La responsabilidad del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos registradas el 11 de abril de 2002 en Caracas fue epicentro de discusión este miércoles 14 de octubre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Costa Rica.
En la audiencia del llamado “Caso Trujillo y otros vs. Venezuela”, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de las víctimas, una periodista que presenció los hechos y un perito expusieron sus argumentos sobre las muertes ocurridas durante las protestas convocadas por gremios laborales y otros sectores, en rechazo al despido de centenares de trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La representación del Estado venezolano no asistió a la audiencia, pese a que la Corte IDH le envió una invitación para acreditar a su representante y remitir sus alegatos.
La ONG Foro Penal, organización que presentó el caso ante la CorteIDH en 2002, participó en los interrogatorios a través de sus coordinadores Alfredo Romero, Gonzalo Himiob y Julio Henríquez.
CIDH denuncia que persiste la impunidad
Cristina Blanco, representante de la CIDH, recordó durante la presentación del caso que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron armas letales contra los manifestantes. También señaló que existió coordinación estatal entre autoridades y miembros de los denominados Círculos Bolivarianos.
De acuerdo con la CIDH, cerca de El Silencio, en el centro de Caracas, disparos de la GNB causaron las muertes de Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso.
En Puente Llaguno, la Comisión atribuyó a los Círculos Bolivarianos las muertes de Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo. También identificó como heridos a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
La CIDH reiteró la responsabilidad internacional de Venezuela por violaciones de los derechos a la vida y a la libertad personal de al menos una decena de personas. Además, advirtió que pese al tiempo transcurrido, los hechos siguen sin esclarecerse y no se han determinado todas las responsabilidades correspondientes.
“Transcurridas más de dos décadas los hechos no han sido plenamente esclarecidos ni se han determinado las responsabilidades correspondientes, lo que evidencia una situación de impunidad que afecta a las víctimas y sus familiares”, sostuvo la Comisión.
Ante la Corte, la CIDH solicitó una reparación integral para las víctimas, una investigación efectiva y garantías de no repetición.
Juan David Querales: una familia que sigue esperando justicia
Janfri Querales intervino en representación de las víctimas para contar cómo la muerte de su hermano Juan David, de 25 años, transformó la vida de su familia.
El joven, quien trabajaba como teleoperador, murió tras recibir un disparo de un funcionario de la GNB durante la manifestación.
“Se cumple un poco lo que siempre he dicho de que se cumple la luz al final del túnel, hoy mismo la estamos viendo un poco mi familia y yo”, expresó.
Janfri relató que no pudo asistir a la manifestación porque no consiguió quién cuidara a su hijo y tuvo que permanecer en casa junto a su esposo.
Cerca de las 3 de la tarde, una de sus hermanas la llamó para informarle que Juan David no había llegado al lugar donde habían acordado encontrarse.
La familia recorrió varios centros de salud de Caracas hasta llegar al hospital Dr. José María Vargas, donde encontró el nombre de Juan David en una lista de personas ingresadas como heridas.
Un médico les informó que el joven había sido operado, que estaba grave y que, si sobrevivía, podía perder una pierna.
Juan David murió por un shock causado por la pérdida de sangre. Según el relato de su hermana, la bala le perforó la arteria femoral y le destrozó la pelvis.
“Para nosotros todos los días fue ayer (11 de abril de 2002). 25 años se escucha muchísimo tiempo pero para nosotros no ha sido así”, afirmó Janfri.
Según su testimonio, las pesquisas permitieron determinar que el disparo había sido realizado por un funcionario de la GNB. Sin embargo, la familia dejó de recibir información cuando la investigación se paralizó.
“Al final no supimos más. Tengo entendido que a todos los que estaban en esa investigación los sacaron del cuerpo y las pruebas nunca aparecieron”, afirmó.
Por alzar la voz después de la muerte de su hermano, Janfri denunció que sufrió hostigamiento y amenazas. Su madre tuvo que vender su casa en Barinas debido a la persecución.
Después del referendo revocatorio de 2005 emigró a España junto a su pareja y su hijo. Allí solicitó asilo y le fue concedido.
“La dignidad de mi hermano, aún después de muerto, nosotros la queremos recuperar. Nunca hemos perdido la esperanza de eso”, manifestó.
Civiles armados dispararon desde Puente Llaguno
La periodista Delvalle Canelón, quien trabajaba como reportera de Globovisión en abril de 2002, dijo que observó a civiles armados disparando contra los manifestantes.
“En lo que se conoce como Puente Llaguno, a menos de media cuadra del palacio de Miraflores, me tocó ver a muchas personas civiles que estaban disparando”, recordó.
Canelón explicó que los hombres armados se encontraban sobre el puente y disparaban hacia la manifestación que avanzaba por la parte baja de la avenida Baralt.
La periodista contó que la GNB llegó después de que los civiles comenzaran a disparar. Pensó que los efectivos detendrían a los hombres armados, pero eso no ocurrió.
“La Guardia conversó con ellos, estaba un sujeto encapuchado, con binoculares en el medio del puente, conversaron con ellos y luego bajaron de allí”, declaró.
Sobre la actuación de la extinta Policía Metropolitana (PM), indicó que sus funcionarios ayudaban a sacar personas de los alrededores de Miraflores y de la plaza O’Leary durante los momentos en que cesaba el fuego.
Canelón recordó que fue llamada a declarar en el proceso penal contra comisarios y funcionarios de la PM, cuyo juicio se realizó en Maracay.
Durante la audiencia ante la Corte IDH, la periodista lloró al relatar que fue amenazada directamente por dos de los hombres armados que había visto en Puente Llaguno, mientras declaraba en el proceso judicial.
Según su testimonio, Henry Atencio, entró al baño donde ella se encontraba, mientras Richard Peñalver permaneció en la puerta. Allí le advirtieron que tuviera cuidado con lo que iba a decir.
Añadió que posteriormente se encontró varias veces con ambos y Peñalver le hizo señas amenazantes con la mano en forma de pistola.
Canelón manifestó que teme posibles represalias por su declaración debido a que aún vive en Venezuela.
“Un hecho como este no puede volver a ocurrir en nuestro país, ni hechos como este ni las consecuencias como que muera gente, que sean perseguidos o encarcelados”, señaló.
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