitidos por el ministro Diosdado Cabello durante su programa televisivo. Allí, ironizó sobre los relatos que expuso Solírzano sobre lo que había experimentado en clandestinidad.
“Las diferencias políticas se confrontan con argumentos, ideas y propuestas, nunca mediante campañas denigrantes”, señaló la coalición. El pronunciamiento añadió: “En democracia se puede pensar distinto, disentir e incluso debatir con firmeza, pero jamás se debe denigrar, humillar u ofender”.
La organización extendió su solidaridad a Figuera, Solórzano y “todas las mujeres que han sido objeto de estas deplorables conductas y campañas”.
El problema no termina en el insulto
Para Laboratorio de Paz, lo ocurrido con Figuera no puede analizarse como un episodio aislado. La organización presentó el 29 de septiembre la investigación “Inquebrantables: Violencia contra las mujeres en la política venezolana”, elaborada a partir de entrevistas semiestructuradas y cuestionarios aplicados a 23 mujeres con experiencia de participación en organizaciones partidistas.
El estudio no pretende ser estadísticamente representativo de todas las mujeres que participan en política en Venezuela, pero identifica patrones que se repiten en los testimonios recogidos. Entre ellos aparecen la vigilancia, las amenazas, la intimidación, la deslegitimación pública y también prácticas de discriminación y exclusión dentro de las propias organizaciones políticas.
Uno de los hallazgos apunta directamente a la diferencia con que se evalúa a hombres y mujeres. El 100% de las participantes consideró que la vida personal de las mujeres en política es más examinada que la de los hombres, mientras que 73,9% dijo haber sido juzgada más por su apariencia, su situación familiar o su conducta personal que por su trabajo político.
El cuerpo, la edad, el estado civil, la maternidad o la forma de vestir pueden terminar formando parte de una evaluación que debería concentrarse en las decisiones y posiciones de una dirigente. El estudio también registró comentarios sobre el cuerpo o la apariencia física, insinuaciones sexuales y casos de acoso sexual.
El informe introduce otro elemento que suele quedar fuera de la discusión: no toda la violencia contra las mujeres que hacen política proviene de actores estatales o de adversarios externos. Las 23 participantes describieron también experiencias de discriminación, subordinación y exclusión dentro de sus propias organizaciones. El 87% considera que las decisiones más importantes de sus partidos siguen siendo tomadas principalmente por hombres, mientras 69,6% ha observado o experimentado situaciones en las que esas decisiones se toman en espacios informales a los que las mujeres tienen acceso limitado o inexistente.
El costo de la participación política tampoco queda necesariamente en quien ocupa el cargo o asume el liderazgo.
El estudio encontró que tres de cada cuatro mujeres entrevistadas afirmaron que sus familias han sufrido amenazas o represalias relacionadas con su actividad política. Además, 100% dijo haber modificado alguna decisión sobre su liderazgo, visibilidad o participación para proteger a sus familiares.
El hostigamiento, en esos casos, puede convertirse en una presión que trasciende a la dirigente y alcanza a hijos, parejas, padres u otros familiares. Para Laboratorio de Paz, este mecanismo incrementa los costos personales de participar en la vida pública y puede terminar empujando a algunas mujeres a reducir su exposición.
Sin embargo, el informe también registra una respuesta distinta: pese a las amenazas y la intimidación, 78,3% de las entrevistadas aseguró que no ha considerado abandonar la política.
Una discusión que atraviesa todo el espectro político
Laboratorio de Paz subrayó que la violencia política contra las mujeres no desaparece dependiendo de quién sea el agresor o de qué corriente política provenga.
Tras las declaraciones contra Figuera, la organización rechazó específicamente que una diferencia sobre una negociación o una decisión pública terminara expresándose mediante un insulto sexualizado.
“Se puede cuestionar con firmeza una posición política, una negociación o una decisión pública. Lo que no corresponde es desplazar el debate hacia insultos sexualizados dirigidos contra una mujer por ejercer liderazgo político”, señaló Laboratorio de Paz.
La organización también sostuvo que este tipo de agresiones puede presentarse entre actores oficialistas, opositores o de cualquier otra tendencia, por lo que su rechazo, planteó, no debería depender de la identidad política de quien las recibe.
El informe Inquebrantables plantea, en ese sentido, que una eventual reconstrucción democrática no debería limitarse a recuperar derechos políticos o ampliar los espacios de participación. También debería abordar las prácticas que dificultan que las mujeres ejerzan esos derechos en condiciones de igualdad.
“Hacer política siendo mujer sigue teniendo un costo”
El pronunciamiento de Edmundo González volvió a colocar esa idea en el centro de la discusión.
“Hace años, muchas de estas conductas eran aceptadas, toleradas o simplemente pasaban inadvertidas. Tuve muchas compañeras que las vivieron. Pero las mujeres que hacen política hoy las siguen viviendo”, escribió.
Y concluyó: “Hacer política siendo mujer sigue teniendo un costo que los hombres muchas veces no enfrentamos. Y nos queda mucho por aprender”.
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